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Alicante defiende una financiación justa de la Comunidad Valenciana y apoya las manifestaciones convocadas

El Pleno municipal aprueba una declaración institucional de apoyo a la declaración del 25 de octubre como Día del Comercio Local en la Comunidad Valenciana
Pleno. Foto; Ayuntamiento de Alicante/Ernesto Caparrós

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha sumado su voz, con la aprobación de una declaración institucional refrendada de forma mayoritaria, a la petición de una financiación justa para la Comunidad Valenciana, que establezca un nuevo modelo de reparto entre autonomías, ajustadas a su peso poblacional, que acabe y reconozca el déficit acumulado y establezca mecanismos de compensación.

El Pleno municipal aprueba una declaración institucional de apoyo a la declaración del 25 de octubre como Día del Comercio Local en la Comunidad Valenciana

La declaración institucional presentada de forma conjunta por los grupos Popular, Ciudadanos, Socialista y Compromís, a la que se ha adherido UP-EUPV, invita además a asistir a las manifestaciones convocadas el 20 de noviembre por la «Plataforma per un finançament just» en Alicante, Valencia y Castellón, a partir de las 18 horas, bajo el lema «Un poble unit per un finançament just». Finalmente, la iniciativa ha salido adelante con 27 votos a favor de todos los grupos municipales, a excepción de los dos ediles de Vox, que han votado en contra.

En la declaración institucional se señala que «la Comunidad Valenciana sigue siendo la peor financiada. Son distintos informes los que avalan este hecho. El último de ellos, el de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), del pasado agosto, en el que se detalla que la financiación de la comunidad es un 10% inferior a la media del conjunto de comunidades de régimen común». 

Déficit anual de 1.325 millones

La financiación por habitante de las tres comunidades mejor tratadas por el actual sistema es un 27% superior a la de las tres más infrafinanciadas. Si se corrigiera esta financiación, se explica en el texto de la declaración, «la Comunidad Valenciana recibiría unos ingresos adicionales de 1.325 millones de euros anuales».

La corporación reclama la resolución de las becas universitarias, un teléfono de prevención del suicidio y la rectificación del proyecto de ley sobre la Vivienda

De acuerdo a las previsiones de este año, cada habitante de la Comunidad Valenciana recibirá 215 euros menos que la media estatal y 703 menos que la autonomía mejor financiada. Esto supone un 10 y un 29% menos de recursos, respectivamente. Explican los firmantes que «ésta es una situación insólita. Nuestra renta per cápita es de 12 puntos inferior a la media y, sin embargo, somos una autonomía que, aun siendo pobre, aporta al conjunto del Estado. El resultado es, sencillamente, insoportable para la ciudadanía de la Comunidad Valenciana».

Pleno. Foto; Ayuntamiento de Alicante/Ernesto Caparrós

Día del Comercio Local el 25 de octubre

De la misma forma, el Pleno ha aprobado otra declaración institucional conjunta suscrita por los grupos municipales Populares, Ciudadanos, Socialista y Compromís, a la que se ha sumado UP-EUPV, para apoyar la celebración del 25 de octubre como el Día del Comercio Local en la Comunidad Valenciana «por la importancia que tiene dentro de las políticas municipalistas y la vida en nuestros pueblos y ciudades».

La declaración institucional ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos municipales (27 votos a favor), salvo Vox, cuyos dos ediles se han abstenido.

Los portavoces firmantes se suman a la petición de la Conselleria de Comercio «para poner en valor este sector que supone experiencias de compra más personalizada y genera menos residuos que otras alternativas comerciales. Al mismo tiempo suele vender productos de productores próximos, con lo que se favorece la economía local y trae consigo efectos positivos, desde los puntos de vista económico, social y medioambiental».

Por otra parte, el Pleno municipal también ha dado luz verde por una amplia mayoría a la Declaración Institucional planteada por el grupo Unides Podem-EUPV en defensa de los derechos humanos de la población saharaui. Todos los grupos se pronunciaron a favor (27 votos), a excepción de los dos concejales de Vox, que lo hicieron en contra.

Asimismo, la corporación ha respaldado la declaración institucional presentada por Vox por la que se acuerda proponer la creación en la ciudad de nuevas plazas de aparcamiento para motocicletas, ciclomotores y bicicletas. Han votado a favor el grupo proponente, el popular y el de Ciudadanos (16) y en contra los tres grupos de izquierda (13).

Infrafinanciación de los Presupuestos Generales del Estado

También se ha aprobado una declaración institucional presentada por el equipo de gobierno municipal en la que insta al Consell a que compense la infrafinanciación que sufrirá Alicante en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) –dos es la última provincia en financiación- y pide al gobierno autonómico que destine gran parte de los 300 millones de que dispone para infraestructuras en la ciudad de Alicante, para hacer realidad proyectos como los tres centros de salud pendientes en Garbinet, PAU2 y Playa de San Juan o el CEIP La Almadraba, entre otros proyectos.

La declaración ha sido aprobada por 16 votos a favor con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox, el voto en contra del PSOE (9) y la abstención de UP-EUPV (2) y Compromís (2). El debate ha sido conjunto con otra iniciativa propuesta por Compromís con el mismo objeto que también ha sido refrendada con el apoyo de Compromís, Populares y Ciudadanos; la abstención de Vox y UP-EUPV y el voto en contra de los Socialistas.

También pide al Consell destinar los 300 millones anunciados para paliar la infrafinanciación en los PGE a los centros de salud pendientes o al CEIP La Almadraba

Concretamente, la propuesta firmada por las portavoces, Mari Carmen de España y Mari Carmen Sánchez, refleja cinco de las propuestas del Ejecutivo local si esos 300 millones llegaran a Alicante. Se trata de la rehabilitación del Centro Cultural Las Cigarreras y del edificio industrial de la Fábrica de Tabacos, por un importe de 48,2 millones; la mejora de la accesibilidad al castillo de Santa Bárbara, cifrada en 25 millones; la construcción de los tres centros de salud que la conselleria tiene pendientes en Garbinet, PAU-2 y Playa de San Juan, valorados en 13,3 millones; la construcción del CEIP «La Almadraba» que implica, además, los medios personales y técnicos para que su puesta en marcha, por un importe de 8,5 millones; y una mayor inversión en centros culturales «para acabar con el agravio comparativo que sufre la ciudad de Alicante».

Pleno. Foto; Ayuntamiento de Alicante/Ernesto Caparrós

En este punto subraya la declaración institucional que «del total de la inversión cultural de la Generalitat en 2021, Alicante sólo ha recibido el 7,5%, mientras que Valencia acapara el 77% de la inversión».

Ninguneo a Alicante

La declaración institucional es la respuesta del Equipo de Gobierno a la aportación de los PGE a la provincia. Según el análisis de esas cuentas, el Gobierno de España relega a Alicante a la cola en inversión por habitante. La inversión es de 183 millones para la provincia. Así, de los 1.208 millones destinados a la Comunidad Valenciana, sólo llegará un 15%. Esto supone un 40% menos que en 2020. En lo referente a cada alicantino, la inversión es de 97 euros, lo que supone 177 euros menos que la media nacional.

«Si se tiene en cuenta que Alicante es la quinta provincia española por población, se convierte en la última en inversión. Es una muestra lamentable de lo poco que Alicante le importa a este gobierno. Una política que desde el Ayuntamiento no podemos permitir y tenemos que denunciar a todas luces».

Esta declaración institucional finaliza «instando al presidente de la Generalitat a que se comprometa a destinar estas cantidades para la mejora de las infraestructuras pendientes con Alicante».

Prevención de la salud mental

La puesta en marcha de un teléfono, de tres cifras similar al 016 de atención a las víctimas de la violencia de género, destinado a atender a las personas con pensamientos y/o conductas suicidas. Ésta es la petición que el pleno, a propuesta del Equipo de Gobierno, realiza al Gobierno de España en la declaración institucional que este jueves ha sido aprobada con el apoyo mayoritario de los grupos Populares, Ciudadanos, Vox y Compromís, con el rechazo del Socialista y UP-EUPV

La concejal de Asuntos Sociales, Julia Llopis, ha instado además al Ejecutivo «a impulsar medidas para aumentar las ratios de profesionales de psicología clínica y psiquiatría, solicita que se profundice en la atención psicológica dentro del Sistema Nacional de Salud, y se refuerce la formación de los equipos profesionales de salud mental».

En la declaración institucional se explica que «cada dos horas y media se produce un suicidio en España. Ésta es la principal causa de muerte natural desde que en 2008 superara al número de fallecidos en accidentes de tráfico. En el caso de los jóvenes, las ideas suicidas aumentaron un 250% debido a la crisis de la covid-19 y a las medidas restrictivas impuestas por los distintos gobiernos para contenerla. En el caso de los jóvenes de 15 a 29 años, el suicidio es la principal causa de muerte no natural desde que se registran datos. Los especialistas relacionan este dato con el estallido de la pandemia».

Llopis ha resaltado que «la situación de la salud mental es verdaderamente alarmante en España. Merece actuaciones tanto en el plano de la prevención y la detección temprana como en el de la eliminación de barreras para la atención sanitaria a pacientes y familiares, y en el del tratamiento de estos trastornos»

Ley sobre la Vivienda

El Pleno también ha sacado adelante una declaración institucional, a propuesta del equipo de gobierno, en la que se pide al Gobierno de España a que rectifique las medidas que se contemplan en el anteproyecto de Ley sobre la Vivienda. Además, solicita medidas encaminadas «a que haya, efectivamente, haya más vivienda pública, pero sin limitar la privada, con libertad en la fijación de rentas, aumento de la oferta y una mayor seguridad jurídica. Todo ello redundaría en unos precios de alquiler más acordes con los incrementos de las rentas de los arrendatarios».

La declaración institucional ha sido aprobada con 16 votos a favor de los grupos Popualres, Ciudadanos y Vox y 13 en contra de los Socialistas, UP-EUPV y Compromís.

Alertan las portavoces que «si el Gobierno central, llegado el momento, obligase a los consistorios a aplicar la subida fiscal sin sentido sobre el IBI, el Ayuntamiento de Alicante estudiará todos los mecanismos legales a su disposición para que el impuestazo de PSOE y Podemos no penalice a los alicantinos. En nuestro ADN, y en nuestra forma de entender la política, las rebajas de impuestos son fundamentales, como ya ocurrió con la reducción del IBI en un 5% e introduciendo varias bonificaciones y deducciones en éste, por lo que rechazamos rotundamente las recetas fracasadas y ancladas en la ideología y no en la racionalidad económica».

Resolución de becas universitarias

El Equipo de Gobierno instará también a la Conselleria de Universidades de la Generalitat Valenciana a que resuelva «inmediatamente» la convocatoria de Becas de Estudios Universitarios en las universidades de la Comunidad Valenciana en el curso 2020-21. La iniciativa ha sido respaldada de forma mayoritaria con los 16 votos a favor de Populares, Ciudadanos y Vox, con el rechazo de Socialistas, UP-EUPV y Compromís.

En la declaración institucional aprobada se denuncia que «por segundo año consecutivo la Conselleria no ha resuelto la convocatoria dentro del curso, «lo que supone un incumplimiento de los propios plazos fijados y del compromiso adquirido el pasado septiembre por la consellera Carolina Pascual de resolver este problema», ha recordado la edil Mari Carmen de España.

Se cifra en cinco millones de la partida «Universidad y Estudios Superiores» lo que resta por ejecutar y sin resolver a favor de los universitarios de la Comunidad «por la falta de eficacia y el incumplimiento, una vez más, de la Generalitat Valenciana».

En el documento se asevera que esta situación «provoca un perjuicio muy grave para el alumnado de la Comunidad ya que aumenta, exponencialmente, la incertidumbre sobre si tendrán que hacerse cargo o no de la matrícula del curso 2020-21, dificultando una óptima planificación y organización del curso 2021-22, que ya ha comenzado. Estos incumplimientos perjudican a miles de estudiantes de la Comunidad que necesitan de estas becas para proseguir sus estudios universitarios».

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