Jorge Cremades Opinión

«Acuerdo insólito», artículo de opinión de Jorge Cremades Sena

"El Rey Emérito regresa a Abu Dhabi tras haberse reunido con Felipe VI en Zarzuela para tratar con él los "acontecimientos" y sus consecuencias desde su salida obligada de España"

Mientras ERC se descuelga con cinco «noes» en el Congreso al Gobierno tras las escuchas de Pegasus, con lo que los republicanos hacen así efectivas sus diferencias con el Ejecutivo al que, no obstante, apoyan y apuntalan (y al efecto aseguran mantener puentes), se produce un insólito acuerdo en Cataluña para dar respuesta, sin cumplirla, a la sentencia sobre el 25% del castellano, cuando lo normal y obligado sería aplicar las sentencias judiciales sin más, como sucede y debe suceder en cualquier Estado de Derecho democrático.

En efecto, ERC, PSC, Comunes y Junts acuerdan, según dicen, asegurar el uso «curricular» del español mientras pactan que el catalán sea la lengua «normalmente utilizada como vehicular» y consideran que «el uso curricular y educativo» del catalán y el castellano estarán así garantizados.

Las dudas para los ciudadanos son obvias tras esta vuelta de tuerca a favor del catalán pues si con lo decretado hasta ahora ya no se garantizaba la enseñanza en las aulas del castellano, teniendo los padres que exigirlo en los tribunales y, ni aún con sentencias favorables, lograr que la Generalitat las aplique, ¿quién puede afirmar ahora que el uso normal en las aulas de sendas lenguas será garantizado? Obviamente ni los más ingenuos se lo creen, cuando lo normal e inmediato, debiera ser la aplicación estricta de la sentencia que obliga a que se imparta en las aulas como mínimo el 25% de clases en castellano en vez de sortearla relegando el español a los recreos y el comedor.

En todo caso, lo insólito del acuerdo no es que lo promueva ERC y Junts, que nos tienen acostumbrados a incumplir las sentencias judiciales que no interesan a su sacrosanto objetivo secesionista unilateral, lo insólito es que el PSC, junto con Podem, pacte con el secesionismo burlar la sentencia del 25%, en vez de exigirla, y que sólo reconozca el catalán como lengua «propia» y «vehicular», mientras el Gobierno social-comunista avala que el separatismo destierre el castellano de las aulas respondiendo que no tiene «nada que opinar» tras el pacto del PSC con ERC y Junts para que el español (lengua oficial en toda España) deje de ser «lengua de aprendizaje» en Cataluña. Paradójicamente, los socios de Sánchez exigen las lenguas cooficiales en el Congreso, pues Podemos y resto de aliados parlamentarios del PSOE, impulsan al efecto una reforma del Reglamento de la Cámara que los socialistas ya rechazaron en septiembre.

Así las cosas, tras este insólito pacto sin sentido, el PSC aboca a las familias a seguir reclamando al menos el 25% de clases en castellano, mientras el constitucionalismo (el PSC debiera formar parte de él) se organiza para que este insólito pacto no burle la sentencia judicial, y Feijóo incluso promete «firmeza» y no descarta llevar el asunto a los tribunales reclamando incluso el 50% de clases en castellano.

Entretanto el Supremo, cambiando de criterio, acepta ahora estudiar los recursos contra los indultos del Gobierno a los líderes secesionistas condenados, admitiendo a trámite los recursos de reposición interpuestos en su día. Insólito que los ciudadanos tengan que pelear contra viento y marea para que en las aulas se garantice el uso educativo de su lengua oficial, mientras campan a sus anchas, por obra y gracia del Gobierno vía indulto, quienes, condenados por sedición y sin arrepentimiento alguno, alardean de que volverán a repetir la experiencia delictiva.

Por otro lado, también es insólito que el Gobierno de Sánchez vete el tributo a los policías y agentes del orden público que acabaron con ETA, pues mandos de la Policía y Guardia Civil reservaron el WiZink-Center de Madrid para un homenaje el 25 de abril, sobre el que la Casa Real había mostrado la disposición de Felipe VI, el Jefe del Estado, a dar su respaldo a semejante reconocimiento, pero el Ejecutivo no respaldó la presencia en el acto y finalmente la Casa Real declinó la invitación al mismo, alegando que «faltaba el preceptivo informe del Ministerio de Interior» y por eso no podía presidir el homenaje al no dar el placet para presidirlo, mientras se desata la protesta unánime de policías y guardias civiles que consideran que el asunto «es gravísimo» y supone «otro desprecio más».

Ayuso, por su parte, ofrece organizar el tributo a los policías y pone Madrid a disposición de los agentes, mientras Feijóo carga contra Marlaska diciendo que «no tiene un pase, no puede seguir como ministro». Y en estas circunstancias Sánchez rinde hoy cuentas en el Congreso sobre los casos de espionaje, afrontando un tramo clave de la legislatura con las elecciones andaluzas en junio y el debate sobre el estado de la nación en julio, y anunciando una reforma para reforzar los controles del CNI mediante un endurecimiento de los controles judiciales y la supervisión interna, así como desclasificando las autorizaciones al espionaje que pida la justicia.

Entretanto el Rey Emérito regresa a Abu Dabi tras haberse reunido con Felipe VI en Zarzuela para tratar con él los «acontecimientos» y sus «consecuencias» desde su salida obligada de España, especulándose de que en dicha reunión, de varias horas, Felipe demanda prudencia a Juan Carlos y dedica un «tiempo amplio» para explicarle las «consecuencias para la sociedad española» de su conducta, mientras Moncloa abandona su neutralidad y eleva el tono contra el Emérito endureciendo la crítica y, aliándose con sus socios, cree que debería haber dado «explicaciones» a su llegada a España, temiendo la próxima visita de Juan Carlos ya que «está siendo incoherente» y no «cumple» con la promesa respecto a su privacidad, mientras el PSOE da un primer paso para despenalizar las injurias a la Corona y al Rey (es decir, a la Jefatura del Estado) avalando tramitar una ley al respecto en el Senado propuesta por sus socios de ERC y Bildu.

Y mientas el Gobierno prepara una oferta de empleo público record de 45.000 plazas, llegando Hacienda a un acuerdo con los sindicatos para que la Administración recupere las plantillas públicas, debilitadas desde la crisis de 2008, y la falta de médicos de familia se agrava al quedar vacantes 200 puestos MIR, las CCAA del PP y del PSOE (casi todas las gobernadas por el PP, más Castilla-La Mancha y Extremadura, gobernadas por el PSOE, y Cataluña y País Vasco, gobernadas por nacionalistas) frustran el plan de Belarra para las residencias con el argumento de falta de financiación, desbaratando así la pretensión de la ministra podemita de reformar el modelo de dependencia e imponer criterios estrictos a las residencias de ancianos. Por su parte Feijóo, se sostiene en los barones, manifestando «estoy para ayudaros a todos» y, nombrado senador, avisa «somos la antítesis del sanchismo» prometiendo defender la Constitución y la unidad territorial de España y hacer una oposición honesta; y Moreno en Andalucía tendrá el apoyo de los barones del PP más fuertes frente a Vox aunque junto a Feijóo, se queda con las capitales durante la campaña, pues los presidentes autonómicos visitarán sólo la provincia en la que tienen «tirón».

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Tebas exige a Rubiales los 267 millones que defraudó la Federación de Futbol; que Bruselas pide a España un ajuste fiscal por actualizar las pensiones, planteando retrasar la edad efectiva de retiro y ampliar el cálculo y le exige poner coto al gasto público; que el Gobierno indulta a María Sevilla, la presidenta de Infancia Libre, condenada a dos años y medio de prisión por separar a su hijo del padre, y le devuelve la patria potestad de su hijo; que el desbloqueo del CGPJ pasa por un pacto en el Constitucional, pues el PP quiere que el Gobierno negocie uno de los vocales del TC a nombrar en junio, mientras el TS pone coto al reparto de cargos entre PP y PSOE; y que Fiscalía investiga a la familia de Uruj y Anisa Abbas, las hermanas pakistaníes residentes en Tarrasa a las que un siniestro complot familiar, orquestado por sus tíos, suegros y un hermano hicieron creer que su madre se estaba muriendo y cuando viajaron a Pakistán fueron asesinadas por no aceptar el matrimonio pactado por la familia, mientras en el barrio en que viven tienen bien claro que «esto ha sido una salvajada».

Y del exterior, destacar que Biden asegura que EEUU defendería a Taiwan de una hipotética invasión china e intervendría militarmente; que la UE llama a aislar también a las mascotas de los enfermos de viruela del mono; que Bruselas apuesta por el gasoducto de Cataluña a Toscana ante la crisis con Rusia; que los gobernantes de Finlandia y Suecia viajan a Turquía con la intención de desbloquear su entrada en la OTAN, pues Erdogán se enroca en su veto a que los dos países nórdicos ingresen en la Alianza por su «actitud antiturca»; que Ucrania y Rusia entran en el cuarto mes de guerra con una batalla feroz por el Donbás; que las grandes gasistas de la UE esquivan las sanciones a Rusia, pues las compañías utilizan cuentas en rublos para pagar lo que importan; y que un joven mata a tiros a 19 niños y a dos profesoras en una escuela de Texas de la que el asesino fue alumno, evidenciando la impotencia política estadounidense ante el «lobby» de las armas, por más que Biden llame a atreverse a desafiar a la industria armamentista en medio de una general conmoción por el crimen, una matanza anunciada en las redes sociales que, una vez más, reabre el debate sobre la tenencia de armas en EEUU mientras el Presidente se lamenta diciendo «no me digan que no podemos actuar» tras conocerse que el joven Salvador Ramos compró dos rifles al cumplir sus 18 años y tras anunciar en Facebook que iba a «disparar en una escuela» fue a su antiguo colegio, se atrincheró en un aula y tiroteó a los alumnos a bocajarro, hasta ser reducido y muerto por la policía.

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