La Tasa Covid

Con toda España en Fase 2 y 3, la actividad económica y social se ha reactivado, pero estamos lejos de la normalidad. Los comercios y establecimientos hosteleros tienen un aforo limitado de entre el 30 y el 50%. Y deben cumplir medidas higiénicas como ofrecer gel hidroalcohólico a los clientes, dotar al personal de guantes y mascarillas, desinfectar el local al menos dos veces al día… Un sobrecoste que pone aún más difícil alcanzar el beneficio que todo negocio busca, y que algunos han decido compartir con el cliente. Algunos establecimientos han empezado ya a cobrar la llamada tasa covid, un sumplemento al coste del servicio para hacer frente a gastos de protección o desinfección, como geles y mascarillas. En algunos casos llega a los 60 euros. Para la Unión de Consumidores de Alicante esta práctica es directamente ilegal.

En el recién aprobado Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (RD-ley 21/2020), en su apartado 3, se afirma que «El hecho de incluir los potenciales gastos ocasionados por las actividades de higiene, desinfección, prevención o acondicionamiento, de forma desglosada, en una factura dirigida al consumidor o usuario supondría el traslado al consumidor y usuario de unas obligaciones que competen exclusivamente al proveedor del bien o prestador del servicio a las que vienen obligados debido al desarrollo de una actividad comercial o profesional».

Cualquier consumidor que se encuentre un suplemento o recargo COVID puede negarse a pagarlo y además denunciarlo ante la administración de consumo autonómica, aportando, si es posible, una foto del cartel donde se anuncia el recargo. Es un suplemento ilegal aunque se informe previamente al consumidor

Y en el apartado 4, se dice que «Por tanto, la inclusión de dichos gastos de forma desglosada en una factura podría ser considerada como una cláusula abusiva en el sentido de los puntos 4 y 5 del artículo 89 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (LGDCU), puesto que se trataría de la imposición al consumidor y usuario de un servicio no solicitado y no susceptible de aceptación o rechazo por su parte, aun habiéndose informado a estos de forma previa; pudiendo ser considerada una práctica constitutiva de infracción administrativa en materia de protección de los consumidores y, por tanto, sancionable».

Cualquier consumidor que se encuentre un suplemento o recargo COVID puede negarse a pagarlo y además denunciarlo ante la administración de consumo autonómica, aportando, si es posible, una foto del cartel donde se anuncia el recargo. Es un suplemento ilegal aunque se informe previamente al consumidor.

Recordemos que el Ministerio de Consumo considera que la tasa COVID es ilegal. No obstante, en la práctica hay que recordar que los precios son libres, por lo que un establecimiento puede poner el precio que quiera, bastaría con que no figurara desglosado en la factura. Nos encontramos en el dilema entre el sobrecoste que supone a las pequeñas empresas, sobre todo, las normas de higiene, de obligado cumplimiento, y los derechos de los consumidores y usuarios de no tener que asumir los gastos derivados de este sobre coste. El empresario tiene el recurso de distribuir el sobre coste entre todos los posibles usuarios de su establecimiento subiendo un pequeño porcentaje los precios, algo que es lícito y legal, y que también se haya regulado por ley. No obstante los derechos de los consumidores no son ni negociables ni renunciables. Con buena voluntad estos problemas tienen su solución, buena para todos.

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