Jorge Cremades Opinión

COLUMNA DE OPINIÓN de Jorge Cremades: «Grave anomalía democrática»

Las CCAA están indignadas ante el reparto de los fondos, pues el anticipo de 7.250 millones no impide las críticas por el bilateralismo

De «grave anomalía democrática» califica cínica y demagógicamente la ministra podemita Ione Belarra la «huida» del ex Jefe de Estado, Juan Carlos I, cuando ni hay «huida» alguna (el ex Jefe de Estado Juan Carlos, como cualquier otro ciudadanos libre y no sujeto a retención judicial alguna, puede fijar su residencia donde considere oportuno), ni hay «grave anomalía democrática» por detestables que sean los comportamientos personales (incluso si fueran delincuenciales) de los titulares de las instituciones democráticas, incluida la Jefatura de Estado, sujetos personalmente a la pertinente investigación judicial y, si procede, a la condena correspondiente contemplada en la ley. No son pues las instituciones democráticas las que delinquen, sino los titulares de las mismas, quienes personalmente son sometidos a investigación judicial y, si procede, pagan por sus conductas reprobables, al margen de su pertinente destitución o cese que se da por hecho, con lo que dichas instituciones permanecen sólidas e indemnes sin «anomalía democrática» alguna ejerciendo su función con el siguiente titular de las mismas elegido según establecen los mecanismos constitucionales al efecto. Así se hace tanto en los Estados democráticos constituidos como Monarquías Parlamentarias o como Repúblicas, sin que por ello la democracia se vea resentida. En Francia, por ejemplo, varios ex Presidentes de la República o Jefes de Estado han sido juzgados y alguno condenado por sus conductas delictivas, sin que por ello los franceses, y mucho menos los ministros y partidos gobernantes, hayan percibido «grave anomalía democrática» alguna ni exigido por ello que se cambie el modelo republicano francés por un modelo monárquico, como el inglés, el sueco, el danés….etc en los que, por cierto, sus ciudadanos gozan de grandes cotas de desarrollo y libertades que ya quisieran en muchos Estados republicanos, como, por ejemplo, en Corea del Norte, en Cuba o en Venezuela. La «grave anomalía democrática» de la que habla Belarra, sí que está en el acoso y derribo del modelo de Estado, en este caso de la Monarquía Parlamentaria española, que se hace desde otras instituciones del Estado, en este caso desde el Gobierno español, del que Belarra forma parte, cuando, como ministros del mismo, están obligados por promesa o juramento a acatar y defender la Constitución y, por tanto, la legalidad vigente y las instituciones emanadas de la misma, entre ellas la principal, la Jefatura del Estado establecida. Si la ciudadana Belarra, como otros tantos españoles, es republicana y está en su perfecto derecho de defender la República desde la oposición, no lo está desde que, tanto ella como su partido, decide libremente formar parte del Gobierno, pues comete una «grave anomalía democrática» arremetiendo desde el Ejecutivo contra la Jefatura del Estado, a la que como ministra está obligada a defender y a la que, por cierto, Sánchez, el presidente del mismo, elogia bajo su nuevo titular, Felipe VI, aunque elude pronunciarse sobre Juan Carlos I, pero calla ante el ataque de Podemos, su socio gubernamental, a la Monarquía desde dentro del Gobierno, cuya ministra Belarra llega a criticar a los que frenan en el Congreso que se investigue la actividad «ilícita de la Corona» (no dice la del Emérito), como si la Jefatura del Estado, la Corona, ejerciera, como institución, actividades ilícitas. Este silencio cómplice del Presidente del Gobierno, sin destituir a Belarra y ni siquiera desautorizar sus declaraciones, sí supone otra «grave anomalía democrática», por más que Sánchez pretenda suavizarla alabando la renovación y «transparencia» de la Corona tras reunirse con Felipe VI en Marivent.

Las CCAA están indignadas ante el reparto de los fondos, pues el anticipo de 7.250 millones no impide las críticas por el bilateralismo

También hay «grave anomalía democrática» cuando, horas después de la reunión multilateral de Presidentes autonómicos simplemente para hablar y a la que no acude Aragonés, el de Cataluña, Sánchez, como Presidente del Gobierno sienta a miembros del mismo con miembros del Govern catalán para negociar bilateralmente en vez de recriminarle su ausencia en la mesa multilateral, lo que supone un grave agravio comparativo con el resto de CCAA y un trato de favor hacia los españoles catalanes frente al resto de españoles que es totalmente contrario a la igualdad de los españoles que exige la Constitución. Una indecente negociación bilateral en la que Sánchez, para que Aragonés no deje caer a su Gobierno, ofrece más millones (entre otras cosas para desencallar una inversión de 1.700 millones en el aeropuerto de El Prat, decisión que ya se tomó en tiempos de Rajoy) y más traspasos de competencias, que curiosamente no calma la voracidad del Govern catalán ya que sus componentes secesionistas, ERC y Junts, creen insuficientes los acuerdos logrados y quieren más y más hasta conseguir la independencia de Cataluña. En efecto, la Comisión Bilateral, desencalla dicha inversión de 1.700 millones en el aeropuerto catalán (iniciativa en su día del PP) para convertirlo en un «hub» o centro de conexión internacional y los secesionistas aplazan hasta septiembre sus exigencias ilegales de amnistía y autodeterminación, para que Sánchez pueda vender normalidad en dicho acuerdo bilateral. Una ampliación de El Prat que comportará un impacto de dos puntos en el PIB catalán y 365.000 empleos indirectos y que, curiosamente deja descontentos a todos, incluido Podemos, socio del Gobierno de Sánchez, que, en vez de asumir, para bien o para mal, el acuerdo del Ejecutivo del que forman parte y apechugar con el asunto, torpedea la ampliación de El Prat, pactada por Sánchez, oponiéndose por razones ambientales a la conversión del aeropuerto en un «hub» internacional, mientras la alcaldesa Colau, que habló con la Vicepresidenta Díaz para aunar posturas, critica que el proyecto prevea «aumentar en veinte millones los turistas». Sin duda otra «grave anomalía democrática» ya que las decisiones adoptadas por un Gobierno han de ser asumidas, cuando no defendidas, por todos sus miembros y si alguno de ellos no quiere asumir el coste de las mismas lo que debe hacer es marcharse libremente del mismo y no seguir repicando y en misa, como hace Belarra y compañía.

No en vano las CCAA están indignadas ante el reparto de los fondos, pues el anticipo de 7.250 millones no impide las críticas por el bilateralismo, por más que la Ministra de Hacienda, Montero, asegure que la distribución de la ayuda comunitaria sólo se tratará multilateralmente y no por separado con las autonomías. Y mientras Aragonés avisa una vez más de que no renunciará a la independencia a cambio de los traspasos de competencias, sean las que sean, colegios de Médicos y Residentes sostienen que «transferir el MIR a Cataluña destruye un pilar de la Sanidad» al conocer la negociación del Gobierno con la Generalitat para ceder esta competencia y la gestión de las becas educativas (como tantas otras competencias que jamás habrían de haberse concedido ya que debieran ser en exclusiva del Estado Central). Por otro lado, el Gobierno, a través de su Delegada en Madrid, incluye las pensiones como inversiones en la Comunidad madrileña, pues en los 7.800 millones que destina a la Comunidad añade la PAC, el IMV, los ERTE y partidas varias estatales que no son consideradas como inversiones del Estado debido a su capitalidad…… seguramente lo harán para dar cierto sentido a lo que sostiene Vicent Soler, Consejero de Hacienda valenciano, de que «todos hemos hecho crecer a Madrid y ahora debe repartir», en tanto que el Gobierno entierra la sentencia que garantiza el 25% de español, obviando el fallo ante el Parlamento Europeo y defendiendo otra forma de asegurar el dominio del castellano y el catalán, pues Educación sostiene que «son las CCAA las que establecen el equilibrio» entre lenguas y que no puede «sancionar»…. en definitiva, convirtiendo a España probablemente en el único y pintoresco Estado que no defiende y promueve su lengua oficial en todo su territorio, al margen de que se haga lo propio en las zonas bilingües con la otra lengua oficial territorial en las mismas.

La buena noticia, sin duda, es que España, a pesar de todo, bate en julio su record de empleos pese a la pandemia (la Seguridad Social tiene ya 19´59 millones de cotizantes, la cifra más alta registrada nunca, aunque unos 339.000 de ellos continúan en ERTE), con lo que el desempleo cae más que nunca gracias al turismo nacional, aunque 3´4 millones de españoles siguen en paro, que está por encima de los 4´5 millones reales, y la gran mayoría del empleo creado siga siendo empleo precario y temporal, como ya es endémico en nuestro país. Entretanto la mitad de los veinteañeros ha recibido ya al menos una dosis de vacuna, cuando España supera los 4´5 millones de contagiados por covid y en el resto del mundo llega a los 200, mientras Andalucía impone el «pase covid» o test negativo en bares y discotecas (medida que sólo se aplicará al ocio nocturno) y Ayuso se muestra a favor de estudiar su implantación para entrar en los restaurantes; cabe añadir además que casi 2.300 personas se contagiaron de coronavirus en festivales en Cataluña, que sólo el 4´4% de los niños desarrolla covid persistente y tendrá síntomas (falta de concentración, fatiga y dolores de cabeza) semanas después de contagiarse, y que se dan 76 positivos en una cárcel canaria por un brote entre presos antivacunas.

Por otro lado el acuerdo de la Liga y CVC facilita al Barça renovar a Messi, pues el fondo inyecta 2.700 millones por el 10% del negocio del futbol, cuya Liga arrancará con el 40% de público en los estadios (Sanidad y CCAA pactan un aforo máximo para eventos deportivos del 30% en recintos cerrados y 40% en recintos abiertos), bajo las condiciones de que los abonados tendrán preferencia, habrán de usar mascarilla y no se permitirá ni comer ni fumar en las instalaciones. En efecto, un fondo inyectará esos 2.700 millones para relanzar la depauperada Liga Española de Futbol y a cambio dicho fondo, CVC, dispondrá del 10% de la nueva sociedad que gestionará el negocio que genera la competición; al Madrid no le convence un acuerdo que permite al Barça inscribir a Messi pese al estado de sus finanzas; los culés recibirán 270 millones, los blancos 261, el Atlético 200, el Sevilla 120 y el Valencia 117 millones.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que un juzgado de Barcelona insta a la Fiscalía europea a investigar la reunión de Iván Redondo sobre el reparto de fondos de la UE; que Podemos muestra su «anticapitalismo» con 36 cuentas bancarias y doce millones, repartiendo sus fondos en los bancos que critican, incluidos algunos que ataca con ferocidad, mientras el «chiringuito» de Monedero, el Instituto 25-M, tuvo unas pérdidas de 83.730 euros; que el futuro de los interinos queda en manos de la Justicia europea, pues un magistrado pide al Tribunal de Luxemburgo que aclare el término «indefinido no fijo» que estableció el Supremo y deja en el aire la reforma de Iceta; que la jueza acusa a los agresores de Samuel Luiz de atacar a quien le ayudó, agresores que se vieron tras matarle y borraron varias pruebas; que Podemos suspende en igualdad ya que sólo hay 114 mujeres entre sus 244 trabajadores; que Escrivá no cede a las pensiones y mantiene la penalización a las jubilaciones anticipadas; que Tezanos sigue al frente del CIS a pesar del desprestigio de su controvertida figura; que los Reyes y sus hijas cambian el tradicional posado mallorquín por un paseo en la Sierra de Tramontana, la zona más despoblada de Mallorca, para significarse en defensa del patrimonio natural de la isla; que Calviño abre la puerta a la opa sobre Naturgy tras asegurar su españolidad, dando el visto bueno el Gobierno al fondo australiano IFM para hacerse con el 22´69% de la compañía energética, con las condiciones de que los compradores deberán mantener la sede en España y el empleo, y garantizar las inversiones estratégicas; que es imputado el jefe del banco que guardó los 65 millones del Rey Emérito, pues el fiscal suizo investiga a Yves Mirabaud por ocultar la donación; y que sigue el medallero olímpico español con la plata de Teresa Portela en piragüismo a sus 39 años de edad, el bronce de Juan Cardona en vela y el bronce de Xammar y Rodríguez en 470 que da la décima medalla a España.

Y del exterior destacar que Simone Biles vuelve a la competición tras su bloqueo mental y gana el bronce en barra; que el gobernador de Nueva York acosó a muchas mujeres, según Fiscalía; que negociadores de Maduro y Guaidó se verán en diez días en Méjico; que la OMS pide al mundo una moratoria de la tercera dosis y llama a priorizar a países con población vulnerable sin vacunar; que los incendios devoran el Mediterráneo oriental con fuegos activos alarmantes en Grecia, Turquía e Italia; que se pone al descubierto la genética de la menopausia y mutaciones detectadas ayudarán a retrasar el envejecimiento ovárico; y que la atleta olímpica bielorrusa Kristsina Tsimanuskaia pide asilo a Polonia por la represión y denuncia que teme por su vida y que trataron de forzarla a volar a Minsk tras criticar al Comité Olímpico de su país.

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