COLUMNA DE OPINIÓN de Jorge Cremades: «Navidades caóticas»

Mientras la vacuna está a punto de llegar a medio centenar de puntos secretos en España, al igual que sucederá en el resto de países de la UE, el Tribunal Supremo, desoyendo al fiscal, pedirá investigar la gestión de la pandemia del coronavirus aunque dejando que sean los juzgados ordinarios competentes quienes estudien si hubo responsabilidades penales en la crisis sanitaria; por tanto, el TS rechaza la posición de Fiscalía de archivar las querellas y las remite a los juzgados ordinarios para que, entre otros aspectos, investiguen en cada caso la omisión de medidas de seguridad para sanitarios o policías y las muertes de ancianos en residencias, considerando que determinadas conductas durante la pandemia deben ser investigadas frente al criterio de Fiscalía, que apostaba por un archivo generalizado de las querellas y denuncias presentadas, y si las diligencias que practiquen dichos juzgados evidencian la existencia de indicios de responsabilidad contra algún aforado será cuando, en su caso, el juez instructor lo eleve al Alto Tribunal.  Todo ello cuando, al margen de los estragos anteriores, son casi 18.000 muertos más por la pandemia los que hay que sumar en este otoño negro, y cuando se constata un alarmante repunte de infecciones que nos aboca a unas Navidades caóticas a causa de la falta de un modo de actuación común y concreto contra el virus en todo el territorio español ya que serán las CCAA quienes decidan en sus respectivos territorios al respecto. En efecto, unas Navidades del caos ya que, según la región española donde se celebren, darán lugar a diecisiete Navidades diferentes pues, aunque el Gobierno avisa de que «crecerán los contagios», renuncia al mando único para combatirlos, con lo que cierres, viajes, número de personas en reuniones familiares y horarios de toque de queda dependerán de cada Autonomía en medio de una confusión generalizada para el conjunto de los españoles que habrán de echar mano de una especie de manual de instrucciones para que, dadas las variedades territoriales, su conducta se ajuste a la variopinta normativa. ¿No hubiera sido más razonable acordar e imponer una normativa común para todo el territorio español como hacen otros países? Por lo visto, no. Aquí Illa se inhibe de la responsabilidad ministerial en las «17 Navidades diferentes», que niega a pesar de su evidencia, y se limita a comunicar que el reparto de vacunas empezará el día 27 de diciembre y que será «equitativo», dejando hacer a los gobiernos regionales cuando apenas hace un mes dijo todo lo contrario, con lo que al final, delegando en las CCAA los temas logísticos, de personal y administración, tanto para vacunar como para celebrar las Fiestas Navideñas, se consolidan diecisiete planes diferentes en ambos asuntos en esta España esquizofrénica de las Taifas o Estados Autonómicos que en vez de un Estado, centralizado o federal, más bien parece un conjunto de territorios a la gresca entre ellos y empeñados en agudizar sus diferencias en vez de consolidar sus semejanzas e intereses comunes, como hacen incluso los Estados Federales existentes en el mundo. En definitiva, un Estado, el español, con tendencia a convertirse en un Estado fallido, en el que sus ciudadanos cada vez agudizan más lo que les separa en vez de lo que les une, que es mucho, por lo que cada vez con más intensidad se cuestionan sus instituciones, empezando por la propia Jefatura del Estado, y se degrada la esencial división de poderes que ha de inspirar a cualquier estado democrático. No extraña pues que, según NCReport, en medio de una alentada división ciudadana ante una posible vuelta del Emérito a España, la mayoría de españoles crea que el Gobierno actual de coalición no apoya la Monarquía como forma de Estado, pues es obvio que, al menos, parte de dicho Gobierno, el sector comunista, defiende sin rodeos desde la propia institución el derribo de lo que llaman el «régimen del 78», es decir nuestro actual sistema democrático, homologado y homologable con el del resto de países de la UE. Ni extraña que al inaugurar los Reyes en Madrid el monumento en memoria de los profesionales sanitarios fallecidos, acompañados de Ayuso e Illa, se oigan pitos para el Ministro y vivas al Jefe del Estado, pues la ascendiente división de los españoles en todos los niveles distorsiona ya incluso actos protocolarios que debieran ser aplaudidos por todos. Y mientras Sánchez hace cuarentena, a pesar de dar negativo, tras haber estado con Macron, infectado por el virus, lo que ha generado ciertas críticas ya que cuando dio positivo su mujer no se puso en cuarentena, el puente y las compras navideñas siguen empujando los contagios en esta dislocada España de variopintas fiestas navideñas según el territorio dónde se viva, la mayoría de ellos endureciendo las restricciones ante la inhibición del Gobierno que es en definitiva quien debiera tomarlas. Y por si fuera poco lo anterior se desata la alarma en Reino Unido y en la UE al detectarse en tierras británicas una nueva cepa del coronavirus más rápida de contagios por lo que ante esta nueva variante del virus Boris Johnson prohíbe tajantemente las reuniones navideñas en Londres mientras Europa se aísla del Reino Unido prohibiendo la llegada de británicos por tierra, mar y aire para evitar un previsible contagio que ya ha llegado a Bélgica e Italia. En efecto, media Europa cierra el tráfico con las islas, aunque España se limita a endurecer el control con PCR a la espera de que la UE tome una postura común conjunta al respecto, pues, curiosamente, el Gobierno español no quiere una UE con 27 Navidades distintas en cada país mientras sí apuesta por las 17 caóticas Navidades en España. La realidad es que los grandes países europeos aíslan a Reino Unido donde a la emergencia sanitaria «fuera de control» se suma el caos por la salida del país de la UE.

Un rey, Felipe VI, que se acaba de sumar al homenaje a Azaña inaugurando la exposición sobre el ex presidente de la II República cuando se cumplen ochenta años de su muerte, acto al que, aunque estaba prevista la presencia de Sánchez

Unas Navidades caóticas en España mientras se especula con el tradicional discurso del Rey con motivo de tan entrañables festejos. Un rey, Felipe VI, que se acaba de sumar al homenaje a Azaña inaugurando la exposición sobre el ex presidente de la II República cuando se cumplen ochenta años de su muerte, acto al que, aunque estaba prevista la presencia de Sánchez, éste no pudo asistir al estar en cuarentena. Y se especula sobre el discurso aunque algunos tienen claro que, diga lo que diga y haga lo que haga, el Rey Felipe será criticado por quienes desde las instituciones tienen el objetivo de derribar la Monarquía Constitucional aprovechando las presuntas conductas delictivas personales del Emérito, quien esgrimirá el covid para no regresar a España en Navidad, tras pactar un perfil bajo y aceptar el criterio marcado por su hijo para evitar perjudicar a la Corona. Así las cosas, al parecer, Zarzuela busca blindar el discurso navideño centrándolo en la pandemia y evitando como mensaje otro «somos iguales ante la ley» para no dar protagonismo a la polémica por el Emérito, que intencionadamente trasciende el ámbito personal para centrarlo en el institucional, por más que el propio Tezanos se sorprenda de que su propio CIS manifieste que a los españoles no les preocupa la Corona…..y la realidad es que el debate Monarquía-República no es hoy por hoy un problema en nuestra sociedad por más que algunos intenten colocarlo entre las más sensibles preocupaciones de los españoles, quienes, obviamente, tenemos otros problemas mucho más preocupantes y urgentes que resolver.

Urgente o no, oportuna o no, el Congreso aprueba el derecho a la eutanasia y el suicidio asistido por 198 votos a favor y 138 en contra. Una ley de eutanasia exprés, apoyada por el Gobierno y sus socios, que convierte a España en el sexto país del mundo en autorizarla, tras Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Colombia y Canadá. Una ley que, al no estar consensuada, divide a la ciudadanía entre partidarios y detractores mientras Sanidad se compromete a que sea una prestación pública por su «alta demanda social», aspecto que, como el asunto de la Jefatura del Estado, pone en duda buena parte de los ciudadanos, protagonistas de fuertes protestas al respecto, mientras los psiquiatras, a pesar de que la ley es bastante garantista, alertan de la ambigua redacción de la misma para los trastornos mentales, denunciando que no aclara qué ocurre con estos pacientes ni cómo acreditar su deseo de morir. La oposición política, por su parte, mientras el Gobierno presume de su Ley de Eutanasia y oculta que los cuidados paliativos ahorran sufrimiento, no apoya la Ley remarcando que en España el 60% de los enfermos terminales no tienen acceso a la atención final. Lo cierto es que, al margen de la polémica, España se convierte en pionera de la eutanasia en el mundo junto a los otros cinco países citados, aunque el resto de países no hayan legislado al respecto todavía.

Entretanto la Justicia obliga a dar un 25% de clases en castellano en Cataluña, aunque la Generalitat se dispone a acogerse a la Ley Celaá para mantener la inmersión y no aplicar la orden del TSJC de que el español deje de ser una lengua «residual» en las aulas. La realidad es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña frena la inmersión y da un vuelco a la discriminación del castellano en las aulas, poniendo en evidencia a la Ministra de Educación al constatar por primera vez que el uso del español en las aulas es «residual», evidencia negada por quienes pretenden erradicar la lengua castellana en buena parte de los territorios españoles, por lo que ordena al Estado que garantice de forma «efectiva e inmediata» al menos ese 25% de clases en castellano en todos los niveles. Ahora basta saber si los gobernantes de Cataluña, socios de Sánchez, acatarán o no la orden judicial pues ya se sabe que cuando la Justicia no avala sus tesis no es justicia sino opresión, aunque lo cierto es que, por vez primera, se constata judicialmente la grave situación por la que atraviesa el castellano en Cataluña (y en otros territorios) a pesar de ser la lengua común y oficial en toda España. No en vano, Mónica, madre pionera contra la inmersión lingüística, afirma «ni mi hijo sabe que pedimos clases en castellano en el colegio» y asegura «fue el peor momento de nuestra vida, nos llamaban nazis, totalitarios e irresponsables». Y mientras el TC, por su parte, reconoce a la Universidad Católica las becas que le deniega la Generalitat, la Fiscalía se opondrá, como es lógico, a los «indultos generales» del 1-O, ya que, por más que les pese a los gobernantes secesionistas totalitarios, los fiscales del «procés» ultiman el informe en el que advertirán al Gobierno de que la Constitución prohíbe generalizar dicha medida de gracia, resaltando que ninguno de los condenados ha dado muestra de arrepentimiento (sino todo lo contrario) como exige el art. 25 de la Ley del Indulto y señalando que las penas son proporcionadas a la gravedad de los hechos que se produjeron en Cataluña en 2017……. El Gobierno de Sánchez decidirá al final si actúa conforme a la legalidad o se pliega a las exigencias de sus socios secesionistas, radicales y populistas.

Un Gobierno dividido cada vez más, en el que los ministros socialistas sostienen que «Iglesias pide lo que sabe que Europa no acepta», mientras los ministros de Podemos, antieuropeos y antisistema, presumen de que sus propuestas se van imponiendo, en tanto que, según NCReport, la mayoría de españoles quiere que Sánchez rompa con Iglesias y suspende a los morados ya que todos los ministros de Podemos son los peor valorados. Por su parte en la oposición, mientras Abascal, que no ha vuelto a hablar con Casado tras la frustrada moción de censura, que asegura que volvería a repetir, dice que «si PP y Vox concurren por separado hay más posibilidades de echar a Sánchez», Núñez Feijóo sostiene que «volvería a plantear la gran coalición porque en un momento pospandemia es bueno para España». Bueno o no, lo cierto es que ya podríamos conformarnos con que PSOE y PP consensuaran algunos temas de Estado, como, por ejemplo la obligada renovación del CGPJ, cuyos miembros mayoritariamente piden a Sánchez que oiga a Europa antes de maniatarlo, sacando adelante dieciséis vocales, de todas las responsabilidades, un texto de consenso e instando a recabar su dictamen y el de la Comisión de Venecia sobre la limitación de funciones, mientras Iglesias inventa una «doble mayoría» para controlar al Gobierno de los Jueces y burlar a la UE, pretendiendo aprobar una reforma con el apoyo de ERC y Bildu que, como es sabido, no reconocen la autoridad de la Justicia española salvo en los casos en que les da la razón.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Madrid dispara hasta 5.000 euros su brecha con Cataluña en renta per cápita desde el 1-O; que un millón de los trabajadores aun dependen de las ayudas por el covid; que Bárcenas declara que el abogado del PP «el Largo» le amenazó en la cárcel; que Fiscalía investiga el chat de mandos militares retirados en que se decía «la forma de parar esto es otro alzamiento»; que Interior vuelve a reforzar la seguridad ante el riesgo de atentados; que Escrivá lleva a la UE un plan que recorta 25.000 millones anuales de gasto futuro en pensiones; que las calles claman de nuevo por la libertad educativa, llenando los padres y educadores de coches las calles de las grandes ciudades, cuando se publica que el gasto sube en la escuela concertada y cae en la pública en la última década (el gasto en conciertos educativos aumentó un 7´6% entre 2009 y 2018, mientras el resto del gasto público para educación no universitaria cayó el 5%); que el Gobierno deja sin ayudas directas a la hostelería, aunque los hosteleros podrán pagar la mitad del alquiler en la crisis, imponiendo así una reducción de precios a los grandes propietarios que alquilen locales a bares, restaurantes y comercios afectados por el virus, mientras intenta asociarse con la gran empresa para gastar el fondo europeo, apostando por sociedades mixtas en las que tendría mayoría; y que Neurona, la consultora de Podemos, trata de engañar al juez con documentos falseados, pues presuntamente sacó fondos electorales de España con facturas falsas, desviando unos 300.000 euros a una tapadera mejicana mediante estas facturas por falsos trabajos de «estrategia de comunicación», «gestión de redes sociales» o «spots publicitarios», facturas que ya han llegado a algunos medios de comunicación.

Y del exterior, destacar que la UE anuncia que la inmunización de Pfizer se empezará a inyectar entre los días 27 y 29 tras su autorización hoy; que Macron da positivo y Sánchez, entre otros, guarda cuarentena por haber estado en contacto con él; que Italia se confinará desde el 23 de diciembre al 7 de enero ante el avance del virus; que 260.000 personas han huido en los últimos años a Brasil desde Venezuela; y que en Nigeria más de 300 alumnos de secundaria, raptados por Boko Haran, regresan a sus casas tras tres días de cautiverio….es el balance siniestro de este grupo terrorista.

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