El abogado de Sonia Castedo pide la nulidad de las escuchas y de todos los autos en el juicio del PGOU de Alicante

La defensa de la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo ha pedido este martes al tribunal la nulidad de las escuchas practicadas y de todos los autos dictados en la instrucción sobre el presunto amaño del Plan Urbanístico (PGOU) de la ciudad, una de las ramas del caso Brugal que dictó sentencia absolutoria el pasado 10 de junio.

El juicio ha arrancado este martes en la Audiencia Provincial de Alicante con la primera sesión para las cuestiones previas, con limitación de aforo por la Covid-19 y ha estado marcado por la decisión del tribunal de aceptar la retractación del constructor Enrique Ortiz, considerado principal beneficiario, que ahora defiende su inocencia después de que el pasado abril hubiese llegado a un acuerdo de conformidad con la fiscalía Anticorrupción por la que se declaraba culpable y aceptaba pagar 1,6 millones de multa y 2 años de prisión, con lo que eludía la cárcel.

El letrado defensor de Castedo señala una conexión de antijuridicidad de las pruebas, por lo que afirma que deben ser declaradas nulas todas aquellas que fueron conseguidas a raiz de las escuchas irregulares

El abogado de la defensa de la exalcaldesa Sonia Castedo ha pedido que se decreten nulos todos los actos y las grabaciones telefónicas aportadas por tratarse de ‘cosa juzgada’, estimando que los hechos que se le imputan ya han sido resueltos en la sentencia dictada por los juzgados de Orihuela. El letrado ha indicado que en estos hechos se desprende una conexión de antijuridicidad de las pruebas, por lo que deben ser declaradas nulas todass aquellas que fueron conseguidas a raiz de las escuchas irregulares, que vulneraron -según ela defensa de Castedo- los derechos fundamentales de su deendida, así como de los otros encausados en este juicio.

Los abogados defensores de Sonia Castedo, Ignacio Gally y José María Asencio, argumentan que la exalcaldesa quedó en una situación de indefensión y que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva en las sucesivas autorizaciones de esos pinchazos telefónicos, ya que se acordaron de manera extemporánea y se prorrogaron sin la motivación que resultaba necesaria para autorizar la vulneración de los derechos fundamentales de cualquier persona.

 

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