Comienza el juicio por el presunto amaño del PGOU de Alicante con Castedo, Alperi y Ortiz sentados en el banquillo de los acusados

A las 10 de la mañana de este martes 30 de junio ha comenzado la primera sesión del juicio por el presunto amaño del PGOU de Alicante, donde se sientan en el banquillo de los acusados, entre otros, la exsalcaldesa Sonbia Castedo y su antecesor, Luis Díaz Alperi y el empresario y promotor urbanístico Enrique Ortiz. Esta mañana se4 han escuchado las cuestiones previas, que tendrá una segunda sesión el próximo martes 7 de julio, y el juicio en sí está previsto que se celebre en septiembre.

Se trata del juicio por presunta corrupción urbanística de más embergadura en la historia reciente de la ciudad de Alicante, y que despierta un gran interés mediático. Es una pieza separada del caso Brugal, por la presunta trama de las basuras de Orihuela, que acabó con sentencia absolutoria el pasado 10 de julio por la anulación de las escuchas.

El juicio se celebra adoptando todas las medidas de seguridad por la covid-19, por lo que se han adoptado limitaciones de aforo por las reducidas dimensiones de la sala y la gran cantidad de personas, entre acusados y abogados de las partes

Esta es también una de las claves de este juicio, ya que gran cantidad de pruebas están basadas en escuchas telefónicas entre Soni Castedo, Enrique Ortiz y otras personas vinculadas a este presunto amaño, donde la acusación denuncia que se pretendía modificar el PGOU al antojo del empresario Ortiz, con el plan parcial de Rabasa para la implantación de la multinacional IKEA en terrenos de su propiedad, así como otras adaptaciones que se ajustasen a sus intereses.

El juicio se celebra adoptando todas las medidas de seguridad por la covid-19, por lo que se han adoptado limitaciones de aforo por las reducidas dimensiones de la sala y la gran cantidad de personas, entre acusados y abogados de las partes. Al margen de las tres magistradas, del letrado de la Administración de Justicia y de los nueve procesados con sus respectivas defensas, solo podrán acceder los dos fiscales adscritos a Anticorrupción, el letrado del Ayuntamiento de Alicante, que ejerce la acusación particular, y el de la agrupación local de Esquerra Unida (EU), que ejerce la acusación popular.

La Fiscalía Anticorrupción solicita diez años de prisión para Castedo, y 10 años y 2 meses para Alperi por favorecer presuntamente a Ortiz en el diseño urbanístico de la ciudad durante su fase de redacción, entre los años 2007 y 2010.

El ministerio público les acusa a ambos de delitos continuados de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencias, y en lo que respecta a Ortiz pide 8 años de prisión por un delito de tráfico de influencias y cohecho. Por su parte, la representación legal del Ayuntamiento de Alicante solicita cuatro años y nueve meses para los dos exalcaldes, y cinco años en el caso de Ortiz, mientras que la agrupación local de EU pide inicialmente 10 años de privación de libertad para Alperi y Castedo y 13 para el promotor.

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