La secretaria general del PPCV y síndica del Grupo Parlamentario Popular, María José Catalá, ha pedido explicaciones al Consell tras recibir parte del expediente por el que se otorgaba 80.000€ al sindicato UGT para celebrar el Congreso Confederal en Valencia el pasado mayo.
Entre la documentación entregada a la síndica, existe un informe de la Abogacía de la Generalitat en la que se pone reparos a la forma de conceder esta ayuda. En él recuerda que las subvenciones que se otorgan vía concesión directa son una «excepción al régimen general» y entiende que la propuesta del Consell «no resulta incompatible con la concurrencia y pueden existir otras entidades de la misma naturaleza que, de convocarse la subvención en régimen de concurrencia, tal vez concurrirían a la convocatoria para tener esta ayuda para la misma o similar finalidad».
La Abogacía de la Generalitat emitió un informe poniendo reparos por otorgar a dedo la ayuda de 80.000€: «No se justifica por qué no fue vía concurrencia»
«Puig va a tener que explicar a los valencianos por qué el Botànic ahoga a los autónomos a burocracia y requisitos cuando piden una ayuda, pero en cambio le da en vena 80.000€ al sindicato cabecera del PSOE», ha señalado Catalá.
Por su parte, la portavoz del GPP ha recordado «que el Consell ha eliminado líneas nominativas a ONGS y entidades sociales como el CERMI o el Banco de Alimentos que hacen una gran labor social y las que ahora se ven abocadas a la vía de la concurrencia competitiva para conseguir una ayuda y poder funcionar. Todos obligados al papeleo y a la burocracia, excepto el sindicato afín del PSOE».
«El Consell tendrá que explicar a los valencianos por qué a los autónomos les ahoga con burocracia y al sindicato cabecera del PSOE les da en vena 80.000€»
El GPP ha registrado una batería de preguntas al Consell y ha solicitado todas las facturas que la UGT ha pasado para justificar la subvención recibida, y que asciende a 255.000€ entre el dinero otorgado por el Consell, Diputación de Valencia y el gobierno de Ribó. «Van a tener que explicar por qué se saltan el criterio de la Abogacía de la Generalitat y rendir cuentas de qué se ha pagado con el dinero público», han señalado.