COLUMNA DE OPINIÓN de Jorge Cremades: «Que no abran los negocios»

Justo cuando se conocen los alarmantes datos económicos, vaticinando un descalabro sin precedentes de la economía española y europea, y justo cuando los autónomos y Pymes necesitan más ayuda que nunca (muy en especial, todos aquellos del sector turístico, quienes, como nunca, requieren que alguien les dé cierta luz de esperanza para un futuro mejor dentro de un horizonte muy negro), va Teresa Ribera, la Vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, y mete la pata echándoles un intolerable jarro de agua fría que congela definitivamente sus aspiraciones a una recuperación económica que se antoja tardía, difícil y complicada. En efecto, justo cuando la economía global entra de lleno en una dimensión sólo equiparable a la Gran Depresión de 1929 y, en el caso español, al escenario de la Postguerra, la Vicepresidenta, ante las lógicas y justificadas quejas de los hosteleros por las condiciones impuestas por el Gobierno para la desescalada y gradual apertura de bares, restaurantes y hoteles (entre dichas condiciones la imposición de una reducción de aforo que les impediría hacerlos rentables), les sorprende, visiblemente enfadada, diciéndoles que «quien no se sienta cómodo, que no abra» pues «no hay una obligación de abrir», para después añadir que «en España está costando entender que es importante responder unidos», lo cual es cierto….. pero comprensible con actitudes como las de la Vicepresidenta, que, en sí mismas, debieran ser susceptibles de una destitución o una simple dimisión del cargo. En fin, sin más comentarios, y, menos aún, cuando la EPA (Encuesta de Población Activa) del primer trimestre de 2020, que sólo recoge quince días del estado de alarma y del confinamiento, dibuja un sombrío panorama, nacional y europeo, constatando que el PIB en España se desploma en el trimestre un 5´2% (el derrumbe en toda la zona euro del 3´8% es incluso mayor que en la crisis de 2008) y augurando que podría caer hasta el 20% en junio, lo que destroza las peores previsiones. Entretanto, Lagarde anticipa una recesión «sin equivalente en tiempos de paz» y el BCE da barra libre a la banca para que fluya el crédito, mientras el Gobierno español reconoce ante la UE la mayor recesión en 75 años, la mayor caída de la historia, y asume que la financiación que llegue desde Bruselas tendrá condiciones para España, calculando que se tardará al menos dos años en superar la crisis, pues un fuerte rebote en 2021 no compensaría la prevista caída del PIB del 9´2% y la destrucción de unos dos millones de empleos, con lo que ya se vaticina que España acudirá al Fondo Europeo de Desempleo para pagar 7´2 millones de prestaciones. Así las cosas, el Gobierno de Sánchez, resignado a no volver al nivel de precrisis hasta 2022, asume el colapso y envía un plan presupuestario a Bruselas pronosticando que la deuda alcance el 115´5% y que 900.000 personas pierdan su empleo este año, e improvisa una «V asimétrica» para maquillar la salida de la crisis, cuando bien podría ser en U, mientras Montero anuncia que no bajará el sueldo a los funcionarios, mientras los parados reales llegarán a diez millones y mientras los sindicatos presionan a la patronal para financiar la avalancha de ERTEs. Eso sí, Sánchez, siendo el gobernante con menos apoyos parlamentarios y, paradójicamente, con más poder, gracias al prolongado estado de alarma, no tiene reparo alguno en enviar a Bruselas sus cuentas con más déficit, siendo el Ejecutivo con más ministerios, mientras reclama solidaridad a sus socios europeos, sin reparar que el desorbitado gasto que se avecina requiere de ciertos esfuerzos presupuestarios, entre ellos, reducir por ejemplo, lo antes posible, el mastodóntico entramado político-institucional (no es de recibo que, en semejantes circunstancias, tengamos el Ejecutivo con más ministerios de la historia con el único fin de contentar a tirios y troyanos). Mientras tanto, durante el estado de alarma se han triplicado las peticiones de ayuda para poder comer y Cáritas alerta de que «esto es peor que la crisis de 2008 y además va para largo», y entretanto las Fuerzas de Seguridad se preparan para un previsible aumento de delitos de orden público, previendo que crezcan los robos y las ocupaciones de vivienda, alertando de las consecuencias sociales de la crisis y no descartando patrullar con ayuda del Ejército…… En fin, como para tener que soportar encima frivolidades como las de la Vicepresidenta Ribera, instando a quienes no estén cómodos con la situación a que se queden en casa y no abran sus pequeños negocios.

A partir de ahora, cada territorio, si cumple determinados parámetros, irá pasando a fases más libres y llevaderas, la próxima (la Fase 1) se iniciaría el próximo día once, y, entre otras medidas, permitiría reuniones de hasta diez personas

Y ya en periodo de desescalada, tras 45 días de confinamiento, el Gobierno abre las calles y separa a deportistas, niños y mayores estableciendo turnos en distintas franjas horarias desde las seis de la mañana hasta las once de la noche para intentar reducir los riesgos de contagio. En todo caso, es la hora de la responsabilidad individual, mientras aparecen imágenes de aglomeraciones innecesarias en algunas grandes ciudades, justo cuando los datos de la pandemia dan claros indicios de que hay un cierto control de la misma, dejando, no obstante, hasta la fecha 217.466 infectados, 25.264 fallecidos y 118.902 altas médicas. A partir de ahora, cada territorio, si cumple determinados parámetros, irá pasando a fases más libres y llevaderas, la próxima (la Fase 1) se iniciaría el próximo día once, y, entre otras medidas, permitiría reuniones de hasta diez personas, siendo las claves para pasar de una fase a otra, además de un análisis cualitativo de la situación, dos requisitos cuantitativos, como son tener capacidad de entre 1´5 y 2 camas UCI y entre 37 y 49 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes. Se trata de evitar el aumento de contagios y, en caso contrario, poder controlarlo con cierta normalidad. Sánchez, que solicita de nuevo una nueva prórroga del estado de alarma, oferta a las CCAA 16.000 millones y una cogobernanza para hacer frente a todo el proceso de desescalada, pero ni así consigue el apoyo claro y preciso de los distintos presidentes autonómicos, especialmente de los nacionalistas, sus valedores de la investidura, y de los populares, mientras él les deja bien claro que no hay plan B, que la prolongación del estado de alarma es, sí o sí, la única vía para salir de esta situación. De entrada, Feijóo, Urkullu y Torra se muestran contrarios a mantener el estado de alarma, mientras temen que utilice las ayudas para comprar apoyos y favores, pues, sencillamente, no se fían de él. Entretanto, el Estado se prepara para un aluvión de demandas por mala gestión del coronavirus, con una avalancha de reclamaciones por los fallos del material sanitario, pues médicos, enfermeros y policías se querellan en el TS contra el Gobierno. Además se van publicando otros datos, entre los que cabe citar que Sanidad pagó 313 millones a una docena de empresas con «dirección desconocida» por material médico, entre ellas 5´2 millones por hisopos a una empresa «fake»; que el TC prohíbe actos del 1 de mayo (decide por estrecho margen que la protección de la salud pública prevalece, al denegar la petición de un sindicato de Vigo de manifestarse durante el Día del Trabajo); que varios TSJ censuran el prolongado estado de alarma; que Sanidad dice ahora que comprará más test a empresas españolas y se compromete a contar «con todas las compañías españolas» para hacer dos millones de test PCR en las próximas semanas; que un documento del Ministerio de Trabajo reconoce la distribución de mascarillas «fake» en el metro, ya que son «material meramente higiénico» y «no están diseñadas para proteger»; que Iglesias propone «intervenir» las residencias privadas y quiere una «tasa Covid» para las grandes fortunas; que las tecnológicas denuncian que Illa no les pide hacer test, pese a la escasez; y que las mascarillas serán por fin obligatorias en el transporte público. Por su parte, ante todo este berenjenal, con ciertas autocríticas en el PSOE en el sentido de que «Pedro actúa de forma unilateral» y, ante el órdago al PP de que «no hay plan B» si no se aprueba el estado de alarma, Martínez-Almeida, manifiesta que «Sánchez pone muy difícil al PP apoyar el estado de alarma» , que «el Presidente debe saber que no se soluciona esta crisis en el bunker de La Moncloa» y que «el PP va a tener que acudir pronto al rescate de los españoles». Por su parte Díaz-Ayuso clausura (aunque no se desmantela, por si acaso) el Hospital de Ifema, símbolo de la lucha contra la pandemia donde se han atendido a 4.000 infectados, y lo hace de forma festiva y multitudinaria, por lo que el Gobierno, a través de su Delegación en Madrid, investigará el acto por si se vulneró la distancia social en dicha clausura.

Colau envía a funcionarios a vigilar que se cumplan las normas el día de inicio de la desescalada

Y por si a alguien le interesa por dónde van demoscópicamente los tiros, según GAD3, en la Comunidad de Madrid el PP doblaría sus apoyos y obtendría el 41% de los votos, frente al actual 22% conseguido en 2019, mientras Ciudadanos y Más Madrid se hundirían, y PSOE, Podemos y Vox mantendrían su electorado; asimismo la crisis auparía a Almeida, que rozaría la mayoría absoluta en la capital, encabezando la lista de los políticos que más han mejorado su imagen durante el estado de alarma, seguido de Díaz Ayuso y Margarita Robles. Y referente a unas hipotéticas elecciones generales, según NCReport, Sánchez perdería casi 800.000 votos; el PP sería el partido que más crece a costa de Cs y Vox, aunque la derecha seguiría sin sumar; y Podemos no sufriría el desgaste de la gestión de Gobierno que sólo pasaría factura al PSOE; los resultados serían: PSOE 26´3% de votos y entre 112-114 escaños, PP 23´2% y 92-94, Vox 15´4% y 51-53, UPodemos 13% y 33-35, ERC 3´5% y 12-13, Ciudadanos 6´2% y 8-9, JxCat 2´7% y 9-10, PNV 1´6% y 6, EHBildu 1´1% y 5, y Otros 4´6% y 9-11 (obsérvese la desproporción entre el porcentaje de voto y el número de escaños en los partidos de ámbito nacionalista, pues entre ERC, JxCat, PNV y EHBildu con una suma del 8´9% de votos llegarían a 34 escaños, frente a Ciudadanos que con el 6´2% sólo obtendría 9). Cabe citar además que, según NCReport, el 94% de españoles reclama un gran pacto de Estado, el 89% de votantes del PP lo apoyaría, mientras los del PSOE rechazarían un acuerdo sólo con el PP, en tanto que hay bastante división sobre prorrogar el estado de alarma hasta junio, que sólo sería apoyado por el 54´3% de los ciudadanos. Pero, en fin, de momento, sólo se trata de encuestas.

Respecto a otros asuntos cabe citar que Colau envía a funcionarios a vigilar que se cumplan las normas el día de inicio de la desescalada; que los alumnos universitarios se rebelan contra los exámenes, aduciendo que no se dan las condiciones para hacer las pruebas; y que, mientras Trump vincula sin pruebas el coronavirus a un laboratorio chino, hombres armados irrumpen en El Capitolio de Michigan y se niegan a quedarse en casa utilizando los fusiles contra el confinamiento (sin comentarios).

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