Jorge Cremades Opinión

COLUMNA DE OPINIÓN de Jorge Cremades: «La tozuda realidad»

Tozuda realidad es el patético entendimiento del Gobierno con EHBildu, cuando los presos de ETA piden acabar con los homenajes públicos y el colectivo de presos admite que los ongi etorri causan "dolor" a las víctimas

Por más que un gobierno quiera vender su gestión con altas dosis de optimismo y demagogia, al final la tozuda realidad se impone, es inevitable, sobre todo cuando una crisis global causada por la pandemia no deja apenas margen para un atisbo de esperanza, siendo un error por otra parte achacar a dicha pandemia toda la culpa con el objetivo de tapar la mala gestión gubernamental. En todo caso lo improcedente en situaciones de crisis, como es el caso, es generar falsas esperanzas con horizontes idílicos cuando lo que procede es apretarse el cinturón para hacer frente con éxito a las dificultades sobrevenidas. En efecto, la variante ómicron del coronavirus ya está entre nosotros y la OMS y el G-7 alertan del «alto riesgo» de la misma, cuando, al parecer, ya circulaba por Europa antes de la alerta dada por Sudáfrica, mientras ahora se extiende por toda la UE, lo que debiera enseñarnos que hacer un derroche de vacunas, incluso permitiendo su caducidad, en el mundo desarrollado no vale de nada si el mundo del subdesarrollo apenas se inmuniza. En España, que, gracias a la buena campaña de vacunación, está en buena posición de contagios, aunque se están disparando en estos días, mientras los expertos discuten sobre la eficacia del pasaporte covid y se dividen sobre la necesidad de vacunar a los menores de 5 a 11 años, el Gobierno descarta volver a restricciones, temiendo que los datos de la pandemia empeoren tras los viajes y las reuniones de este largo puente de diciembre, mientras Portugal, el país más vacunado de la UE, vuelve a dichas restricciones. Por otro lado el Gobierno de Sánchez carece de un «plan b» jurídico frente a la sexta ola de contagios, que ya está aquí, pues su estrategia se basa estrictamente en la vacunación sin tener que aplicar medidas que afecten a la economía, limitándose Sanidad a recomendar poner límites a los eventos navideños ante esta nueva variante ómicron, para que sean las CCAA las que, cada una por su cuenta, vayan adoptando las medidas que consideren oportuno en sus respectivos territorios. Y mientras Bruselas alienta el debate sobre la vacunación obligatoria (Von der Leyen secunda la idea de Scholz en Alemania, y Francia, Portugal e Irlanda prevén pedir PCR también a los viajeros vacunados) se impone cuarentena forzosa para los contactos de casos de ómicron, en tanto que la OCDE alerta de que la nueva variante pone en riesgo la recuperación. Es la tozuda realidad, que ni se puede eludir ni se debe ocultar, si queremos afrontar el futuro con esperanzas de éxito. No vale pues que el Ministerio de Sanidad, como ha hecho, omita, por ejemplo, en las «actas covid» las quejas clave de las CCAA, abandonadas a su libre albedrío, y retire de la transcripción de las reuniones del Consejo Interterritorial las protestas literales de los consejeros sobre la gestión de la pandemia hasta ahora, cuando el Ministerio las ha retenido y ocultado más de un año. Si un gobierno es incapaz de coger el toro por los cuernos para evitar el pertinente desgaste y no promueve una ley general que, con todas las consecuencias, obligue a las autonomías a una misma estrategia contra la pandemia, que, al menos, publique con total transparencia y no oculte las quejas y propuestas que las CCAA le hacen en el Consejo Interterritorial, ante el caos jurídico existente; es lo menos que se le puede pedir pues ocultar la tozuda realidad tiene las patas muy cortas y nada positivo, sino todo lo contrario.

Tozuda realidad es el patético entendimiento del Gobierno con EHBildu, cuando los presos de ETA piden acabar con los homenajes públicos y el colectivo de presos admite que los ongi etorri causan «dolor» a las víctimas

Tozuda realidad que se impone además en el entramado y complejo sistema de alianzas de Sánchez con aquellos grupos políticos que tienen como objetivo prioritario derribar nuestro actual sistema de convivencia recogido en nuestra Constitución, pretendiendo todos ellos, incluido el Gobierno, vendernos la burra como mejor pueden para salir de sus propias contradicciones. Así, en el asunto catalán, mientras denuncian por prevaricación al Consejo catalán de Educación, el Parlament vota no a la sentencia del castellano, con el PSC aliándose con los soberanistas sorprendentemente para rechazar la propuesta acatando el 25% de clases en castellano que dicta el Supremo y que la Generalitat desacata indecentemente, mientras ERC cuestiona ahora su reciente apoyo al Gobierno en los Presupuestos porque no garantiza el apoyo del catalán en Netflix y HBO, obligando ahora al PSOE a renegociar la ley audiovisual si quiere salvar el apoyo de los republicanos a los PGE, mientras Podemos, socio de Sánchez en la coalición gubernamental, también recela del texto que fija cuotas lingüísticas. ERC, aunque sólo sea de cara a la galería, mantiene la presión tras fracasar la reunión por la cuota de Netflix con el mejor estilo chulesco de su portavoz Rufián, mientras Moncloa mantiene la hoja de ruta en su relación con los republicanos pese a estas tensiones, sin duda demagógicas (al final seguirán juntos ya que a amos le interesa), y el Gobierno reunirá en enero la «mesa de diálogo», pues el pulso por los Presupuestos no frena la «entente» entre ambas partes, necesaria para que ambos puedan seguir vendiendo su ficción a sus respectivas clientelas. Entretanto la Generalitat pregunta a los alumnos de espaldas a sus padres qué lengua utilizan, interrogándoles sobre el idioma que utilizan los profesores en cada asignatura o cuál emplean ellos con sus compañeros, todo ello con el visto bueno del Consejero de Educación que instó expresamente a los educadores a no recabar el permiso paterno para el test……el nacionalismo secesionista que esté por encima de todo.

Y tozuda realidad es el patético entendimiento del Gobierno con EHBildu, cuando los presos de ETA piden acabar con los homenajes públicos y el colectivo de presos admite que los ongi etorri causan «dolor» a las víctimas (¡menos mal que lo reconocen!), por lo que anuncian recibimientos «discretos» tras la lucha de las víctimas, pero no hablan de colaborar para esclarecer crímenes no resueltos de la banda terrorista. Es obvio que esta renuncia interesada a los indecentes homenajes a etarras allana el camino para más cesiones a los presos, cuando los expertos en antiterrorismo avisan de que el Gobierno negoció con Bildu más privilegios penitenciarios para la banda a cambio del fin de los indecentes ongi etorri, en tanto que, paradójicamente, el PSOE vota en el Congreso en contra de prohibirlos, que debiera ser lo más acertado en vez de esta cínica renuncia «voluntaria» a los mismos; en definitiva, los presos facilitan el plan de alianza PSOE-Bildu cuando los socialistas conocían por Otegi el gesto que preparaban…..el paripé está servido.

Entretanto las pensiones subirán un 2´5% el próximo año por el repunte de la inflación, que inevitablemente hará perder poder adquisitivo a todos los españoles. En efecto, la inflación resta ya 9.000 millones a las familias y dispara los ingresos de Hacienda, pues el IPC aumenta un 5´6% en noviembre, la mayor escalada de los  precios en 29 años, y la recaudación fiscal crece en 8.300 millones respecto a 2019 especialmente por el IVA; los precios suben cuatro veces más que los salarios y devoran inevitablemente el poder adquisitivo, ya que mientras el IPC se dispara los sueldos apenas avanzan. Consecuencia, lo españoles cada vez más pobres. Por su parte la OCDE hunde dos puntos las previsiones de crecimiento del Gobierno y estima que la economía española sólo crecerá un 4´5% este año y un 5´1% en 2022, mientras el Banco de España identifica hasta siete puntos que pueden lastrar la anunciada recuperación, como la inflación o las nuevas variantes de covid.

Por su parte el Rey anima a los jueces en Cataluña a cumplir con su «misión constitucional» mientras vuelve a presidir en Barcelona la entrega de despachos, eso sí, sin ningún representante del Govern asistiendo al acto de la Escuela Judicial. Además Felipe VI reclama en Barcelona «seguridad jurídica» durante el acto de entrega de premios de la patronal Fomento del Trabajo, en el que ensalza la figura del empresario y llama a buscar contextos para relanzar la economía, lo que, si en el resto de España ya es complicado, en Cataluña con el asunto del secesionismo anticonstitucional se hace casi imposible.

Y mientras Ayuso pacta el Presupuesto de la Comunidad de Madrid con Vox y auditará el coste de los «menas», los de Abascal acorralan a Juanma Moreno en Andalucía y a Martínez-Almeida en la Alcaldía de Madrid; un pacto de Ayuso con Vox en base al programa de investidura por el que no habrá ningún otro acuerdo, ni total ni parcial, con  ningún otro grupo político madrileño. Entretanto se produce un frío y tenso reencuentro de Ayuso y Casado en el acto de presentación del libro de Rajoy, que con tal evento logra reunirlos, aunque no logra que disimulen su frialdad y distanciamiento, mientras Génova relega a la Presidenta madrileña para dar relevancia a Almeida en el próximo congreso regional del partido.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Alexia Putellas es la primera española en ganar el Balón de Oro; que el Gobierno propone que los afectados por ERTE cobren el salario íntegro; que Serrat se retira de los escenarios y anuncia que lo hará tras una última gira en 2022, que cerrará en Barcelona; que el Gobierno prepara el golpe final a los planes de pensiones privados con el objetivo de eliminar completamente los incentivos fiscales al ahorro individual y potenciar el superfondo colectivo del ministro Escrivá; que Hacienda se plantea suprimir el gasóleo profesional, medida que asestaría un duro golpe al sector del transporte por carretera; y que Inditex consolida el relevo generacional para afianzar a la dinastía Ortega y, tras anunciar que Marta, la hija pequeña del fundador, presidirá el imperio textil tras la salida de Pablo Isla, que abandona la compañía «de mutuo acuerdo», las acciones de la empresa pierden un 6% de su valor, recelando los inversores de dicho relevo.

Y del exterior, destacar que Bruselas celebra la apuesta europeísta del futuro gobierno alemán, percibiendo las autoridades comunitarias en Scholz una ambición mayor que la de Merkel; que Macron sale en defensa de la Francia diversa frente al auge del ultra Zemmour; que la OTAN advierte al presidente ruso de las consecuencias si usa la fuerza en Ucrania; que la UE suspenderá las reglas sobre asilo en los países vecinos de Bielorrusia; y que Castillo roza el «impeachment» en Perú tras sólo cuatro meses en la Presidencia del país.

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