La CEV acusa al Gobierno de cargar a las empresas las consecuencias económicas de la crisis del Covid-19

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, CEV, critica que el Gobierno de España quiera «hacer pagar a las empresas las consecuencias económicas de esta crisis sanitaria» después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el confinamiento de todos los trabajadores de ‘actividades no esenciales’ mediante permisos retribuidos, de los que deberán hacerse cargo las empresas.

Desde la CEV insisten en que el mantenimiento de la actividad contribuiría a que los sectores esenciales «den una mejor respuesta a la crisis» del Covid-19, y apunta que no pueden tomarse decisiones «de manera irreflexiva» porque se ataca «la supervivencia de un gran número de empresas y puestos de trabajo».

El Gobierno no ha explicado cómo las empresas «van a asumir los permisos retribuidos de los trabajadores si se restringe su actividad y, por lo tanto, si se anulan sus ingresos»

Según la CEV, el Gobierno no ha explicado cómo las empresas «van a asumir los permisos retribuidos de los trabajadores si se restringe su actividad y, por lo tanto, si se anulan sus ingresos», ni se aplazan tampoco «las liquidaciones tributarias ni las cuotas de la seguridad social». Es por ello que la confederación empresarial solicita al Estado que responda «ante las necesidades agudas de liquidez» y apoye a las mercantiles amenazadas de quiebra por el Covid-19. «El Ejecutivo vuelve a generar incertidumbre al anunciar un parón de actividad sin concretar qué se consideran actividades esenciales y sin tener en cuenta que su correcto funcionamiento requiere de las no esenciales», prosigue la CEV, que sostiene que ello demuestra «un completo desconocimiento del tejido empresarial».

Para la CEV, el Gobierno se olvida de que el sector privado ha sido «un ejemplo de responsabilidad social» y denuncia que la situación es «especialmente complicada» para los trabajadores y las empresas de sectores esenciales «que siguen trabajando». ante ello, afirma, «las autoridades competentes deberían reconocer de forma moral y legislativa ese trabajo».

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