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COLUMNA DE OPINIÓN de Jorge Cremades: «Una nueva era»

Es obvio que en esta nueva era rufianista el plan de los socios de Sánchez, que él asume, es una "mutación de la Constitución" sin tener la mayoría necesaria, en todo caso, para reformarla; en definitiva, el inicio de un escabroso itinerario antidemocrático en el que Podemos y los secesionistas van abriendo vías desde el propio Ejecutivo

Sánchez cuenta en los Presupuestos con más votos que en su investidura pues con 188 votos a favor saca adelante las cuentas de 2021 con el mayor gasto social de la historia para afrontar la peor crisis sanitaria y económica que estamos soportando. Un éxito del Gobierno, sin lugar a dudas, al concitar más respaldos que los obtenidos cuando le auparon al poder, al margen de si estos Presupuestos son realistas o irreales, como sostienen algunos, ya que, de entrada, en una situación de crisis económica con un desorbitado incremento de gastos cuando se presume una disminución de ingresos (no cuadran las cuentas), cualquier economía se resiente pues no es cuestión de gastar más lo que no se tiene, sino de gastar mejor lo que se tiene y de acuerdo con las posibilidades reales de recaudación ya que cargar el peso en un incremento de impuestos a las empresas, mayoritariamente arruinadas ya, no es la solución obviamente.  Por ello no se entiende la euforia del Gobierno en el Congreso de los Diputados tras la aprobación de las Cuentas, ni la amenaza a la oposición, que las votó en contra, de que deberá tener paciencia y esperar mucho tiempo para materializar una alternancia en el poder, salvo que el objetivo sea configurar una sociedad subvencionada y clientelar, secuestrada por el poder y temerosa de que si se derribara el populismo en las urnas se acabarían los subsidios. Un modelo ya practicado lamentablemente en algunos países arruinados. En definitiva, unos Presupuestos en los que el gran protagonista es el populista Vicepresidente Iglesias, tal como se evidenció en el Hemiciclo, pues es el verdadero muñidor de buena parte de los acuerdos con las fuerzas más radicales, como Bildu y ERC, que, para sumarse al apoyo, han obligado al PSOE a ceder irresponsablemente en cuestiones básicas para sacar adelante unas cuentas nefastas para el país por su irrealismo manifiesto, con las que Sánchez encarrila la Legislatura atado inevitablemente a Podemos, el gran protagonista, y a los insaciables separatistas que no sólo arrancan un buen puñado de varios miles de millones de euros para satisfacer sus proyectos territoriales al margen del interés general, sino que además, lo más grave aún, arrancan una serie de compromisos políticos que en la mayoría de casos atentan contra la Constitución y la convivencia en paz, progreso y libertad de que gozamos los ciudadanos españoles. Mal asunto cuando unos Presupuestos, que se venden como progresistas, salen adelante con el variopinto apoyo, no ya de socialistas y populistas, que conforman el gobierno de coalición, sino además con el de todo tipo de radicales y separatistas tanto de izquierdas como de derechas, rompiendo así el eje ideológico izquierdas-derechas para sustituirlo por el de constitucionalistas-anticonstitucionalistas, mientras en el debate presupuestario se evidencia una profunda división del centroderecha español, roto no ya sólo por razones ideológicas de moderación-radicalización sino también por el egoísta paso de las derechas nacionalistas, como PNV o PdeCat, a las filas del izquierdismo radical nacionalista, priorizando el nacionalismo-separatismo sobre la ideología con lo que el tradicional equilibrio, casi al 50%, entre la izquierda y la derecha española, que ha venido alternándose en el poder a lo largo de estos años de democracia, queda roto para siempre al sumarse las derechas nacionalistas al bloque de izquierdas. ¿Se basa en esto la euforia del gobierno social-comunista cuando dice a la derecha española que pasará mucho tiempo para que se produzca una posible alternancia gubernamental? El problema no es ya el tiempo que pueda pasar para que se pueda producir dicha alternancia, el problema es que quienes se jactan de ello apuestan por un sistema sin alternativa de gobierno y, en definitiva, por un sistema antidemocrático. No en vano, tanto Bildu como ERC, socios del Gobierno sanchista, advierten al Ejecutivo por boca de Rufián, convertido ahora en un verdadero hombre de Estado, de que «arranca una nueva era», asegurando que el Gobierno «debe pactar obligadamente con el independentismo de izquierdas vasco y con el independentismo de izquierdas catalán», es decir con Bildu y ERC, mientras exigen, entre otras cosas, desterrar el castellano de las instituciones públicas, pactar un ilegal referéndum sobre la independencia o liberar como sea a los líderes secesionistas condenados por sedición a largas penas de cárcel. Por su parte Oskar Matute, portavoz de Bildu, se jacta de que el respaldo a los Presupuestos es sólo la primera «prueba de fuego» sobre la urgencia de un «cambio de rumbo» en la «deriva autoritaria y centralizadora del Estado» (cuando España es probablemente el Estado más descentralizado del mundo), calificando como «tiempos interesantes» los que acaban de abrirse, mientras Arkaitz Rodríguez, secretario general de Sortu, que forma parte de la coalición abertzale, tiene bien claro que su formación  va «a Madrid a tumbar definitivamente el régimen en beneficio de las mayorías y los pueblos». La «nueva era» de Rufián y compañía, todos ellos amantes de España, como es sabido, está servida…..sin duda se avecinan tiempos difíciles.

Es obvio que en esta nueva era rufianista el plan de los socios de Sánchez, que él asume, es una «mutación de la Constitución» sin tener la mayoría necesaria, en todo caso, para reformarla; en definitiva, el inicio de un escabroso itinerario antidemocrático en el que Podemos y los secesionistas van abriendo vías desde el propio Ejecutivo

Y en esta nueva era de Rufián y compañía, donde sobra la Constitución y el régimen democrático que de ella se deriva, tras 42 años de vigencia, se celebra un penoso aniversario de nuestra Carta Magna puesta en cuestión por primera vez desde el propio gobierno de coalición que amenaza 14 artículos de la misma en su primer año de gobernanza, con lo que, a diferencia del resto de aniversarios anteriores, el propio Poder Ejecutivo cuestiona desde el papel del Rey al uso del castellano, pasando por la independencia de la justicia o la unidad de España. Es obvio que en esta nueva era rufianista el plan de los socios de Sánchez, que él asume, es una «mutación de la Constitución» sin tener la mayoría necesaria, en todo caso, para reformarla; en definitiva, el inicio de un escabroso itinerario antidemocrático en el que Podemos y los secesionistas van abriendo vías desde el propio Ejecutivo para finiquitar lo que ellos llaman «el régimen del 78». No en vano se respira en el ambiente una frialdad absoluta durante la atípica celebración del 42º aniversario de la Carta Magna, trasladada a la Carrera San Jerónimo, en la que a la distancia social preceptiva por la pandemia por parte de nuestros representantes políticos se añade una preocupante distancia política por la que Sánchez, líder del PSOE y presidente del Gobierno, evita en todo momento saludar a Casado, líder del PP y jefe de la oposición, cuando ambos partidos, por encima de sus amplias discrepancias siempre han sido los valedores del mantenimiento del sistema democrático que nos dimos libremente los españoles hace ya más de cuatro décadas. Preocupante pues esta «nueva era» cuando, hoy por hoy (ya veremos, mañana), el 80% del Congreso, según los sondeos, apoya la Monarquía y la unidad territorial, más del 60% opina que los socios de Sánchez pretenden derribar la Constitución y siete de cada diez rechazan un referéndum secesionista en Cataluña. Entretanto el independentismo comienza a organizarse también en Baleares para perseguir el castellano en los patios, exigiendo la plataforma educativa separatista que se hable en catalán «siempre y con todo el mundo», mientras Podemos y los nacionalistas instan al Gobierno, siendo parte del mismo en España, a poner fin a la «imposición legal» del español e Interior ya ha acercado a más de un centenar de etarras al País Vasco. Por su parte Pablo Casado, ante semejantes circunstancias, manifiesta: «el PP representa ahora mejor a los socialdemócratas moderados que Sánchez», «o preservamos la Constitución que nos dimos hace 42 años o podemos ir a un sistema político en el que la libertad y la democracia sean conculcadas», «este gobierno del partido sanchista con Podemos quiere dejar un país distinto, no mejor, sólo les preocupa la ingeniería social».

No obstante, como esta nueva era de Rufián y compañía no ha hecho más que empezar, todavía el régimen del 78 goza de cierta buena salud relativa, pues el Tribunal Supremo revoca por «prematuro» el tercer grado, concedido graciosamente por la Generalitat, que disfrutaban los presos del «procés», mientras el Gobierno enfría las expectativas de que haya indultos antes del 14-F. Así el Supremo complica el plan de Sánchez para indultar a los presos del 1-O, revocando la semi-libertad de los nueve condenados por sedición y recordando que están en prisión por sus delitos y «no por su ideología independentista», mientras ERC planea sacarlos como sea de prisión antes de las catalanas, pretendiendo ahora el Govern otorgar a Junqueras permisos de dos días sin aval judicial el próximo 30 de enero, cuando cumpla la cuarta parte de la condena, para impulsar a su candidato Pere Aragonés, mientras el Supremo advierte de que la Generalitat no puede ser una «extravagante tercera instancia» y ERC exige una «amnistía urgente» a Moncloa. El caso es que el gravísimo delito de sedición, puesto ahora en cuestión por el Gobierno sanchista, contra el Estado salga lo más barato posible. Y mientras ERC y JxCat aplauden que se exija al Rey Felipe rectificar su discurso del 3-O, espléndido desde el punto de vista democrático, el entorno del Monarca pide no «politizar» la institución con el debate soberanista, pues, como cualquier otro Jefe de Estado, «el Rey ya es de todos», tal como establece la Constitución.

Y, mientras Bruselas urge a España a la reforma laboral y de las pensiones, el optimismo del Ejecutivo español sobre el crecimiento económico choca con las estimaciones de todos los organismos, comenzando por Bruselas que lo estima en un 5´4% cuando los Presupuestos recogen que España crecerá al 9´4%. Entretanto, el 20% de los españoles ya paga con dificultad su hipoteca o alquiler, pues, según un estudio de Funcas, cuatro de cada diez españoles han visto caer sus ingresos durante la crisis del coronavirus, mientras el corto alcance del ingreso mínimo vital, proclamado a bombo y platillo por el Vicepresidente del Gobierno, fuerza su reforma en solo seis meses, diciendo el ministro Escrivá que necesita una revisión porque no llegará a los 850.000 hogares prometidos….. y es que Iglesias, que subleva ahora a los empresarios con una jornada laboral de 32 horas semanales, debiera saber que, desde el Gobierno, las medidas económicas requieren una previa dotación presupuestaria ya que no se trata de demagógicas proclamas electoralistas que luego no se cumplen, pues, como  es el caso, generan al final una frustración añadida innecesaria. Frustración como la de miles de jóvenes poco cualificados que se lanzan a buscar en Europa un futuro que no encuentran en España, con lo que la emigración de los años sesenta vuelve a seducir tristemente a los españoles.

Entretanto Dolores Delgado, catapultada directamente por Sánchez desde el Gobierno a la Fiscalía General del Estado, pide ahora reforzar «la autonomía» del fiscal general frente al Gobierno, reconociendo así (a buenas horas, mangas verdes) que el sistema por el que ella fue elegida debe reformarse con nuevos «contrapesos». Por su parte, algunos vocales del CGPJ sostienen que «es lamentable la imagen que damos», mientras el Poder Judicial, que no se pliega a Sánchez, se dispone a hacer nuevos nombramientos este mes ya que un amplio sector de vocales apuesta por hacer más designaciones de jueces en el próximo Pleno a pesar de estar en funciones, asunto que en su día defendió el ministro Campo con el argumento de que «desempeñaremos con plena legalidad las misiones encomendadas por el ordenamiento jurídico en garantía de la independencia del Poder Judicial». En todo caso, al margen de la prudencia que requiere obrar cuando se está en funciones, lo incongruente es que el Ejecutivo de Sánchez se rasgue las vestiduras porque el CGPJ actúe como si no estuviera en funciones cuando el propio Sánchez, estando su Gobierno en funciones, usó y abusó actuando como si no lo estuviera con aquellos memorables viernes electorales en los que, a base de decretos, actuó como le vino en gana.

Así las cosas, España, no obstante, sale del riesgo extremo en esta segunda ola de la pandemia por primera vez desde septiembre, pues la incidencia baja de 250 y se sitúa ahora entre las menores de Europa, aunque haya residencias de mayores, como una de Lleida que registra 22 muertes en dos semanas y tiene un solo anciano libre del contagio. Y mientras el Ministro de Sanidad es incapaz de definir que es un «allegado» con quien se pueda compartir las cenas de Nochebuena o Nochevieja, se especula con que los expertos que oculta Illa puedan ser tres externos y diecisiete funcionarios. Y mientras la vacuna de Moderna muestra una inmunidad duradera, pues los voluntarios que han probado el fármaco desarrollan más anticuerpos que los infectados de forma natural por el coronavirus, veinte millones de españoles, según Sánchez, estarán vacunados en junio, aunque los médicos cuestionan que la red de Salud pueda asumir semejante cifra de vacunados, temiendo que los 13.000 centros sanitarios se colapsen si tienen que cumplir el plan de Sanidad en solo seis meses, en tanto que más de la mitad de los ciudadanos se resiste de momento a ser vacunado.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Calviño blinda al País Vasco y Navarra de una futura revisión de la financiación; que, según el Defensor del Pueblo, el socialista Fernández Marugán, «confinar a los inmigrantes en Canarias no es solución»; que el ex ministro Fernández Díaz acusa a su «ex dos» de aliarse con el notario para inculparle en Kitchen; que Defensa despojará de privilegios a los militares retirados protagonistas de un chat golpista y Fiscalía pide que se les identifique; que el precio de la vivienda puede caer hasta un 10% en dos años; y que el Rey Juan Carlos presenta una regularización fiscal, presentando su abogado su declaración ante la Agencia Tributaria, un escrito que se refiere al uso de las tarjetas bancarias con fondos opacos al que Hacienda debe responder si lo acepta o pide aclaraciones y cuál sería el importe a pagar, al afectar a ingresos por encima del medio millón, viendo la investigación inicial indicios de delito en dos ejercicios…… un polémico caso, que Casado califica de «asunto privado», el del Rey Emérito, quien quiere volver en Navidad para pasar unos días en Madrid, aunque Zarzuela es reticente, mientras Juan Carlos no quiere provocar a su hijo una crisis institucional, por lo que, según su entorno, «no vendrá sin el visto bueno del Gobierno y la Casa del Rey» pues «sólo lo haría de manera ordenada».

Y del exterior cabe destacar que la negociación final del Brexit encalla por la pesca y las ayudas públicas; y que Frontex, la agencia europea, admite devoluciones irregulares de migrante, al reconocer que conoce más de una treintena de supuestas devoluciones en caliente de inmigrantes de Grecia a Turquía. Pero la noticia está en Venezuela, donde Maduro compra votos con bonos de cuatro euros, comida y gasolina, para unas elecciones «Maduro SA» en que desde su hijo «Nicolasito» a su esposa Cilia son candidatos, tirando del «voto del hambre» para blanquear sus elecciones ya que necesita asegurar un mínimo de participación para que el chavismo populista afiance su poder en unos comicios con alta abstención en tanto que la mayoría de partidos opositores boicotean la votación por fraudulenta…..en definitiva, un rechazo sin paliativos, a la farsa de Maduro, sin oposición ni reconocimiento internacional, con que Venezuela intenta dar apariencia de democracia con una ínfima participación ciudadana, mientras el expresidente español Zapatero pide votar en dicha elecciones que la UE considera fraudulentas, mientras Guaidó, presidente encargado del país, dice que «el régimen se quedará solo en su farsa electoral como lo está a nivel internacional» y mientras Biden se compromete a no reconocer los comicios venezolanos.

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