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COLUMNA DE OPINIÓN de Jorge Cremades: «Desmadre ante la quinta ola»

El Tribunal de Cuentas cree inviable un aval de la Generalitat por el procés, es decir, un aval con el dinero de todos, y avisa a Aragonés de "fraude de ley" si avala con dinero público a los líderes del 1-O

La quinta ola de infección por la pandemia de coronavirus invade nuestro país y nubla la esperanza de recuperación económica, especialmente la del sector turístico, mientras otros países, como Francia, culpan del repunte de casos, especialmente de la variante Delta, que domina ya en Madrid y en Cataluña, a España y Portugal, que se han puesto a la cabeza de la infección en Europa. Un verdadero varapalo que finiquita la desescalada y descalifica el exagerado optimismo del Gobierno para vender el fin de las mascarillas cuando dos tercios de los españoles, según SigmaDos, temen grandes rebrotes todavía, lo que se está confirmando, y cuando el 40% de los votantes del PSOE y una mayoría de los del PP rechazan su retirada, mientras el propio Simón teme que enfermen incluso vacunados que no han completado la inmunización. En efecto, en esta quinta ola los contagios se triplican entre los jóvenes, mientras Sanidad se dispone a ocultar dos meses más las actas de la pandemia, que intentó «colar» a las distintas regiones, y se ve obligada a estudiar el cierre urgente del ocio nocturno, veinte días después de abrirlo, y mientras algunas CCAA, como Castilla y León, piden volver al toque de queda para afrontar esta crisis, otras, como Cantabria y Navarra imponen restricciones a la hostelería y al ocio nocturno, otras, como Cataluña, lo cierran por su cuenta, y otras, como Valencia, sopesan cerrar las playas en tanto que los expertos alertan ya del colapso de la Atención Primaria y piden que también se «valore» recuperar el toque de queda para «mitigar el aumento exponencial de casos». En definitiva, una propuesta de frenar la desescalada que parte de Salud Pública y que suscita dudas en Moncloa, por lo que, al final, Sanidad no recuperará los toques de queda ni limitará el ocio nocturno, cuando siete CCAA solicitan a la ministra Darias nuevas restricciones tras volver de nuevo España al riesgo extremo. Un nuevo desmadre de gestión ante esta quinta ola de infección, que ya pasa factura al turismo pues «no ayuda salir así en portadas de todo el mundo», y que aboca a las CCAA a actuar como buenamente quiera o pueda cada una de ellas, pues Moncloa no quiere asumir el coste de volver a las limitaciones generalizadas para contener los contagios y deja la pelota en el tejado de las autonomías tal como acaba de quedar claro tras el Consejo Interterritorial. Sanidad se desentiende pues de esta quinta ola y descarta toques de queda y cierres del ocio nocturno pese a las peticiones de las CCAA que tendrán que afrontar este preocupante rebrote con las herramientas jurídicas de las que dispongan, pues el mismísimo Sánchez ya adelantó que «no es necesario aprobar ninguna medida más», mientras un fallo en la seguridad de los datos de la Comunidad de Madrid deja al descubierto los móviles de vacunados como el Rey o Sánchez. El desmadre en la gestión de la pandemia sigue su curso con nuestros gobernantes, más pendientes de vender su propia imagen pública que de afrontar conjuntamente y de forma uniforme esta crisis que no sólo nos mata sino que nos lleva a la ruina…….ya llegará el momento, según convenga, de echarse las culpas unos a otros o auto-adjudicarse los éxitos. Es la triste realidad de una gestión sanitaria manifiestamente mejorable que, al final, lleva a España a la cola de Europa, mientras no se entiende el desbarajuste competencial entre Gobierno y CCAA, cada uno buscando salvar su trasero mientras los españoles en conjunto seguimos enfermando y arruinándonos inevitablemente.

El Tribunal de Cuentas cree inviable un aval de la Generalitat por el procés, es decir, un aval con el dinero de todos, y avisa a Aragonés de «fraude de ley» si avala con dinero público a los líderes del 1-O

Pero no importa, enfermos o arruinados, aunque el Tribunal de Cuentas cree inviable un aval de la Generalitat por el procés, es decir, un aval con el dinero de todos, y avisa a Aragonés de «fraude de ley» si avala con dinero público a los líderes del 1-O, que ya lo malversaron, el Govern catalán crea un fondo para avalar a 34 ex altos cargos, mientras Sánchez estudia (cuestión de estética) si recurre la medida (a pesar de que Ábalos considera el asunto como poner piedras en el camino del diálogo) y Casado denuncia malversación, pues Aragonés descarta pagar los 5´4 millones de multa por el procés y SegurCaixa descarta que su seguro pueda valer para los malversadores. Así las cosas, el Govern endosa las multas del ilegal procés a todos los catalanes (y por ende a todos los españoles), camuflando con un decreto-ley el uso, políticamente impresentable y probablemente fraudulento, de diez millones públicos para avalar las fianzas impuestas a sus líderes por el Tribunal de Cuentas, mientras Sánchez, que debiera defender lo público a capa y espada, se escuda en que espera que se ajuste a derecho (siempre cabe algún truco) y Casado recurrirá ante la Justicia lo que considera una nueva malversación para salir indemnes de la malversación anterior, con este invento de un fondo público para burlar al Tribunal de Cuentas pese a la advertencia de «fraude de ley». En éstas estamos cuando los indultados arrancan en Europa una nueva campaña de desprestigio contra España, otra más, con una visita de Junqueras a Puigdemont, enemigos íntimos, en Bruselas, concretamente en Waterloo, en la famosa ignominiosa Casa de la República donde reside el prófugo. Una reunión propagandística que ERC plantea con frialdad y Junts vende como un reconocimiento de Junqueras al «presidente legítimo» a quien, más o menos, hay que ayudar por el bien de la causa secesionista. Al final, un frío encuentro entre Puigdemont y Junqueras, quien acude acompañado de otros tres indultados (Romeva, Bassa y Forcadell), mientras la Generalitat pretende negociar su decreto para evitar el recurso del Gobierno de Sánchez (seguro que lo logrará) ya que la impugnación al Constitucional suspendería el aval a los ex altos cargos condenados por malversación y ello, como dice Ábalos, sería poner «piedras en el camino». En definitiva, el Govern reactiva su ilegal «Ministerio de Exteriores» con este tenso encuentro de los indultados con el fugado después de cuatro años en que Puigdemont, el principal responsable de la sedición, huyera como un delincuente en el maletero de un coche y Junqueras acabara en prisión, por lo que ambos no esconden sus manifiestas diferencias a día de hoy. Sánchez por su parte planea ayudas para que las empresas vuelvan a Cataluña, mientras la patronal catalana y la Generalitat presionan para que se aprueben incentivos en favor de Barcelona, intentando frenar el auge de Madrid y que regrese la mayoría de las 6.200 firmas que huyeron del «procés», olvidando todos ellos que el mayor incentivo es una firme, clara y contundente declaración conjunta de que todos volverán en el futuro a la senda democrática que marca la Constitución Española y el Estatut de Catalunya, emanado de ella. Por su parte, la presidenta madrileña, al ser recibida por el Jefe del Estado, Felipe VI, en el Palacio de La Zarzuela, le traslada el mensaje de máxima lealtad «con la Corona, la Constitución y la unidad de España».

Entretanto la polémica ley del «sólo sí es sí», que casi obliga a que todos los hombres obtengan un certificado previo por escrito en cada una de sus relaciones sexuales, castiga como delito el acoso callejero (en definitiva, el tradicional piropo) y pone penas de trabajo para la comunidad o localización permanente, exigiendo un consentimiento sexual que sea claro y libre, no siempre fácil de demostrar, y protegiendo a las víctimas de violencia sexual como a las de género, mientras Moncloa relega a Irene Montero en dicha ley porque «no es nueva» y castiga las expresiones sexuales en la calle. Por otro lado la polémica Ley de Seguridad de Sánchez permitirá contratar sin control, decidiendo el Presidente qué empresas optan a las licitaciones públicas por razones de «urgencia» y facilitando que se eludan los controles de transparencia en situaciones de crisis…..en definitiva, para algunos, una patente de corso para que en tiempos de crisis el Ejecutivo actúe como le venga en gana ya que el Presidente se otorga plenos poderes en dicha ley permitiendo que el Jefe del Ejecutivo pueda eludir los controles y pueda forzar a los medios a colaborar. Mientras tanto, un asesinato en La Coruña con tintes homófobos desata protestas por toda España, mientras la Policía investiga si el apaleamiento mortal a Samuel Luiz, un joven de 24 años, obedece a la homofobia, que de momento no ve la investigación, cuando se producen las primeras tres detenciones y se investiga la participación en el homicidio de varias personas más.

Po otro lado Sánchez, que tendría que echar a seis ministros para cumplir el estándar europeo de un Ejecutivo normal y no sobredimensionado como el de coalición en España en cuanto a carteras se refiere, oculta a Podemos, su socio gubernamental, el peso de la crisis de Gobierno en ciernes, pues el entorno de Yolanda Díaz reconoce que el presidente no trata con ella «ese tema», aunque los morados le avisan de que las cuotas, es decir, las poltronas, deben mantenerse según lo pactado, lo que supone mayor dificultad para reducir las carteras de cara al futuro.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que la Guía del Gobierno sobre la eutanasia prevé el uso de fármacos no autorizados; que hay acuerdo para acabar con la temporalidad laboral en la Administración, por lo que la experiencia pesará hasta un 40% en las «generosas» pruebas de Iceta a los interinos; que Escrivá subirá las cotizaciones a quien gane más de 49.000 euros para poder pagar a los «baby boomers»; que adelantar la jubilación no se penalizará más con la reforma aprobada ya en el Consejo de Ministros; que la Justicia avala el cartel electoral de Vox con el argumento de que los menores extranjeros «son un problema social y político» y la Audiencia de Madrid lo enmarca dentro de «la lucha ideológica partidista»; que fallece Tico Medina, pionero de la pequeña pantalla en España y gran entrevistador; que el PP no descarta sumar a Albert Rivera a su equipo (según Casado siempre cuentan «con los mejores») y de momento el ex líder naranja, que mantiene una fluida relación con Génova, será ponente de la regeneración en la Convención del PP e intervendrá en una de las mesas del encuentro que se celebrará en octubre; y que una Selección Española de Fútbol, que mereció más, cae en los penaltis ante Italia, que se enfrentará en la final a Inglaterra tras vencer ésta a Dinamarca en la prórroga, con lo que los ingleses jugarán su primera final de la Eurocopa.

Y del exterior, destacar que Chile se sume en la inestabilidad con su proceso constituyente; que Reino Unido prevé penas de cárcel para inmigrantes sin documentos; que el BCE dejará que la inflación de la zona euro supere el 2% si es necesario; que fallece Raffaela Carrá, la estrella del espectáculo que triunfó en Italia y España, a los 78 años de edad; y que un comando de mercenarios asesinan a tiros al presidente de Haití, Moïse, en su residencia privada mientras dormía, agravando dicho asesinato la crisis del país pues el vacío de poder se suma a la pandemia y la violencia.

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