Clima de bloqueo

Como era de esperar, la reunión en Moncloa (ya era hora) entre el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Jefe de la Oposición, Pablo Casado, en un clima de bloqueo político y desencuentro sustantivos, ha terminado evidenciando que el bloqueo político sigue siendo la norma a seguir desde que Pedro se inventará aquel incomprensible bloqueo irracional con su famoso «no es no» y presumiera del mismo diciéndole a Rajoy «qué parte del no es la que no entiende», al extremo de causar incluso un terremoto político en su propio partido, el PSOE, que ya sin él en la dirección, apostó por la racionalidad y la mesura favoreciendo la aprobación de los Presupuestos del PP que todavía hoy siguen vigentes. De aquellos vientos estas tempestades, sin lugar a dudas, pues hoy, con Pedro de nuevo en la dirección socialista, Pablo, el nuevo dirigente del  PP, no está dispuesto a regalarle su apoyo a los Presupuestos que prepara Sánchez sin determinadas concesiones a cambio, un precio muy alto que el Presidente del Gobierno no está dispuesto a pagar. En efecto, tras agrandarse la brecha entre PP y PSOE con el examen parlamentario a Dolores Delgado para ser Fiscal General del Estado, Casado exige a Sánchez rectificar en Cataluña y le ofrece apoyo a los Presupuestos, para que no dependa de los secesionistas, siempre que rompa el pacto que tiene con los republicanos, una especie de trampa cordial para escenificar el bloqueo pues Sánchez le deja bien claro: «no romperé el pacto con ERC». La realidad es que con semejante desencuentro entre Pedro y Pablo las instituciones del Estado quedan bloqueadas pues su renovación requiere mayorías suficientes que sólo pueden proporcionar un pacto de Estado PSOE-PP los dos partidos más votados en España. Sin embargo, en vez de buscar ambos vías de aproximación, prefieren recurrir a los reproches para que parezca que el otro es el responsable de tamaña irresponsabilidad: el Ejecutivo acusa al PP de tomar los órganos constitucionales como «rehenes» y el líder de la oposición le exige romper con el independentismo, que aupó a Sánchez al poder durante la sesión de investidura, mientras Justicia descarta cambiar el modelo de CGPJ antes de que sea renovado, lo que, hoy por hoy, parece imposible. Entretanto, según NCReport, la coalición de gobierno social-comunista sólo desgasta al PSOE, que caería 600.000 votos y perdería hasta seis escaños mientras Podemos se mantiene, y, aunque el PP es el partido que más crece, la debacle de Ciudadanos impide sumar a las derechas, con lo que la inestable situación actual se perpetuaría incluso si hubiera elecciones, en las que PSOE obtendría el 26´9% de votos y entre 114-116 escaños, PP 22´2% y 92-94, Vox 16´1% y 54-56, UPodemos 13´2% y 34-36, Ciudadanos 5´6% y 8, ERC 3´4% y 12-13, JxCat 2´9% y 10-11, PNV 1´5% y 6, EHBildu 1´7% y 5, y Otros 2´7% y 11. Ya ven todo sigue casi igual.

Con semejante desencuentro entre Pedro y Pablo las instituciones del Estado quedan bloqueadas pues su renovación requiere mayorías suficientes que sólo pueden proporcionar un pacto de Estado PSOE-PP

Quienes pronto van a salir de dudas son gallegos y vascos ya que están convocados a las urnas para el 5 de abril, donde, respectivamente PP y PNV se juegan su hegemonía política en dichas demarcaciones en las que actualmente gobiernan. En Galicia, según GAD3, Feijóo lograría su cuarta mayoría absoluta al aglutinar los votos de centroderecha, mientras Podemos y sus confluencias se hundirían y perderían hasta doce escaños de los catorce que tienen, los cuales se repartirían entre socialistas y el BNG; los resultados serían: PP 46´9% de votos y 41 escaños, los que tiene ahora; PSOPE 26´2% y 21, sube 7; BNG 14´7% y 11, sube 5; Podemos y sus marcas 5% y 2, pierde 12; Vox con el 2´9% y Ciudadanos con el 1´7% no obtendrían escaño. Y, según GAD3, en País Vasco sale reforzado Urkullu y podrá elegir socio para gobernar; los resultados serían PNV 40´5% de votos y 31-32 escaños, ahora tiene 29; PSE-EE 12´3% y 10, tiene 9; EHBildu 22´4% y 18-19, tiene 17; Podemos 10´9% y 7-9, tiene 11; y PP 7´9% y 7, tiene 9. Todo esto sin tener en cuenta el intento de Arrimadas de conformar una coalición electoral con PP en Cataluña, País Vasco y Galicia, aunque Feijóo no está dispuesto a hacerlo, por lo que cabe la incertidumbre si cuajará o no en las otras dos CCAA. Y todo ello sin tener en cuenta el coste político que pueda tener la pésima gestión del Gobierno vasco ante el desastre del estercolero de Zaldibar, por lo que la oposición acorrala a Urkullu por su «mala gestión y falta de liderazgo» mientras el lehendakari pide disculpas por los errores pero defiende la gestión.

Mientras tanto Justicia planea un nuevo tipo de sedición a medida de Junqueras, pues la reforma del Código Penal que prepara el Gobierno prevé crear una forma específica de sedición con uso de fondos públicos, especulándose que el objetivo es soslayar la malversación de los condenados por el 1-O para poder reducir sus penas de forma considerable, pues se les aplicaría el cambio de forma retroactiva, como marca la ley, y se indicaría al TS cómo debe revisar la sentencia. Entretanto el Gobierno avala que Torra ponga en la calle a los presos y afirma «estar tranquilo» porque se cumple la ley ya que los reclusos salen para trabajar, mientras ERC dice que la liberación de Dolores Bassa es «la imagen de la derrota del Estado», en tanto que Roures ficha a Forn para facilitar su salida de prisión y ERC exige a JxCat fijar ya la fecha de la mesa de diálogo con Sánchez. Por otro lado el ministro de Justicia quiere que antes de final de año sea la Fiscalía, controlada por Delgado, quien instruya los casos… en definitiva, menos poder para los jueces y más poder para la Jefa de los Fiscales, justo la que hace un mes le entregó a Juan Carlos Campo la cartera para que le sucediera en el cargo como Ministro de Justicia, mientras Enrique López, Secretario de Justicia del PP y Consejero de la Comunidad de Madrid apela a que «hay que cambiar la ley para que una ministra no sea fiscal general».

El ministro de Justicia quiere que antes de final de año sea la Fiscalía, controlada por Delgado, quien instruya los casos

En otro orden de cosas prosigue el interés por alumbrar las oscuras relaciones de los gobiernos socialistas con el régimen chavista de Venezuela. De un lado el juez rastrea el «destino final» de los pagos de Chávez a Morodo, el ex embajador español cuya familia tiene cuentas en Suiza, y pide datos a bancos, notarios y registradores para identificar a los receptores de 14´5 millones de los 35 que cobró el embajador de Zapatero, cuyos fondos acabaron en cuentas de Suiza, Portugal y Caribe. De otro lado, mientras la oposición en España teme que se expulse a Leopoldo López, refugiado en la Embajada Española en Caracas, el juez ve indicios de delito en el Delcygate y ordena guardar las imágenes del encuentro en Barajas entre Ábalos y Delcy Rodríguez y que se conserven las cintas con todas las grabaciones del aeropuerto en las que aparezcan ambos dirigentes políticos, advirtiendo de que si se destruyen las imágenes se les podría acusar de un delito de desobediencia, mientras el PSOE y sus socios blindan al ministro en el Congreso de los Diputados para que no dé explicaciones.

Y mientras prosiguen las protestas en el campo y se enconan por el temor al recorte de la PAC, afirmando el Gobierno que presionará en Bruselas para mantener los fondos, Pablo Iglesias, olvidándose de que es gobierno y no oposición irresponsable, anima a los agricultores en sus protestas, mientras el campo choca con él al no haber medida alguna tras la reunión que tuvieron con la ministra en la que apareció inesperadamente el vicepresidente. Por otro lado el Consejo de Ministros, que revisará el IVA para cuadrar el gasto, aprueba las tasas «Google» y «Tobin» pero aplaza su cobro hasta diciembre para evitar un conflicto directo con Donald Trump, mientras que reconoce que dichas tasas no son suficientes y que recaudarán la mitad de lo previsto, por lo que las vicepresidentas Calviño y Montero ya trabajan en el «plan B» para prorrogar las cuentas de 2019.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Madrid triplica a Cataluña en su aportación a la solidaridad autonómica; que los responsables para España del FMI denuncian los obstáculos entre regiones; que Sánchez envía al Secretario de Estado a echar al jefe de EFE en una cafetería, donde le anuncia que va a ser despedido tras estar 19 meses en el cargo; que al PP le esperan cinco juicios por corrupción en menos de un año; que el PSOE y los independentistas tumban en Palma la comisión sobre prostitución de menores; que un triunfal Madrid de Baloncesto consigue la copa del Rey tras arrasar en la final al Unicaja, 68-95; que España endurecerá los criterios para la concesión de asilo con una ley siguiendo la senda marcada por la UE; que el Rey preside el Consejo de Ministros social-comunista, acogiéndolo en Zarzuela; y que la altura de las vallas de Ceuta y Melilla aumentarán un 30% al retomar Marlaska su proyecto para retirar las concertinas.

Y del exterior, destacar que Johnson pone en la diana a la BBC y cuestiona su financiación; que Macron recurre a su ministra estrella para París tras el video sexual del candidato; que China ocultó el brote de coronavirus quince días; que se está construyendo una capital faraónica para el Egipto de Al Sisi, un nuevo El Cairo levantado en el desierto que acogerá a seis millones de habitantes; que Borrell logra una misión que controle Libia a cambio de que los barcos europeos no recojan inmigrantes; que Rusia prohíbe la entrada a los ciudadanos chinos por temor al virus y justifica la drástica medida por la rápida expansión de la epidemia; que más de 900.000 civiles sirios huyen en el mayor éxodo de toda la guerra, mientras la ONU denuncia que la ofensiva del régimen en Idlib provoca la salida masiva de población en pleno invierno; y que Ilva Johansson, Comisaria Europea de Interior, manifiesta: «las condiciones de vida en Lesbos me quitan el sueño» y «si no logramos gestionar juntos la migración hay un enorme riesgo de entrar en una espiral».

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