COLUMNA DE OPINIÓN de Jorge Cremades: «Hacia la desescalada»

El Gobierno se dispone a iniciar una desescalada gradual y progresiva en medio de discrepancias con las CCAA, que quieren pivotarla en sus respectivos territorios, aunque Sanidad lo tiene bien claro y afirma que «la desescalada la dirige el Gobierno» y que las CCAA, cuya presión para el fin del encierro ya desborda al Ejecutivo, sólo saldrán del confinamiento cuando hagan test a toda persona con síntomas (los famosos y escasos test que ya debieran haberse aplicado a gran parte de la población). Es obvio pues que las CCAA proponen y el Gobierno, con todo el poder en sus manos, dispone en una desescalada por territorios mientras Illa enfría las expectativas de las autoridades autonómicas vetando sus hojas de ruta ya que será el Ejecutivo y no las comunidades quien dirigirá y autorizará los planes para un desconfinamiento gradual seguro cada vez más deseado. De entrada, las CCAA que quieran suavizar el actual encierro tendrán duras condiciones del Gobierno que les exige un nivel de capacidad sanitaria para evitar que el sistema colapse en caso de un rebrote de contagios y pide «habilitación de hoteles para casos leves que no puedan aislarse en un domicilio», pues no se trata de salir pronto y mal sino a su debido tiempo y bien, con las mayores garantías de éxito posibles. No obstante las CCAA presentan sus planes y alternativas, como dividir entre  días pares e impares, por más que el Ministerio las rechace y diga que es competencia «suya» el desconfinamiento. Así las cosas, por decisión gubernamental, los niños menores de catorce años ya pueden salir a pasear por un área inferior a un kilómetro de su domicilio y durante una hora diaria acompañados por un mayor que conviva con ellos, mientras los más mayores amenazan con protestas si son los últimos en poder abandonar el confinamiento, tras el anuncio de Sánchez de que a partir del 2 de mayo, si siguen disminuyendo los contagios, se podrá salir a pasear, correr y hacer deportes individuales, aclarando que el Consejo de Ministros del martes día 28 aprobará por fin el plan de desescalada progresiva, mientras Illa admite ante los alcaldes que no existe aún un plan para desconfinar y el ministro Duque reconoce que «no teníamos planes concretos y operativos para una pandemia», lo cual es cierto, lo que no debe servir de excusa para no reconocer los aciertos y errores de gestión que se cometan para salir del laberinto. Entretanto, Illa anuncia que hay por primera vez menos contagiados que curados tras eliminar a los diagnosticados con los test rápidos o de inmunidad, afirmando que se han «limpiado» los datos para valorarlos mejor. La realidad es que con 223.759 infectados, 23.190 fallecidos y 98.732 altas médicas, nuestros niños vuelven a salir a la calle después de 42 días de confinamiento, quejándose algunos de que «ni siquiera podemos jugar a la pelota», mientras los expertos alertan de un brote tras la salida de los menores y de que son necesarios los test para garantizar la seguridad, que obviamente dependerá, entre otras cosas, de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Y aunque el primer día de paseo de los niños se ha vivido con bastante normalidad, lamentablemente se han dado algunas aglomeraciones indeseables en espacios públicos, pues muchos españoles aprovecharon la autorización de paseo de los niños para desbordar las reglas, justo cuando el Gobierno confirma que a partir del dos de mayo los mayores también podrán salir a pasear, mientras pide a las CCAA que doblen las camas de UCIs, cuando sólo siete de las regiones españolas están cerca de los parámetros exigidos para una necesaria desescalada que en ningún caso debiera empeorar la situación de mejoría experimentada en estas últimas semanas de confinamiento.

La intervención del precio de las mascarillas colapsa el mercado, pues los importadores advierten de que los fabricantes asiáticos derivan las ventas a otros países y las empresas españolas dicen que no pueden cubrir los costes, sopesando parar la producción

Por su parte los sanitarios se querellan contra el Gobierno por poner en riesgo su salud con actuaciones «negligentes», mientras los farmacéuticos andan indignados y denuncian que la fijación de precios llega 41 días tarde y el Ministerio les condena ahora a sufrir pérdidas, cuando, haciendo caso de las recomendaciones de acopio, adquirieron los productos más caros de lo que ahora se les obliga a vender. Además las oficinas comerciales en China se desentienden de las reclamaciones ya que nadie de Sanidad les consultó las compras «fake». Y es que la intervención del precio de las mascarillas colapsa el mercado, pues los importadores advierten de que los fabricantes asiáticos derivan las ventas a otros países y las empresas españolas dicen que no pueden cubrir los costes, sopesando parar la producción. Entretanto se publica que Illa contrató por 4´2 millones a una empresa sin empleados, encargando a una abogada, especialista en concurso de acreedores, los suministros para las pruebas de coronavirus y que la empresa de los test defectuosos no tenía permiso para vender en España. Al parecer Sanidad ignoró una lista de proveedores fiables para las compras, pues, nada más estallar la pandemia, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria puso en su conocimiento listados de empresas fiables para adquirir respiradores, test y mascarillas con garantías. La realidad es que Sanidad retira ahora miles de mascarillas dudosas que repartió en funerarias, dándolas por buenas sin homologar y, aunque ahora rectifica, avala no obstante la compra de EPIs para los médicos sin sello europeo con la consecuente pérdida de calidad…..y luego, pasa lo que pasa.  Por su parte Galicia empieza el estudio que el Gobierno viene aplazando, pues el Servicio Gallego de Salud inicia los test epidemiológicos que servirán para definir la auténtica dimensión de la pandemia, los mismos que el Gobierno lleva tiempo demorando.

En estas circunstancias nos disponemos a una desescalada, tan necesaria como preocupante, mientras los policías se pagan los test que no les hace Interior, mientras algunas cosechas se realizan sin mascarillas ni respetar la distancia de seguridad y mientras Sanidad retrasa sin fecha los test a los futbolistas. No obstante, el Gobierno llama a las CCAA a duplicar la capacidad de las UCIs, instando a que los hospitales tengan un circuito especial para enfermos de coronavirus, mientras, según algunos, el «bulo» de los recortes de Sanidad del PP, que crece sin parar desde 2013, aunque haya más gasto sanitario que antes de 2008 y la Sanidad esté transferida a las CCAA, gobernadas por distintas opciones políticas, ponga el acento en reproches mutuos, que en nada benefician ahora la salida de la crisis, mientras la gran batalla científica contra el Covid-19 prevé tratamiento eficaz en otoño, dando así los científicos un resquicio a la esperanza. Por lo demás, cabe citar que Díaz-Ayuso desaira a Sánchez y a los presidentes autonómicos, pidiendo intervenir la primera para abandonar la teleconferencia y asistir a una ceremonia por las víctimas en la catedral de La Almudena, mientras el Gobierno elude cumplir el luto oficial por los muertos del coronavirus, pues, además de no hacer ni caso a la propuesta de Casado a nivel nacional, en tres de las cuatro CCAA que lo han decretado (Castilla y León, Murcia, Comunidad de Madrid y Cantabria) sus edificios evitan la bandera a media asta y sólo en tierras cántabras, donde el PSOE comparte el poder con el regionalista Revilla, se ha sumado al luto, mientras en las demás lo pospone sin fijar fecha alguna.

España tendrá que colocar este año 300.000 millones de deuda, un 50% más de lo previsto, los trabajadores en situación económica de paro alcanzan ya los nueve millones, en tanto que el «salvavidas» de los 200.000 millones de Sánchez sigue sin llegar a las empresas

Todo esto con el ojo puesto en qué hacer de cara a la descomunal crisis económica que se avecina y en cómo salir de ella, mientras el consenso entre partidos se abre paso en autonomías y municipios, avanzando más el diálogo en dichos ámbitos que en el Congreso de los Diputados, aunque Ayuso se aparte de los barones del PP que pactan sin demasiados problemas con el PSOE. Para empezar, Sánchez boicotea de alguna forma el pacto acordado con el PP y registra con Podemos la comisión parlamentaria sin contar para nada con el principal partido de la oposición y fijar así unilateralmente la metodología de trabajo, mientras Arrimadas busca hacer de puente entre PSOE y PP. Por otro lado Sánchez niega a las CCAA un fondo como el que él mismo reclama en Europa, al negarse a la solicitud de varias de ellas de un «fondo extraordinario no reembolsable» para afrontar los gastos de la crisis. Y mientras España tendrá que colocar este año 300.000 millones de deuda, un 50% más de lo previsto, los trabajadores en situación económica de paro alcanzan ya los nueve millones, en tanto que el «salvavidas» de los 200.000 millones de Sánchez sigue sin llegar a las empresas (la banca asume un 22% del riesgo en los créditos avalados por el ICO, limitando la movilización de abundante financiación privada prometida por el Presidente del Ejecutivo) y la pandemia frena el plan para limitar los alquileres hasta ver la evolución del mercado en medio de un atasco descomunal en la tramitación de los ERTEs. En fin, la cosa está como para no pactar acuerdos y consensuar cómo afrontar juntos semejante panorama. Dice la ministra de AAEE, Arancha González Laya, que «los brotes de populismo retrasarán la salida de la crisis», aunque «la respuesta europea frente a la crisis del coronavirus comparada con la de 2008 está siendo más rápida»…… y lleva razón, aunque cabría añadir que los cálculos electoralistas de unos y otros podrían causar más daño todavía, con el riesgo de abocarnos a un definitivo callejón sin salida.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Urkullu plantea celebrar elecciones vascas en julio; que Educación quita el límite de suspensos de la Lomce para pasar de curso; que la Princesa Leonor y la Infanta Sofía recuerdan la tragedia del coronavirus mientras participan en la lectura de fragmentos de El Quijote con motivo del Día del Libro, lamentando que «muchos niños han perdido a sus abuelos»; que el ministro Castells pide a las universidades que pregunten a los estudiantes cómo evaluarlos, mientras su inacción aviva la rebelión de éstos pidiendo más facilidades en medio del rompecabezas de montar la Selectividad, siendo tarea casi imposible reunir a miles de estudiantes sin que se contagien; y que el Poder Judicial censura a Iglesias por sus inapropiadas críticas a los jueces y cuestionar la Justicia, replicando Podemos que no acepta «lecciones de pulcridad democrática» mientras echa un órdago y desautoriza a la portavoz Montero….. y el CGPJ «con absoluto y rotundo rechazo» critica la frase de Iglesias arremetiendo contra la sentencia de la portavoz podemita Serra, porque, según el gobierno de los jueces, crea «sospechas inaceptables» sobre la independencia judicial cuando la base de cualquier sistema democrático es la separación de poderes. Y Sánchez sin decir ni mu sobre Iglesias, a quien comprende como líder de otro partido, que no es el suyo, pero ¿le comprende como Vicepresidente de su Gobierno? Esta es la cuestión.

Y del exterior, destacar que China teme otro Wuhan en la ciudad fronteriza de Harbin; que la exitosa gestión de la crisis del coronavirus en Alemania consolida a Merkel; que la comunidad médica advierte del peligro para la salud que entrañan las estrambóticas sugerencias de Trump y recomienda «por favor, no coman detergente ni se inyecten desinfectante», mientras el Presidente estimula la economía de EEUU con tres billones de dólares; y que la UE respalda la creación de un fondo para la reconstrucción sin aclarar cómo se financiará, aunque la cuantía del plan quede aún sin concretar y será objeto de más negociaciones, en tanto que Merkel defiende una intervención «enorme», Holanda pide contención y Macron alerta de que «Europa no tiene futuro si no encuentra una respuesta», mientras Lagarde pide a los líderes europeos que reaccionen y advierte que «el PIB caerá un 15%» y mientras el Consejo Europeo, dividido, sigue debatiendo en cómo hacer viable dicho fondo y su financiación, pues países del norte ofrecen préstamos reembolsables y países del Sur, como Italia o España, piden que sean transferencias a fondo perdido… la pelota está en el tejado.

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