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COLUMNA DE OPINIÓN de Jorge Cremades: «El perro del hortelano»

Gobierno y Generalitat chocan por el retraso de las elecciones catalanas al 30 de mayo, decidido por todos los partidos excepto el PSC que en principio se oponía a retrasarlas y que luego aceptó el retraso pero de un mes

Cuando un viernes negro, otro más, con 40.197 contagiados y las UCIs al borde del colapso, pone en evidencia que no podemos seguir así, que hay que hacer algo distinto para intentar contener la pandemia, ya que la famosa «cogobernanza» inventada por el Gobierno para la inhibición de éste, sólo sirve para que las CCAA, limitadas en su actuación, den diecisiete respuestas distintas e insuficientes ante la ausencia de un mando único, que cada vez reclaman más los expertos, el Ejecutivo de Sánchez y su Ministerio de Sanidad, decide actuar como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer….en este caso, que ni gobierna ni deja gobernar, mientras el descontrol de la pandemia nos aboca a una situación hospitalaria límite y preocupante ante la incapacidad manifiesta para darle la vuelta a la situación. En efecto, las CCAA, dentro de las competencias que les deja el Ejecutivo con este estado de alarma de la «cogobernanza», van endureciendo como pueden las medidas y, desamparadas, ante la pasividad del Ejecutivo, cada vez son más las que piden que Illa, entretenido como candidato a presidir la Generalitat catalana, salga de su parálisis como ministro contra el virus pues ya más de la mitad de las autonomías, incluida alguna del PSOE, ve desbordado y obsoleto el actual estado de alarma que decretó y, por ello, le reclaman restricciones que lo exceden mientras, impotentes, contemplan como España alcanza un record de contagios e incidencia sin que ellos puedan hacer algo más y, por tanto, ya que el Gobierno no toma las riendas ni permite medidas más drásticas (como posibles confinamientos domiciliarios o ampliación del toque de queda), exigen a Sánchez que, al menos, les dé herramientas legales para confinar a la población, si lo consideran oportuno e imprescindible, dentro de una nueva cobertura legal o, en caso contrario, le piden un confinamiento estricto que no tiene por qué ser como el anterior y que en todo caso, como hacen en otros países, debiera contemplar ayudas directas no sólo a los trabajadores sino también a las empresas para que éstas puedan sobrevivir al caos. Pero la respuesta de Simón, el vocero cualificado del Gobierno, dice que «ahora mismo no es necesario el confinamiento, sabíamos que iba a pasar», mientras Illa manifiesta que «las autonomías ya pueden imponer lo que otros países llaman confinar» y el Gobierno recurre la decisión de la Junta de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 20 horas porque queda fuera del horario establecido en el decreto, con lo que la decisión de la Junta Castellanoleonesa excedería sus competencias. Ya ven, ni gobierno, ni dejo gobernar, cuando los datos de infecciones y de UCIs desmienten al ministro de Sanidad y justifican un confinamiento que, según los expertos, sería lo más eficaz para atajar la pandemia aunque sería lo más lesivo en términos económicos. Al final, ¿quién será el responsable de este desaguisado normativo y funcional? En todo caso, la Junta de Castilla y León, con el aval del PP, se subleva contra la inacción de Illa y mantiene el toque de queda a las ocho de la tarde, mientras Fernández Mañueco, Presidente de la Junta, deja bien claro que «Castilla y León no ha abierto un frente contra el Gobierno sino contra el virus» y añade que «la calle ha respondido a nuestro toque de queda» y que «queremos proteger la salud con el menor daño a la economía…..confiamos en la Justicia». Mal asunto en definitiva que en esta absurda cogobernanza los supuestos cogobernantes tengan que dilucidar sus diferentes criterios mediante la Justicia para resolver problemas tan graves y urgentes (la gente se está infectando y muriendo, con el sistema sanitario cada vez más colapsado) que no pueden esperar ni un día más. ¿Tan difícil es en esta absurda España de las Autonomías que el Gobierno coja el toro por los cuernos de una vez por todas y diseñe un mando único ya que el problema es de todo el país? O, en todo caso, ¿tan difícil es que delegue la gestión de la pandemia en su totalidad a las CCAA dotándolas de cobertura legal para que cada una de ellas adopte las medidas que considere pertinentes, si es que no quiere apostar por el mando único? Lo incomprensible y absurdo es que, mientras la pandemia arrasa en esta tercera ola, más agresiva incluso que las dos anteriores, las instituciones se enreden en absurdas controversias por todo, lo que, al final, nada resuelve sino que empeora el problemón con la agravante de diluir en definitiva las responsabilidades en un océano de confusiones, reproches e incompetencias manifiestas. Es el resultado deplorable de la gestión de un Gobierno que, a la vista está, ni gobierna, ni deja gobernar, cuando los gobiernos territoriales le piden que se moje, que gobierne con todas las consecuencias, o que, en caso contrario, que, al menos, les deje gobernar a ellos en sus respectivos territorios sin limitación alguna. Entretanto, desde la oposición, Abascal, por su parte, manifiesta que «PP y Vox podíamos colaborar, pero Casado ha elegido la confrontación» y deja bien claro que «otros confinamiento nos llevaría a la ruina y el PP sería cómplice al apoyarlo».

Gobierno y Generalitat chocan por el retraso de las elecciones catalanas al 30 de mayo, decidido por todos los partidos excepto el PSC que en principio se oponía a retrasarlas y que luego aceptó el retraso pero de un mes

Y mientras Europa entra en pánico por la elevada mortalidad de las nuevas cepas y endurece las medidas (sus gobiernos, equivocándose o no, no actúan como el perro del hortelano) prosigue en España el proceso de vacunación; los médicos piden acelerarlo y recrudecer los controles, en tanto que la próxima fase de vacunas será para mayores y grandes dependientes que estén en casa. Una campaña que, comenzando muy lenta y desigual en los diferentes territorios autonómicos, se acelera con casi 95.000 inyecciones diarias, mientras las CCAA van renunciando a reservar las segundas dosis y Sanidad, ante el recorte temporal y coyuntural del suministro de Pfizer, da prioridad a las regiones con más vacunados, generando una nueva polémica con el nuevo reparto de las mismas, mientras varios alcaldes y cargos públicos, pertenecientes a diversos partidos, se vacunan sin pertenecer a los grupos de riesgo señalados en este primer tramo de vacunación, justificando su lamentable conducta con el pueril argumento de que «no las íbamos a tirar». En fin, sin más comentarios.

Entretanto Gobierno y Generalitat chocan por el retraso de las elecciones catalanas al 30 de mayo, decidido por todos los partidos excepto el PSC que en principio se oponía a retrasarlas y que luego aceptó el retraso pero de un mes, hasta marzo, con la clara intención de no diluir el llamado «efecto Illa». Un aplazamiento electoral a causa de la pandemia que, decidida por todos los partidos con el rechazo de los socialistas, inevitablemente alargará la inestabilidad política en Cataluña, mientras los presos del procés redoblan la presión y piden que se acelere la tramitación de sus indultos y Fiscalía advierte a la Generalitat de que prevaricará si les libera entretanto de la cárcel. Sin duda alguna la decisión de aplazar a mayo las elecciones catalanas con los independentistas a la cabeza de la iniciativa burla a Sánchez y especialmente al PSC de Illa, que estudia incluso si impugnar la decisión, al ver desbaratada su estrategia de aprovechar el presunto tirón electoral del ministro de Sanidad como candidato. Ahora, con el aplazamiento a mayo, se pospone la tregua política y los acuerdos, pues el Ejecutivo, amén de la esperanza de conseguir que el PSC se convirtiera en árbitro de la gobernabilidad catalana, confiaba en pactar con el PP para renovar el CGPJ entre otras instituciones y bajar las tensiones internas entre PSOE y Podemos, lo que se presume más complicado con este largo ambiente de precampaña de unos y otros. Por cierto, un CGPJ en el que crece el malestar por las «continuas injerencias» del Gobierno.

Por su parte el Eurogrupo pide a Calviño que aclare su promesa de 170 reformas, como primer examen para acceder a los fondos europeos, un plan que el Gobierno expuso a los agentes sociales entre cuyas reformas contempla la laboral y la de las pensiones, cuando éstas son causa de graves discrepancias entre los ministros socialistas y podemitas. Mientras, el avance del virus rebaja la recuperación prometida hasta el 5´5% en 2021, inferior a la previsión del Gobierno y menos de la mitad de la caída que experimentará el PIB en 2020 y los inversores temen además la gestión que pueda hacer el Ejecutivo de dichos fondos europeos. Por si todo lo anterior fuera poco preocupante, el Gobierno da largas a la petición de zona catastrófica que pide Madrid por la devastación de la borrasca Filomena, calculando el Ayuntamiento en unos 1.400 millones las pérdidas en la capital, mientras otros lugares y el campo se van sumando a la iniciativa al verse también severamente afectados por el temporal, reprochando al Ejecutivo que en otros casos anteriores de desastre o inundaciones en una semana se gestionó la declaración de zona catastrófica. En definitiva, un Ejecutivo a la deriva que «no sabe» ni a cuántos amigos invitó Sánchez a vacaciones gratis en el Patrimonio del Estado y a costa de todos los españoles, pues el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ya ha requerido hasta en tres ocasiones una información que no llega y es de «indudable interés»……sí se sabe que Marlaska se apresuró a exigir a Almeida, el alcalde de Madrid, un mail con su solicitud de ayuda en plena nevada y que el Gobierno convoca un concurso para contratar un servicio de peluquera y cosmética que acicalará a los ministros antes de sus comparecencias en Moncloa para las ruedas de prensa.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que la drástica caída de visitantes arrasa la economía de Canarias y amenaza con elevar la tasa de paro hasta el 80% en zonas de Fuerteventura y Tenerife, finiquitando así el paraíso del turismo; que entre los mensajes de Francisco Martínez, ex número dos de Interior, sobre el caso Kitchen, se dice «si gobernamos, la jodienda de los fiscales puede cambiar»; que, según Vargas Llosa, «el nacionalismo es la desgracia de este país»; que el Supremo condena a UGT por usar ayudas de la Junta para indemnizar a sus despedidos; que reactivan el caso contra los fiscales por los chat de Podemos y el Fiscal Jefe de Madrid pide al ex abogado que entregue los mensajes para buscar supuestas revelaciones de los fiscales al partido de Iglesias del sumario del «caso Villarejo»; que muere el alpinista Sergi Mingote tras caer al vacío el día en que su expedición coronaba el K2, la segunda cima del mundo; que el Athletic de Bilbao gana la Supercopa de fútbol tras derrotar, 2-3, al Barça en la prórroga; que Suiza ignora la competencia de la Justicia española para investigar la fortuna del Emérito; y que Villarejo, el ex comisario que ofrecía pruebas contra Rajoy y Cospedal o salvar a Pujol a cambio de diez millones, reaparece en el juicio en el que Sáenz Roldán le acusa de calumnias, mientras Corinna dice que el ex Jefe del CNI la «aterrorizó», desinflando así la acusación, con lo que Fiscalía ya no imputa un delito de calumnias al ex comisario encarcelado.

Y del exterior destacar que el petróleo de Venezuela da la vuelta al mundo, pues una red con empresas en Méjico y Rusia burla las sanciones de EEUU; que Guatemala frena por la fuerza la caravana de migrantes hacia EEUU, empleándose a fondo militares y policías con cargas y gases lacrimógenos contra buena parte de los 9.000 migrantes que salieron de Honduras con la pretensión de atravesar Méjico para llegar a EEUU; que han bastado tres meses para que las muertes por covid se dupliquen en Europa y llegue a dos millones de muertos, siendo la zona con más fallecidos, seguida de América del Norte; que el líder opositor ruso, Alexei Navalni, es detenido poco después de aterrizar en Moscú y regresar a casa tras recuperarse en Alemania del envenenamiento sufrido hace cinco meses; que Trump frustra la investidura de Biden, que será sin público por razones de seguridad, mientras el nuevo presidente se dispone a enterrar la era Trump con una avalancha de decretos para cambiar el rumbo en inmigración, clima y lucha contra la crisis del coronavirus; que el gobierno holandés dimite en bloque por un escándalo en ayudas sociales que llevó a la ruina a miles de familias inmigrantes al retirarles indebidamente durante años los subsidios de guarderías; y que Merkel se despide de su liderazgo en la CDU apelando a la unidad, eligiendo el partido al continuista Laschet para sucederla, un relevo en el partido conservador alemán, en el que, sin embargo, el candidato a canciller en septiembre podría ser Spahn.

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