COLUMNA DE OPINIÓN de Pedro Nuño de la Rosa: «10 años y un día»

El titular de este artículo suena a barrotes, confinamiento, cárcel en definitiva. Pero no. Es el tiempo en que la tardona Justicia fue remoloneado en burocracias hasta sentar a dos reputados mendas en el banquillo de los acusados. Para mayor oprobio de la Ciudad de Alicante: exregidores de su Alcaldía. Nada menos que quienes gobernaron nuestros destinos locales durante tanto tiempo que demasiado es poco. El fiscal pide ocho años de cárcel que pueden ser en sentencia cumplida: de la mitad, la media; y de la media, la mitad. Sobre todo porque la Policía además de pinchar los teléfonos de los supuestos corruptos, reventó el procedimiento: chapuza para unos, Kafka para otros.

Enrique Ortiz, empresario de pelo y de lana urbanísticos, quién se había declarado, apenas hace un mes, «financiador confeso del PP» (de entonces), reconociendo además que «corrompió al o los políticos» en componenda del empresario hiperconstructor con la Fiscalía Anticorrupción buscando rebaja de trena, cuando se enteró de que la trama de basuras de Orihuela, por donde también andaba al loro que convierte la mierda en oro, se libraba por la invalidación de las escuchas telefónicas, dio marcha atrás gripando el cambio fiscal perseguidor  del camión dinerario.

Quienes han oído las cintas, deslizan, que son escandalosas, impropias y procaces. Más allá y más acá de las grabaciones, la opinión pública sabe de los regalos de pisos a los hijos de Alperi, de las noches locas de Sonia Castedo en Andorra, de viajes con avión particular a las islas griegas, de coches por la jeta de… mucha jeta luxury.

Que los políticos pillados en corruptela o curreptelón, casi siempre se libren de acoquinar con sus fechorías proporcionándose sobresueldos millonarios, resulta democráticamente decepcionante

Proclaman quienes siguen la Ética Estética del Derecho, que hay sentencias que debieran (deben) ser ejemplares y ejemplarizantes. Esta tal vez el fallo judicial no lo parecerá porque ya viene viciado (instrucción del caso) de mucho descuento previo a la factura carcelaria; o sea que «verde» y en botella de Brugal, ron que bebe el que marraneaba por los estercoleros y por los restaurantes de la Vega Baja prolongándose en despachos municipales.

Que seamos un país tan garantista me parece bien, pero que los políticos pillados en corruptela o curreptelón, casi siempre se libren de acoquinar con sus fechorías proporcionándose sobresueldos millonarios, resulta democráticamente decepcionante y motivo más que sobrado para que el ciudadano desconfíe por comparativa: si un mindundi, chapero de poca monta o camello suburbial van a la cárcel por robos de menor cuantía o papelinas y pastillas delictivas, ¿cómo estos regidores, que le facilitan los planos al constructor trilero y le cambian las líneas de un Plan General a su favor, no pisan Foncalent, siquiera los calabozos de comisaría?

El malaje, si es de poca monta, tiene abogados de oficio que van a cumplirlo conformándose. Estos políticos de guante blanco acuden escoltados por los mejores bufetes, entre otras razones porque los leguleyos saben que tienen riñón económico para sufragar la escapada por los pelos.

¿Es igual la justicia (con minúsculas) para el pobre que para el rico, para el político que para el ciudadano que nunca haya pisado tribunales, para Alperi y Castedo que para usted, desengañado lector y para mí escéptico articulista? «Tal vez si o tal vez no», como escribiera Atahualpa Yupanqui aquel cantautor gaucho de voz ronca y lastimera: «Qué Dios ayuda a los pobres. Tal vez sí, o tal vez no. ¡Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón!»

Y se supone que la cosa aún podría tener más larga trayectoria judicial hasta que las ranas críen abrigos de visón, con lo cual los presuntos siguen diez años y un día después gozando de las presunciones. Adinerados y en la calle. Un tiempo, un país.

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