COLUMNA DE OPINIÓN de Jorge Cremades: «España, el patito feo»

Tras ser uno de los destinos vacacionales preferidos a nivel mundial, esta España del desmadre político, económico e institucional corre el riesgo de convertirse en el patito feo de Europa, que se moviliza ante el temor a una segunda ola de coronavirus y señala a España ante la manifiesta oleada de rebrotes y, sobre todo, por la pésima imagen de descoordinación que estamos dando para atajarlo con cierta coherencia, eficacia y credibilidad. Y es que en esta España de las CCAA cada vez con más tendencias centrífugas, que amenazan directamente al Estado de Derecho, y con el gobierno central más débil, pintoresco y problemático de toda su historia democrática, enfrentado internamente incluso en asuntos básicos de Estado, se hace cada vez más difícil confiar en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados, que no son pocos, mientras la ruina económica avanza a pasos agigantados y el futuro se presenta cada vez más negro. Así las cosas, Bélgica prohíbe viajar a Lérida y Huesca, Francia recomienda no viajar a Cataluña, y Reino Unido se suma a la iniciativa de Noruega e impone de nuevo una cuarentena de dos semanas a las personas que lleguen desde España a dichos países, matando así cualquier esperanza de recuperación del turismo (uno de los sectores vitales para nuestra Economía), justo cuando, con tremendas dificultades y sacrificios, el sector intentaba levantar cabeza tras el desastre sufrido por el confinamiento. España, por desgracia, ya es otra vez el país de Europa con la epidemia más descontrolada, pues la incidencia se ha triplicado en sólo dos semanas y registra ya casi un millar de nuevos contagios en días consecutivos, sin que se vislumbre cualquier atisbo de solución a la expansión de la pandemia. Entretanto, seis autonomías restringen la actividad del ocio nocturno (la Generalitat cierra las discotecas y Madrid valora aplicar más restricciones) ante el fuerte repunte de contagios, señalándolo como el origen de los grandes focos, como el que ha llevado a volver a la fase 1 a Totana en Murcia, mientras el Ministerio de Sanidad, que ha pasado de tener todo el poder durante el estado de alarma a ser un monigote en la «nueva normalidad» (yo la denominaría «vieja anormalidad»), reconoce una segunda oleada tras dispararse los rebrotes, especialmente en Aragón y Cataluña, que espera «días críticos», cuando no hay ni rastro de los rastreadores (los focos de los rebrotes sólo tienen un 10% de los rastreadores necesarios y cada vez son más los infectados que relatan que nadie les contactó tras conocerse su infección). Y mientras se espera como agua de mayo una vacuna, cuyos fabricantes piden inmunidad en caso de que fallen, los presidentes autonómicos califican de «desastre» la gestión sanitaria de Torra (Cataluña no comunica el 90% de las hospitalizaciones por coronavirus) y piden al Gobierno inoperante un «criterio de país» ante los rebrotes, lo que, obviamente, para los radicales y secesionistas que apoyaron la investidura de Sánchez suena a maldición centralista, incluso para la parte gubernamental podemita que no está por la labor de tocar ni un ápice las competencias transferidas a las CCAA, incluidas las que, diseñadas constitucionalmente como competencias del Estado, fueron transferidas irresponsablemente por gobiernos anteriores (tanto del PP como del PSOE) a cambio del apoyo en Madrid de los nacionalistas (hoy independentistas), haciendo imposible la viabilidad futura de este Estado de las Autonomías en que se cuestiona ya casi todo, incluido el modelo de Jefatura de Estado, no ya sólo por partidos secesionistas o antisistema ajenos a la gobernabilidad, sino también por los populistas que cogobiernan con Sánchez, cuando entre todos ellos hicieron posible el triunfo de la moción de censura y el posterior gobierno de coalición, ambos procedimientos totalmente legítimos pero nefastos en términos de gobernabilidad democrática ya que, en su conjunto, su objetivo es acabar con la Constitución vigente y con el modelo democrático surgido tras la Transición, que nos ha traído el mayor periodo de paz y progreso en libertad de toda la Historia de España. Que en tales circunstancias España se convierta en el patito feo de Europa, no es nada extraño…..hasta nos lo tenemos bien merecido.

La baza del Presidente para aprobar las cuentas es aislar a Casado, apoyándose en los empresarios para presionar a los barones populares y que Génova se quede sola en el ya anunciado «no», pero, mientras la parte socialista del Gobierno se inclina por negociar apoyos con Ciudadanos para hacerlo más presentable en Europa, la parte comunista-populista del mismo se inclina y exige que los apoyos se busquen en quienes les auparon al poder

Por su parte el Gobierno mal avenido de Sánchez tiene la urgente necesidad de que se le aprueben en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado para dejar por fin la vigencia de los del PP de la época de Montoro, asunto que cualquier gobierno parlamentariamente consolidado no tendría mayor problema, pero que para este gobierno minoritario de coalición se convierte en un problemón de primera magnitud, no ya tanto por las dificultades de negociar apoyos con la oposición, que también, sino además por los vetos internos que la parte podemita del Gobierno pretende imponer junto a quienes, sin formar parte del Ejecutivo, fueron pieza clave tanto en la moción de censura a Rajoy como en la posterior investidura de Sánchez. La baza del Presidente para aprobar las cuentas es aislar a Casado, apoyándose en los empresarios para presionar a los barones populares y que Génova se quede sola en el ya anunciado «no», pero, mientras la parte socialista del Gobierno se inclina por negociar apoyos con Ciudadanos para hacerlo más presentable en Europa, la parte comunista-populista del mismo se inclina y exige que los apoyos se busquen en quienes les auparon al poder, vetando cualquier intento negociador con los naranjas, a lo que se suma ERC advirtiendo de que Sánchez deberá elegir entre sus apoyos y el de los de Arrimadas. No obstante Moncloa buscará a Ciudadanos para aprobar los Presupuestos pese al veto de Iglesias, a quien intenta frenar con el argumento de que «hay que ampliar al máximo el acuerdo para los presupuestos» sin que se tenga certeza de cómo acabará este nuevo choque, el enésimo, en la coalición bicéfala Sánchez-Iglesias. Entretanto Torra y Urkullu boicotean la próxima cumbre de presidentes autonómicos, prevista para el día 31 de los corrientes en La Rioja, pues el catalán exige participar desde Barcelona y pactar previamente los contenidos, mientras el vasco, que gobierna en Euskadi con los socialistas y apoyó la investidura de Sánchez, se planta directamente y no acudirá a la cita en protesta por los incumplimientos del Presidente.

Y todo ello cuando el fondo de la UE que le toca a nuestro país, 140.000 millones (la mitad en ayudas y la otra mitad en créditos) sólo cubre una décima parte de lo que España necesita en estos momentos, mientras Sánchez anuncia un plan, precisamente de 140.000 millones, sólo para digitalizar el país en cinco años, aunque el 70% de la inversión vendrá del sector privado (no sabemos cómo le sentará a Iglesias) con Telefónica a la cabeza; la loable pretensión es llevar las redes a todos los rincones, 50.000 de los 70.000 millones que se invertirán hasta 2022 serán privados y 15.000 vendrán del fondo de recuperación de la UE. Ya ven, como para andar haciendo juegos malabares con las cuentas o frivolidades demagógicas poco presentables. No en vano Charles Michel, Presidente del Consejo Europeo, manifiesta respecto al acuerdo alcanzado en la Cumbre Europea que «tenemos que asegurarnos de que las reformas se realizan», pues «varios países querían cero transferencias y la única forma de convencerles fue con la promesa de reformas», mientras reconoce que «Rutte ha sido muy valiente porque no ha sido fácil para él aceptar la arquitectura básica del acuerdo» y se vanagloria de que «hemos renovado los votos del proyecto europeo para los próximos treinta años».

El Tribunal Supremo cuestiona la semilibertad de los presos del procés concedida por la Generalitat, pues asume la última palabra en el futuro penitenciario de los reclusos al negar Marchena a Carme Forcadell los beneficios penitenciarios que, como al resto de reclusos, la Generalitat le había concedido con inusual y vergonzante generosidad, un fraude de ley intolerable en cualquier Estado de Derecho

La buena noticia para España está en que el Tribunal Supremo cuestiona la semilibertad de los presos del procés concedida por la Generalitat, pues asume la última palabra en el futuro penitenciario de los reclusos al negar Marchena a Carme Forcadell los beneficios penitenciarios que, como al resto de reclusos, la Generalitat le había concedido con inusual y vergonzante generosidad, un fraude de ley intolerable en cualquier Estado de Derecho con lo que la Justicia recobra de nuevo su pulso abriendo la vía a la vuelta a prisión de los condenados por sedición, un delito muy grave penado hasta con más de veinte años de cárcel que no se puede saldar con una estancia mínima en prisión. Sin embargo, zanjado de momento este contencioso con los presos secesionistas, el Gobierno de España, comete, a mi juicio, el grave error de aceptar por primera vez un encuentro bilateral con Gibraltar (con la Generalitat de Cataluña ya lo cometió sobradamente y ya ven los resultados), por lo que Picardo, al igual que Torra, presume de haberse reunido en plano de igualdad con la ministra González Laya en una visita a Algeciras, dando estatus de nación al Peñón en una «bilateral» insólita que rompe con 300 años de posición española sobre la colonia al recibir a su primer ministro, cuando sobre el asunto siempre se ha tratado entre Madrid y Londres, al margen de la autoridad colonial gibraltareña; Exteriores se escuda en que Borrell ya se citó con Picardo, aunque no trascendió, mientras España aplaza la negociación sobre el Peñón por la parálisis del Brexit, anulando Madrid y Londres una reunión por la falta de respuesta británica y, entretanto, se genera una preocupación entre los diplomáticos por esta insólita bilateral con Picardo y el PP pide explicaciones, temiendo que el Gobierno saque al Peñón de la lista de paraísos fiscales; y mientras lo que desde el Ejecutivo denominan como una «reunión informal», pero que se ha convertido en una tormenta política que puede acabar con la reprobación de la ministra de AAEE, su antecesor popular en el cargo, García-Margallo, manifiesta que «en Gibraltar, el Gobierno ha dado a un alcalde categoría de ministro» y, criticando la reunión Laya-Picardo, concluye que «ahora vamos a perder una oportunidad histórica que no hemos tenido en 300 años».

Por su parte el Jefe de Estado, Felipe VI, reivindica la Corona como punto de encuentro durante la ofrenda al Apóstol Santiago y en las celebraciones del patrón de España apela al «esfuerzo común» y a la «unidad» ante la encrucijada a la que nos enfrentamos. Y mientras se publica que Juan Carlos I dio a Corinna dos millones desde Panamá para comprar casas en los Alpes, haciendo el traspaso de dinero desde una sociedad pantalla creada un mes antes de la operación, la Monarquía, según NCReport, tiene respaldo mayoritario entre los ciudadanos, pues sólo tres de cada diez españoles apoyaría un referéndum para instaurar una república, el 75% respalda las medidas de Felipe VI para dar más transparencia a la Corona, más del 80% valora el papel de Don Juan Carlos en la Transición y un 72% pide que deje Zarzuela…… en definitiva, que, a diferencia de muchos políticos, la ciudadanía sabe distinguir entre las conductas reprobables del titular de turno de la Jefatura del Estado y la sustitución de la institución por otro modelo, el republicano, que, sobre todo en estos momentos difíciles, sólo aportaría mayores desencuentros entre los españoles.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que la directiva del Barça es víctima de ciberataques del independentismo; que ha sido descabezada por corrupción la cúpula de los puertos de Baleares, cuyo presidente, Joan Gual, hoy detenido, fue nombrado por Armengol con la oposición de Podemos; que informáticos de Gales confirman que la tarjeta de Dina, guardada por Iglesias, es ilegible; y que se produce malestar entre los agentes de la Guardia Civil ante la petición de la Asociación de Memoria Histórica de quitar el «Todo por la Patria» de los cuarteles, lo que algunos consideran un verdadero acoso contra el Instituto Armado.

Y del exterior destacar que la guerra de los consulados eleva la tensión entre EEUU y China, que, tras el endurecimiento del discurso estadounidense contra el país asiático, cierra un consulado; y que, después de 86 años, se produce el primer rezo en Santa Sofía, la antigua Basílica cristiana recientemente convertida en mezquita por Erdogan, quien asiste a la oración junto a miles de personas y recita El Corán, reforzando los postulados islamistas en Turquía.

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