Responsabilidad institucional

Al margen del signo ideológico que tenga en Democracia el Gobierno de turno hay principios y asuntos de Estado, como la división de poderes entre otros, que no pueden quedar en entredicho, ni en el fondo ni en las formas, y deben ser respetados por encima de las conveniencias del gobernante o de la oposición pues conforman la espina dorsal del funcionamiento del Estado de Derecho. El poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por más interrelacionados que estén, no sólo han de ser independientes sino que además han de parecerlo para evitar interferencias indeseables entre ellos que entorpecen la estabilidad institucional y animan a críticas oportunistas coyunturales que generan precedentes indeseables de cara al futuro, olvidando que, en democracia, quien en un momento determinado está en el gobierno  en otro momento estará en la oposición y viceversa. Pero no parece este el camino cuando el Vicepresidente Pablo Iglesias, nada más tomar posesión de su cargo, arremete contra la Justicia española declarando que la prueba de que la «judicialización» del procés fue un error es que «muchos tribunales europeos» han «quitado la razón» a jueces españoles, lo que ha supuesto una «humillación» para España. Una declaración totalmente inoportuna, además de falsa, ya que, salvo la decisión de un tribunal territorial alemán, el tribunal de la UE simplemente ha aclarado al Supremo español, a petición de éste, una duda sobre el momento en que un eurodiputado adquiere inmunidad, al no haber jurisprudencia alguna al respecto. Por tanto, una inoportuna declaración de Iglesias que ha provocado la reacción inmediata del Consejo General del Poder Judicial, difundiendo otra declaración en la que pide a Iglesias (que ya no es un político opositor, más o menos responsable y comedido, sino el Vicepresidente del Poder Ejecutivo) «responsabilidad institucional», mientras el Gobierno, por su parte, responde al CGPJ, sin citar a iglesias, reivindicando la «libertad de expresión» (el cajón de sastre en el que cabe todo lo que a cada uno le convenga) y reclamando la renovación de la cúpula del Gobierno de los Jueces, presidido por Lesmes (en funciones, al igual que sucedía con el Gobierno de España presidido por Sánchez, desde diciembre de 2018) aunque, eso sí, con un comunicado en tono conciliador señalando que «es tiempo de dialogar y aportar acuerdos que refuercen las instituciones». ¡Menuda forma de dialogar la del Vicepresidente Iglesias! En definitiva, ante este intolerable hostigamiento del Vicepresidente del Gobierno, el CGPJ se planta apelando «a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia y el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados» y, ante ello, el Gobierno respalda a su Vicepresidente mientras solicita la renovación del CGPJ que, hasta la fecha, se ha venido repartiendo entre PSOE y PP, apelando a un diálogo, justo cuando Pedro Sánchez, sin dialogar con nadie, sorprende a tirios y troyanos con el pase casi directo de su Ministra de Justicia a la Fiscalía General del Estado, insólito durante todo el periodo democrático, provocando dicho nombramiento grandes críticas ante el evidente daño a la imagen de la Fiscalía del Estado, que no del Gobierno (aunque sea el que propone el candidato), manteniendo algunos vocales en el pleno del CGPJ, que vota su idoneidad, un rechazo hacia Delgado porque «no garantiza la imparcialidad». Al final, para evitar encontronazos mayores, un Poder Judicial dividido avala por doce votos a siete el polémico nombramiento de Delgado como Fiscal General mediante un texto inhabitual en el que, por primera vez, suprime toda mención a la «idoneidad» y sólo se centra en los requisitos legales. Lesmes logra así que doce vocales apoyen el nombramiento, aunque siete no lo hagan, porque «hay una apariencia de vinculación con el Gobierno», siendo así la Fiscal General menos respaldada desde el nombramiento ilegal (aquel sí) de Eligio Hernández en los años noventa.

El fuerte rechazo a Delgado por su parcialidad, divide incluso en bandos a la izquierda judicial y fiscal, molesta con su nombramiento

Y es que, desde que tanto la izquierda como la derecha moderada, PSOE y PP-CS respectivamente, se han echado en brazos de radicalismos indeseables, Podemos-Secesionismo y Vox respectivamente, para poder gobernar; los grandes acuerdos para asuntos de Estado andan cada vez peor por la evidente influencia de los radicalismos. El fuerte rechazo a Delgado por su parcialidad, divide incluso en bandos a la izquierda judicial y fiscal, molesta con su nombramiento, que, evidentemente daña la imagen de la Justicia, mientras en la derecha el PP insiste en bloquear la renovación de los órganos judiciales, siendo acusado por la ministra Montero de «embarrar la política», y Casado plantea una reforma para que ningún cargo político vuelva a ser Fiscal General del Estado, mientras Enrique López, responsable de Justicia del PP, deja bien claro que «el PP está dispuesto a negociar un pacto de Estado para despolitizar la Justicia»…..¿Estarán dispuestos PSOE y PP a finiquitar de una vez por todas este asunto al margen de las presiones de sus respectivos socios radicales? Me temo que no, pues en ambos partidos prima más su interés particular que el general y en el futuro nos veremos abocados a contemplar el pase del Ejecutivo al Judicial de forma descarada, así como los matrimonios formando parte del Consejo de Ministros, cuando eran asuntos inéditos en todo el periodo democrático…. ¡qué se hubiera dicho, por ejemplo, si Rajoy cuando era Vicepresidente hubiera compartido cartera con su mujer en el Gobierno de Aznar!, ¡qué, si éste hubiera pasado a Gallardón desde su Gobierno a la Fiscalía General del Estado! Por otro lado, el PP, tan interesado en garantizar la independencia judicial en España, vota en el Parlamento Europeo contra la garantía de la independencia del sistema de justicia en Polonia o la vigilancia mayor sobre las actuaciones de este país y de Hungría por su deriva autoritaria…. En fin, cinismos políticos, tanto en la izquierda como en la derecha que sólo conducen a enfangar el funcionamiento de las instituciones democráticas. Y, por si no fuera suficiente, Sánchez decide trasladar el Consejo de Ministros de los viernes a los martes, lo que para la oposición supone una burla al necesario control del Gobierno en el Congreso de los Diputados ya que los grupos parlamentarios tendrán mucho menos tiempo para preparar las preguntas al Gobierno de los miércoles.

Entretanto Torra anuncia el adelanto electoral si se consuma su inhabilitación, mientras Marlaska ofrece a ERC la purga de la cúpula de la Guardia Civil en Cataluña, queriendo apartar a los mandos que han tenido mayor protagonismo contra el procés para contentar a Esquerra, amenazada, sin duda, por Torra con elecciones si el Parlament le inhabilita. Por otro lado Jordi Cuixart ya es el primer condenado del «procés» en gozar de un permiso de dos días tras cumplir la cuarta parte de su condena, concesión que le hace la Generalitat sin que Fiscalía lo recurra, iniciándose así el camino para que las condenas del resto de presos sean bastante más llevaderas. Así, el Presidente de Omnium Cultural no tiene reparo alguno en hacer el signo de la victoria a las puertas de la cárcel….y así, Ternera sopesa su entrega a España ante el «nuevo panorama» de excarcelaciones. No obstante, Oriol Junqueras sigue amenazando al Gobierno con que «el Presupuesto dependerá de los avances en la mesa de diálogo», o, dicho de otro modo: o me concedes lo que quiero o se acaba la fiesta. Por su parte Sánchez desmonta la estrategia de Borrell contra el soberanismo y pacta con Torra reabrir las mismas «embajadas» vetadas por el ex ministro pese a que Justicia las sigue cerrando, mientras Fiscalía se muestra favorable a paralizar la inhabilitación del President dictada por la Junta Electoral, o, dicho de otro modo: el TSJC tumba las embajadas catalanas y Sánchez las reabre.

El Gobierno de Murcia abre el conflicto al imponer el control de los padres a cualquier actividad extraescolar complementaria que realicen sus hijos en los centros educativos

Y en medio de este preocupante panorama, por si no hubiese ya demasiados desencuentros, se abre paso otra polémica en Educación, otro asunto de Estado que debiera estar por encima de los intereses partidarios. El Gobierno de Murcia, apoyado por Vox, abre el conflicto al imponer el control, mediante autorización expresa, de los padres a cualquier actividad extraescolar complementaria que realicen sus hijos en los centros educativos, lo que eufemísticamente se conoce como «pin parental» pero en realidad es una censura expresa inaceptable. Con toda la razón del mundo la Ministra Celáa, eso sí, con mayor o menor acierto en sus argumentos, declara la guerra a este «pin parental» pactado entre PP y Vox, que amenaza con ser extendido a otras CCAA gobernadas por la derecha, al extremo de que el Gobierno está dispuesto a pleitear contra PP, Cs y Vox para impedir este intolerable veto parental en la escuela pública, pues, según la ministra, «no podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres» cuando «los hijos no pertenecen a los padres», provocando la respuesta del popular García Egea de que «los hijos no pertenecen a la señora Celáa, a la señora Montero o al señor Sánchez». Despropósito tras despropósito cuando el debate no es a quiénes pertenecen los hijos, sino sobre los derechos que los hijos tienen al margen de lo que consideren sus padres y es obvio que éstos no tienen derecho a imponer unilateralmente su ideario en los centros públicos ni a decidir qué materias o no han de impartirse en los mismos, incluidas las actividades complementarias obligatorias, que han de decidirse en los respectivos Consejos Escolares donde está representada toda la Comunidad Educativa. Pero me temo que la racionalidad no será el principio que marque esta absurda polémica, pues el objetivo no es mejorar el sistema educativo sino intentar llevarse el gato al agua como sea.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Irene Montero planta a la reina en su estreno como ministra, estando en una televisión privada durante un acto oficial de violencia de género; que Tezanos repetirá al frente del CIS después de que Iglesias, ahora bien calladito, pidiera su cese, especulándose si ahora el CIS volverá a preguntar por la Monarquía, reclamación recurrente del ahora ministro Garzón; que Marlaska propone a María Gámez, actual subdelegada del Gobierno en Málaga, como Directora General de la Guardia Civil, siendo la primera mujer en dicho cargo; que Barcelona declara la emergencia climática para reducir el CO2; que Ayuso disputará el «Mobile» a Colau tras decir ésta que los móviles provocan cáncer; que la CNMV exigirá un 40% de mujeres en los consejos de las empresas cotizadas, la presencia femenina es del 20% y este año se espera alcanzar el 30%; que la planta de Tarragona no avisó de la explosión a las autoridades; que Baleares admite ahora que echó a cinco educadores del centro de menores por abusos sexuales; que, según informe del BBVA, la subida del salario mínimo destruyó 45.000 empleos en 2019; que el marido de la Vicepresidenta Ribera es favorito para presidir la CNMC con lo que el Gobierno podría incurrir en un conflicto de intereses; que la incertidumbre laboral hunde la confianza de las empresas a su peor nivel en cuatro años; que Pablo Iglesias adelanta Vistalegre III para perpetuarse al frente de Podemos, anunciando que será candidato; que Carlos Sainz conquista su tercer Dakar a los 57 años de edad a base de una portentosa preparación física; que, según María Jesús Montero, ministra de hacienda, «España aún tiene margen para nuevas figuras fiscales»; que el TSJB vuelve a imponer el catalán como requisito en la sanidad balear al declarar nulo el decreto de moratoria de dos años a los médicos; que hay cierta alerta en Zarzuela por la futura relación con el Gobierno, preocupando la «podemización» del PSOE, pues los socialistas ya asumen que no podrán frenar los desplantes de sus socios a la Corona; que Podemos coloca a cien altos cargos y asesores, pues él sólo el Vicepresidente tiene nueve personas, mientras la «dos» de Igualdad, cobra 7.185 euros al mes, más que el propio Presidente, como ya es habitual en estos altos cargos de segundo rango;  y que Baleares multará a los promotores del «turismo de borrachera» con sanciones de hasta 600.000 euros por las barras libres, «happy hours» y ofertas 2×1, decidido a poner coto a este tipo de turismo y al balconing con esta normativa inédita en la UE.

Putin impone una reforma política que le permite extender su poder, abriendo una crisis de gobierno

Y del exterior, destacar que EEUU y China firman una tregua parcial, pero mantienen sus suspicacias; que el «impeachment» comienza con nuevas pruebas contra Trump, concluyendo la Agencia independiente de control del Gobierno que el Presidente violó la ley al retener fondos para Ucrania; que China comienza a debilitarse con una caída histórica de la natalidad y un freno en la economía; que Putin impone una reforma política que le permite extender su poder, abriendo una crisis de gobierno, sustituyendo al primer ministro y planteando una amplia reforma de la Constitución, despejando así el camino para eternizarse como zar ruso; y que el líder iraní, Jamenei, responde a las protestas con una insólita arenga, acusando, con un rifle desde el estrado, a los manifestantes de «hacer el juego al enemigo» y pidiendo a los países islámicos hacer frente a EEUU. Pero el interés está en Venezuela pues el chavismo, el régimen tan admirado por nuestro Vicepresidente Iglesia y compañía, impide a tiros y porrazos que la oposición entre en el Parlamento, con lo que Guaidó traslada la sesión a un teatro de Caracas mientras denuncia la «toma paramilitar» y mientras la Eurocámara, por su parte, condena el «golpe de Estado» de Maduro contra Guaidó y pide a Borrell que refuerce la implicación de la UE en el conflicto; entretanto se conoce que el chavismo dio 35 millones a la trama de Raúl Morodo, embajador español durante el gobierno de Zapatero, a quien Anticorrupción acusa de cobrar asesorías ficticias de la petrolera PDVSA y caza a su mujer con 6´4 millones de euros en Suiza…..por su parte Guaidó manifiesta: «confío en que Sánchez sea firme con Maduro pese a Iglesias».

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