COLUMNA DE OPINIÓN de Jorge Cremades: «Estado de alarma o caos»

Planteada la prórroga por parte del Gobierno de Sánchez en términos de «estado de alarma o caos», es decir, «o yo, o el caos», tras anunciar que no tenía ningún «Plan B» para salir de esta situación de excepcionalidad, sólo cabía esperar la aprobación, «sí o sí», en el Congreso de los Diputados del decreto de prórroga de la alarma, la cuarta, presentado por el Ejecutivo, quien, hasta pocas horas antes del debate, no tenía garantizada la aprobación a causa de su minoritario respaldo parlamentario, el más exiguo de todos los gobiernos democráticos, ya que hasta quienes le auparon al poder en la moción de censura (léase PNV o ERC) manifestaban sus reticencias e incluso su rechazo a concederle una nueva prórroga, generando incertidumbres innecesarias en momentos tan delicados como el que estamos viviendo a causa de la pandemia. En definitiva, una irresponsabilidad o frivolidad manifiesta por no haber hecho el Ejecutivo los deberes en tiempo y forma, que, finalmente, tuvo que hacer deprisa y corriendo, tras el anuncio por parte del primer partido de la oposición, el PP, (Vox anunciaba su voto en contra y Ciudadanos dudaba en apoyar el decreto) de que no apoyaría la cuarta prórroga del estado de alarma para evitar que el Gobierno siguiera actuando sin contar con ellos para nada como si tuviera mayoría absoluta y no les necesitara para sacar sus proyectos adelante. La indecencia y el chantaje llegaron al extremo de que Sánchez incluso llegó a responsabilizar a Casado (que le había apoyado en todas las prórrogas anteriores) de las consecuencias de un posible rebrote y éste le devolvía el exabrupto diciéndole que con ese planteamiento el único responsable de todo lo acaecido hasta hoy sería el Presidente. En fin, todo lo contrario al ejercicio de una política con mayúsculas. Al final, el gobierno de izquierdas progresista de Sánchez e Iglesias, abandonado por quienes le auparon al poder, entre ellos ERC, consigue su objetivo de prorrogar la alarma gracias al apoyo de la derecha (Ciudadanos y PNV) tras concederles una serie de peticiones, entre ellas, la cogestión de la desescalada con las CCAA, la desvinculación de las medidas de apoyo social, económico y laboral del estado de alarma y la elaboración de un «Plan B» que permita el tránsito de la excepcionalidad a la normalidad constitucional, amén de un compromiso de decretar el luto por las víctimas, que el PP le venía solicitando y que Sánchez anunciaba para cuando la mayoría de los territorios hayan pasado a la fase siguiente de desescalada. Medidas que exigía, como la mayoría de los grupos, el PP, quien, tras acusar a Sánchez de querer una «dictadura constitucional», finalmente se abstuvo en la votación. El Presidente Sánchez, en este nuevo escenario político de cogobernanza obligada con las CCAA para la desescalada y de exigencia de previo diálogo fluido para evitar la actual unilateralidad gubernamental (hasta ahora el Ejecutivo tomaba las decisiones a priori y las comunicaba al resto después, tarde y mal, sin posibilidad de enmienda alguna), ganaba así quince días más de un necesario y conveniente estado de alarma, pero a su vez evidenciaba su fragilidad, con reproches y críticas a su gestión por parte de todos los grupos políticos, incluidos quienes a priori apoyaban su decreto de prórroga de la alarma sin previas contrapartidas, y con el rechazo contundente de quienes, absteniéndose o votando en contra, ya le anuncian que esta será la última vez que, por activa o pasiva, permitirán nuevas prórrogas de la alarma, esperando que el Gobierno presente el comprometido «Plan B» para salir definitivamente de esta situación, constitucional pero de excepcionalidad, tal como hacen otros gobiernos democráticos de nuestro entorno. En democracia, especialmente si el Gobierno no cuenta con mayoría absoluta, chantajear a la oposición con la disyuntiva de «o yo o el caos» es el peor de los errores, cuando lo que hay que hacer es buscar los apoyos necesarios mediante un diálogo permanente y constante con la oposición, pero no a última hora y deprisa y corriendo, como ha hecho Sánchez para garantizarse «in extremis», en este caso, el apoyo de la derecha de Ciudadanos y PNV.

Superado el espectáculo parlamentario, las distintas CCAA plantean al Gobierno en este nuevo escenario político una desescalada a la carta, mientras esperan conocer el Plan B que le exigen a Sánchez

Así las cosas y superado el espectáculo parlamentario, que jamás debiera haberse dado, las distintas CCAA plantean al Gobierno en este nuevo escenario político una desescalada a la carta, mientras esperan conocer el Plan B que le exigen a Sánchez. En efecto, casi todas las CCAA piden relajar ya el confinamiento a partir del próximo lunes, día once, presentando diversas peticiones, con las excepciones de Cataluña, que pide mantener la fase cero en las zonas más pobladas (Barcelona, Cataluña Central y Girona), por miedo al rebrote, y de Castilla y León, que sólo pide pasar a la fase uno en 26 áreas sanitarias castellanoleonesas, que no provincias, pero no en el resto, dando la sorpresa la Comunidad de Madrid, que, teniendo junto a Cataluña los peores datos, pide finalmente pasar de fase horas después de que la propia Presidenta Díaz Ayuso, del PP, admitiera que la región no está preparada y tras mantener un convulso debate con su Vicepresidente Aguado, perteneciente a Ciudadanos. En fin, ahora le toca al Ejecutivo de Sánchez decidir al respecto, entre otras cosas, quiénes, cómo, cuándo y dónde se cumplen los requisitos para dar paso al progresivo y asimétrico desconfinamiento, valorando si se dan las condiciones óptimas para evitar el riesgo de un rebrote (o en todo caso para garantizar su control) de la pandemia, pues, salvo que se den las condiciones de afrontarlo con éxito, sí que sería caótico, mientras ya hay informes que consideran que la pandemia durará entre 18 y 24 meses.

Entretanto con 219.329 infectados, 25.613 fallecidos (que no bajan de los 200 diarios de  forma permanente) y 123.486 altas hospitalarias, se sigue luchando para erradicar la pandemia, al margen y a pesar de los intereses de los partidos, legítimos pero no adecuados, como se acaba de ver en el Congreso de los Diputados por parte de unos u otros, mientras que los trabajadores sanitarios sufren la mayoría de los nuevos contagios (dato preocupante donde los haya). Ni las amenazas de caos si no hay estado de alarma, ni la vinculación de medidas sociales, económicas y laborales a la vigencia de dicha excepcionalidad para eternizarla, ni la falta de diálogo político ante la emergencia sanitaria y económica en la que estamos inmersos, ni la imputación frívola de responsabilidades y culpas entre unos y otros……todo ello con el ojo puesto en cálculos electorales futuros, tiene sentido alguno cuando se requiere el concurso de todos, pero de verdad, para afrontar una situación, presente y futura, de muy difícil solución. Mientras tanto se publica que ya se han gastado más de 22´5 millones en vuelos chárter para traer material sanitario chino; que han sido los barones del PP quienes han frenado el «no» del PP a la prórroga de la alarma, tal como prefería Casado, a quien trasladan la necesidad de mantener garantías jurídicas para el confinamiento; que el Gobierno exportó material sanitario a Cuba en plena pandemia, avalando el envío de 41.738 guantes y otros productos a pesar de la reiterada denuncia de falta de equipos de protección para sanitarios y ciudadanos en España; y que, según se ha remitido al juez que investiga por prevaricación al Delegado del Gobierno en Madrid, dos correos prueban que Ayuso alertó al Gobierno de la «emergencia sanitaria» y lo hizo el 7 de marzo, un día antes de la manifestación del Día del Trabajo.

Más de cinco millones cobran prestaciones del Estado en este peor abril de la historia en que se suman 300.000 parados más sin contar los ERTEs, de los cuales la AIReF calcula que un 30% no recuperará su empleo en 2020 y apunta que el Gobierno ha inflado en 14.000 millones las cuentas enviadas a la UE

Por su parte Bruselas confirma la «pandemia» económica, por la que España caerá un 9´4% este año, mientras el Banco de España advierte de la vulnerabilidad de las cuentas del Estado y se dan los peores datos de empleo, pues en sólo dos meses se han destruido 142.000 negocios, subiendo el paro registrado en casi 600.000 personas con lo que la cifra total de parados roza ya los cuatro millones, a pesar de que las ayudas a ERTEs y autónomos evitan un desplome mayor aún. Todo un récord de gasto en el paro pues más de cinco millones cobran prestaciones del Estado en este peor abril de la historia en que se suman 300.000 parados más sin contar los ERTEs, de los cuales la AIReF calcula que un 30% no recuperará su empleo en 2020 y apunta que el Gobierno ha inflado en 14.000 millones las cuentas enviadas a la UE, mientras Bruselas prevé que España, junto a Italia y Grecia, será la más golpeada por la crisis, ya que estará entre los países con mayor recesión y sólo griegos e italianos sufrirán una caída aún mayor entre los 27 estados miembros. Una hecatombe económica y social se mire como se mire, de la que va a costar mucho salir. Por ello no se entiende que la Ministra de Trabajo, tras conocer todos estos desastrosos datos, se dedique a alardear de la «cifra histórica» de prestaciones por desempleo, mientras la de Hacienda amenazaba con que si no se apoyaba el estado de alarma «decaen» las ayudas a los afectados por la crisis, lo que, en todo caso, no es cierto del todo, pues se resolvería desvinculando dichas ayudas del estado de alarma. Felicitarse por pagar 5´2 millones de euros de prestaciones en este peor abril de la historia, que eleva a un millón los empleos destruidos y triplica la factura para el Estado, jamás puede ser motivo de satisfacción para nadie sino de preocupación, menos aún para el Ministerio de Trabajo cuya obligación es fomentar el empleo y evitar su caída, salvo que se tenga la irreal convicción de que los recursos económicos son infinitos o que lo ideal es un régimen controlado por el Estado con súbditos sometidos a subvenciones y subsidios. Una cosa es salir en ayuda de quienes lo necesitan por parte del Estado mediante un imprescindible sistema de prestaciones, ayudas y coberturas para aliviar la situación de los sectores más deprimidos, y otra cosa bien distinta es presumir, como hace la Ministra, del enorme, casi inasumible, volumen de las mismas. No en vano ya se rumorea que el Gobierno prepara un duro recorte de las pensiones (teniendo en cuenta toda la vida laboral y limitando las de viudedad por nivel de renta), mientras la Autoridad Fiscal prevé una etapa de recortes como la de la crisis financiera, mientras los barones del PSOE chocan por el reparto del fondo para las CCAA, mientras el turismo se hunde un 100% en abril tras el batacazo en marzo, al igual que el sector del automóvil que en todo abril sólo ha vendido lo que antes de la crisis vendía en un solo día, considerando el sector que la recuperación será lenta y por ello reclama ayudas urgentes, y mientras los comerciantes dan la espalda a esta «fase fantasma» de la desescalada, siendo contados los hosteleros y sólo un 30% del negocio tradicional quienes abren sus puertas, pues, salvo las peluquerías, que tienen listas de espera hasta junio, no ven rentable trabajar con las condiciones impuestas.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Cultura habilita un fondo de ayuda, sobre todo para teatro y cine, de 20 millones de euros para avales y ayudas directas; que Ciudadanos se aproxima al PSOE en Madrid pese al recelo de Ayuso, pues Aguado mantiene contactos con Gabilondo en busca de pactos; que el futbol se pone en marcha tras mes y medio de total inactividad con la realización de test y a la espera de iniciar los entrenamientos de nuevo; que el Gobierno ha nombrado altos cargos exprés sin exigirles ser funcionarios, haciendo de la excepción (en circunstancias muy concretas y motivadas) la norma al acumular en sólo cuatro meses el nombramiento de 25 altos cargos sin observar dichos requisitos; y que Educación plantea para el próximo curso clases con sólo quince alumnos en las aulas mediante un modelo mixto, presencial y a distancia, con turnos de mañana y tarde o en días alternos, mientras los profesores, a quienes no se les consultó, lo ven «inviable» como el resto del sector, salvo que se habiliten medios suficientes, que habría que someter a las CCAA, a las que tampoco se ha consultado, pues parece poco razonable que, reduciendo las clases a la mitad de alumnos, lo que supone el doble de grupos, éstos puedan ser atendidos por la misma cantidad de profesores, salvo que se les someta por la mañana a atender las clase presenciales y por la tarde las de educación a distancia…….en fin, ya veremos en qué queda todo esto.

Y del exterior citar que Macron impone ya la apertura de colegios y hace caso omiso del comité científico; que Reino Unido se pone al frente de Europa en fallecimientos por coronavirus; que Merkel da luz verde a la vuelta de la Bundesliga en mayo y renuncia a liderar la salida de la crisis en favor de los «länder»; que Francia descubre que su primer contagio de coronavirus ocurrió en diciembre tras el análisis a un hombre que enfermó del pulmón antes de la alerta china, lo que abre incógnitas sobre cómo llegó el virus a Europa; y que la Justicia alemana cuestiona la compra de deuda por el BCE, pues el TC alemán pone en duda que el «salvavidas» del Banco Europeo sea legal, declarando que el programa de la UE de comprar deuda en 2015 viola parcialmente la Carta Magna de Alemania, un aviso inquietante que bloquearía los fondos para el plan de reconstrucción que, entre otros países, pide España para salir de la crisis actual.

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