Jorge Cremades Opinión

COLUMNA DE OPINIÓN de Jorge Cremades: «Fomentar la convivencia en Cataluña»

Grandes empresarios, obispos y asociaciones civiles se alinean incomprensiblemente con la operación de Sánchez en favor de la medida de gracia

Mientras el Rey recuerda en el séptimo aniversario de su proclamación que la Carta Magna «es la mejor garantía contra la imposición o el enfrentamiento», lo que suscribe cualquier demócrata convencido, los expedientes que elabora el Gobierno para los nueve indultos a los sediciosos presos, esgrimen la razón de «fomentar la convivencia en Cataluña», centrándose en resolver la crisis catalana y no en los presos a indultar, lo que, dado que el indulto es una medida legal, aunque extraordinaria y al antojo del Ejecutivo, podría suscribir cualquiera como modo excepcional para conseguir tan loable objetivo, si ello fuera realmente el fin de todas las partes en el conflicto. Sin embargo, no parece que dicho objetivo sea compartido por los indultados, pues Junqueras, el principal beneficiario de los indultos en marcha como presidente de ERC, partido gobernante en Cataluña e interlocutor en la famosa «mesa de diálogo» pactada con Sánchez, vincula el indulto a un «intento» del Estado de «protegerse» frente a los recursos que los presos del procés han empezado a interponer ante la Justicia europea en contra del Tribunal Supremo español, y manifiesta que «el indulto es un triunfo que demuestra algunas de las debilidades de los aparatos del Estado» pues, según él, «no resistirán la confrontación» con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mientras, sin volver a contestar si él quiere el indulto como ya hizo cuando se lo requirió el Tribunal Supremo (su postura era entonces que el indulto «se lo metan por dónde les quepa»), defiende que su posición es «la amnistía, la autodeterminación y la independencia», es decir, objetivos no contemplados en nuestra Constitución y, menos aún, si pretenden ser conseguidos al margen de la legalidad vigente emanada de ella, aunque ahora reconoce que los indultos son una mejora de la situación actual (obviamente lo es personalmente para los delincuentes indultados especialmente), añadiendo sobre las declaraciones de la ministra Reyes Maroto, que alertó que en la mesa de diálogo sólo se hablaría de lo que esté en el marco constitucional, que los referéndums «están dentro del marco legal o deberían estar en cualquier país democrático del mundo» citando como ejemplo los de Suecia, Dinamarca, Reino Unido y Canadá, que tienen una historia y un marco constitucional, derivado de ella, totalmente diferente al que tiene España, lo que no supone, en todo caso, menoscabo democrático alguno. Por su parte, Aragonés, el valedor de Junqueras en el Govern, paga tributo al prófugo Puigdemont y, ausentándose de las jornadas del Círculo de Economía, en que participaba Draghi, le visita en Waterloo donde, en la denominada «casa de la república», reclama la ilegal amnistía para facilitar el regreso a España del fugado de la Justicia, dejando bien claro que «no sólo es importante que los que están en la cárcel salgan de ella, sino que no entre nadie más». Es evidente que, con estas mimbres, avalar los indultos con el argumento de «fomentar la convivencia en Cataluña» es un cínico camelo, pues los beneficiarios del indulto no están dispuestos a ello, salvo que, desde el Ejecutivo de España, sí estén dispuestos a saltarse, como ellos, la normativa constitucional vigente lo que, obviamente, agravaría la convivencia en Cataluña y en el resto de España en vez de fomentarla, salvo que se entienda que la vía de la concordia es el totalitarismo y no la democracia. Suena a cachondeo pues que, ante la inminencia de los indultos en tales condiciones, la ministra Robles asegure que los presos tendrán que comprometerse a no volver a delinquir, mientras Junqueras, Aragonés y Puigdemont insisten en que sólo les sirve la amnistía, el referéndum y la independencia.

Grandes empresarios, obispos y asociaciones civiles se alinean incomprensiblemente con la operación de Sánchez en favor de la medida de gracia, hostigando desde el Círculo de Economía a Casado, que se mantiene firme contra los indultos

Así se las gastan pues estos delincuentes independentistas, envalentonados por la absurda «magnanimidad» de Sánchez, que vincula la recuperación económica a los indultos, pidiendo «concordia» y diálogo mientras Puigdemont y Aragonés hablan de amnistía, y mientras el desconcertante PSOE sanchista intenta arrebatar poderes al TC contra el criterio de la Judicatura, previendo derogar los instrumentos para la ejecución de las sentencias del Constitucional. La triste realidad es que el independentismo recibe los indultos en un tono desafiante y chulesco proclamando Junqueras y Cuixart su «triunfo» y la «derrota» del Estado, mientras Puigdemont ya le pide a Sánchez que le aclare hoy si ya puede regresar a España (todo se andará, amigos), pues, según él, los indultos, que califica como «autoindulto del Estado» se dan para impedir que la Justicia Europea tumbe la sentencia del 1-O, idea que el prófugo comparte con Junqueras. Ahora va a resultar que el Estado, al que quieren destruir, es el verdadero beneficiario de los indultos, mientras se jactan de que está cada vez más debilitado. Entretanto grandes empresarios, obispos y asociaciones civiles se alinean incomprensiblemente con la operación de Sánchez en favor de la medida de gracia, hostigando desde el Círculo de Economía a Casado, que se mantiene firme contra los indultos en tales condiciones, mientras Sánchez monta un show en el Liceu para defender la medida sin la presencia de ningún representante del Govern y boicoteado por los secesionistas con manifestaciones en contra del acto, convocadas por los radicales secesionistas de ANC y CDR, que repudian la visita del Presidente del Gobierno a Barcelona. Entretanto, líderes de CEOE estallan por los indultos y desbordan al presidente de la patronal, Garamendi, quien, tras haber recibido una condecoración del Gobierno, avalaba los indultos confiando en que favorezcan la normalización, por lo que el presidente de CEIM manifiesta que «si se sometiera a votación en la Junta, la mayoría votaría en contra, yo incluido» y dirigentes empresariales de otras CCAA, como Andalucía y Valencia, critican a Sánchez por impulsar una medida que «divide a la sociedad», en tanto que para el líder del Círculo «ofenden la dignidad de muchos españoles porque no hay arrepentimiento». Y mientras Garamendi rectifica al final aclarando que «no apoyamos el indulto», Casado sostiene que «la concordia es la Constitución y el diálogo es la ley», añadiendo «si yo fuera empresario en Cataluña, querría que se cumpliera la ley» y denunciando que «Sánchez está desarmando el Estado de derecho para seguir en el poder». Este es el enrarecido y preocupante ambiente que se respira ante los inminentes indultos.

Entretanto, según NCReport, el 70% de los españoles valora muy positivamente el reinado de Felipe VI y el 60% asume que debe firmar los indultos (es su obligación constitucional), mientras Casado señala que «quien marca la posición del partido es el presidente nacional» sobre las discrepancias con Ayuso, quien toma posesión como Presidenta de la Comunidad de Madrid con el desplante de todo el Gobierno de Sánchez, que rompe la tradición al no enviar a ningún ministro al acto. Ayuso, que lanza un guiño al Rey tras la polémica sobre su firma de los indultos y dice que «Madrid, España y Monarquía son inseparables», subraya su «compromiso con el pueblo de Madrid, la libertad y España» y fija su perfil propio frente a Génova al no tener rival para presidir el partido en la Comunidad y sí contar con el respaldo de los barones. Con su proyecto antisanchista, Ayuso diseña un gobierno reducido en cuanto a consejerías se refiere, con un programa alternativo al de Sánchez en España, con guiños a derecha e izquierda y fagocitando a Vox y Más Madrid en su discurso de investidura, con medidas estrella, entre las que destacan una rebaja de medio punto en el IRPF que se aplicará en la renta de 2022; una ley de autonomía fiscal como blindaje frente a la armonización de impuestos de Moncloa; un plan de natalidad con ayudas de 500 euros al mes a las jóvenes embarazadas; un plan de descarbonización, fomentando la economía verde contra el cambio climático; o una ratio de veinte alumnos por aula, la más baja de la historia, que comenzará en infantil. Y, reelegida bajo la presión de Vox, que une sus votos al PP pero le avisa de sus exigencias para la legislatura, Ayuso diseña un gobierno continuista con Enrique López como hombre fuerte y recupera para Cultura a Mata Rivera de la Cruz tras dejar Ciudadanos, sin que en el debate falte la bronca al acusar Monasterio a un diputado de Podemos de llegar «ilegalmente» a España.

Por otro lado, España sufre por el covid la mayor crisis demográfica desde 1941 tras la Guerra Civil, pues las muertes de 2020 fueron 74.000 más que el año anterior. Sánchez, por su parte, anuncia que la mascarilla dejará de exigirse en exteriores el próximo sábado y que la medida se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario, ya que «nos vamos acercando cada día a la normalidad a secas», mientras la variante india, según los expertos, será la dominante en España en un mes y los epidemiólogos critican su afán de triunfalismo y alertan de los espacios concurridos. Para los más suspicaces, lo que hace Sánchez es edulcorar los indultos con el final de las mascarillas, al precipitar el anuncio de que dejarán de ser obligatorias sin consensuarlo con nadie, cuando se especula que el Consejo de Ministro de mañana podrá aprobar el perdón a los sediciosos; en todo caso, en los 400 días en que ha sido obligatoria la mascarilla Sanidad no ha dejado de dar bandazos y ahora los expertos creen que dejar de llevarla es anticipado y avisan de que puede ser un «paso atrás», mientras se anuncia que la vacunación para ESO y Bachillerato se hará antes de iniciarse el curso.

En cuanto a la corrupción se refiere el juez cree que mandos de la Policía ocultan material contra el PP robado a Bárcenas, mientras es imputado el ex jefe de la UDEF por torpedear la investigación del caso Gürtel y el juez que investigó la trama temía estar siendo espiado. Bárcenas por su parte asegura que ordenó destruir una grabación de Rajoy, ya que la Policía anotó una grabación secreta del ex tesorero con el entonces Presidente del Gobierno y, en la «operación Kitchen», el material desapareció después, en tanto que Anticorrupción investiga un supuesto plan de doce millones para anular Gürtel y el fiscal pregunta a Bárcenas si Cospedal o Trillo estaban al tanto. En fin, todo un entramado de putrefacta corrupción que, como otras en curso, debiera esclarecerse ya lo antes posible y de una vez por todas para la salud democrática y la tranquilidad de todos los españoles, con la puesta en prisión de los implicados……aunque, quien sabe, si como los delincuentes sediciosos el Gobierno de turno les indultaría magnánimamente aunque sostuvieran que ya en libertad volverían a delinquir de nuevo.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que la ley de eutanasia llega a medias, pues sólo seis CCAA han creado las comisiones que deben respaldar las peticiones en vísperas de la entrada en vigor de la norma; que los maristas investigan a otros nueve religiosos por abuso sexual en Galicia; que Márquez vuelve a ganar en moto GP tras su grave lesión; que la penalización por prejubilarse podrá alcanzar los 8.200 euros como máximo; que Marlaska recibe otro varapalo de la Audiencia por la «patada en la puerta»; que José Luis Puerta, fiscal de menores de Ceuta, dice que «un pabellón no es el sitio donde los niños puedan vivir»; que el Ejecutivo de Sánchez acumula ya el mayor gasto en asesores y altos cargos de la historia; y que, por fin, el Gobierno recula y opta por activar una rebaja «rápida» del IVA de la luz, cediendo a la presión de los consumidores ante la escalada de los precios, cerca del máximo histórico, cuando el recibo de la luz sería un 30% más barato con una tarifa fija, mientras el Presidente de Iberdrola dice que «Hacienda gana con estos precios».

Y del exterior, destacar que el conflicto entre Berlín y Rabat bloquea la ayuda al desarrollo; que Keiko Fujimori manifiesta «voy a aceptar lo que el tribunal electoral decida»; que los países del norte de la UE endurecen su discurso fiscal, sosteniendo que «la paz social en Europa requiere una vuelta a la disciplina fiscal»; que, según Bolton, ex asesor de Trump, «la cuestión del Sahara Occidental puede dar alas al radicalismo» y «Marruecos no favorece sus propios intereses cuando actúa como lo hizo en Ceuta»; y que la derecha tradicional francesa renace y gana con claridad a la extrema derecha de Le Pen en las regionales.

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