COLUMNA DE OPINIÓN de Jorge Cremades: «Y Juan Carlos se fue de España»

Tal como se venía rumoreando, Juan Carlos I, el Rey Emérito, se fue de España ante el acoso político y mediático que venía sufriendo por seguir viviendo en La Zarzuela tras conocerse su presunta conducta personal impropia con sus supuestos negocios oscuros y tejemanejes con su ex amiga Corinna. Estaba cantado que saldría de La Zarzuela; y de España, era más que probable. Así lo querían los partidos republicanos, no constitucionalistas, aunque, de momento, ni se le impute la comisión de delito alguno y ni siquiera se le haya citado para declarar como testigo en los asuntos judiciales que sí están investigando a su ex amiga; y así lo permitía Sánchez, necesitado de dichos partidos para seguir gobernando, al calificar como «inquietantes» y «perturbadoras» las informaciones sobre Juan Carlos, que ya había dejado toda actividad pública, en vez de apelar como Presidente del Gobierno a la presunción de inocencia como procede en estos casos. Por su parte al actual Rey, Felipe VI, que ya había retirado la asignación pública a su padre y había renunciado a su herencia, no le queda más remedio que pactar una salida lo más digna posible para la Corona, que, en definitiva, es la pieza a abatir por parte de aquellos partidos que, por activa y pasiva, apuestan por finiquitar, como sea, el régimen democrático surgido de la Transición, con la Monarquía Constitucional como forma de Jefatura de Estado, a pesar de que con dicho modelo democrático se ha logrado el más largo periodo y de mayor progreso, paz y libertad de toda la Historia de España. Dice Juan Carlos por carta pública a Felipe VI que deja España para no dañar el reinado de su hijo, convencido de que es el mejor servicio a los españoles y «a ti como Rey», y añade que toma la decisión «con el mismo afán de servicio que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada»; Felipe, por su parte, «agradece la decisión» de su padre y destaca su legado histórico, mientras el abogado de Juan Carlos aclara que permanecerá a entera disposición de los fiscales. Es el triste final de una figura histórica de primera magnitud a nivel nacional e internacional, que apostó por una insólita transición pacífica en España de la dictadura a la democracia, a favor claramente de un régimen de libertades, homologable con los vigentes en Europa y en Occidente, enfrentándose a quienes por la fuerza pretendieron derribarlo y desarrollando una ingente labor diplomática en otros países siempre por el bien de España y para que nuestro país recuperara el papel que le corresponde en el mundo, incorporándose a los principales foros internacionales según su peso social, económico e histórico que se ha ido ganando a lo largo de los siglos. Son todas las luces de una Jefatura de Estado, de un reinado, probablemente el mejor entre sus predecesores, que no puede ni debe ser empañado, como algunos pretenden, por las tristes sombras a nivel personal, que no político, de su titular, ya retirado, y que, en todo caso, no debiera afectar a la Monarquía Constitucional como la forma de Jefatura de Estado, especialmente cuando en nuestro país se tiene la amarga experiencia de dos Repúblicas convulsas para sustituir como forma de Estado a la Monarquía (aquella otra Monarquía, que no ésta), que acabaron ambas como el rosario de la aurora desbordadas por la violencia, el cantonalismo, el frentismo de unos españoles contra otros, la intransigencia y, en definitiva, la intentona de romper la unidad de España como Estado mediante proclamas separatistas. En no pocas Jefaturas de Estado, tanto monárquicas como republicanas, se han vivido, se viven y se vivirán episodios indeseables por actuaciones poco decorosas de sus titulares o allegados y no por ello se cuestiona cambiar el modelo, simplemente se deja que la Justicia actúe contra el infractor. La diferencia es que en dichos Estados tanto la derecha como la izquierda moderadas, que son quienes gobiernan normalmente, no lo ponen en cuestión; aquí sí, al menos desde que gobierna un gobierno socialista en coalición con los comunistas y apuntalado por nacionalistas, separatistas y radicales. Y ese es el peligro.

¿En base a qué se le ha de impedir a Juan Carlos que salga al extranjero, que se le retire el pasaporte o que se le restrinjan derechos como ciudadano cuando no tiene asunto pendiente alguno con la Justicia?

Al margen de más detalles sobre el cómo, el cuándo y el dónde, Juan Carlos deja Zarzuela y se marcha de España, tras varios meses de presiones gubernamentales, para no entorpecer el reinado de Felipe ni poner en riesgo el sistema de Monarquía Constitucional, que es lo que realmente busca la parte comunista del Gobierno y sus apoyadores secesionistas. Y se marcha sin problema alguno pues, de momento, no tiene ningún asunto pendiente con la Justicia y, por tanto, como cualquier otro ciudadano no encausado es libre de salir de España y de vivir donde considere oportuno, por más que la parte podemita del Gobierno le acuse de «huir» al extranjero, ERC pida que se le retire el pasaporte para evitar su huida, Ada Colau crea que «permitir la huida» es «un fraude» mientras pide un referéndum sobre la monarquía, o Torra sostenga que Cataluña «no tiene Rey» y fuerce un pleno del Parlament sobre el futuro de la Monarquía. Es la esperpéntica pataleta del cinismo irresponsable de quienes toman por bandera la presunción de inocencia cuando les interesa y condenan a la hoguera sin razón alguna a los contrarios. ¿En base a qué se le ha de impedir a Juan Carlos que salga al extranjero, que se le retire el pasaporte o que se le restrinjan derechos como ciudadano cuando no tiene asunto pendiente alguno con la Justicia? Así lo ha dejado claro el Supremo rechazando retirarle el pasaporte y destacando que no está imputado en ninguna causa. Hacer lo contrario, como, insólitamente, propone parte del Gobierno y sus avalistas, sería un ejercicio claramente de totalitarismo antidemocrático. Pero lo grave del asunto es que semejantes irresponsabilidades partan desde una parte del propio Gobierno sin que «ipso facto» sus responsables sean cesados por el Presidente quien, necesitado de semejantes personajes para mantenerse en el poder, defiende tímidamente a la Monarquía (y a la Constitución), pero evita condenar tajantemente los ataques de su Vicepresidente comunista (dos gobiernos en uno), Iglesias, quien, aprovechando los errores personales del anterior Jefe de Estado, arremete contra el actual orden constitucional cuando la Corona es garante de dicho orden y un valladar indiscutible en la defensa de la unidad de la nación, sin tener en cuenta además de que abrir el melón del debate Monarquía o República, en los graves momentos por los que atraviesa España, además de una irresponsabilidad manifiesta sería un suicidio colectivo, cuando la opción republicana, de trágicas consecuencias en la Historia de España, apenas cuenta con un cuarto de fuerza parlamentaria (salvo que el PSOE optara finalmente por ello con lo que llegaría a la mitad), pues, hoy por hoy, sería inviable desde planteamientos constitucionalistas y democráticos, justo cuando el actual Jefe del Estado, Felipe VI, desarrolla su papel de forma ejemplar, como a nivel político-institucional hizo su padre durante su reinado.

Por todo ello, al final, el Presidente del Gobierno, ante el cariz que va tomando tan peliagudo asunto, decide por fin salir a la palestra para manifestar que «aquí no se juzga a instituciones, sino a personas» frente a lo que sostiene Podemos, su aliado, pidiendo a su Vicepresidente indirectamente que se distinga «entre personas e instituciones», aunque añade que respeta la decisión del actual Rey de «tomar distancia» con su padre. En definitiva Sánchez, tras sus tibiezas iniciales, decide, para evitar males peores, zanjar en el Consejo ante Iglesias y sus ministros el debate sobre la Corona y la Vicepresidenta Calvo responde tajante al Vicepresidente Iglesias que «el Rey Emérito no huye de nada», mientras Moncloa admite que la salida de Juan Carlos agrieta la coalición, una vez más; en esta ocasión sobre un asunto de trascendental importancia sobre el que el Gobierno de forma unánime debiera cerrar filas sin fisura alguna. Carmen Calvo intenta hacerse con el control de la crisis mientras las diferencias entre PSOE y Podemos se agravan, especialmente porque el Presidente, no fiándose del Vicepresidente, contó con ella y con Iván Redondo en las negociaciones con Zarzuela para diseñar la estrategia definitiva sobre Juan Carlos y apartó al líder de Podemos, quien, como Vicepresidente, seguirá insistiendo sin duda en reabrir el debate sobre la República al margen de la posición de Sánchez, pues sabe que si el Presidente le desautoriza y le recrimina se acaba la coalición de gobierno y la permanencia de Sánchez en el poder; por tanto, este Gobierno seguirá teniendo dos voces distintas irresponsablemente pero en este caso la gravedad reside en que es sobre un asunto vital para la futura estabilidad del sistema democrático que los españoles nos dimos en 1978. Esta es, una vez más, la tragedia de los españoles a lo largo de la historia, el deterioro de la convivencia pacífica aprovechando gobiernos débiles apoyados por radicalismos indeseables a los que jamás debiera haberse recurrido para poder conformar el Ejecutivo, salvo expresa manifestación de renuncia a sus planteamientos anticonstitucionales.

Entretanto se da rienda suelta a todo tipo de especulaciones sobre el paradero de Juan Carlos, quien, al parecer, pasó sus últimas horas en España en Sansenxo para cenar con sus amigos regatistas, antes de viajar a Portugal o República Dominicana, los destinos con más probabilidad de ser su futura residencia, aunque, nadie sabe nada al respecto, pues, tal como cree Pepe Fanjul, el magnate del azúcar y amigo del Emérito, «ni él mismo sabe cuáles son sus planes en el extranjero» y añade que «Don Juan Carlos puede venir a cualquiera de mis propiedades cuando él quiera». Por su parte Zarzuela cambia el ciclo pues «han sido meses muy duros» y ahora la Casa del Rey confía en abrir una nueva etapa tras la salida del Emérito; de momento los Reyes y sus hijas estarán desde mañana en Palma, donde ya está la Reina Sofía, pero prescindirán de vacaciones privadas como gesto por la crisis sanitaria. Sánchez por su parte, en plena convulsión política y en medio de los intentos por controlar los rebrotes, ya está de vacaciones en la residencia oficial de La Mareta en Lanzarote, curiosamente cedida por Hussein de Jordania a Juan Carlos, quien, a su vez, la cedió a Patrimonio Nacional. Y en plena ofensiva de los socios de Sánchez para «purgar» a Don Juan Carlos, Moncloa se pone de perfil mientras los ayuntamientos cambian el nombre a unas 600 calles…. Ya ven como se fragua el tránsito de Rey a villano.

Y mientras el Gobierno admite que no saldremos de la crisis al menos hasta 2023, los ingresos hospitalarios por coronavirus se multiplican por cuatro en el último mes, España ya supera la barrera de los 300.000 contagiados y comienza a sonar la alarma en las residencias de ancianos. Aragón sufre la mayor incidencia del virus en Europa, siendo la tasa aragonesa siete veces más alta que la media española; Cataluña, otra de las comunidades más afectadas aplica ahora un cribado masivo en tres ciudades para rastrear el virus, y en el conjunto de España los positivos suben de nuevo (1.772 en las últimas horas) en medio de una guerra de cifras entre las que dice el Ministerio de Sanidad y las de las CCAA, que siguen sin ponerse de acuerdo ni siquiera para saber el alcance real de la pandemia, aunque, se mida como se mida, la inquietante realidad es que la incidencia del virus en España ya quintuplica a la de Reino Unido, el número de contagios por cada 100.000 habitantes en nuestro país multiplica por 12 a los que registra Italia (¡quién lo diría!) y por 357 a los de China…..seguramente algo estamos haciendo mal, bastante mal, además de lo actuado en el asunto de Juan Carlos, ¿no les parece?.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Iker Casillas, el portero de España, deja el futbol a los 39 años de edad con 26 títulos, un mundial y dos eurocopas entre ellos; que los sindicatos pactan el cierre de Nissan en Barcelona para finales de 2021 con indemnizaciones de 60 días por año; que Canarias se suma a Murcia y Andalucía y pide al Gobierno que controle a los «sin papeles»; y que los vecinos de Pablo Iglesias interponen una querella por no poder protestar frente a su chalet durante el estado de alarma cuando fueron sancionados por ello.

Y del exterior, destacar que un pacto con los acreedores aleja a Argentina del abismo económico; que el Supremo de Colombia ordena el arresto domiciliario del ex presidente Álvaro Uribe (menos mal que allí nadie pide que por ello se cambie la forma de Estado Republicano y sólo se depuran las responsabilidades personales); y que una brutal explosión en Beirut causa más de 135 muertos, unos 200 desaparecidos, más de 5.000 heridos y 300.000 personas sin hogar al saltar por los aires un almacén con material explosivo incautado en 2014, por lo que Líbano, que pide ayuda internacional ante la situación dantesca que padece, ha decretado el estado de emergencia tras la peor tragedia desde la guerra con Israel.

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