Jorge Cremades Opinión

COLUMNA DE OPINIÓN de Jorge Cremades: «Constitución amenazada»

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, le recuerda que "los cimientos de la Constitución son la concordia y el reencuentro" y que "la reinterpretación de la Ley de Amnistía busca no dejarnos ser hijos de la Transición

Desde que en 1983 con un Gobierno socialista, presidido por Felipe González, se declarara el 6 de diciembre como «Día de la Constitución», mandando a las instituciones nacionales, territoriales y a las Fuerzas Armadas conmemorarlo «con la mayor solemnidad», cada año los españoles hemos rendido homenaje a nuestra Carta Magna, sinónimo indiscutible de libertad y convivencia pacífica entre todos los ciudadanos que saben, o debieran saber, que sin este marco legal de derechos y deberes sólo cabe el caos y la ley del más fuerte (experiencia amarga que los españoles, desgraciadamente, hemos padecido a lo largo de nuestra historia). No en vano el entonces Presidente del Congreso, Gregorio Peces Barba, cuando llegó aquel primer 6-D se congratulaba de que «la maldición de la dialéctica amigo-enemigo y del odio como motor de la vida política» quedaba desterrada de la política española ya que «el derecho es el único cauce racional de ordenación de la vida social y tiene que ser respetado y acatado». Hoy, varias décadas después y con el PSOE también en La Moncloa, se respira un ambiente preocupante pues este PSOE de Sánchez, que tiene poco que ver con aquel PSOE de Felipe, ha decidido incluir como socios y aliados de su gobierno a fuerzas nacionales y territoriales que no sólo no conmemoran la Constitución sino que además pretenden derribarla, comenzando por pulverizar sus bases de concordia, hijas del consenso político de entonces, con una reinterpretación de la Ley de Amnistía propuesta por PSOE y Podemos desde el propio Gobierno, que supone un peligroso revisionismo de la Transición que pone en riesgo las mismas bases de concordia que entonces inspiraron a la inmensa mayoría de españoles para salir del negro túnel de la dictadura y disfrutar del limpio paisaje de la democracia, lo que ha aportado a los españoles el periodo más largo y de mayor progreso en paz y libertad de toda su historia. No en vano otro clásico socialista, el ex ministro Virgilio Zapatero, advierte de que la ley de Amnistía fue «el cimiento de la Constitución» como pacto hecho entre todos para «mirar hacia adelante, no para olvidar», y que, aunque se puede mejorar «siempre que se haga por las vías previstas, tocar esos cimientos es una operación mucho más delicada que supone una ruptura», en definitiva, que se debe «evolucionar y reformar, pero sin afectar a los cimientos», como es el caso, mientras otro viejo socialista Jerónimo Saavedra añade «me plantea cierta inquietud el revisionismo de sectores mal llamados progresistas» pues «no se puede gobernar en base a rencores sino a reconocimientos, y gracias a la Ley de Amnistía llevamos 43 años de democracia y Constitución» y reinterpretarla «supone acentuar la división de la sociedad en bloques y la historia demuestra que eso ha sido funesto para los españoles». La ley de Amnistía, como sostiene el ex vicepresidente del Congreso por UCD, Bravo de Laguna, «no fue para olvidar el pasado sino para mirar hacia el futuro» concluyendo que «estamos en una deriva muy delicada y muy peligrosa para la política española y para su estabilidad porque revisar es fácil, pero llegar a consensos después, no es tan sencillo». En definitiva, es preocupante que PSOE y Podemos, que ni siquiera cuentan con mayoría simple en el Congreso, pretendan imponer desde su minoría semejante disenso social con el apoyo de grupos secesionistas y nacionalistas radicales que, como Podemos, buscan sencillamente finiquitar lo que llaman el «régimen del 78» sin plantearse que, en el mejor o peor de los casos, al menos, si son democráticos, debieran contar con una mayoría aplastante en el Congreso y en posterior referéndum, tal como lo hicieron posible en aquella compleja Transición, ejemplo para muchos entonces, y que hoy algunos quieren borrar de la Historia para volver al tradicional desencuentro histórico entre los españoles.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, le recuerda que «los cimientos de la Constitución son la concordia y el reencuentro» y que «la reinterpretación de la Ley de Amnistía busca no dejarnos ser hijos de la Transición

Y es que en este Día de la Constitución, que celebramos hoy, se observa con preocupación cómo Sánchez embarca al PSOE en semejante revisionismo constitucional, que se sabe cómo empieza pero no como termina, sin reparar en que «reinterpretar la amnistía de 1977 es romper con los cimientos de la Transición» y dinamitar el espíritu de consenso que la inspiró. Hoy el actual portavoz socialista, Héctor Gómez, defiende la iniciativa del Ejecutivo de coalición y considera que el nuevo texto de Memoria «no pone en peligro los cimientos de la Constitución, sino que profundiza, precisamente, en sus valores» olvidando que, precisamente, uno de esos valores es el consenso y el pacto, y añade que «los socialistas somos unos defensores absolutamente indiscutibles de la Transición y de todos los pasos que se dieron hasta la promulgación de nuestra Carta Magna», mientras la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, le recuerda que «los cimientos de la Constitución son la concordia y el reencuentro» y que «la reinterpretación de la Ley de Amnistía busca no dejarnos ser hijos de la Transición y mantenernos como nietos de la Dictadura», añadiendo que el sanchismo ya no es socialismo, pues «lo ha devorado» ya que «la gran diferencia entre uno y otro es que para Sánchez el fin justifica los medios» lo que «significa la ausencia de límites para mantenerse en el poder, incluido destrozar y reinterpretar el papel que tuvo el propio PSOE en la Transición» ya que «si necesita unos votos, no tendrá problema en entregar esa parte de nuestra historia». Por su  parte, Margarita Robles, ministra de Defensa, sostiene que «la Constitución no necesita ninguna reforma; le queda una vida muy larga» y añade «me siento muy tranquila con nuestro Rey; nadie es responsable de lo que haga su familia». La realidad es que, pasados los años, nuestra Carta Magna está seriamente amenazada, pues, aunque requiere de retoques y reformas, tal como apuntan varios juristas, en asuntos como la sucesión de la Corona, las autonomías, la inviolabilidad del Rey, el Estado de Excepción, los aforamientos y algunos derechos fundamentales, lo que debiera lograrse con un amplio consenso, pero no, como pretende este minoritario Gobierno de coalición, atentando peligrosamente a los cimientos de concordia que la inspiraron en su momento, como es la Ley de Amnistía, pues ello supondría como pretenden algunos volver a la España de buenos y malos, según unos u otros, es decir, al enfrentamiento irracional entre españoles que tanto daño nos hizo en el pasado. No en vano, según NCReport, el 55´5% de los españoles cree que la Constitución corre peligro, pues la mayoría teme que los socios de Sánchez la liquiden, aunque a su vez el 75´7% piensan que es necesaria alguna reforma, en sintonía con lo que plantean los expertos.

Entretanto, en medio de este peligroso juego de tira y afloja, el Gobierno da marcha atrás y renuncia de momento a impulsar la Ley de la Corona, mientras PSOE y Errejón plantean asaltar los organismos independientes (en un texto registrado en el Congreso cuestionan «la legitimidad democrática» de la CNMV, la AIReF o la Transparencia, abogando por la intervención del Gobierno y que puedan ser presididos por militantes) y mientras Sánchez se alía con el líder sindical europeo, Luca Visentini, Presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, quien, tras visitar Moncloa, afirma que de lo que se trata es «para frenar las interferencias de Bruselas en las reformas progresistas españolas» para lo que «estamos totalmente coordinados». En definitiva, cuando menos controles al Ejecutivo, tanto mejor, a pesar de que Sánchez y Díaz, es decir PSOE y Podemos, exigían a Rajoy en 2018 el debate sobre el estado de la Nación y ahora lo eluden (ambos partidos presentaron una proposición no de ley porque el líder del PP llevaba tres años sin convocar la tradicional cita…..hoy ya son seis años sin examinar al Gobierno).

El Supremo exige a Moncloa los informes ocultos del Estado de Alarma, tras admitir la Abogacía del Estado que elaboró más documentos de los que el Gobierno ha remitido a Vox

Y mientras Merkel impone en Alemania el confinamiento «de facto» para los no vacunados e impondrá los sueros a partir de febrero (las grandes potencias reaccionan a la variante ómicron: Italia vuelve a la mascarilla y EEUU apuesta por hacer pruebas masivas) Madrid registra el primer caso de transmisión comunitaria de dicha variante al no haber tenido nada que ver con Sudáfrica ni haber estado en contacto con contagiados, en tanto que Sanidad, pese a la transmisión comunitaria de ómicron, se limita a desaconsejar, que no a imponer, las aglomeraciones y rechaza la vacunación obligatoria, dejando a las CCAA en un limbo jurídico intolerable en tanto que las famosas actas covid rompen el Consejo Interterritorial. El Supremo exige a Moncloa los informes ocultos del Estado de Alarma, tras admitir la Abogacía del Estado que elaboró más documentos de los que el Gobierno ha remitido a Vox, en tanto que la vicepresidenta Yolanda Díaz, señala a Moncloa por ignorar el covid antes del famoso 8-M y afirma que desde febrero ella «veía lo que iba a pasar» y que en el propio Gobierno se la acusó de «alarmista», por lo que el PP reclama ahora investigar tras su «confesión» y Vox pide reabrir la causa judicial, mientras ella da la cara tras la polémica de sus palabras de censura a la gestión de la covid, que han generado gran malestar en el Ejecutivo ya que dan «armas a la oposición», y matiza lo dicho apuntando al PP por una «disputa artificial». Al final, la realidad es que más de 26 millones de españoles viven en riesgo medio por covid (según el nuevo semáforo, siete CCAA registran casos al alza y más presión sobre Sanidad), que la incidencia ha subido un 45% en una semana, que la pandemia se acelera con más de 730 muertos durante el primer mes de la sexta ola, y que las CCAA la enfrentan decididas a no imponer restricciones, mientras sus presidentes critican, con mayor o menor énfasis, el desinterés del Gobierno para hacer frente a la situación.

Como dato tremendamente positivo cabe resaltar que, a pesar de todo, España crea 2.000 empleos diarios desde hace un año con lo que el paro registra una caída sin precedentes en noviembre, siendo Madrid la autonomía que más empleos genera (39.000 de los 62.000 nuevos empleos), con lo que la economía suma un record de afiliados en noviembre con la reforma laboral que Sánchez y los suyos quieren derogar, en tanto que la Ministra Montero acusa a Ayuso y a la prensa de «ahuyentar la inversión» por sus críticas «alarmistas» a la política fiscal del Gobierno. La realidad es que, en plena vigencia de la actual reforma laboral que el Ejecutivo quiere derogar, el paro suma nueve meses a la baja pero con 285.000 trabajadores inactivos, mientras la OCDE y Funcas prevén que los hogares soporten en 2022 una inflación superior a la que sufrirán este año, mientras el ahorro, la subida de los precios y la incertidumbre disparan el interés de las familias por invertir en fondos, en tanto que Bruselas avala las reformas y desbloquea 10.000 millones para nuestro país y los mercados prevén otra gran escalada de los precios de la luz ante el mayor pico de demanda del año, vaticinando ya los 245 euros MWh, lo que desmiente la afirmación del Gobierno de que al final los españoles íbamos a pagar por la energía lo mismo que el año anterior ya que para ello se requeriría que en el recibo próximo en vez de cobrar se desembolsara todo lo hasta ahora pagado de más, que no es poco.

Además, el citado encarecimiento de la luz, el gasóleo, los fertilizantes y los piensos se come los ingresos extra de agricultores y ganaderos derivados del alza de los precios de los alimentos, ahogando al campo y a la llamada España vaciada, cuyo partido, de nueva creación, penaliza más, según expertos, al PP que al PSOE, ya que los populares podrían perder hasta 11 escaños por el trasvase de votos en algunos de sus feudos históricos a esta coalición que se cerrará en enero y se presentará en las generales, autonómicas y locales. Si a esto se añade la crisis interna en el PP, cada vez se aleja más Casado de conseguir la mayoría absoluta con Vox, pues, según SigmaDos, la derecha obtendría 173 escaños frente a los 130 de la coalición PSOE-Podemos (a los que habría que añadir, como ahora, a los nacionalistas, secesionistas y radicales), mientras Ciudadanos quedaría al borde de la extinción con un solo diputado y Más País registraría un salto importante al pasar de dos a siete representantes. Mientras tanto Ayuso pasa al ataque frente al sanchismo (la gestión es su baza frente al pulso con Génova y la aprobación de los presupuestos regionales con Vox como alternativa a las políticas de Sánchez) y se da una apoteosis constitucional con un baño de masas a la salida del acto homenaje a la Constitución, tras reivindicar en el discurso previo el papel del Rey Juan Carlos y de socialistas históricos como Felipe González durante la Transición, que ahora algunos quieren borrar de nuestra historia.

Y en Cataluña, los secesionistas siguen a lo suyo desde las instituciones que controlan y mientras la Generalitat alecciona a los profesores con el mensaje de «tenéis que ser un modelo de lengua catalana» y desacata las órdenes judiciales, Diego Ávalos, Vicepresidente de Netflix en España y Portugal manifiesta «nos interesa el talento en cualquier idioma», en tanto que el Govern alienta un boicot contra su empresa por no incluir series en catalán. Entretanto sigue la sangría industrial en Cataluña con 14.000 empleos perdidos, con lo que ya son 141.000 puestos de trabajo eliminados en 20 años y un progresivo cierre de industrias, otrora motriz de la economía española…..y es que el secesionismo, aliado de Sánchez, sólo entiende de cuestiones identitarias frente al resto de España para utilizarlas como base de confrontación, que no de confluencia, con el Estado diseñado en nuestra Constitución.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que la Fiscalía evita archivar la investigación al Emérito antes del discurso de Navidad del Rey; que Educación y Salud pesarán más en la financiación autonómica, con lo que Hacienda trata de ajustar el modelo para contentar a los barones; que la presión migratoria se enquista en Canarias al cumplirse un año de la crisis que puso en jaque el modelo de acogida en España; que la letalidad de los gases del volcán de La Palma impide la vuelta a casa, pues las autoridades mantienen la prohibición de cruzar a la zona de exclusión tras comprobar la muerte de aves por la elevada concentración de monóxido de carbono; y que el bloqueo del CGPJ indigna a los jueces quienes piensan que «hemos tocado fondo», mientras las asociaciones reclaman la renovación del Consejo, que cumple tres años en funciones, y la APM exige una reforma legal para que «los jueces elijamos a los jueces»…un bloqueo que puede prolongarse hasta las generales pues el PP critica que «el Gobierno ceda con Bildu y ERC, pero no sea capaz de hacerlo con nosotros» y esta actitud del PSE provoca que no se avance en la negociación.

Y del exterior, destacar que EEUU exige a Rusia que retire sus tropas de la frontera con Ucrania; que la UE allana el camino para dejar sin fondos a Polonia y Hungría; que Alemania aislará a su población no vacunada; que los conservadores franceses eligen a la liberal Valérie Pécresse para desbancar a Macron; que Merkel es despedida con un desfile militar para honrarla por haber dirigido Alemania durante 16 años; que la oposición de Nicaragua, Venezuela y Cuba arremete contra el Grupo de Puebla, apoyado por Zapatero, porque blanquea las dictaduras latinoamericanas; y que el Papa Francisco, durante su visita al campo de refugiados de Lesbos, suplica a la clase política que detenga el «naufragio» de la civilización ya que «el Mediterráneo se está convirtiendo en un frío cementerio sin lápidas»….dicho queda.

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