España, de todos y para todos

Nuestro Jefe de Estado, el Rey Felipe, porque así lo decidieron democráticamente los españoles en la Constitución de 1978, manifiesta en un nuevo discurso (el enésimo), impecable desde el punto de vista democrático y en el Congreso de los Diputados con motivo de la apertura solemne de la XIV Legislatura, cosas tan sensatas y razonables como que «España no puede ser de unos contra otros» y hace un llamamiento a una «España de todos y para todos», apelando a los partidos a recobrar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y a alcanzar acuerdos, siendo ovacionado en el Hemiciclo por los parlamentarios durante cuatro minutos mientras que los aliados independentistas de Sánchez, que no asistieron al solemne acto en señal de protesta, le insultaban con un panfleto plagado de inexactitudes y mentiras, y, alardeando de su totalitarismo rancio, no le reconocían como Jefe de Estado. En definitiva, rechazaban las peticiones de Felipe de «lealtad», sus reivindicaciones de «fortaleza» de las instituciones, y sus apelaciones de «concordia» y «generosidad» para afianzar esa «España de todos y para todos» los españoles. En efecto, lamentablemente, ERC, Bildu y BNG, claves, paradójicamente, para sostener al gobierno de coalición de Sánchez, plantan al Jefe de Estado y lo llaman «franquista», despreciando la primera de las instituciones del Estado como es su Jefatura, y olvidando que, al margen de la ideología democrática que cada uno tenga, ya sea monárquica o republicana, las instituciones vigentes del Estado Democrático han de ser respetadas y, muy especialmente, por aquellos que al amparo de la Constitución desempeñan el alto honor de representar en las Cortes Generales a todos los españoles y a su soberanía, como es el caso. No se puede estar en el Congreso o el Senado sólo para cobrar los suculentos sueldos a final de mes y disfrutar de los privilegios derivados de su alto rango, después de haber jurado o prometido acatar la Constitución que, entre otras cosas, diseña la Jefatura de Estado que tenemos, lo que no está reñido con apostar por otra forma de Jefatura, como la República, por ejemplo, pero sí está y debiera estar reñido con el desacato a lo legalmente establecido mientras esté vigente. Quienes apuesten por otras opciones tienen todo el derecho a llevar en sus programas electorales la reivindicación republicana e intentar convencer a la mayoría del pueblo para convertirla en mayoritaria, pero, entretanto, tienen la obligación de acatar y respetar lo establecido en la Ley, empezando por la Jefatura de Estado, salvo que prefieran convertirse en meros delincuentes, como ya sucede a algunos de ellos. Debiera tomarse nota y muy en serio del precio a pagar por el apoyo a la estabilidad gubernamental de políticos que en su ADN llevan el totalitarismo como bandera y, en el mejor de los casos, sólo hacen uso de la Democracia y de lo democráticamente establecido únicamente para satisfacer sus minoritarios proyectos, intentando imponerlos mediante el deterioro institucional democrático, ya que no pueden hacerlo por la fuerza, y, por tanto, usando la legalidad establecida sólo cuando les es favorable.

La sociedad catalana, vasca y gallega rechazan mayoritariamente la figura de una institución anacrónica heredera del franquismo que se sustenta en el objetivo de mantener e imponer la unidad de España y sus leyes

El intachable discurso conciliador del Jefe de Estado en el Congreso contrasta con el citado panfleto independentista que, encabezado por los membretes de JxCat, lazos amarillos, ERC, Sobiranistes, EHBildu, CUP y BNG, y titulado «No tenemos Rey. Democracia, libertad, repúblicas», dice lo siguiente: «Las fuerzas políticas independentistas, soberanistas y republicanas firmantes de esta declaración, queremos manifestar: -La Monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa. La sociedad catalana, vasca y gallega rechazan mayoritariamente la figura de una institución anacrónica heredera del franquismo que se sustenta en el objetivo de mantener e imponer la unidad de España y sus leyes, negando así los derechos civiles, políticos y nacionales que asisten a nuestras ciudadanías y nuestros pueblos. –En el camino democrático hacia la libertad que aspiramos, el Rey no es un interlocutor válido para nosotras y nosotros. Ni tiene la legitimidad de nuestros pueblos, ni le reconocemos ninguna función política. Menos aun cuando su papel para con nuestras naciones no ha sido otro que el de intentar imponer proyectos y valores antidemocráticos, como quedó demostrado en el discurso autoritario pronunciado el 3 de octubre. –La Monarquía Española es un estamento que no responde a los valores republicanos de libertad, igualdad y democracia que tanto los ciudadanos y ciudadanas de nuestros pueblos como las mayorías sociales del estado anhelan. Una democracia real sólo será posible desde la ruptura con la herencia, las bases y valores que representa el Rey y su figura. Por ello, consideramos que el Rey y la Monarquía deben dejar de ejercer su tutela sobre la ciudadanía y sobre los gobiernos y parlamentos que de la voluntad popular emanan. Sólo así se podrá dar cauce a soluciones basadas en el respeto a la voluntad popular, la libertad y la democracia» (Fin de la cita, que diría Rajoy). Y esto lo dicen, nada más y nada menos, que quienes, como diputados, cobran más de 5.000 euros al mes de la monarquía constitucional y, a pesar de las ventajas que les concede la Ley Electoral, sólo suman 39 de los 350 diputados que conforman la Cámara; quienes, desde tan minoritaria posición, proceden de un pasado histórico de violencia terrorista con tiros en la nuca; quienes tienen condenados, encarcelados o huidos de la Justicia a sus cúpulas de partido por la comisión de graves delitos como la sedición o la desobediencia; y, en definitiva, quienes hacen del totalitarismo y la mentira el modus operandi de su actividad política. ¡Qué sucedería si, al igual que hacen ellos con la Jefatura del Estado nosotros, desde nuestra mayoría flagrante, les dijéramos que no nos representan! En fin, sin más comentarios.

Entretanto, según NCReport, el tripartito catalán no suma y complica la Legislatura, pues aunque ERC gana los comicios autonómicos ya anunciados por Torra, se queda sólo con la ventaja de un escaño frente al prófugo Puigdemont y no podría gobernar con PSC y los Comunes de Colau, con lo que, salvo que los catalanes lo eviten en las urnas, el bloque soberanista, como ahora, sería la única fórmula posible y dinamitaría el plan de Sánchez; Ciudadanos, que ganó los anteriores comicios, cae 22 escaños, el PP ganaría 8 y Vox entraría con 4; los resultados serían: ERC 21% de votos y 32 escaños, JxC 19´5% y 31, PSC 17´4% y 24, Ciudadanos 10´3% y 14, PP 8´9% y 12, Comunes 8´3% y 10, Vox 6´3% y 4, y CUP 5´9% y 8. Mientras tanto, los letrados del Parlament sí cuestionan ahora que Torra pueda ser president tras haber perdido su acta de diputado, en tanto que Sánchez deja en un «trámite» la cita de mañana con él en el Palau de la Generalitat a la que le obliga ERC y pactará con éstos la Mesa de diálogo; por su parte Marlaska incentiva permisos carcelarios en un guiño a Bildu, aprobando que los directores de las prisiones cobren productividad en función del número de concesiones de tercer grado, lo que potenciaría los permisos de libertad de los presos de ETA.

Y mientras Sánchez dispara el número de altos cargos y asesores, liquidando las medidas de ahorro de Rajoy al inflar la estructura del Gobierno con un 40% más de puestos (así se satisface a todos los que forman la coalición social-comunista), Defensa decide gastar 20 millones en los aviones y helicópteros VIP del Presidente, renovando su interior y destinando 200.000 euros al catering. Por otro lado, justo el mismo día en que el Gobierno aprueba la subida del salario mínimo a 950 euros, las cifras oficiales de paro siembran más dudas sobre el futuro de la Economía al constatar que en enero hay 244.000 empleos menos, el peor enero desde 2013, revelando especialmente que en el campo y en el servicio doméstico se destruyeron casi 64.000 puestos de trabajo en el último año, lo que genera cierta polémica sobre la influencia del incremento del SMI en dichos sectores laborales. Lo cierto es que el empleo se hunde en el campo y el Gobierno culpa a los supermercados, rehuyendo el impacto de la subida del salario mínimo, mientras el sector agrario destruye quince veces más puestos de trabajo de lo habitual. Y mientras el ministro Planas culpa a las grandes superficies de los bajos precios, emplazando a las grandes cadenas de distribución a «poner en valor el trabajo de los agricultores» y minimiza el impacto del SMI, un grupo de agricultores, se suma a las manifestaciones de días anteriores, y protesta en Toledo, en tanto que dichas protestas llegan hoy a Madrid ante el Ministerio de Agricultura, pues la realidad es que con los costes de producción cada vez más altos y los precios en origen cada vez más bajos es imposible sostener el sector agrario y ganadero.

El ministro Planas culpa a las grandes superficies de los bajos precios, emplazando a las grandes cadenas de distribución a «poner en valor el trabajo de los agricultores» y minimiza el impacto del SMI

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que gracias a la reforma del PSOE los jueces dictan prórrogas masivas de las causas; que la Vicepresidenta Ribera dice «me obsesionan los grandes incendios y la escasez y el exceso sucesivos de agua»; que el Gobierno reactiva las deportaciones de inmigrantes desde Canarias, pues Interior, frente al incremento de las llegadas, está impulsando los vuelos de repatriación; que la cesión del MIR a Cataluña desata las críticas de los médicos; que Ayuso activa su proyecto alternativo al «pin parental» de Vox, consistente en que los centros informen de su plan de programación en el periodo de matriculación, tal como pactó con Vox, y Monasterio lo ve insuficiente; que Arrimadas quiere abrir la coalición con el PP a la izquierda, planteando incorporar independientes y sin renunciar a Galicia; que son absueltos los siete acusados del asesinato del alcalde de Polop; que el Tribunal de Cuentas requirió a Podemos la justificación de 1´6 millones de euros; que el juez señala varios delitos del BBVA al contratar a Villarejo para que espiara; que Iberdrola vende su 8% en Siemens Gamesa por 1.000 millones; que fallece a los 72 años de edad el cineasta José Luis Cuerda, padre del cine de lo absurdo; que un avión de Air Canadá aterriza de emergencia en Barajas tras sobrevolar la zona durante cinco horas para liberar combustible, mientras poco antes el aeropuerto se vio obligado a cerrar más de una hora el tráfico a causa de un dron; y que el PSOE, con el beneplácito del resto de partidos, incluido el PP, decide poner un cordón sanitario a Vox pese a ser la tercera fuerza política y le impide presidir comisiones parlamentarias, por lo que el partido de Abascal carga contra los populares, mientras algunos, incluso partidarios de la medida, no entienden que no se haga lo propio con otros partidos, los nacional-secesionistas, tras clarísimas actuaciones totalitarias en su proceder.

Y del exterior, destacar que un islamista, que acababa de salir de la cárcel, es abatido en Londres por la policía tras apuñalar a dos personas; que Johnson propone a la UE un acuerdo comercial sin tener que cumplir sus normas; que la UE advierte a Israel contra la anexión de territorios palestinos; y que la nieta de Le Pen sostiene que «ha sorprendido Vox, pero España no podía estar fuera de la ola conservadora» y que «la UE incentiva los regionalismos y así crecen casos como el de Cataluña». Pero el asunto más impactante sigue siendo el coronavirus procedente de China, país que retrasa la vuelta al trabajo y a la escuela de miles de personas, escalonando las empresas el retorno de sus empleados para evitar que el virus se expanda en las aglomeraciones, mientras miles de obreros han trabajado intensamente para levantar sólo en diez días el nuevo macrohospital de Wuhan para combatir la epidemia; entretanto China sufre el mayor desplome de sus Bolsas en cinco años y Pekín, que acusa a EEUU de alentar el miedo entre señales de freno en la economía, impone la censura ante la crisis ordenando «fortalecer el control de los medios e Internet» y desplegando la propaganda oficial, mientras LG y ZTE deciden no acudir al Mobile por el miedo al contagio; por otro lado la Embajada china en España alerta de la «discriminación» que están sufriendo los ciudadanos chinos que se lamentan de que «la gente nos mira como si les fuéramos a matar» y de tener que cerrar sus negocios por el miedo de los españoles al coronavirus, cuando ellos ponen en cuarentena a los familiares que vienen de su país.

Jorge Cremades Sena

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