COLUMNA DE OPINIÓN de Jorge Cremades: «Así no podemos seguir»

Es obvio que para que funcione una Sociedad en libertad y un Estado democrático de Derecho se requiere el respeto profundo y la defensa de la legalidad democrática vigente, especialmente por parte de las diferentes instituciones del Estado, así como sus procedimientos y normas de funcionamiento establecidos. En caso contrario, como viene sucediendo últimamente en España, no estaríamos hablando de Democracia ni de Estado Democrático de Derecho sino de otra cosa muy distinta y peligrosa para la convivencia de progreso en paz y en libertad. Y, obviamente, así no podemos seguir durante mucho más tiempo salvo que queramos tirar por la borda todos los logros, que no son pocos, conseguidos durante este periodo democrático que llevamos disfrutando desde hace más de cuarenta años, obviamente con sus luces y sus sombras. O los españoles entendemos muy mayoritariamente estos básicos principios democráticos y lo corregimos en las urnas o estamos abocados, una vez más en la Historia, al enfrentamiento ciudadano, al revanchismo y a la intolerancia más absoluta que sólo aporta miseria, violencia y ausencia de libertades. El último de los episodios, el veto a la Jefatura del Estado por parte del Gobierno a que presida la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, como se viene haciendo tradicionalmente todos los años, es el paradigma de lo que no se debe ni puede hacerse en democracia, pues atenta directamente contra la normalidad del funcionamiento de las instituciones. La ausencia de razones por parte del Ejecutivo sobre los motivos de tan insólito veto, atenta directamente contra la transparencia debida a los ciudadanos que tienen todo el derecho de conocer las causas de semejante desencuentro del Ejecutivo con la Jefatura del Estado. Las acusaciones públicas del Vicepresidente del Gobierno, Iglesias, y su partido, UPodemos, cogobernante con el PSOE, contra Felipe VI por haber manifestado al Presidente del Poder Judicial que estaba dispuesto a asistir al acto, como todos los años, atenta directamente y de forma torticera contra la Primera institución y autoridad, la Jefatura del Estado, que, guste o no, merece la protección y no el vapuleo permanente por parte del resto de instituciones, máxime cuando sus competencias, establecidas constitucionalmente, son esencialmente de carácter representativo, que no ejecutivo, y de nexo común de la unidad de España dentro de su pluralidad. Y el silencio cómplice por parte del Presidente del Gobierno ante hechos tan graves, que él mismo ha provocado, sin llamar al orden (como en otros tantos casos) a su Vicepresidente ni a sus ministros comunistas, como Garzón, por salir en tromba contra la Jefatura del Estado acusando públicamente al Rey de falta de «neutralidad política» y diciendo que su situación es «insostenible», consintiendo por tanto tan aberrantes formas de actuar, atenta directamente contra la autoridad debida de la Presidencia del Gobierno (el Presidente está dotado de la potestad para poner orden en su Ejecutivo y evitar que sea un gallinero), contra la uniformidad de criterios del Ejecutivo (no puede haber dos gobiernos en uno o, peor aún, un Gobierno cuyo presidente está secuestrado por una parte de sus ministros) y contra el prestigio de España, interno y exterior, dando la imagen de que la gobernabilidad en nuestro país se asemeja más bien al Ejército de Pancho Villa que a un Gobierno serio, coherente, moderado y transparente al uso de los instituidos en los diversos países que conforman la UE, en los que semejantes espectáculos jamás se dan. Así no podemos seguir, está claro; salvo que los españoles nos hayamos vuelto masoquistas y nos guste sufrir y complicarnos la existencia. No en vano, las injerencias del Ejecutivo, han provocado una revuelta judicial, sin precedentes por la ausencia del Rey en Barcelona y, además, cuando los fiscales andan divididos por la investigación del informe de Navajas, arremetiendo públicamente contra dos colegas suyos por haberle pedido que no solicitara archivar las causas interpuestas para investigar la gestión de la pandemia por el Ejecutivo, mientras la Asociación de Fiscales culpa a Delgado del mayor descrédito «en 40 años».

Peor este difuso remedio que la enfermedad, peor la improvisada explicación que el silencio: ¿acaso está el Gobierno admitiendo que es incapaz de garantizar la asistencia del Jefe del Estado a un acto cuando una de sus obligaciones es precisamente garantizar la seguridad del mismo?

Los hechos son elocuentes. Convocado, como todos los años, el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, y ya cursadas las invitaciones por parte del CGPJ con la normal presencia del Jefe del Estado para presidirlo, el Gobierno decide a última hora no refrendar la presencia de Felipe VI sin dar explicaciones concretas de tamaña insólita decisión, provocando una lógica «respuesta» del Presidente del CGPJ, Lesmes, que en su discurso manifiesta el malestar de los Jueces, diciendo «sentimos un enorme pesar» por la ausencia del Jefe del Estado en el acto y desvelando que el Rey le había telefoneado diciéndole que le habría «gustado estar» en el acto (como venía sucediendo siempre), lo que propicia encima las improcedentes críticas de los ministros de Unidas Podemos acusando, entre otras cosas, al Monarca de falta de «neutralidad política» y de que «maniobra» contra el Ejecutivo, mientras la Casa del Rey restaba importancia al asunto y calificaba la llamada a Lesmes de «gesto de cortesía» sin «consideraciones institucionales» y mientras el Presidente del Gobierno y el PSOE guardaban silencio al respecto. El Gobierno, mediante algunos de sus miembros y ante las peticiones públicas de explicaciones, había justificado por boca del Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que el veto al Rey obedecía a que «hay que proteger a las instituciones», entre ellas «a la Monarquía», sin dar más explicaciones, mientras buena parte de la oposición lo consideraba como una cesión más al secesionismo, con quien el Gobierno negocia el apoyo a los Presupuestos. En todo caso, peor este difuso remedio que la enfermedad, peor la improvisada explicación que el silencio: ¿acaso está el Gobierno admitiendo que es incapaz de garantizar la asistencia del Jefe del Estado a un acto cuando una de sus obligaciones es precisamente garantizar la seguridad del mismo? ¿acaso se protegen las instituciones manteniendo secuestrados a sus titulares y alejados de aquellos lugares en que algunos, como los secesionistas o incluso Podemos, los rechazan, no los reconocen como tales o los consideran personas non gratas?. En fin, sin comentarios. La triste realidad es que, bien a instancias de Podemos, bien «motu proprio», Sánchez ha cambiado los habituales despachos semanales con el Rey por llamadas y SMS, rompiendo la tradición de reunirse con él en Zarzuela, y que Iglesias, el Vicepresidente, desata desde el Ejecutivo una clara ofensiva, ahondando en la crisis abierta entre Moncloa y Zarzuela por el trato al Monarca.

En definitiva, un insólito veto al Rey que, con toda razón, indigna al Poder Judicial y que Iceta vincula con la inminente sentencia a Torra. Lesmes, durante su discurso, dijo bien claro que «nuestro lamento obedece sobre todo a que la presencia del Jefe del Estado en la entrega de despachos a los nuevos jueces responde al especial vínculo constitucional de la Corona con el Poder Judicial» que va más allá de lo estrictamente «protocolario» (no en vano, el art. 117 dice que «la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados…..»). Llama la atención la ausencia al acto del Presidente del Tribunal Constitucional alegando problemas de agenda cuando ya había confirmado su asistencia y que, al finalizar el discurso de Lesmes, un vocal del CGPJ, puesto de pie, dijera «antes de concluir el acto querría pediros que, con toda moderación, pero también con toda convicción, gritéis conmigo ¡Viva el Rey!» y sorprende que, mientras los presentes refrendaban su petición, el Ministro Campo fuese pillado por un micro abierto diciendo «se han pasado tres montañas» aunque fuentes del Ministerio dicen que el Ministro «no se reconoce en esa frase». En fin, sin más comentarios. Por su parte Casado avisa de la «crisis institucional» y Garamendi, el Presidente de la CEOE, muestra su «rechazo absoluto» y sostiene que «los españoles no se merecen los vaivenes de este gobierno» ya que las críticas a la Corona, es decir, a la Jefatura del Estado, lastran la recuperación económica y persiguen enfrentar a la sociedad, mientras en Zarzuela hay una verdadera preocupación pues «la deriva republicana del PSOE pone fecha de caducidad a la Corona»…… Lo cierto es que, mientras Zapatero reaparece diciendo que «la Monarquía forma parte del pacto constitucional y como otras instituciones es perfeccionable» (lo cual es cierto siempre que se haga mediante los procedimientos legales establecidos democráticamente), en el PSOE hay una corriente en ascenso dispuesta a transigir con Podemos y con los nacionalistas para lograr un cambio de modelo constitucional sobre el modelo de Estado…..y no le hacen asco alguno a conseguirlo incluso mediante atajos. Así no podemos seguir; es obvio. Y mientras la mayoría del Congreso de los Diputados reprocha al PP el bloqueo del Poder Judicial, en el CGPJ vocales progresistas bloquean la renovación del Supremo de Lesmes, cuando ya están perfilados cinco de los seis nombramientos clave del Pleno del mismo, teniendo previsto elegir esta semana tres plazas de Penal y otras tres presidencias de Sala del Supremo. El bloqueo institucional por parte de unos y otros parece ser que es la norma cuando debiera ser que las instituciones funcionen con absoluta normalidad. Es obvio, así no podemos seguir por mucho más tiempo.

Y, obviamente, tampoco podemos seguir con el enfrentamiento entre Gobierno y la Comunidad de Madrid respecto al control de la segunda oleada de contagios por coronavirus. Mientras Europa urge a actuar ahora para evitar otro confinamiento y avisa de que la pandemia se acerca a niveles de marzo (un estudio científico dice que España precipitó la desescalada sin estar lista para afrontar la situación) salta por los aires el simulacro de tregua entre Ayuso y Sánchez, que apenas ha durado dos días. En efecto, el Ministro Illa pasa en menos de 48 horas de felicitar a Ayuso por las medidas restrictivas adoptadas en la Comunidad de Madrid a pedir un cerrojazo total, que Ayuso no está dispuesta a poner en marcha y sólo se presta a ampliar los territorios afectados por las medidas restrictivas adoptadas, dejando claro que sólo cerrará Madrid, como pretende el Gobierno, si la medida se toma en toda España y se hacen PCR en Barajas. Ayuso cierra pues más barrios madrileños y Fuenlabrada para frenar los contagios, mientras Illa improvisa un baremo de «500 contagios por cada 100.000 habitantes», que según los expertos no es un «indicador correcto» y que perjudica claramente a Madrid donde el 70% de las áreas de salud supera este límite. No obstante, cuando las UCIs en España están tan saturadas como al inicio del estado de alarma, Sanidad y el Gobierno de Madrid (léase Illa y Aguado) negocian contra reloj para evitar una intervención inminente, mientras Ayuso se resiste a medidas más duras alegando que «Madrid no se puede cerrar sin más», mientras Moreno en Andalucía y Mañueco en Castilla y León apoyan que, en todo caso, se fijen «criterios objetivos de confinamiento». El fracaso de la nueva normalidad es un hecho y los expertos señalan que ha habido falta de medios, de planificación y de criterios claros para afrontar la pandemia. Y mientras Ayuso asume que Moncloa intervendrá Madrid inmediatamente y defiende sus medidas, creyendo que el Gobierno sólo busca desgastarla políticamente, Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad Madrileña, advierte de que «un estado de alarma para intervenir Madrid sería un despropósito» y que «si el Gobierno comete alguna acción fuera de la legalidad la impugnaremos ante los tribunales», pues «no es leal ahora criticar los criterios establecidos en los medios». Entretanto, según GAD3, el respaldo de los españoles a la gestión del Gobierno frente a la pandemia cae al mínimo (también suspende a los ejecutivos autonómicos con la valoración más baja desde marzo). Y mientras las CCAA reclaman a Illa una reunión urgente y los expertos coinciden en que para confinar la única vía es el estado de alarma, el Gobierno ofrece a Madrid 7.500 soldados, en tanto que esta segunda ola de contagios se lleva ya 8.600 vidas, aunque Sanidad sólo reconoce 2.800 fallecidos desde julio pese al exceso de mortalidad que registra el INE. ¿Podemos seguir así para atajar la pandemia y la crisis económica? Yo realmente creo que tampoco podemos seguir así por mucho tiempo.

Y todo ello cuando arranca un octubre negro, con 320.000 autónomos que no llegarán a Navidad, mientras otros 500.000 preparan recortes en sus plantillas; cuando patronal y sindicatos se plantan en los ERTEs intuyendo que «al Gobierno sólo le preocupa hacerse la foto»; cuando el consumo corta en seco la recuperación económica y se hunde un 15% en una semana; cuando el turismo intenta evitar otro colapso en Semana Santa, mientras el Ejecutivo asume que la recuperación no llegará antes de seis meses y negocia «corredores seguros» para suavizar las pérdidas de la temporada en Canarias; y cuando la deuda externa de España supera ya el 188% del PIB. En fin, si alguien considera que en esta trágica situación podemos seguir por mucho más tiempo es porque cree realmente en los milagros.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Aragonés asumirá el poder en Cataluña tras la inhabilitación de Torra; que Educación simplifica los currículum y aceptará profesores sin el master; que la policía vincula pagos de los papeles de Bárcenas con adjudicaciones; que Moncloa releva al embajador en Caracas para abrir vías con el chavismo (¿estará detrás Podemos?); que un concejal de Compromís de Valencia se pone la mascarilla para simular que habla en inglés mientras un doble pone la voz (el concejal Carlos Galiana tenía la misión de defender la candidatura de su ciudad para hacerse con la Capitalidad Europea de la Innovación y se le ocurrió hacer este teatro….ya ven, para algunos, la política es puro teatro); que el administrador de Neurona, la empresa «fantasma» investigada, se desvincula de Podemos (Elías Castejón, relacionado con los papeles de Panamá, administra 65 sociedades desde un pueblo de Sevilla); y que Idoia Mendía, la secretaria general del PSE y vicelehendakari, dice que «es un hito el compromiso de Bildu con la gobernabilidad de España» y que «si gobiernas con otro partido tienes que compartir una visión de país y unos principios éticos; otra cosa es pactar leyes concretas, como los Presupuestos» (al final, ya ven, Otegi y los suyos, los filoetarras, pasarán a la historia como héroes de la gobernabilidad en España…..eso sí, sin pedir perdón por los asesinatos etarras en pleno periodo democrático).

Y del exterior, destacar que la riqueza en América Latina retrocede once años por la covid-19; que Macron sufre una nueva derrota en las elecciones al Senado; que Trump no pagó el impuesto sobre la renta en  10 de los 15 últimos años y sólo tributó 750 dólares el año en que llegó a Presidente; que Francia revive la pesadilla terrorista con un ataque con cuchillo en París; que Alemania alerta del riesgo de que descarrile el fondo de reconstrucción, pues el choque entre Consejo y Parlamento amenaza con bloquear los fondos; y que la negativa de Trump a aceptar una derrota electoral desata las alarmas ya que es posible que el resultado acabe en el Supremo, donde se dispone a nominar precipitadamente y en plena campaña a una nueva juez de su cuerda para sustituir a la fallecida Ginsburg.

Si deseas aportar tu opinión sobre esta noticia, por favor, deja aquí tu comentario.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.