COLUMNA DE OPINIÓN de Jorge Cremades: «Educación, otro inmenso error»

El Congreso de los Diputados acaba de aprobar otra nueva ley de Educación, la enésima, conocida como «Ley Celaá», que, como las anteriores, y ya van ocho en nuestra democracia, se ha elaborado sin consenso alguno con la oposición. Otro inmenso error, como en los casos anteriores, a la espera de que los españoles decidan elegir en su día otro gobierno de signo político distinto para que, como todos los anteriores del signo que hayan sido, elabore una nueva ley educativa, otra más, pues, al parecer, en España un gobierno carece de sentido y autenticidad si no se estrena con una nueva Ley de Educación propia, como sucedía en las viejas tabernas en las que si no tenían su peculiar borracho carecían de autenticidad. Una ley educativa aprobada por 177 votos a favor, sólo uno más de la mayoría necesaria requerida, los del Gobierno y sus socios minoritarios nacionalistas, populistas y radicales que le garantizaron en su día una pírrica victoria para la investidura y que le siguen garantizando permanecer en el poder a costa de determinados peajes, algunos demasiado costosos. Entretanto, según informes y estadísticas internacionales, la Educación en España, que es el pilar de nuestro futuro, sigue inmersa en la más absoluta mediocridad por su baja calidad, ocupando lugares bajos, inferiores a los países de nuestro entorno, en el acceso a la misma (con excesivo abandono escolar, predominio de formación primaria y escasa formación secundaria superior), en el gasto (escaso gasto en términos de PIB y por alumno) y en la calidad (demasiado baja para nuestro nivel de desarrollo según las encuestas y  pruebas internacionales), a lo que se añade la carencia de un modelo educativo común con una progresiva consolidación de diecisiete modelos educativos territoriales autonómicos distintos. Es obvio que la mejora de la Educación en España es una asignatura pendiente a nivel central, pero también es obvio que para ello se requiere una Ley de Educación General ampliamente consensuada, no impuesta por el gobierno de turno como ha venido sucediendo hasta ahora. Craso error pues sacar esta nueva Ley Educativa con un solo voto más de la mayoría requerida, la menor entre todas las anteriores, lo que directamente nos lleva a lo contrario de lo que hay que hacer, por más que la ministra Celaá, haciéndose trampas en el solitario, diga que «la nueva ley cambia una filosofía elitista por la equidad» y que la ley ha sido apoyada por siete fuerzas políticas, todas ellas muy minoritarias, cuando la realidad es que, una vez más, el gobierno de turno impone un modelo educativo a la mitad de los españoles, quienes esperan cambiar el signo ideológico del gobierno para, reincidiendo en el error, imponerle su propio modelo a quienes pierdan las elecciones. La cruda realidad, el inmenso error, es que esta ley incide en la mayor fractura educativa en democracia al ser la menos apoyada de todas las anteriores, mientras el PP, como hizo el PSOE con la actual Ley popular vigente, anuncia que se movilizará en las calles, que las CCAA en que gobiernan impulsarán leyes para eludir los aspectos de la Ley que consideran más lesivos y que interpondrán recursos al Tribunal Constitucional y denuncias ante la UE, en tanto que la RAE reacciona y pide que esta reforma educativa «no ponga en peligro el uso del español en ningún territorio del Estado» tras la indecente concesión hecha a los secesionistas a cambio de su apoyo de que la lengua oficial, el español, en todo el Estado Español deje de ser lengua vehicular en las aulas de algunos territorios, uno de los aspectos más polémicos de la Ley Celaá. En definitiva, al margen de los aspectos positivos o negativos que tenga esta Ley (todas las anteriores los tienen, como es lógico) el inmenso error es no entender que una Ley General de Educación no puede ser impuesta por unos contra otros, ya sea por cuestiones ideológicas o territoriales, pues al final se trata de ese tipo de leyes, como puede ser la referente a la Salud o a las Pensiones, que afectan a toda la sociedad y a todo el Estado y que tienen que garantizar derechos ineludibles a todos los ciudadanos al margen de donde vivan, de su situación económico-social y de lo que piense cada uno de ellos. Ya no es sólo cuestión de si esta Ley potencia más o menos la enseñanza pública, garantizada afortunadamente durante todo este periodo democrático, de si impone nuevos requisitos a la enseñanza concertada que es pública también (la privada, privada es otra cosa), de si acaba con la libertad de Educación….. o de tantas otras cuestiones que tirios y troyanos venden, cargando las tintas según les conviene, para denostar o alabar la Ley ante sus hipotéticas clientelas, la cuestión esencial es que esta Ley, como las anteriores, nace, al igual que ellas, con vocación de temprana caducidad, pues nadie se entera por lo visto de que es intolerable que cada gobierno de turno, por minoritario que sea (y éste es el más minoritario de todos), imponga su propio modelo educativo a la espera de que el siguiente haga lo propio. Así nos va en Educación…..y así nos irá en el futuro.

Al margen de las refriegas políticas interesadas al respecto, la cultura, los intelectuales y gestores, ya sean de izquierdas o de derechas, alzan su voz y condenan firmemente el acoso de la Ley Celaá al español, lo que consideran un golpe bajo al idioma común a cuenta de las exigencias secesionistas

De entrada, y al margen de las refriegas políticas interesadas al respecto, la cultura, los intelectuales y gestores, ya sean de izquierdas o de derechas, alzan su voz y condenan firmemente el acoso de la Ley Celaá al español, lo que consideran un golpe bajo al idioma común a cuenta de las exigencias secesionistas, quienes no entienden que, al igual que hizo el franquismo en su día persiguiendo las lenguas territoriales, perseguir ahora la lengua común de todos los españoles no sólo es un sinsentido absurdo sino un atentado totalitario contra la riqueza cultural. Valgan como ejemplo de semejante rechazo las siguientes declaraciones: «una de las vigas maestras de nuestro país es nuestra lengua común» (dice César Antonio Molina); «es inaceptable que en un país la lengua oficial no sea la lengua vehicular» (Juan Pablo Pusi); «no se concibe un Estado que no preserve y asegure el carácter vehicular y de cultura de su lengua oficial» (Anna Caballé); «los grandes perdedores son los jóvenes catalanes, para la izquierda, en la que ideológicamente me ubico, es un desastre» (Joaquim Coll); «privar a miles de conciudadanos de estudiar en su lengua materna es una profunda injusticia social» (Ernesto Caballero); «es un genocidio cultural y lingüístico llevado a cabo por este gobierno de imbéciles» (Jon Juaristi); «el arrinconamiento del castellano forma parte ya oficial de la nueva ley educativa,  es una canallada inmensa» (Fernando Savater); «los separatistas creen tener derecho a imponer su lengua porque creen que los territorios tienen derechos, no los ciudadanos» (Andrés Trapiello); «la patología metal que sufre la izquierda ha llegado hasta considerar que el nombre de España es patrimonio de la derecha» (Albert Boadella); «la inmersión va contra los más desfavorecidos y rompe toda posibilidad de igualdad en la enseñanza» (Carmen Iglesias)…… En fin, dicho queda. Y cuando todos los ciudadanos deberíamos felicitarnos porque nuestros políticos, tanto del gobierno como de la oposición, aprobaban una Ley de Educación consensuada ampliamente y con vocación de perpetuidad, nos encontramos con una nueva ley, otra más, impuesta por quien gobierna a quien está en la oposición, dando lugar así a protestas callejeras, a reticencias a su aplicación en las CCAA que gobierna la oposición, a anuncios de ser recurrida a los tribunales y a promesas de que cuando cambie el signo de gobierno será derogada para imponer la siguiente. En efecto, la oposición a la Ley Celaá colapsa ya las calles de más de treinta ciudades españolas con manifestaciones de protesta contra esta nueva norma educativa, convocadas por la educación pública concertada, a las que se suma PP, Ciudadanos y Vox, es decir, la oposición que representa casi el 50% de la ciudadanía. Familias y profesores se manifiestan así para que el Gobierno les escuche y reclaman una Educación en libertad para que no se finiquite el modelo público educativo con inclusión de la educación concertada en que, por cierto, cada uno de los más de dos millones de alumnos que van a estas escuelas ahorra al Estado 3.000 euros respecto a quienes acuden a colegios de titularidad pública, cuyas plazas escolares resultan más caras.

Por otro lado se recrudece el problema de la inmigración irregular en Canarias, ya bloqueada y saturada, mientras unos 8.000 cayucos aguardan en las costas de Mauritania listos para surcar el Atlántico, repletos de gente, rumbo a las islas. Asunto peliagudo, el de la inmigración irregular, que requiere tomar decisiones a veces duras y despojadas de ingredientes demagógicos que, obviamente, impiden suavizar el problema. Una vez más se hace obvia la necesidad de un criterio sólido y unánime por parte del Gobierno y un esfuerzo de consenso con la oposición…..justo lo que nos falta en España. Mientras el Gobierno regional canario y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones son partidarios de embarcar a los inmigrantes para la Península, Interior, que no logra arrancar un compromiso a Marruecos ante la ola de cayucos, se niega y el Gobierno decide crear campamentos de inmigrantes en Canarias, copiando el «modelo Lesbos» en el archipiélago. Ya Frontex,, antes de la crisis del Covid, alertó de una crisis migratoria en Canarias, pero Exteriores, ante el goteo de cayucos, apostó por una «solución natural» fiándolo a un «cambio meteorológico» con la llegada del mal tiempo; ahora el Gobierno improvisa un plan ante la llegada prevista de miles de turistas a las islas el próximo diciembre con la temporada alta turística en las islas. En definitiva, Sánchez, ante la carencia de una política migratoria viable y un exceso de demagogia por parte de su socio de coalición, se resigna, por antipopular que sea, y monta en Canarias el mayor campamento de inmigrantes de Europa, pues Escrivá anuncia campamentos para 6.000 personas y otras 7.000 plazas en hoteles como única respuesta a la crisis migratoria, condenando al archipiélago a convertirse en una nueva Lampedusa. Y mientras el Constitucional avala las devoluciones de inmigrantes en caliente, respaldando casi en su totalidad la conocida como «ley mordaza», tan criticada por socialistas y populistas, Oramas, la portavoz de Coalición Canaria, recuerda que «en 2006 lo arreglaron el Rey y De la Vega», en tanto que la ministra de Defensa afea a Iglesias ir por libre, no sólo en este asunto sino en otros de vital importancia, lo que ha provocado que Podemos salga en tromba contra el ala moderada del Gobierno y acuse a Robles de preferir a Vox, pues, ya se sabe, quien no comulgue con el pensamiento único de los populistas se convierte inmediatamente en un facha de la más rancia ultraderecha. Lo cierto es que varios ministros se rebelan para que Sánchez frene a Iglesias, pues el Vicepresidente «es una mecha» dentro del Gabinete, al extremo de que ni siquiera toda la cuota de Podemos en el mismo está de acuerdo con sus demagógicas posiciones, que nos llevan al caos. Y mientras PSOE y Podemos se ven obligados a negociar el veto a los desahucios (un conflicto generado por la enmienda de Iglesias a los Presupuestos presentada con ERC y Bildu), Sánchez, que avala el pacto con los abertzales manifestando que «las siglas que importan son PGE» aunque afirma también que son «fake news» las noticias sobre dicho pacto, promete la repatriación de todos los inmigrantes que lleguen a Canarias en situación irregular…… ¿lo permitirá Iglesias?, esa es la cuestión.

Y mientras el G20 promete que la vacuna contra el coronavirus será asequible para toda la Humanidad, el Gobierno español prevé vacunar a los grupos de riesgo antes de junio, comenzando por el personal sanitario y los mayores, por lo que fijara una estrategia única de vacunación para toda España (¡menos mal!) que se llevará a cabo en 13.000 puntos de la red sanitaria. Sanidad, en pleno cerco al Ministro Illa por la situación irregular de la Directora de Farmacia, mientras la espera para operarse se dispara por la pandemia hasta una media de 170 días, descarta por ahora que la vacuna de la Covid sea obligatoria mientras prepara ya el plan de vacunación con la preocupación añadida de que España no cuenta con la logística necesaria para mantener las dosis a las temperaturas necesarias. Entretanto España e Irlanda se convierten en los dos extremos en la UE de la crisis del coronavirus, pues más de diez puntos porcentuales separarán este año el PIB de ambos países…..en España, donde el auge del comercio «on line» no garantiza beneficios a las empresas, la hostelería, uno de los pilares económicos sin duda, se hunde con 100.000 cierres y exige un plan con ayudas directas, pues restaurantes, bares y discotecas rechazan más créditos, que luego hay que pagar, y piden, como sucede en otros países, ayudas a fondo perdido.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que el Gobierno no reformará el delito de sedición antes de las elecciones catalanas; que en el 20 aniversario del asesinato del socialista Ernest Lluch, su hija afirma que su padre recibió una carta de ETA diciéndole «vamos a por ti»; que los fiscales piden más autonomía del Gobierno para sustituir a los jueces, mientras se desata la alerta en la prensa ante la «ofensiva» para «controlar» a los medios de comunicación; que, según Manuel Valls, líder de Barcelona pel Canvi, «la izquierda está buscando de nuevo las dos Españas»; que el ultraderechista Carlos García, uno de los asesinos de los abogados de Atocha en 1977, sale de la cárcel española, donde llevaba nueve meses después de que Brasil lo extraditara tras dos décadas fugado, y dice «yo ya pedí perdón»; y que la Justicia da cinco días a Podemos para presentar la liquidación de su sede, debiendo entregar la licencia de obra que duplicó su precio de licitación, mientas el número dos de Iglesias dice que firmó el contrato de Neurona por Telegram, admitiendo el jefe de campaña podemita ante el juez que contrató a Neurona, mientras la acusación pide que se rastree al auténtico administrador de la consultora.

Y del exterior, destacar que Trump presiona a los republicanos para subvertir las elecciones y cita en la Casa Blanca a líderes de Michigan, donde ganó Biden; que Bruselas plantea que el fondo se active sin necesidad de unanimidad, buscando así fórmulas para esquivar el veto húngaro y polaco; que Marruecos afianza su control sobre el territorio en la frontera con Mauritania, en la tierra de nadie del Sahara Occidental; que Londres y la UE acercan posturas para pactar el Brexit; y que se desata una carrera contrarreloj en Europa en la lucha por la vacuna anti Covid, la UE se ha asegurado menos medicinas por habitante que EEUU pero sus sistemas de salud pública garantizan una mejor distribución.

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