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COLUMNA DE OPINIÓN de Jorge Cremades: «Estados de alarma a la carta»

Simón, mientras las autonomías siguen adoptando medidas dispares, advierte sólo a Madrid de un posible "confinamiento" y resta importancia a que nuestro país registre 166 casos por cada 100.000 habitantes, diez veces más que Italia, o que la covid haya subido un 50% en el último mes, situándose a la cabeza de Europa.

En pleno ascenso vertiginoso y preocupante de rebrotes de coronavirus por toda España y en pleno despelote gubernamental, como jamás se había dado en nuestra historia democrática, Sánchez nos ilumina con su última ocurrencia para afrontar la difícil situación ofertando la posibilidad a las CCAA de una especie de «estados de alarma» a la carta, cuyo encaje legal no estaría exento de dificultades y, en todo caso, iría, políticamente hablando, contra el necesario esfuerzo de coordinación y autoridad que hoy más que nunca necesita esta despelotada y confusa España de las CCAA, favoreciendo más aún que cada una de ellas siga actuando como le venga en gana. El estado de alarma, que es un mecanismo constitucional excepcional, aplicable total o parcialmente en el territorio español, y está regulado ampliamente por la Ley Orgánica 4­­­/1981, tiene como único órgano constitucional competente para declararlo al Gobierno de España mediante un decreto del Consejo de Ministros y posterior ratificación del Congreso de los Diputados, recayendo las competencias durante el periodo de vigencia en quienes se diga en dicho decreto, tal como ya se hizo en el reciente estado de alarma del mes de marzo. Conviene remarcar que la declaración del estado de alarma es una excepción a la normalidad constitucional, que restringe derechos, y que, salvo que el riesgo objeto de su aplicación se concentre «exclusivamente» en el territorio de una comunidad autónoma, en cuyo caso el Gobierno podría delegar la condición de autoridad competente en el Presidente de dicha autonomía, debe conducir a la centralización transitoria de competencia en el Gobierno Central para dotar de eficacia a las medidas adoptadas, máxime cuando, como es el caso, la gravedad de la situación amenaza a todos los territorios de España y cuando las «defensas político-institucionales y territoriales» del Estado están más devaluadas que nunca. Siendo obvio que la pandemia no es un problema «exclusivo» de una autonomía sino que afecta a la salud de todos los españoles, es evidente que la única iniciativa que se le ocurre a Sánchez de que sean las CCAA quienes soliciten la declaración de estado de alarma, ofreciendo sus votos al efecto para que salga adelante la iniciativa en el Congreso, es una chapuza pintoresca cuando no una flagrante «dejación de funciones», tal como le acusa con razón Pablo Casado, pues la responsabilidad, que es del Jefe del Ejecutivo, no se puede saldar con una llamada voluntarista a la «unidad» y dejar la iniciativa a las Autonomías, quienes, de momento, descartan pedir esos estados de alarma a la carta que les ofrece el Presidente del Gobierno, que se lava las manos cuando más contagios hay con esta sorprendente oferta de menos gobierno, asegurando que «España es un Estado casi Federal» para trasladar ahora toda la responsabilidad en las CCAA tras haber dispuesto de un largo periodo de estado de alarma de varios meses sin haber adoptado alternativa alguna a la situación posterior, dejando como única opción de nuevo la declaración de un nuevo estado de alarma pero con la novedosa ocurrencia de que ahora sean las autonomías quienes vayan pidiendo cada una el suyo en vez de atreverse, asumiendo su responsabilidad si considera que esa es la única alternativa, a decretarlo de nuevo tal como hizo anteriormente. No extraña pues que Casado, como Jefe de la oposición, le acuse de escabullirse y presidentes autonómicos denuncien su «descoordinación» y falta de liderazgo. La realidad es que ahora Sánchez se borra para que las CCAA asuman todo el desgaste ante lo que se nos viene encima, entre otras cuestiones, por una mala gestión en la desescalada, lo que supone que se le acuse no sólo de una indecente «dejación de funciones», sino además de «falta de lealtad» y de «bajar los brazos» justo cuando España más necesita de un liderazgo político gubernamental que, a la vista está, este gobierno minoritario de coalición social-comunista, liderado por Sánchez e Iglesias, es incapaz de ofertar.

Simón, mientras las autonomías siguen adoptando medidas dispares, advierte sólo a Madrid de un posible «confinamiento» y resta importancia a que nuestro país registre 166 casos por cada 100.000 habitantes, diez veces más que Italia, o que la covid haya subido un 50% en el último mes, situándose a la cabeza de Europa

Mientras tanto, Sanidad emplaza ahora a tomar «medidas drásticas» cuando el avance del virus parece imparable y España supera ya los 400.000 contagiados, registrando 46.000 en siete días, un 11% más del total desde marzo. Y en pleno clamor ante la «inhibición» de Sánchez, con 20.000 nuevos casos, con el gobierno ausente y con el control de la pandemia perdido, cada Autonomía va haciendo lo que buenamente se le ocurre (imaginen si finalmente se consolidan los estados de alarma autonómicos a la carta que ofrece Sánchez): Cataluña prohíbe las reuniones de más de diez personas, Murcia las de más de seis y Madrid desaconseja «interacciones sociales innecesarias»; Castilla-La Mancha pide al Presidente que no se «desentienda», Murcia le acusa de «lavarse las manos» ante los rebrotes, en tanto que Madrid, Aragón, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana y Castilla-León le reclaman «instrumentos jurídicos»…. Por su parte Simón, mientras las autonomías siguen adoptando medidas dispares, advierte sólo a Madrid de un posible «confinamiento» y resta importancia a que nuestro país registre 166 casos por cada 100.000 habitantes, diez veces más que Italia, o que la covid haya subido un 50% en el último mes, situándose a la cabeza de Europa. Y, ante esta falta de liderazgo del Gobierno, Feijóo, que rechaza la declaración de las alarmas autonómicas a la carta, retrata la parálisis de Sánchez y lidera la propuesta del PP de llevar al Congreso una nueva Ley de Salud Pública completa, mientras los juristas tildan de «absurdo» instar estados de alarma simultáneos en las diferentes autonomías y Sánchez añade a su pintoresca iniciativa de estados de alarma a la carta, el uso de la «app» Radar Covid y oferta dedicar a rastreo 2.000 militares, ante la evidente falta de rastreadores. Pero, sinceramente, ¿ustedes creen que podemos seguir así un minuto más? Yo considero que en este asunto, como en otros muchos, no; y apuesto a que cada vez son más quienes tienen mi misma sensación.

Con idéntico desbarajuste el Ministerio de Educación carga a las CCAA la decisión de volver o no al colegio (en Reino Unido, por ejemplo, consideran «vital» ir a la escuela y avisan que se multará a los padres que no lleven a sus hijos), mientras Madrid retrasa el inicio de curso y reduce los alumnos por aula en tanto que las demás autonomías mantienen por ahora la fecha prevista….y Podemos, partido cogobernante con el PSOE, acusa a la ministra Celáa de falta de liderazgo en Educación, que tratará hoy mismo de intentar unificar algunos criterios con las CCAA ante la disparidad de normas anunciadas para la vuelta al cole en cuestiones tan simples como ventilar el aula o llevar mascarillas. Y mientras Celáa negocia su ocurrencia de un permiso pagado, discutible desde Hacienda, si los hijos no pueden ir al colegio, aunque se diseña un protocolo común para el absentismo pues la no asistencia a clase «no es una opción en la enseñanza básica», las CCAA, divididas, no se ponen de acuerdo en la ratio de alumnos por aula, ni en si deben hacerse PCR, ni en el uso de la mascarilla (en Madrid proponen que sea obligatoria desde los seis años y que las clases sean presenciales hasta 2º de la ESO)….todos a la espera de un tardío protocolo de Sanidad sobre la vuelta al colegio, en el que parece ser que, entre otros, se contempla que los profesores deberán usar EPI si un alumno presenta síntomas y que sólo se cerrarán los centros si hay un «elevado número» de casos, mientras las CCAA piden que las asignaturas tengan menos contenido y el Sindicato de Estudiantes echa un pulso a la ministra Celáa con anuncio de huelga y pide apoyo a Pablo Iglesias en sus reivindicaciones.

Y mientras Sánchez busca oxígeno en el fondo europeo (España recibirá 21.300 millones de euros en créditos para pagar los ERTE, que habrá que pagar después) y en el diálogo con Ciudadanos para afrontar este tormentoso inicio de curso político y poder aprobar los Presupuestos, las empresas aceleran para lanzar en otoño una oleada de prejubilaciones…… cuando se conoce que, ante el desorbitado gasto público inasumible, no se puede ni siquiera afrontar la propuesta estrella podemita, convertida en ley, del Ingreso Mínimo Vital, defraudando las expectativas de muchos de sus posibles receptores que ven denegadas o aplazadas sus peticiones con la artimaña de estar pendientes de información pese a cumplir todos los requisitos; en efecto, por email enviado a los trabajadores de la empresa pública subcontratada por la Seguridad Social para tramitar los expedientes de ingreso mínimo se indica registrar las peticiones como pendientes de información pese a cumplir los requisitos, con instrucciones de clasificarlos como «requerido» o más información, tanto si es realmente necesario «como si hemos comprobado que la documentación aportada es la correcta y no falta nada», mientras Hacienda, por su parte, atribuye empresas fantasma para denegarlos, paralizando peticiones por errores en la tramitación como solicitudes por administrar sociedades inexistentes o ya dadas de baja. Es la chapuza vergonzante para no admitir que no hay ni un euro y esa es la causa de que todas las medidas tomadas y especialmente las sociales, anunciadas a bombo y platillo pero no acompañadas de una memoria económica que las avale, son de momento inviables al cien por cien. Podemos, y por lo visto Sánchez, no se han enterado de que la época de la propaganda demagógica ya pasó, que ahora gobiernan y, obviamente, que no es lo mismo predicar que dar trigo.

Por cierto, hablando de Podemos y de la corrupción, hemos asistido a un bochornoso espectáculo parlamentario en el que mientras el Presidente Sánchez y todos los partidos que le apoyaron en la censura cerraban filas para que Iglesias no comparezca en el Congreso ni se cree una comisión parlamentaria de investigación para aclarar políticamente y con transparencia los presuntos asuntos de corrupción que afectan a Podemos, éste partido, por boca de su Secretario de Organización, amenazaba con su «jarabe democrático» advirtiendo de que si se ataca al matrimonio Iglesias los trabajadores despedidos pueden acosar al Rey, a los empresarios o a los periodistas en sus domicilios, cuando debiera decir que estuvo mal (como ahora lo está el acoso al matrimonio Iglesias-Montero) y que fue un grave error democrático poner de moda los escraches que ellos practicaron con absoluta impunidad (entre ellos contra Rosa Díez en la Complutense con Iglesias y Errejón gritando «¡fuera fascistas!; contra Cristina Cifuentes que tuvo que refugiarse en un restaurante ante los insultos de los «indignados» que la rodearon en la calle; contra el domicilio de la Vicepresidenta del Gobierno Sáenz de Santamaría donde se concentraron los colectivos antidesahucios; o contra Begoña Villacís, acosada por los radicales al grito de «¡ahora que estás embarazada a ver si te desahucian!»), y que ahora sufren ellos en sus propias carnes cuando ellos lo consideraban como «jarabe democrático», en vez de señalar el camino para que otros los sigan practicando siempre que no sea a ellos. Pues bien, el PSOE sabrá por qué libra a Iglesias de explicar la «caja B» de Podemos (por cierto, la que vende como solidaria cuando apenas paga fines sociales, pues en 2019 sólo dedicó a proyectos un 18% de las donaciones de altos cargos) a pesar de que algunos ministros, como Margarita Robles, y barones socialistas abogaban al menos por que Iglesias compareciera en el Congreso, generando tensiones en el Gobierno de coalición. Y todos los que bajo la bandera de la corrupción auparon la moción de censura de Sánchez contra Rajoy, sabrán explicar por qué ahora no hacen lo propio, por lo que, entre ellos, además del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts, PNV, Bildu y Compromís habrían de aclarar a los ciudadanos si es que hay corrupciones malas y buenas.

En fin, que cada quien aguante su vela y asuma sus propios errores e incoherencias. Lo cierto es que Iglesias, que lleva 31 días sin dar una rueda de prensa, se libra de la demandada transparencia y, por tanto, no comparecerá para dar explicaciones en el Congreso de los Diputados por la imputación de su partido, cuya financiación tampoco será investigada en sede parlamentaria. Sánchez prefiere cerrar filas con él, pase lo que pase, para mantenerse en el poder, sin importarle las salpicaduras que le puedan llegar y olvidando que por un caso parecido, el de la financiación irregular y la corrupción, él fue aupado a ese poder que ahora no quiere dejar y, por si ERC le deja tirado en la estacada en los Presupuestos, prioriza a Ciudadanos sobre los republicanos en este turbulento inicio de curso político. Casado por su parte, demandante de la comparecencia de Iglesias en el Congreso junto a Ciudadanos, irá a la Moncloa ante la citación del Presidente con una negativa a grandes pactos y sólo negociará los Presupuestos si Iglesias sale del Gobierno, aunque tenderá la mano en Educación y Sanidad, pero no en Justicia.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que se produce un triple homicidio en Móstoles al embestir intencionadamente un coche a otro tras una disputa familiar; que Messi pide irse del Barça y el City de Guardiola es el gran candidato para ficharlo; que los separatistas celebrarán la Diada pese al riesgo de contagios con autorización de Torra; y que San Sebastián, donde el PNV gobierna con el apoyo del PSE, margina el español para convertirse en «la capital del euskera» pretendiendo eliminar el castellano de su «paisaje lingüístico».

Y del exterior, destacar que los análisis apuntan a que Navalni fue envenenado; que la ira vuelve a prender en EEUU tras los disparos por la espalda a un hombre negro por la policía, desencadenando graves disturbios y tres jornadas violentas especialmente en Wisconsim; y que, mientras la bielorrusa Svetlana Alexiévich, Nobel de Literatura, dice que «en cualquier momento llaman a la puerta y me detienen», Svetlana Tijanovskaya, líder opositora y refugiada en Lituania, declara «yo soy la presidenta electa de Bielorrusia», «si Lukashenko cede el poder hoy mismo, le dejamos irse», «Lukashenko toma el fusil porque tiene miedo, por primera vez no sabe cómo salir de ésta», «Putin tiene derecho a reconocer el resultado electoral, pero la gente en Rusia nos apoya» y ruega «que los demás países respeten nuestra soberanía, no queremos guerra como en Ucrania».

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