Jorge Cremades Opinión

COLUMNA DE OPINIÓN de Jorge Cremades: «¿Un año caliente?»

Un año caliente que se inicia con el debate abierto de la polémica reforma laboral de Rajoy, que no derogación como prometía PSOE y Podemos en la oposición

Despedimos un nefasto 2021 para dar la bienvenida a un 2022 con temperaturas del mes de abril por lo que cabe preguntarse si, con la que está cayendo, no estaremos ante un año caliente, no ya desde el punto de vista climatológico sino desde el punto de vista político, social y económico. De entrada, estrenamos el año con un «subidón fiscal», pues desde el uno de enero ya se paga más por sociedades, matriculación y autónomos, después de que unos 24 millones de españoles hayan perdido poder adquisitivo en 2021 y de que los precios lo despidan desbocados en diciembre con un alza del 6´7%, la mayor tasa desde hace treinta años, que en lo que se refiere a la energía desmiente a Sánchez pues el precio de la luz es un 94´5% más alto de media que en 2018. En definitiva, una inflación desbocada que resta 11.000 millones a las familias, mientras Funcas alerta de las pérdidas de poder adquisitivo y del bajón del consumo, ya que esta situación de inflación desbocada hace que salarios, rentas y pensiones pierdan poder adquisitivo al no contemplar las subidas de los mismos la desorbitada subida del IPC. Una España en definitiva más pobre cuando, para gobernarla, su Gobierno necesita 458 asesores más que el anterior de Rajoy, ya que el Gobierno de coalición PSOE-Podemos suma 1.500 puestos de designación política (un canto al clientelismo político) con un coste de al menos 90 millones de euros, 27 más que el del Gobierno del PP, que tampoco era parco en asesores. Una situación económica y política que no se corresponde con el desorbitado optimismo de Sánchez que descoloca incluso a parte del Ejecutivo y del PSOE, que con su mayor realismo, ven que la situación no está como para tirar cohetes. No obstante, al margen de su optimismo, nadie puede negar la habilidad de Sánchez para mantenerse en el poder, pues ha logrado ampliar la mayoría de su Gobierno minoritario en el 70% de sus leyes aprobadas en dos años, sacando adelante una treintena de leyes y la convalidación de otros tantos decretos en un Congreso de los Diputados crispado en el que Ciudadanos ha secundado tantas normas como ERC, en el que el PP ha respaldado casi la mitad de las votaciones y en el que se han evidenciado fuertes disensos del Ejecutivo con sus propios socios de gobierno y con el resto de partidos que apoyaron su investidura. En todo caso, según NCReport, el 64´1% de los españoles pide más pactos PP-PSOE, que supone la amplia mayoría que consolida las leyes aprobadas; el 67´5% reclama que Sánchez y Casado encuentren la vía de consenso para renovar el CGPJ, asunto sustancial para la higiene democrática; el 61´9% cree que el Gobierno está cediendo ante los partidos independentistas, asunto que atenta contra la propia unidad y futuro de España como Estado; y el 60´1% cree que el castellano, la lengua oficial de todo el Estado, está en peligro en Cataluña, situación insólita en cualquier otro Estado democrático del mundo por el propio bien de sus ciudadanos y de la convivencia pacífica entre ellos. Así las cosas, según SigmaDos, el acelerón de Vox mantiene en la mayoría absoluta a la derecha en intención de voto ya que el partido de Abascal se dispara a costa del de Casado, que vuelve a ceder terreno (el PP sería el más votado pese a perder más de dos puntos desde la victoria de Ayuso en Madrid), mientras la izquierda no recupera el pulso con un PSOE estancado y Podemos en leve crecimiento…..los resultados serían PP 27´4% de votos y 118 escaños, PSOE 26% y 102, Vox 16´6% y 58, y UPodemos 10´9% y 25. Sin duda nos espera un año caliente con un PP a la baja y Vox en ascenso y con un PSOE estancado y Podemos en leve crecimiento, y con el resto de partidos sin variaciones sustanciales, pues la incertidumbre electoral depende de un hilo en este año de ensayo electoral, como mínimo en Castilla y León.

Un año caliente que se inicia con el debate abierto de la polémica reforma laboral de Rajoy, que no derogación como prometía PSOE y Podemos en la oposición

Un año caliente que se inicia con el debate abierto de la polémica reforma laboral de Rajoy, que no derogación como prometía PSOE y Podemos en la oposición, y que algunos denominan ya como «contrarreforma laboral» dictada mediante un decreto del Gobierno, tras un pacto de mínimos con los agentes sociales, que debe ser convalidado en el Congreso de los Diputados y que, una vez más, ante las reticencias de los socios de Sánchez, Ciudadanos ya se presta a apoyarlo, con lo que la habilidad del Presidente para sacar adelante sus leyes y decretos, a costa de lo que sea, se pondrá de nuevo a prueba probablemente con éxito, mientras la patronal y parte del PP rechazan el no de Casado a dicha reforma laboral y se monta (al menos de cara a la galería) un frente de socios de Sánchez contra ella, pues ERC, EHBildu, BNG, Más País y Compromís sondean la manera de ejercer presión parlamentaria de forma conjunta para cambiar el decreto gubernamental pactado con empresarios y sindicatos. Al efecto, para que se hagan una idea de cómo está de caliente el asunto, Rufián, de ERC, dice que «el decreto de la reforma laboral pinta regular y de la ley mordaza ni se ha intentado hablar»; Errejón, de Más País, sostiene «queremos recuperar los 45 días de despido y que prevalezca el convenio sectorial»; Aizpurua, desde Bildu, añade «este decreto no es ni una media derogación, no es aceptable, debe cumplir lo prometido»; Ferran, desde el PDeCat, manifiesta «los convenios autonómicos deben prevalecer sobre el estatal y hay que revisar la temporalidad»; y Baldoví, desde Compromis, remata con que «dos años después de la investidura de Sánchez, debemos ser exigentes con lo pactado». Es el malestar, al menos aparente, de los socios de Sánchez mientras la Ministra Yolanda Díaz, artífice personal del entuerto, manifiesta que «quien haga fracasar la reforma deberá explicarlo a los trabajadores», olvidando que, de entrada y visto lo visto, es ella la que deberá comenzar a explicárselo a sus propios socios e incluso a alguno de los firmantes del pacto, como a Álvarez, el Secretario General de UGT, que dice ahora, tras haberlo firmado, que «falta negociar lo importante: el despido»….. ¿Entienden ustedes algo sobre esta reforma fantasmagórica y no derogación que sólo pretende aparentar que se cumple la temeraria promesa electoralista hecha en su día para cargarse el Gobierno de Rajoy? Una reforma laboral que, entre otros, indigna al campo pues las organizaciones agrarias creen que la norma provocará aumento de costes y pérdida de empleo. Por su parte el PP tantea al PNV y ERC para tumbar la reforma de la reforma y abre contacto con todos los grupos para derribar el pacto (ya ven qué pacto) alcanzado entre Gobierno y agentes sociales, pues la ruptura con Garamendi y la CEOE no tiene marcha atrás, considerando que, al igual que le sucede al Gobierno, «su problema lo tiene dentro»; la tesis del PP es que lo que se quiere ejecutar en el mercado laboral «tiene que hacerse a través de una ley» y no de un decreto, ya que el nuevo marco legal pone en el punto de mira a 3´3 millones de temporales, pues uno de cada cuatro asalariados del sector privado modificará sus condiciones de trabajo, cuando la «contrarreforma laboral» que debía enterrar la reforma de Rajoy no lo ha hecho al dejar fuera la piedra angular del debate que en su día era «la reforma abarata el despido» y por tanto había que derogarla….y curiosamente eso no se ha tocado ahora para nada.

          Entretanto la explosión de contagios de covid amarga la Nochevieja a la Europa vacunada (todos los países de la UE, salvo Rumanía, están en riesgo alto o máximo) y España cierra 2021 a la cabeza de contagiados de la UE registrando otro record con 161.688 contagios, que elevan los casos diagnosticados a 1.775 por cada 100.000 habitantes (cifra sólo superada por Reino Unido con 2.300), mientras las CCAA dejan sin gastar 3.000 millones del fondo covid y Sanidad prevé retrasar seis meses la tercera dosis de los infectados. Y en cuanto a la gestión de la pandemia sólo quedan cuatro CCAA sin restricciones, pues Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura y Castilla y León deciden no añadir medidas adicionales, mientras el resto va desde el toque de queda nocturno hasta el cierre de la hostelería poco después de la medianoche, pasando por el pasaporte covid…. restricciones a la carta en cada territorio, mientras los hosteleros alegan que el cierre de establecimientos provoca botellones y Ayuso se adelanta a la decisión de Salud Pública y anuncia el fin de las cuarentenas en los colegios madrileños por casos esporádicos. En fin una gestión del Gobierno que, según NCReport, el 56´8% de españoles suspende, aunque un 59´7% valora positivamente la vacunación pero un 51´3% critica el control de las pandemias, mientras PP y Ciudadanos tampoco se salvan ya que se cuestiona también su labor de oposición. Y mientras ómicron, que nos mata menos pero nos enferma más (la letalidad con la  llegada de la variante, que infecta más, cae en picado, pues la cifra de infectados que fallecen ha bajado del 1´7% al 1´4% en solo un mes), lleva al límite a la atención primaria, mientras los profesionales de los centros de salud trabajan bajo una enorme presión y alertan de que sin inversión se multiplicarán los problemas y mientras la mayoría de españoles, según SigmaDos, desaprueba la gestión del Gobierno en esta ola ómicron, pues un 52% de los encuestados afirma que el Ejecutivo ha actuado «mal» o «muy mal» en su estrategia contra la sexta ola, que preocupa a la mayoría de la población, sin que se encuentre apoyo para las medidas «duras» como el confinamiento o los cierres de colegios y negocios, cuando el número de extranjeros que abandona España alcanza la cifra más alta en ocho años al verse forzados a volver a sus países por la pandemia y por la denegación de las peticiones de asilo.

          Un año que se presume caliente ya que ni la campaña del Gobierno para blanquear Bildu impide el brutal aumento de los homenajes a ETA, mientras la Audiencia Nacional permite los actos de apoyo a los miembros de la banda en fin de año, que se suman a los 282 realizados en 2021 en que el Ejecutivo ha acercado a 89 presos al País Vasco, entre ellos el homenaje al etarra Parot, por lo que decenas de municipios vascos y navarros despiden el año con homenajes a etarras, para mayor afrenta a las víctimas que continúa pese al anuncio del fin de los «ongi etorri». Y en Cataluña, el otro foco de independentismo totalitario, que pide la patética mesa de diálogo ya, se disparan las denuncias a profesores universitarios que enseñan en castellano (la lengua maldita para los secesionistas), mientras Casado plantea una Inspección que vigile el uso del español en la enseñanza catalana y, al efecto, propone que este colectivo, dependiente del Estado, pueda entrar en colegios y revisar los libros de texto, dando al cuerpo inspector la capacidad de pedir sanciones a los centros que incumplen la ley, es decir, impartir el 25% de clases en castellano. ¿Estará el Gobierno dispuesto en este 2022 a poner las cosas en su sitio y controlar estas aberraciones de sus socios secesionistas vascos y catalanes? Esta es la cuestión.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Don Juan Carlos aconseja que Felipe VI asista a la Expo de Dubai; que según Iceta, el electoralista «bono joven del Gobierno no incluirá entradas a los toros y sí a los videojuegos»; y que se han practicado al menos 50 eutanasias en los seis meses de vigencia de la ley, siendo Cataluña y País Vasco quienes acumulan tres de cada cuatro realizadas por el sistema público de Salud, cuyos profesionales sanitarios piden más transparencia a la Administración sobre cómo se está aplicando esta polémica prestación.

Y del exterior, destacar que Biden y Putin fijan sus líneas rojas en la crisis de Ucrania; que Sudáfrica comienza a doblegar a ómicron mes y medio después de descubrirlo, por lo que relaja las restricciones; y que Bruselas admite como verdes la energía nuclear y el gas natural con el objetivo de «rehabilitar» dichas fuentes de energía por lo que el nuevo criterio facilitará las inversiones en centrales atómicas y gas en el marco de la lucha contra el cambio climático, a lo que España se opone y pide crear otra categoría calificando de «sinsentido» la propuesta de la Comisión Europea de considerar estas energías como verdes, alineándose así con Alemania y Austria, que también rechazan el plan, que sin embargo aplaude Francia a la que compramos energía nuclear en pleno encarecimiento del precio de la luz en España.

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