Salvar al ciudadano Junqueras

Pedro Sánchez anuncia que tiene la intención de modificar el Código Penal y, concretamente, para rebajar las penas por el delito de sedición, de lo que se deduce que el objetivo de la medida es sencillamente salvar al ciudadano Junqueras, dado que los únicos presos por sedición en España son él y sus colegas de aventuras sediciosas. Obviamente, semejante desfachatez ha desatado las críticas de la oposición que califican la iniciativa de «amnistía encubierta» como pago al apoyo prestado por ERC a la investidura, lo que supondría una burla a la sentencia del Tribunal Supremo para que finalmente Junqueras sea rehabilitado al aplicársele la ventajosa medida de rebaja de penas con efecto retroactivo y así poder volver pronto a la política al reducirle también los años de inhabilitación; una medida que favorecería asimismo al fugado Puigdemont. No faltan razones pues para que PP y Ciudadanos teman un «indulto oculto» a los presos independentistas, mientras el Govern no tiene reparo en desvelar que las rebajas de las penas por sedición responde a sus peticiones en la negociación y que la reunión con Torra será para abordar la independencia de Cataluña. La estrategia por parte de Sánchez es bien clara: un Código Penal a la carta para burlar la sentencia firme del Supremo y con ello garantizarse la permanencia en el poder. Ya ven, si hay que cambiar el Código Penal, se cambia, pero no, como decía Sánchez, para volver a tipificar como delito los referéndums ilegales, sino para hacer más asequible el delito de sedición desde que los sediciosos son los avalistas de su Gobierno. Y, ya ven, si para cumplir las exigencias de mesa bilateral España-Cataluña, hay que camuflarlas y reunirse uno a uno con los diecisiete presidentes autonómicos para disimular los agravios comparativos si se lleva a cabo sólo la de Cataluña, se hacen los paripés que hagan falta para satisfacer el ego de los secesionistas. Todo, absolutamente todo, al servicio del superior interés de la permanencia de Sánchez en el poder, no vaya a ser que sus socios secesionistas y sediciosos se bajen demasiado pronto del burro. A tal efecto, Sánchez se reunirá en febrero con Torra en Barcelona y prevé tener los Presupuestos en verano, mientras el prófugo Puigdemont manifiesta que «la mesa de diálogo no puede ignorar lo que represento». Entretanto Trapero se sienta en el banquillo por su papel en el ilegal referéndum del 1-O como Mayor de los Mossos, una verdadera prueba de fuego para la Fiscalía tras la polémica designación de la exministra Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, pues el Ministerio Público ya había pedido once años para el Mayor de los Mossos, quien, en todo caso, se desmarca ahora del «procés», marca distancias con «el tema ese de la independencia» y tilda de «barbaridad» la vía unilateral de la Generalitat, diciendo que su relación con el President no era «ni buena ni mala» y que su intención en los incidentes del 1-O era «ayudar a la Guardia Civil». Al menos Trapero se desmarca del procés, a diferencia de quienes tan beneficiados piensan verse por la reforma del Código Penal que no sólo se sienten orgullosos de los delitos que han cometido sino que reiteran que volverán a intentarlo.

Hacienda reparte 113.000 millones entre las CCAA y a Cataluña el 34% más que a Madrid

Y mientras el bloqueo lleva el procés a un Tribunal Constitucional sin renovar, el Supremo se plantea suspender hoy la retirada del acta de Torra, en tanto que la actitud del PP en la Eurocámara complica el suplicatorio de Puigdemont pues desmarcarse de la presión para defender el Estado de Derecho en Hungría y Polonia, no es la mejor credencial para hacer creíble su defensa del Estado de Derecho en España. Por su parte Hacienda reparte 113.000 millones entre las CCAA y a Cataluña el 34% más que a Madrid. Y mientras la socialista Chivite pacta con Bildu los Presupuestos de Navarra y pide acercar a los presos etarras para que los abertzales la apoyen, el Gobierno afirma que el pacto de su partido con ellos es «normal», mientras Estrasburgo investigará los atentados de ETA sin resolver, en total 379 crímenes, por lo que enviará una comisión al País Vasco, sin que Bildu haya pedido perdón por tanto daño causado ni haya mostrado el menor signo de arrepentimiento. Y es que con este Gobierno social-populista en España suceden cosas inexplicables, como que, mientras el británico Johnson recibe en Downing Street a Guaidó, el Presidente Sánchez se niegue a hacer lo propio recibiéndolo en Moncloa, en tanto que Zapatero impulsa a Maduro, en pleno escándalo por la presunta corrupción de Morodo, el embajador español de Zapatero en Venezuela, cuyo socio venezolano en la trama corrupta, Juan Carlos Márquez, directivo de PDVSA, que se suicidó en Madrid, declaró 48 horas antes de quitarse la vida que «el ministro de Chávez exigió que Morodo le rindiera cuentas a él», que «Morodo se reunía directamente con el ministro; yo trataba con su hijo para aprobar las consultorías» y explicó ante el juez Santiago Pedraz «yo firmaba por delegación, lo que dijera el ministro, el vicepresidente o quien fuera»……era el idolatrado régimen chavista por parte de Podemos.

Y por si lo anterior no fuera suficiente embrollo y motivo de preocupación, se sigue alimentando la polémica sobre el veto parental en el que Casado se vuelca y Ciudadanos se desmarca, aunque lo apoyara en la Comunidad de Murcia, mientras el PSOE moviliza a sus consejeros de Educación. Una falsa polémica cargada de mentiras y despropósitos, en la que Pedro Caballero, presidente de CONCAPA, llega a decir que «no permitiremos que el Estado adoctrine a nuestros hijos», mientras desde Podemos se azuza la guerra ideológica con amenaza incluida de la aplicación del 155 en Murcia si el Gobierno murciano no se baja del burro en que le ha subido Vox. Por su parte Celáa, tras su desafortunada afirmación de que «los hijos no pertenecen a los padres», rebaja a «accesorio» el derecho de los padres a educar según sus creencias y Sánchez dice, con toda razón, que el «pin parental» es «un problema inventado por la ultraderecha», mientras Ciudadanos se niega a aplicarlo en Andalucía y el consejero de Madrid, del PP, lo rechaza y desmiente las denuncias de Vox, que renunció al «pin parental» en el pacto firmado con el PP y Cs en agosto, acordándose simplemente un sistema de información a los padres, ya vigente, antes de la matriculación.

Por otro lado la Vicepresidenta Calvo se estrella contra la Gramática pues los académicos de la RAE rechazan sus presiones para feminizar la Constitución Española y corregirla con el fin de adaptarla al lenguaje inclusivo que dicta el Gobierno (la manoseada reiteración de los «las» para el femenino, los «los» para los masculinos y los «les», que defienden algunos, para los que no son ni masculinos ni femeninos). En efecto, según Informe de la Real Academia Española, la actual redacción de nuestra Carta Magna «no plantea problemas jurídicos ni lingüísticos; las razones que podrían conducir a modificar este aspecto de la redacción del texto constitucional no son de naturaleza lingüística, sino de carácter estrictamente político». Más claro, el agua cristalina. Pero Carmen Calvo reta a la RAE manifestando que «nadie puede parar el lenguaje inclusivo», mientras la Academia concluye que el texto de la Constitución es «gramaticalmente impecable» y añade que «la Academia no inventa el español». Y es que Carmen Calvo, sigue impregnada de los despropósitos de sus antiguas compañeras de gobierno con ZP, Aído o Pajín, cuando, para mayor ridículo decían, «miembros y miembras» (faltarían  los miembres) y defendían que «el problema es que el PIB es claramente masculino» (debiera llamarse «Producta Interiora Bruta»). En fin sin más comentarios.

Y, por si a alguien le interesa, según NCReport, los ciudadanos conceden un claro suspenso al Gobierno social-populista y la ministra Irene Montero es la peor valorada, oscilando la valoración entre el 2´5 de Irene y el 4´2 de Margarita Robles, la mejor valorada; además la mayoría desaprueba una reunión con Torra y las cesiones a los independentistas, la coalición «progresista» alimenta a Vox y Podemos, pues el PSOE pierde 600.000 votos; el 71% cree que hay demasiados ministros y más de la mitad no aprueba el pacto con ERC y que Delgado sea Fiscal General. Pero, en fin, sólo se trata de encuestas.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que España roza ya un déficit del 3%, siendo la primera subida anual desde 2012, con lo que el Gobierno dispara el agujero en 2019 y deja la economía al borde de la intervención; que la Justicia confía en la renovación del Constitucional y del CGPJ antes del verano y el PP dice que se sentará a negociar si hay «pactos de Estado» para despolitizarlo; que Correos convoca 4.005 plazas fijas de trabajo, la mayor oferta de empleo en una década, y se presentan 166.000 opositores; que Garamendi, presidente de la CEOE, dice que «si se complica la norma laboral, igual no se contrata a nadie» y que «no basta con darle un cargo a Calviño, hay que darle autoridad, hay que coordinar el área económica»; que el FMI apoya elevar el gasto social para atajar la desigualdad, aunque rebaja al 1´6% el crecimiento de España; que Casado y Valls negocian un pacto electoral en Cataluña; que Hacienda denuncia los contratos de Morodo pues «son una simulación» y le acusa junto a su hijo de tres delitos y un fraude fiscal de 1´3 millones; y que el temporal de viento, lluvia y nieve se ceba con España, dejando varios muertos y desaparecidos y arrasando la costa, provocando «grandes destrozos» en el delta del Ebro.

Por lo que respecta al exterior cabe destacar que Guaidó viaja a Bogotá para reunirse con el Secretario de Estado norteamericano, buscando con Colombia y EEUU reactivar la presión contra Maduro; que Trump exhibe en Davos su negación del cambio climático y carga contra «los catastrofistas y su predicciones apocalípticas» diciendo que dará prioridad al empleo; que Francia cede ante EEUU y congela la tasa Google; que Méjico alcanza un record de violencia con más de 35.000 homicidios; y que las potencias pactan frenar la injerencia extranjera en Libia, acordando un alto el fuego y el embargo de armas verificable en el país, del que parten miles de migrantes hacia la UE.

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