COLUMNA DE OPINIÓN de Jorge Cremades: «Atentado a la democracia»

Sabido es que el Estado de Derecho y la Democracia tienen como uno de sus pilares básicos la separación de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y, por tanto, todo lo que suponga no garantizar esta independencia supone un atentado contra la Democracia y, por ende, contra las libertades ciudadanas. Sabido es también que el Sancta Sanctorum de la Democracia es el Legislativo derivado de la voluntad popular tras unas elecciones libres, de donde emana el conjunto de leyes y donde el Ejecutivo, que ha de obligar al cumplimiento de las mismas, debe rendir cuentas con arreglo a los procedimientos establecidos, mientras el Judicial con absoluta independencia ha de dirimir si en caso de litigio dichas leyes se cumplen o no, imponiendo las penas pertinentes en este último caso. Y todo ello al amparo de una Constitución o Carta Magna, libremente otorgada por los ciudadanos, donde radica el límite de las libertades y derechos del pueblo, que, en ningún caso, nadie puede ni debe saltarse. Todo lo que vaya contra estas básicas premisas democráticas supone por tanto un menoscabo de las libertades y garantías de los pueblos favoreciendo las tendencias más o menos totalitarias que suele tener el poder, en este caso el Ejecutivo, cuando, erigiéndose en dueño y señor de la situación, pretende controlar al resto de poderes, especialmente al Judicial para que se incline a apoyar sus tesis en caso de conflicto, dado que al emanar el Ejecutivo del poder Legislativo, ya suele contar «a priori» con la mayoría de la Cámara a la hora de avalar sus proyectos. Por tanto, no respetar las reglas y procedimientos, previamente establecidos, a la hora de modificar este obligado (y difícil) equilibrio en la independencia y separación de poderes del Estado, es un paso adelante hacia un sistema autoritario y, por ende, un paso atrás hacia un sistema democrático. Es lo que sucede en España con la pretensión del PSOE de Sánchez (jamás se le hubiera ocurrido al PSOE de Felipe González) y del Podemos de Iglesias (no sé si se le ocurriría al Podemos de Errejón) para reformar por vía rápida el Poder Judicial, dado que con las reglas de juego democráticamente establecidas (mayoría cualificada de tres quintos de diputados, 210, en vez de, simplemente mayoría absoluta, 176 diputados) es prácticamente imposible dejar al margen al principal partido de la oposición a la hora de renovar las vacantes del CGPJ, y en vez de estrujarse los sesos tanto Sánchez como Casado para llegar a un consenso, como siempre ha sucedido entre PSOE Y PP, el Presidente, a instancias del Vicepresidente populista, opta por el atajo de romper las reglas de juego y las garantías consecuentes para la ciudadanía, bajando a su antojo la mayoría parlamentaria cualificada y diseñar así un CGPJ que para sus intereses sea el más idóneo. Estamos en la antesala de una peligrosa evolución de un sistema democrático hacia un sistema autoritario (Venezuela, Polonia o Hungría podrían servir de ejemplo) que, una vez implantado, se hace muy difícil reconvertir. No extraña pues que el PP, es decir, la oposición, califique la medida de «dictatorial» (igual hubiera calificado el PSOE si se le hubiera ocurrido hacerlo a Rajoy) pues no cabe en democracia saltarse los controles para cambiar el Poder Judicial desde el Ejecutivo sin mayoría cualificada y burlando la Constitución. Lamentablemente Sánchez ha cedido ante las presiones de Iglesias para imponer el modelo de éste, y tras negociar con él da la orden «personal» en plena investigación judicial de su Vicepresidente, eludiendo todos los controles, con lo que, si prospera, la coalición y sus socios de investidura podrán nombrar un gobierno de los jueces a su medida con solo la mayoría absoluta del Congreso, desconcertando dicha maniobra no sólo a los ministros más moderados (y más democráticos), sino también a los magistrados de la UE que critican el acoso a la independencia judicial. De momento el CGPJ desafía el rodillo de Sánchez y cubrirá las vacantes (Lesmes propondrá este mes los nuevos  presidentes de los tribunales superiores), mientras la judicatura se rebela y considera antidemocrática la reforma legal que pretende el Ejecutivo. Por su parte Casado alerta hoy en Bruselas del «asalto» y «atropello» a la separación de poderes en España, dado que el mismísimo PSOE pidió «no dar un euro» a Hungría y Polonia, cuyos ejecutivos de ultraderecha atacaron igualmente a la Justicia en sus respectivos países. Es más, Polonia plantea a la UE sancionar ahora a España por el golpe al CGPJ, mientras hasta los socios del gobierno social-comunista de España (PNV, ERC y Más País), que apoyaron la  investidura también cuestionan esta reforma exprés de la ley, no ya porque sea antidemocrática (algunos de ellos son totalitarios), sino porque crea un peligroso precedente: ¿qué sucedería cuando gobierne en España la derecha o la extrema derecha? En efecto, en el futuro cualquier gobierno, del signo que sea, podría modificar a su antojo el CGPJ sin la pertinente mayoría cualificada que se requiere ahora…..¿lo defendería entonces PSOE y Podemos desde la oposición? Sinceramente, creo que no. Para colmo este asalto al Poder Judicial complica incluso la llegada de los fondos europeos, pues Polonia pide igualdad de trato y pregunta a Bruselas si multará a España por menoscabar la independencia de los tribunales (Garicano ve en peligro la llegada de dichos fondos tras hablar con comisarios europeos de este plan de Podemos y el PSOE), mientras Sánchez defiende ahora bajar la presión sobre Hungría para intentar que su reforma judicial no afecte a los mismos. En fin, es lo que hay……nuestros gobernantes no dan para más.

Cuando la ministra Montero es salpicada por un fraude de ayudas en la Junta de Andalucía, el Supremo ratifica la sentencia del «caso Gürtel» con pequeñas variaciones, pues confirma que el PP se lucró con dicha trama a título lucrativo aunque ve arbitraria la alusión a la «caja B» que provocó y sirvió de argumento para la moción de censura contra Rajoy

Y mientras el FMI sitúa a España como ejemplo de «corruptelas» (seguro que con un CGPJ más controlado irían «in crescendo» incluso) y la señala por la peor recesión y el déficit record (prevé que la economía española caiga el 12´8%, con un desfase del 14´1% en las cuentas públicas y una deuda del 123%), Sánchez salva a Iglesias de la reprobación en el Congreso de los Diputados por el «caso Dina» tras haber elevado el juez García Castellón al Supremo sus actuaciones en tan sospechoso caso por encontrar indicios de delito; en efecto, los votos del PSOE y de Podemos, a los que se unen los grupos de la investidura, impiden la reprobación del Vicepresidente que solicitaban PP, Ciudadanos y Vox. Entretanto, cuando la ministra Montero es salpicada por un fraude de ayudas en la Junta de Andalucía, el Supremo ratifica la sentencia del «caso Gürtel» con pequeñas variaciones, pues confirma que el PP se lucró con dicha trama a título lucrativo aunque ve arbitraria la alusión a la «caja B» que provocó y sirvió de argumento para la moción de censura contra Rajoy, rechazando los excesivos párrafos al respecto cuando dicho asunto no se juzgaba en el caso; por lo demás, condena a 51 años de cárcel a Francisco Correa, a 29 a Bárcenas y a 12 años y 11 meses a su esposa Rosalía Iglesias, que tendrá que ir a prisión, ratificando con leves cambios las penas al resto de los acusados. Una sentencia ya definitiva y firme, por fin, que subraya que en ella no se juzgaba la financiación ilegal del PP al que condena a título lucrativo pero precisando que «no puede afirmarse» que fuera autor de delitos de corrupción ni prevaricación y rechazando los párrafos que motivaron la moción de censura que aupó a Sánchez al poder…. La dirección del PP actual asume los hechos como «condenables» y la dirección anterior se siente aliviada porque el Supremo desmonta la moción ya que «el PP no delinquió en la Gürtel» y corrige las «excesivas alusiones» a la «caja B» que no se había juzgado en el caso……y sobre Bárcenas, que siempre puso como límite para tirar de la manta el encarcelamiento de su mujer, desde la actual dirección popular se sostiene que «lo que tenga que decir Bárcenas irá a la espalda de Rajoy». Una sentencia, ya ven, que considerada parcialmente de forma interesada dará mucho que hablar, cuando ya los voceros de unos y otros se precipitan en cargar las tintas en aquello que pueda beneficiar a sus intereses o perjudicar a los de sus contrarios.

El virus sigue fuera de control con 27.856 nuevos contagios y 195 muertos en el fin de semana, en plena refriega entre el Gobierno Central y el de la Comunidad de Madrid

Entretanto la pandemia sigue haciendo estragos, no sólo sanitarios, sino económicos, pues mientras el FMI señala a España como al único país desarrollado al que no mejora sus previsiones para 2020 y alerta de que no generará empleo ni con los fondos europeos (mejora las previsiones de todas las grandes economías excepto la nuestra), la pandemia provoca el cierre de casi 100.000 negocios, cuando la mitad de la hostelería y el ocio está ya en riesgo de quiebra, cuando Jorge Marichal, presidente de CEHAT, sostiene que «el Gobierno llega tarde; hay que reconstruir el turismo» y Friedrich Sell, profesor de Economía de la Universidad de Munich, manifiesta que «dar fondos de la UE al actual Gobierno español no es responsable». Y es que, entre otras cosas, el virus sigue fuera de control con 27.856 nuevos contagios y 195 muertos en el fin de semana, en plena refriega entre el Gobierno Central y el de la Comunidad de Madrid. Curiosamente Navarra, que encabeza la tasa de contagios, elude el confinamiento (Sanidad no la cierra pese a sumar 564 contagios en un día, la cifra más elevada desde la pandemia) y Cataluña prepara más restricciones para anticiparse a «días difíciles» (Aragonés llama a «sacrificar la vida social» ante el ritmo de infecciones y cierra los bares y restaurantes hasta fin de mes), mientras Illa cambia otra vez de criterio para alargar la alarma en Madrid, reclamando ahora que la incidencia baje de 100 cuando lleva dos días por debajo de 500 que él fijó inicialmente, por lo que Ayuso le acusa de «inventarse las reglas». La triste realidad en medio de este embrollo es que un estudio augura 25.000 muertes más por Covid en España, que casi 300.000 universitarios se quedan sin clase presenciales por los brotes, que Sanidad despide a la cuarta parte de la plantilla de la Agencia Española del Medicamento y que la pandemia sigue creciendo de forma alarmante, al igual que sucede en otros países pero que nosotros estamos en cifras de record.

En este ambiente putrefacto se respira absoluta frialdad entre los líderes políticos durante la Fiesta Nacional del 12-O, con un Jefe de Estado frente a la crispación presidiéndola en un clima de tensión inusitado y deplorable. La gestión de la pandemia y las tensiones al respecto, junto a los ataques de Podemos a las instituciones, eran el caldo de cultivo de una atípica celebración festiva, no exenta de abucheos a Sánchez, vivas al Rey y protestas contra el Gobierno, por quienes a pesar de las restricciones y el miedo al contagio decidieran movilizarse en varias ciudades, mientras todos veíamos por televisión el frio saludo entre Sánchez y Ayuso o el de Iglesias al Rey, quien, una vez más, exhibía firmeza y neutralidad en plena división política irreconciliable, mientras Vox se echaba a la calle en vísperas de la moción de censura que se celebrará el 21 y el 22. ¿Merecemos todo esto los españoles por parte de nuestros gobernantes a quienes pagamos sus suculentos sueldos con nuestros impuestos y nuestros sacrificios? Yo creo que no lo merecemos, que les elegimos y les pagamos para que resuelvan nuestros problemas y no para que los compliquen más o se inventen problemas nuevos para oscurecer sus manifiestas incompetencias.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que las parejas de hecho tendrán derecho a la pensión de viudedad como los casados; que siete CCAA ignoran el plan Celáa y no aprobarán el bachillerato con suspensos, mientras las familias se plantan ante una precaria escuela semipresencial (asociaciones de padres emprenden protestas y preparan recursos ante la dispar eficacia de las medidas implantadas en la enseñanza); que el magistrado del Constitucional procesado por malos tratos renuncia a su cargo;  que ochos fiscales del Supremo estudiarán el informe del «caso Dina»; que los presos del «procés» miran a las urnas un año después en este primer aniversario de la sentencia con los indultos en la agenda; que Hacienda prohíbe las amnistías que ya vetó el Constitucional en 2017; que Interior acerca al etarra Troitiño como otro gesto a Bildu para los PGE; que el Gobierno quiere obligar a las empresas que no hagan públicos los sueldos por sexos con multas de hasta 187.000 euros a las compañías para que reduzcan la brecha en los salarios; y que Bankinter expulsa a Neurona por las sospechas de blanqueo cerrando las cuentas a la consultora chavista contratada por Podemos y negándose a tenerla como cliente, mientras la Seguridad Social informa al juez de que la filial española no tiene trabajadores dados de alta.

Y del exterior, destacar que Reino Unido fija tres niveles de alerta del coronavirus al saturarse los hospitales; que la asistencia sanitaria en EEUU está en juego en la batalla por el Supremo, mientras Trump acelera la designación de la juez Barrett ante el 3-N y ésta evita comprometerse sobre el aborto o el matrimonio homosexual; que fracasa el intento de la OCDE para establecer una «tasa Google» global por lo que la organización aplaza a mediados del próximo año el embrión del nuevo tributo; que Margrethe Vestager, Comisaria europea de la Competencia, dice que «evitaremos que las tecnológicas sean monopolios de facto»; y que Francia impone el toque de queda a causa del Covid en París y otras ocho grandes urbes francesas, por lo que los ciudadanos no podrán salir a la calle de nueve de la noche a seis de la mañana.

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