Sanguino denuncia que el interventor municipal corrobora que Barcala tiene un problema en la gestión de la contratación

El informe del interventor municipal sobre el abono de dos años fuera de contrato en el mantenimiento de zonas verdes y parques es esclarecedor y demuestra una vez más la deficiente gestión del equipo del señor Barcala. Además puntualiza que lo sucedido con esta contrata “no es un hecho aislado, ya que otros contratos se encuentran en situación similar, por lo que el Ayuntamiento de Alicante tiene un problema en materia de gestión de contratación”.

Paco Sanguino destaca que el es llamativo que cuatro de contratas más importantes de la ciudad se han tenido que prorrogar o están sin contrato, como destaca el propio interventor municipal: zonas verdes y parques, la contrata de autobuses, la de limpieza viaria y la de limpieza de centros escolares y dependencias municipales. “Esta es la forma de trabajar del equipo del PP, siempre llegando tarde y pagando por fuera del contrato por no haberse puesto a trabajar cuando tocaba. Es tal la inacción y la falta de planificación que el propio interventor da un tirón de orejas a Barcala”.

El interventor concluye el informe señalando que «el hecho de que se trate de un servicio esencial y de prestación obligatoria, exige una mayor cautela por parte de la administración y no dejar al albur de una empresa su prestación»

En el escrito de Intervención se revela que se ha tardó un año en iniciar el expediente para una nueva contratación de zonas verdes y parques y que desde 2018, fecha en el que finalizaba el servicio, hasta 2020, se ha abonado a la empresa mediante la fórmula extracontractual más de nueve millones de euros, “lo que evidencia la dejación de funciones de este ayuntamiento”, matiza Sanguino. El 13 de julio de 2018 finalizó el contrato, compromiso suscrito por la mercantil Gestión Ambiental Urbana, (Geamur). Hasta el 24 de abril de 2019 el centro gestor no remite a Contratación la documentación para iniciar de nuevo el procedimiento. El 31 de marzo de 2020 la Junta de Gobierno adjudica el lote 1 a la STV Gestión SL y el lote 3 al Centro Especial de Empleo Alicantino Poda. La adjudicación del lote 1 se recurre ante el tribunal de Contratación que suspende el procedimiento. El 21 de julio de 2020, 14 meses después de la finalización del contrato anterior, la Junta de Gobierno adjudica el lote 2 a EULEN, SA.

Mientras todo esto sucede, Geamur, que sigue prestando servicio, cobra por esta prestación 375.068,73 euros al mes, lo que supone que en dos años ha superado los 9 millones de euros. Sanguino hace suyo el informe del interventor que dice: “El hecho de que se trate de un servicio esencial y de prestación obligatoria, exige una mayor cautela por parte de la administración y no dejar al albur de una empresa su prestación”.

Las conclusiones del informe son demoledoras al corroborar los siguiente:

  • El Centro Gestor no impulsó el expediente de contratación con antelación suficiente para su tramitación y adjudicación en plazo.
  • Se ha producido un incumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos, debido al retraso en la tramitación del expediente.
  • El informe positivo de esta intervención al reconocimiento de la obligación, se fundamenta en el deber de indemnizar al interesado por la prestación del servicio y en aras a evitar el enriquecimiento injusto de la administración.
  • No es un hecho aislado. Otro contratos se encuentran en situación similar, por lo que el Ayuntamiento de Alicante tiene un problema en materia de gestión de la contratación.

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