COLUMNA DE OPINIÓN de Jorge Cremades: «Un nuevo régimen para España»

Sánchez supera el primer trámite parlamentario de los Presupuestos con minoría holgada pero inestable gracias a los separatistas de ERC y a los abertzales de Bildu, lo que ha desatado un descontento generalizado no ya sólo en las filas de la oposición sino también en las del propio PSOE, pues el objetivo de encarar tres semanas clave para blindar la legislatura (y la permanencia de Sánchez en el poder) no puede ser, por licito que sea, a cualquier precio como es pactar con partidos que quieren destruir España y su actual régimen democrático y que incluso se permiten hacer gala de esta intención. La legítima ambición de Sánchez por permanecer en el poder no puede ser a costa de la ruina del futuro de España y, menos aún, justificarlo porque, según él, los partidos democráticos de la oposición le abocan a ello al no prestarle su apoyo parlamentario, pues en democracia cualquier Gobierno, antes de caer en la ignominia, siempre tiene la capacidad de convocar elecciones para que sea el pueblo quien decida qué hacer cuando los representantes elegidos no dan la talla y son incapaces de llegar a acuerdos democráticos razonados y razonables, que, en ningún caso, debieran avalar objetivos atentatorios contra el futuro de nuestra convivencia en paz y libertad. No en vano Arrimadas, en situación complicada, deja en evidencia al Presidente, ausente en el Parlamento durante el debate de las enmiendas, y, resistiendo presiones internas y externas, le tiende la mano rechazando las enmiendas para que las cuentas sigan adelante y no las pacte con ERC y Bildu, aunque le advierte de que «si lo hacen jamás podrán volver a decir que no tenía otra alternativa». Ya no hay excusa, pero Sánchez lo tiene ya claro y decidido a pesar de que el pacto con tan peligrosos compañeros de viaje haya provocado reacciones en contra incluso por parte de algunos de los barones socialistas que no dan crédito a semejante despropósito, como es el caso, entre otros, de Vara o de Page, quien manifiesta que «lo de Bildu no tiene pase», por lo que Ferraz, indecentemente, les acusa de trabajar para el PP, sencillamente porque alzan su voz contra los socios impresentables que Sánchez ha elegido, a los que ensalza el número dos del PSOE sanchista, Ábalos, manifestando que «Bildu ha tenido más sentido de la responsabilidad que el PP en los Presupuestos». En definitiva, ignominiosamente, Bildu es catapultado por el Gobierno a la categoría de partido de Estado, incluso por encima del PP, sencillamente porque se presta interesadamente a sostener a Sánchez en el poder que es la estrategia primordial de Moncloa en estos momentos. En efecto, el Gobierno de coalición lo tiene claro pues desde el PSOE sanchista «la clave es salvar los Presupuestos, los barones no están a la altura» y desde Podemos «hay que quitar el estigma a Bildu y habrá diez años de gobiernos de izquierdas» pues estar en el poder el máximo tiempo posible no es sólo el objetivo prioritario del gobierno sino que es el único objetivo, al que hay que someter cualquier otra consideración. Todo el que no apoye el pensamiento único de Sánchez, cada vez más influenciado por Iglesias, se convierte en un fascista retrógrado, enemigo de la democracia y la libertad, aunque sean barones actuales del socialismo o socialistas de toda la vida que dirigieron el partido desde la Transición, cuando el partido era el PSOE, cuando, incluso, algunos dieron hasta su vida por consolidar un régimen democrático de libertades en España como el que tenemos al que se oponía el totalitarismo de ETA, cuyos herederos, desde Bildu, se convierten, ya ven, en demócratas de toda la vida sin condenar siquiera la tragedia y el dolor que sus ancestros trajeron a nuestro país, y cuando, incluso ahora, mientras Sánchez pacta con ellos no tienen reparos en manifestar que «vamos a Madrid a tumbar definitivamente el régimen» tal como manifiesta Arkaitz, el nuevo Otegi y diputado de Bildu en el Parlamento Vasco, que pasó ocho años en la cárcel por pertenecer a ETA, mientras el partido del viejo Otegi, el de siempre, presume de «la victoria de Euskal Herría» y mientras Prisiones traslada a Txapote, asesino de Miguel Ángel Blanco, a un módulo de presos comunes, y el Ministerio de Interior sigue acercando presos etarras al País Vasco, entre ellos a Azurmendi, quien brindó con sidra tras asesinar a tiros al matrimonio Jiménez-Becerril, sin haber pedido jamás perdón por semejantes atrocidades. Es el patético rastro de sangre tras el acuerdo de Sánchez-Iglesias con Otegi que mancha de rojo intenso la aprobación de unos Presupuestos, de dudosa viabilidad, para que el patético gobierno de coalición social-comunista siga más tiempo en el poder. Y ya saben, quien no suscriba semejante felonía se convierte por arte de magia en un fascista enemigo de la democracia, de la libertad y de la paz social. El autoritario Sánchez impone el trágala de Bildu y da por zanjada la minicrisis interna socialista telefoneando desde Ferraz a secretarios generales y altos cargos para frenar las críticas a Moncloa, mientras algunos, como Page, siguen clamando contra la perniciosa influencia de Podemos en este gobierno de coalición.

Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, manifiesta que «si Sánchez gobierna con los populistas va a dañar la imagen de España» y advierte de que «Europa es lo único que nos mantiene lejos de la vía latinoamericana»

«Tumbar definitivamente el régimen», según dice Bildu, será, suponemos, que para instaurar otro distinto cuyas esencias habría que buscar en el anticapitalismo y populismo comunista de Podemos además del terrorismo etarra. No sin razón,  Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, manifiesta que «si Sánchez gobierna con los populistas va a dañar la imagen de España» y advierte de que «Europa es lo único que nos mantiene lejos de la vía latinoamericana», mientras Arrimadas mantiene contactos con Sánchez pese al órdago de Otegi y de Iglesias para eliminarla de un plumazo de la negociación presupuestaria. Por su parte Rocío Monasterio, presidenta en la Comunidad de Madrid de Vox (el maldito partido para el gobierno de coalición, Bildu no gracias a su contrastada trayectoria democrática y pacífica), añade que «el PP de Casado no puede ser colaboracionista con Moncloa», mientras los presos de ETA acercados por Sánchez suman casi noventa asesinatos, los beneficiados son ciento cinco, una veintena de ellos con delitos de sangre, y ninguno de ellos ha colaborado para resolver los 378 asesinatos aún sin resolver. Es obvio, no cabe otra explicación, Sánchez asume el plan Iglesias para blindar su poder, pues los acuerdos con los abertzales y con ERC forman parte de la hoja de ruta de Podemos para dar estabilidad a la legislatura a cambio de un «nuevo régimen» en España que ellos siempre han defendido, con lo que el Gobierno acercará a todos los presos etarras para luego excarcelarlos, lo que se hará de forma gradual a cambio del apoyo de Bildu a los Presupuestos, mientras el FMI desarma la subida fiscal del Gobierno por golpear a las «rentas bajas», censurando el alza del IVA y del diésel porque «pueden tener un impacto desproporcionado» sobre las clases medias, criticando el aumento del sueldo de funcionarios y de las pensiones, y poniendo en duda las previsiones de crecimiento. Es lo que hay, y punto.

Entretanto Transparencia denuncia la opacidad de Sanidad durante la pandemia ya que el Ministerio no dio respuesta a 15 de los 17 requerimientos del organismo oficial realizados entre marzo y octubre, mientras la segunda ola hace temer el despido de miles de trabajadores que ahora están en los ERTEs. El 40% de los hosteleros no logra cobrar o acceder a un ERTE, mientras Cataluña extiende otros diez días la prohibición de abrir bares y restaurantes y Andalucía sale al rescate de pymes y autónomos con una inyección de 660 millones de euros, cuando en toda España un millón de autónomos se encuentra al borde del precipicio por la pandemia y su eslogan inevitable es «prefiero cerrar antes de ahogarme». Por su parte las empresas del Ibex pugnan ya por los 140.000 millones en ayudas de la UE en el reparto de fondos de reconstrucción que ya prepara el Gobierno, mientras las pymes deben pagar ya casi dos millones aplazados por el virus al finalizar la moratoria fiscal en plena pandemia, teniendo que desembolsar este mes deudas tributarias de menos de 30.000 euros, aunque autónomos y pequeños negocios siguen con problemas de liquidez y más de 620.000 contribuyentes pidieron  en abril retrasar los pagos. Y es que, según sondeo de 40dB, la mitad de los españoles ha perdido ingresos por el virus, la mayoría se muestra a favor de otro confinamiento si es necesario, el 26% ha perdido su trabajo de forma temporal o definitiva y el 53% opina que la gestión del Gobierno central de la pandemia ha sido mala o muy mala. El mejor escenario económico, político y social para que proliferen experimento totalitarios y si son desde el propio gobierno, como es el caso, tanto mejor.

Así las cosas prosiguen los efectos perversos del contagio de coronavirus por toda España con incidencias diferentes. Mientras Burgos, por ejemplo, anda ahogada por los contagios con los hospitales casi al límite con 1.700 contagios por cada 100.000 habitantes, al extremo de que el alcalde socialista y la Junta popular de Castilla y León piden medios para confinar en casa a los ciudadanos, que el Gobierno les niega, la estrategia de Ayuso doblega la curva en Madrid en dos meses, pasando de ser la región europea con peores datos a tener una de las cifras más bajas de España, mediante su apuesta por los test de antígenos y el cierre sólo por áreas sanitarias para lograr reducir los contagios masivos, tras mantener el pulso con el Gobierno de Sánchez y evitar el parón total de la hostelería que ordenaron otras CCAA. Y, mientras los colegios de médicos exigen el cese de Fernando Simón, esta España dispar, rota en diecisiete CCAA cada una a lo suyo, dispone de material anti-Covid para cubrir de dos a ocho meses pues mientras Madrid es la que más reservas tiene a otras regiones sólo les llega hasta Navidad. Es el precio a pagar por una gestión descoordinada por parte de quien al final debiera tener la máxima responsabilidad de la gestión que es el Gobierno central, el de todos los españoles, quienes tienen derecho a una equiparable calidad de la salud al margen del territorio en que vivan. Por lo demás cabe destacar que los ancianos de las residencias serán los primeros en recibir la vacuna, que Sanidad ultima la estrategia de inmunización frente al covid, que también dará prioridad a sanitarios y a quienes no puedan teletrabajar, y que Gibraltar no tendrá que realizar PCRs en la verja pese a estar en la lista de Illa, un nuevo privilegio, sin duda, para la colonia británica.

La Ley Celaá, la enésima Ley de Educación dictada sin amplio consenso, dice adiós al castellano, a la religión y a la libre elección, permitiendo al nacionalismo desterrar el castellano como lengua vehicular, tras rechazar el PSOE garantizar ni siquiera un 25% de clases en español como pedía Ciudadanos

Además, en esta España rota, la Ley Celaá encara su recta final con un bronco debate sobre el español, pues, con la coartada de que «el 40% vive con otra lengua» (al 60% restante que le den) como argumentario, el PSOE tumbará el castellano, mientras presume de «acabar» con la privatización que supone la educación concertada y surge un manifiesto de socialistas contra la desaparición del español en Cataluña. Otra cesión al secesionismo de ERC y al populismo de Podemos para conseguir sacar los Presupuestos adelante a costa de finiquitar la lengua oficial para todo el Estado, al margen de los derechos que otras lenguas tengan de cooficialidad en algunos territorios, lo que, en ningún caso, debiera ser incompatible. En efecto, la Ley Celaá, la enésima Ley de Educación dictada sin amplio consenso, dice adiós al castellano, a la religión y a la libre elección, permitiendo al nacionalismo desterrar el castellano como lengua vehicular, tras rechazar el PSOE garantizar ni siquiera un 25% de clases en español como pedía Ciudadanos. Otro sinsentido de este gobierno de coalición que sólo acierta en aquellas cosas que rectifica, pero prefiere doblegarse ante los postulados radicales de Podemos.

Por lo que se refiere a otros asuntos cabe citar que el financiero de IU culpa ante el juez a Podemos de los contratos irregulares con Neurona; que el PP frena otra vez la renovación del CGPJ por el pacto con Bildu, pero Justicia ve «allanado» un pacto para renovarlo, asegurando el ministro que espera un acuerdo con el PP antes del seis de diciembre, siendo el «perfil» del presidente del Consejo el principal escollo en la negociación; que el ex ministro Fernández Díaz dice que «hay SMS manipulados» y Martínez contesta «no soy un falsificador» durante el tenso careo por el caso Kitchen, mientras un perito cree que los sms atribuidos al ex ministro están manipulados, aportando el ex ministro al juez un informe que señala «notables irregularidades»; que Trapero vuelve al mando de la policía catalana después de su absolución; que el Ejército se despliega en Canarias para afrontar el colapso migratorio, temiendo las FFSS que los yihadistas aprovechen las nuevas rutas; que Puigdemont hará campaña electoral pese a no ser candidato y prepara otro gran acto en Perpiñán; que Joan Mir se convierte en el cuarto campeón español de MotoGP, relevando a Márquez y uniendo su nombre a la lista de Crivillé y Lorenzo; que la «Ley Montero» contempla la «sumisión química» como violación con lo que las agresiones sexuales serán catalogadas como violación si se llevan a cabo mediante sustancias que anulen la voluntad de la víctima; y que el Rey Emérito niega la fortuna en Jersey y los movimientos de dinero, traslada su «estupefacción» por la alerta del Sepblac y descarta una regulación fiscal porque esos fondos «no son suyos», desmiente que haya ordenado ninguna operación bancaria en el extranjero durante la investigación de la Fiscalía y su entorno destaca que el aviso de Antiblanqueo «complica sobremanera» su «deseo» de volver a España.

Y del exterior destacar que Tony Blair dice que «Biden es defensor de la UE, nunca habría apoyado el Brexit»; que cinco de los 117 migrantes que viajaban a Europa en una frágil embarcación, entre ellos un bebé de seis meses, mueren ahogados, mientras la madre del pequeño muestra su desesperación gritando «he perdido a mi bebé»; que Biden consigue finalmente una amplia victoria gracias a Georgia y Arizona, derrotando a Trump por 306 votos electorales frente a 232; que la UE examinará uno a uno a los países por su respeto al Estado de Derecho y vincula la recepción de fondos al nuevo marco de vigilancia; que China firma con otros catorce países de Asia y Oceanía el mayor pacto comercial global impulsando en sendos continentes el mayor tratado comercial del Planeta; y que el Presidente interino de Perú es forzado a dimitir tras solo cinco días de mandato por la presión de la calle y el ultimátum del Congreso, que acaba con este breve mandato interino de Manuel Merino tras la destitución de Vizcarra.

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