Actualidad Alicante

Unides Podem preguntará en el pleno por las sanciones municipales a los contenedores de ropa sin licencia

El grupo municipal quiere conocer el número de sanciones impuestas por la instalación de contenedores de ropa sin licencia, así como exigirá conocer por qué no se han retirado todos y cómo y quién ha pagado la retirada de los que se han quitado de las calles.

Unides Podem llevará al próximo pleno una pregunta dirigida al equipo de gobierno para conocer cuántas sanciones se han impuesto por la instalación de contenedores para la recogida de ropa sin licencia, así como para pedir explicaciones sobre la permanencia, e incluso instalación de contendores nuevos, pese a estar en situación administrativa irregular, de muchos de estos elementos en la vía pública.

El grupo municipal ha visitado hoy las instalaciones de Proyecto Lázaro para interesarse por la situación administrativa que proporciona itinerarios de inserción laboral para familias en riesgo de exclusión social.

El portavoz municipal, Xavier López, manifiesta que “es incomprensible que no se haya renovado el convenio con un proyecto de la economía social, que además de su labor ambiental disminuyendo los residuos que generamos, tiene un papel imprescindible para personas en situación de exclusión social”.

El grupo municipal quiere conocer el número de sanciones impuestas por la instalación de contenedores de ropa sin licencia, así como exigirá conocer por qué no se han retirado todos y cómo y quién ha pagado la retirada de los que se han quitado de las calles.

La coalición denuncia que el bipartito tiene intención de dejar tiradas a las 15 familias que desarrollan su itinerario de inserción laboral en el proyecto, otorgando a la polémica contrata de residuos, UTE Alicante, el servicio para que, a su vez, esta lo subcontrate con mercantiles que no realizan esta labor social. Para López es evidente “que Barcala prioriza que aumente el patrimonio y los beneficios de determinados empresarios a fomentar iniciativas que den soluciones a personas en riesgo de exclusión social”.

López señala que “es claramente discriminatorio que en una situación de crisis social y de sobrecarga de los servicios públicos, se acabe con este tipo de actividades que contribuyen, entre otras cosas, a rescatar a personas usuarias de estos servicios y facilitarles un itinerario de inserción laboral y vital”. López define la preferencia para el servicio del grupo municipal: “nuestra opción predilecta sería que esta actividad quedase circunscrita a la inserción social, y no se abriera a otras mercantiles con ánimo de lucro”.

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