Jorge Cremades Opinión

COLUMNA DE OPINIÓN de Jorge Cremades: «Presupuestos 2022… ¿creibles o no?»

Moncloa no modificará la elección del CGPJ, aunque el PP facilitara la renovación, pues, cierra cualquier vía de entendimiento diciendo "no apoyaremos nunca un modelo gremialista"

Con las cuentas del Estado no se juega ni se debería jugar ni hacer demagogia para evitar frustraciones posteriores innecesarias y consecuencias económicas y sociales perversas. Los Presupuestos deben siempre basarse en datos sólidos, previsibles y viables, para evitar expectativas frustrantes. Por eso cabe preguntarse si es creíble el proyecto de Presupuestos para 2022 que acaba de presentar el Gobierno al Congreso de los Diputados para que se inicie su trámite parlamentario. Un proyecto presupuestario que, en plena crisis económica, bate records de inversión, concesiones y gasto para superarla, pero que, con marcado carácter electoralista y poco realista, lo basa todo a la llegada de fondos europeos, a una mayor recaudación fiscal y a un exagerado optimismo de crecimiento económico que los organismos internacionales cuestionan, como acaba de hacer, entre otros, el FMI rebajando el optimismo del Gobierno español al situar en el 5´7% la previsión de crecimiento y decir que la recuperación económica «cojea», mientras el Ejecutivo, instalado en su entelequia propagandística, reacciona y considera que la recuperación va de menos a más (¡sólo faltaría que, partiendo de una crítica situación económica, que nos sitúa casi a la cola de los países de la UE, fuéramos ahora de ese menos a menos!). Crítica situación económica, que más bien requiere sacrificios, en la que, para colmo de males, la industria comienza a parar sus fábricas por el «desorbitado» precio de la luz y el gas, mientras Bruselas deja sola a la ministra Ribera con el hachazo eléctrico al descartar de momento la compra conjunta de gas natural para atajar la subida y al proponer rebajar impuestos, abriendo así incluso un frente entre Sánchez y el PNV, uno de sus socios imprescindibles para aprobar los Presupuestos, cuyo portavoz le insta en el Congreso a actuar aquí y ahora, advirtiéndole de que La Moncloa «está en juego». En todo caso, un proyecto de Presupuestos que, según el PP, partido mayoritario de la oposición, mantiene los desequilibrios entre las CCAA, pues la realidad es que castiga entre otras a Andalucía y Madrid, que recibirá la mitad de inversión que Cataluña, a la que riega de dinero generosamente pues los catalanes recibirán un 16% más de inversión por habitante que los andaluces y un 83% más que los madrileños. Presupuestos en los que, al margen del maná europeo, Sánchez dispara hasta un 17% la recaudación por impuestos justo antes de definir las subidas de su anunciada gran reforma fiscal, en los que se contempla un nuevo rescate estructural de la Seguridad Social con una histórica inyección al obsoleto sistema de 43.258 millones, en los que vincular las pensiones con el IPC cuesta 7.868 millones, en los que Sanidad disminuye de 7.330 a 6.606 millones, y en los que, ¡cómo no!, el Ejecutivo se sube el sueldo un 2% (aquí que nadie se aprieta el cinturón ni se sacrifica un poco), manteniéndose como el Gobierno de Europa más numeroso en ministros, cargos ministeriales intermedios y asesores, como los tres últimos enchufados por Irene Montero en el Ministerio de Igualdad (para algunos, de «Igual Da») a pesar de estar dos de ellos imputados por malversar y la tercera de ellas condenada; Podemos, que cínica y demagógicamente se autoproclama paradigma de la ética y la honestidad, puede permitirse estas veleidades sabiendo que Sánchez no va a decir esta boca es mía, pues, como dice el portavoz peneuvista, La Moncloa «está en juego» y es lo que realmente le importa.

Moncloa no modificará la elección del CGPJ, aunque el PP facilitara la renovación, pues, cierra cualquier vía de entendimiento diciendo «no apoyaremos nunca un modelo gremialista»

Un Gobierno que, inmerso en las contradicciones a causa de sus aliados radicales, se ve obligado no obstante a frenar reformas judiciales de gran calado y aplaza los cambios anunciados en sedición, la «ley mordaza» o la procesal, mientras es incapaz de proponer y acordar con la oposición, que es imprescindible, cualquier acuerdo para renovar las instituciones, como el CGPJ, por el mero hecho de que sus socios gubernamentales vetan cualquier reforma del Poder Judicial para acercarla a lo que mayoritariamente predomina en Europa. Y es que Moncloa no modificará la elección del CGPJ, aunque el PP facilitara la renovación, pues, cierra cualquier vía de entendimiento diciendo «no apoyaremos nunca un modelo gremialista» (es decir, si los jueces eligen a sus magistrados es gremialismo y si los eligen los partidos, ¿qué es?). Así las cosas, Casado sorprende a Sánchez y le descoloca al proponerle una negociación para pactar la renovación de las instituciones, pero dejando fuera el CGPJ ya que sus socios vetan cualquier reforma, por lo que Bolaños y Egea ya hablan sobre la renovación del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Protección de Datos y Tribunal Constitucional (éste último, en todo caso, apunta a una presidencia conservadora pues la sustitución de cuatro de sus magistrados no alteraría la actual mayoría). Lamentablemente el CGPJ tendrá que esperar, mientras el Gobierno elude al Consejo de Estado para su proyecto de Ley de Memoria Democrática, que en la recta final de su tramitación parlamentaria no cuenta con el máximo órgano consultivo, pese a ser preceptivo, según un informe de Justicia……y luego, pasa lo que pasa, pues hacer malabarismos a la hora de actuar conforme a la legalidad, que a Podemos le da igual, conlleva sentencias judiciales posteriores desagradables para el Ejecutivo. No en vano el socialista García-Page, como pensamos otros muchos socialistas, manifiesta que «el PSOE debe recuperar la centralidad y la vocación de ser transversal».

          Y en este ambiente de desencuentro patológico entre Gobierno y oposición, se celebra el 12 de octubre la Fiesta Nacional, con un desfile militar en el que Sánchez no logra esquivar los abucheos de un público harto de demagogias y propuestas propagandísticas. Un desfile que congregó a 2.600 militares en Madrid en el que el Presidente del Gobierno, que intentó blindarse, sin éxito, tras la Familia Real tratando de hacer coincidir su llegada y salida con la del Jefe del Estado, fue recibido y despedido con gritos de «traidor», «dimisión» o «vete a casa» contrastando con los de «Viva el Rey» y «Viva España» a los soldados. Un desfile en que se palpaba frialdad entre los políticos, en el que Casado y Sánchez no se daban tregua y evitaban coincidir en la recepción y en el que, una vez más, el presidente vasco, Urkullu, y el catalán, Aragonés, ambos socios y sostenedores del Gobierno de Sánchez, daban plantón a España en su Fiesta Nacional, la de todos los españoles, convirtiéndola así probablemente en el único país del mundo en que su pueblo no es capaz de unirse con orgullo y sano patriotismo para celebrar su Fiesta grande que debiera ser de todos y honrar su bandera que representa a todos……basta ver como lo celebra el resto de países para sentir, como español, una especie de envidia sana. No obstante, según NCReport, el 80% de los españoles tiene una buena opinión de los militares y tres de cada cuatro aseguran que viven tranquilos gracias a las Fuerzas Armadas, que algunos critican, y el 71´3% ha mejorado su opinión al respecto…..es la España real, mayoritaria, frente a minorías radicales que desean convertirla en otra cosa.

Por otro lado, mientras Fiscalía prevé exonerar al Rey Emérito sin la documentación suiza, que no llega, y prepara el escrito sobre la investigación, pero trabaja con la previsión de archivarla aunque falten por llegar resultados de comisiones rogatorias, Moncloa descarta que Juan Carlos I vaya a volver pronto a España, cuando podría hacerlo sin problema alguno, con el argumento de que «Felipe VI no se merece esos rumores». Entretanto el juez del «caso Ghali», Rafael Lasala, aprecia «vulneración frontal» de la legalidad y rechaza el archivo del caso respondiendo con contundencia a la petición de sobreseimiento que hace la Abogacía del Estado, más parecida a una Abogacía del Gobierno, que defiende a la ex ministra Laya y a su Jefe de Gabinete pidiendo fianza de 150.000 euros o expulsar del procedimiento a las acusaciones populares; un asunto escabroso en el que el juez señala al Gobierno directamente por no respetar nada menos que los acuerdos de Schengen y rechaza las peticiones de la Abogacía del Estado que solicita el archivo.

Y para desviar la atención Sánchez, a propuesta de Ximo Puig, se saca de la manga el mantra de que «hay que compartir el Estado» e insiste en la «descapitalización» de Madrid con la propuesta de sacar de la capital organismos que «históricamente» han estado allí, aunque el Ejecutivo, ante el revuelo montado por tales ocurrencias, ha matizado que se trataría de organismos nuevos o, en todo caso, de segundos o terceros niveles de la Administración. Una propuesta que, en todo caso, convierte a Ayuso en «lideresa» del próximo Congreso del PSOE, pues el debate sobre armonización fiscal y descentralización beneficia claramente a la presidenta madrileña, quien afirma que lo que pasa realmente es que Sánchez, dando por perdida electoralmente la Comunidad de Madrid, lo que pretende es ver si gana algún voto en otras CCAA.

Mientras tanto la erupción del volcán de La Palma no da tregua y los gases tóxicos obligan a confinar a 3.000 personas, cuando Carmen López, del observatorio Geofísico, tiene claro que «no hay ni una sola señal que indique el final de la erupción» y añade que «el volcán de La Palma está en la fase más explosiva». Lo cierto es que el volcán provoca que 3.500 vecinos más hayan tenido que ser confinados al quemarse una cementera y que la cola del magma ha obligado a la evacuación de otro millar de personas ante el riesgo de que la lava llegue al popular barrio de La Laguna, con lo que al final ya hay casi 7.000 desplazados desde que se inició la erupción mientras la lava avanza y ya ha destruido 1.408 edificios.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Trabajo prevé poner coto a los contratos de prácticas y de formación; que España es el segundo  país de la UE con más «ninis», concretamente, 500.000; que RTVE esquivó su última crisis con 140 millones de CaixaBank a un interés del 0%; que CCOO creará una fundación para dar la batalla cultural desde la izquierda; que Villarejo se sienta en el banquillo al iniciar la Audiencia Nacional el juicio tras rechazar el tribunal el intento de su defensa de suspenderlo; que una investigación demuestra que vacunar a la vez contra la gripe y el covid es seguro; que Albiol, según los papeles de Pandora, tuvo un poder de una sociedad de Belice abierta desde Andorra; que el PP planea derogar la actual ley del aborto aunque finalmente la avale el Constitucional; que España recurre a confidentes y pagos en la frontera afgana, iniciando así el Gobierno la segunda fase de la evacuación con el rescate, vía Pakistán, de un nuevo grupo de colaboradores y sus familias; que, según los papeles de Manglano, el pago a ETA para liberar a Diego Prado «lo puso Zarzuela», pues el Jefe de la unidad de Terrorismo informó de cómo se rescató al hermano del gestor de las cuentas del Rey Juan Carlos I, quien además responde al responsable del Cesid «le di un millón de dólares a Suárez cuando se marchó»; y que, siguiendo con los papeles de Manglano, Narcís Serra pagó la investigación contra Mario Conde con sobres de siete millones de pesetas, pues la documentación interna de la Guardia Civil en 1993 detalla que un agente recogía el dinero en la Vicepresidencia del Gobierno, cuyo titular era Serra, y se lo entregaba a Roldán.

Y del exterior, destacar que un brote de violencia fascista pone en alerta a Italia tras el asalto a la sede del mayor sindicato del país, lo que abre el debate sobre la ilegalización del partido ultraderechista Forza Nuova; que el Nobel premia la tesis que rebate el efecto negativo de subir el salario mínimo, reconociendo al experto canadiense David Card, cuyos trabajos demuestran que las subidas del SMI «no tienen por qué conducir necesariamente a la destrucción de empleo»; y que Reino Unido amenaza a la UE con una  guerra comercial para reabrir de nuevo el Brexit y Bruselas se aferra a su última propuesta para evitar la ruptura, con lo que el Gobierno británico abre un nuevo enfrentamiento con la UE, otro más, al exigir cambios en el Protocolo de Irlanda, ya firmado, y la UE le ofrece relajar los controles aduaneros en la frontera de Irlanda del Norte con la intención de salvar los acuerdos suscritos que Johnson ahora cuestiona.

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