Acuerdo tramposo

Con lenguaje críptico (no comprensible para la mayoría de las personas porque está hecho para ser entendido por unos pocos) los españoles conocemos por fin el texto del acuerdo PSOE-ERC, tras ser aprobado, como se esperaba, por el Consejo Nacional de Esquerra (cínicamente, tras prolongado y concienzudo debate para llegar al final curiosamente casi a la unanimidad, con el «sí» del 96´5% de los asistentes), dando así los republicanos el visto bueno con su abstención a la ansiada investidura de Pedro Sánchez, que ya tiene su regalito de Reyes, después de que Batet con precipitada e injustificada urgencia decidiera convocar insólitamente el Pleno del Congreso para sábado y domingo con tal de que Sánchez pueda exhibir, como el resto de niños del país, su regalito, probablemente envenenado, el próximo día siete de enero. Un acuerdo tramposo plasmado en un texto criptográfico milimétricamente calculado y suficientemente ambiguo para que cada quien pueda entender lo que más le interese y venderlo mejor a sus respectivas clientelas con el objetivo de seguir mareando la perdiz sin entrar de pleno en el meollo de la cuestión al omitir términos fundamentales como «Constitución» o «referéndum», que sustituyen por sinónimos más difusos como «ordenamiento jurídico democrático» o «consulta» respectivamente, cuando socialistas y republicanos saben perfectamente que, por muchas vueltas que le den, antes o después habrá que afrontar en términos concretos el peliagudo asunto de si la soberanía reside en el pueblo español, como dice la Carta Magna, o en una parte del mismo, en este caso, en los catalanes, para decidir el destino futuro de uno de los territorios, en este caso Cataluña, que conforman el Estado Español. No obstante, el ambiguo texto acordado no tiene desperdicio, fija la creación de una mesa bilateral negociadora de diálogo «entre gobiernos», que se reunirá quince días después de la formación del gobierno social-populista, en la que «no habrá más límites que el ordenamiento jurídico democrático», que, según ERC, va más allá de la Constitución, y cuyas medidas acordadas se podrán someter a «consulta a la ciudadanía de Catalunya». Ya ven, «Constitución» y «referéndum» desaparecen del mapa y que cada quien siga jugando a la ambigüedad como mejor le convenga. ERC avala así a Sánchez a cambio de una inverosímil negociación sin vetos y de que se consulte a la ciudadanía catalana, que no española, sobre el «conflicto político», suplantando la Carta Magna y con el «único límite» del «ordenamiento jurídico democrático» que decidan ambos gobiernos (el de España y el Govern de Cataluña) de tú a tú, de igual a igual, a diferencia del resto de gobiernos autonómicos, obviamente de rango jerárquico inferior en nuestro entramado institucional del Estado…. No extraña pues que algunos, como Otegi, ya se pongan en fila para pedir mesas negociadoras similares o que otros partidos regionalistas ya tengan dudas de favorecer este privilegio de la Comunidad Autónoma de Cataluña respecto a la suya propia, llamando la atención que presidentes autónomos socialistas no pongan el grito en el cielo ante semejante agravio comparativo con la Autonomía que dirigen. El pacto de investidura en definitiva consagra una mesa de gobiernos al margen de las Cámaras para negociar sin límites y sin contar con Torra, quien ya ha advertido que no lo avala y que sólo se trata de un acuerdo entre partidos; el pacto evita comprometerse con la Constitución y ofrece cambiar la ley (ya veremos con qué mayorías en el Congreso) para que sólo la «ciudadanía de Catalunya» vote, y, obviamente, asume el lenguaje secesionista pidiendo «superar la judicialización» mientras los separatistas la utilizan cuando les interesa, como acaban de hacer con el uso de la decisión del Tribunal de la UE en el asunto Junqueras.

ERC se siente reconfortada cuando hace bien poco, en septiembre del 19, el mismísimo Sánchez decía públicamente que «el movimiento independentistas tiene que reconocer que ha fracasado, que su naufragio es total»

Las consecuencias de este pacto tramposo entre PSOE-ERC no se han hecho esperar, mientras Bélgica blinda al prófugo Puigdemont y suspende la euroorden, con lo que podrá salir del país, y mientras los líderes republicanos celebran el acuerdo alcanzado y advierten de que el único camino es la independencia. En efecto, el partido de Revilla, que ya lo había advertido, tras conocer el acuerdo tramposo PSOE-ERC se pasa del «sí» inicial al no, aunque, como siempre hay un roto para un descosido, los votos de Teruel Existe, Nueva Canaria y el BNG apuntalan más síes que noes y garantizan, salvo sorpresa mayúscula, la investidura de Sánchez en segunda votación. Ya explicarán a aragoneses, canarios y gallegos por qué favorecen el privilegio de Cataluña frente a Aragón, Canarias o Galicia mientras ERC celebra que «el gobierno débil» ya acepta en principio consultas (eufemismo de referéndum, aunque Ábalos lo niega) para resolver el «conflicto político» y dar un gran paso hacia la autodeterminación al tener un compromiso escrito de Sánchez de que lo que pacten «los dos gobiernos» lo votarán sólo los catalanes. Así ERC se siente reconfortada cuando hace bien poco, en septiembre del 19, el mismísimo Sánchez decía públicamente que «el movimiento independentistas tiene que reconocer que ha fracasado, que su naufragio es total»; ya ven, ahora el secesionismo es el garante de su investidura. Entretanto, Marlaska liquida el poco crédito que le quedaba con la Guardia Civil, irritada tras el acuerdo para sacarla de Navarra, que se siente relegada y engañada por el ministro, quien, en septiembre pasado, se había comprometido con el Instituto Armado a no ceder en Navarra. Entretanto Moncloa presionaba a la Junta Electoral para salvar a Torra, al extremo de que, según se publica y nadie desmiente, los magistrados recibían llamadas que les exigían no inhabilitar al President, jugando el PSOE con la baza de la inminente renovación que se dará dentro del órgano electoral.

Todo apunta a que exigirá a Sánchez que deslegitime a la JEC en su discurso, aunque Junqueras, por si acaso, desde la cárcel sigue apoyando a Sánchez

Sin embargo la Junta Electoral Central no se deja amilanar por presión alguna y dictamina (por un sólo voto de diferencia), a pocas horas de iniciarse el peculiar debate festivo de investidura de este fin de semana (que ya se ha iniciado y se está desarrollando), la inhabilitación de Torra como diputado del Parlament (lo que supone su inhabilitación como President ya que el Estatut exige para serlo tener la condición de diputado) y la inhabilitación de Junqueras como eurodiputado (lo que supone su permanencia en prisión y no acudir a recoger su acta como tal). Un bombazo jurídico-político de primera magnitud que sacude hasta la mismísima investidura, lo que explica las prisas de Sánchez por ser investido en plenas fiestas para no dejar margen a sus valedores a una reflexión más profunda al respecto. No obstante, aunque la decisión de la JEC es susceptible de ser recurrida al Tribunal Supremo, las reacciones no se han hecho esperar, proliferando las descalificaciones de la JEC por parte de los socios secesionistas de Sánchez, a las que se suma el propio PSOE, y los elogios de los partidos de la derecha que habían solicitado dicho dictamen del máximo órgano electoral administrativo. La destitución de Torra por desobediencia, que no por colgar una pancarta en el balcón, como dicen algunos, y la negación del acta de eurodiputado a Junqueras por estar condenado por sedición y cumpliendo condena en prisión, es calificada irresponsablemente por Ferraz como «boicot de la ultraderecha», mientras ERC, valedora de la investidura de Sánchez, lo tilda de «golpe de Estado» contra Cataluña (es paradójico que los aficionados al golpismo así califiquen el dictamen de la JEC) y su Ejecutiva, convocada para hoy mismo de urgencia, valorará las «consecuencias» para la investidura y todo apunta a que exigirá a Sánchez que deslegitime a la JEC en su discurso, aunque Junqueras, por si acaso, desde la cárcel sigue apoyando a Sánchez (cualquier otra alternativa al débil gobierno social-populista sería peor para sus propios intereses y los del secesionismo).  Por su parte Torra, desobedeciendo de nuevo a las instituciones del Estado, manifiesta que seguirá en el cargo y convoca al Parlament que es, según él, la única institución que podría destituirlo al afirmar rotundamente «sólo me puede inhabilitar el Parlament», mientras la socialista Adriana Lastra manifiesta que la JEC se excede, uniéndose así el PSOE por mero interés particular a los ataques de Torra y del secesionismo a la Justicia y a las diversas instituciones del Estado que para cualquier demócrata están para que se respeten sus decisiones y, muy especialmente, cuando en dichas decisiones no se han agotado los pertinentes recursos a los que los afectados tienen derecho hasta convertirlas en firmes como es el caso. Lo que no puede ser en ese nuevo difuso concepto, pactado entre socialistas y republicanos en al acuerdo tramposo, de «ordenamiento jurídico democrático», que va más allá de la Constitución y de la legalidad jurídico-institucional emanada de ella, es utilizar las decisiones judiciales sólo cuando favorecen mis intereses y arremeter contra ellas cuando no me dan la razón, cosa que los secesionistas hacen siempre y que ahora, lamentablemente, a los socialistas parece que no les viene mal hacer lo mismo. Ni siquiera la ansiada investidura de Sánchez, que ya está en marcha, merece el coste de tamaño deterioro político-institucional al que se está sometiendo a nuestro Estado democrático de Derecho.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Barcelona impone una zona prohibida a los coches más contaminantes y Madrid da marcha atrás retrasando el veto a los coches más viejos; que las ventas de coches se hunden un 5% y la de los diésel un 26% en 2019, un año negro para el sector; que una reforma de Zapatero obliga a ajustar 8.000 millones el déficit; que enero pone fin a la tregua eléctrica y disparará un 10% la factura que es un 26% más cara que en Alemania, pagando un año más los españoles la luz más cara que la mayoría de sus vecinos europeos; que la Comunidad de Madrid vetará el tope sobre el alquiler que propone el Gobierno social-populista y como alternativa propone ampliar el parque público de pisos; que, según el balance anual, 2019 deja 180.000 ocupados menos que 2018, lo que supone un frenazo al empleo con los jóvenes como principales damnificados; y que es detenida una presunta «manada de Murcia» por la presunta violación de tres hermanas estadounidenses el fin de año por tres jóvenes.

Y del exterior, destacar que el régimen norcoreano amenaza con otra escalada nuclear tras anunciar Kim Jong-un poner fin a la moratoria de pruebas atómicas; que Erdogan obtiene el aval para su guerra en Libia, al obtener luz verde del Parlamento, con lo que Turquía ultima el envío de tropas para frenar la ofensiva del general Jalifa Haftar, aliado de Putin, contra Trípoli; y que, tras un asalto a la Embajada de EEUU en Bagdad, crece la tensión entre EEUU e Irán, a quien Trump culpa del ataque como protesta por un anterior bombardeo de Washington contra milicianos proiraníes, al extremo de que, tras el asesinato ahora del general Suleimani, número dos del régimen de Irán, por parte de EEUU, se desata la alerta mundial ante una posible respuesta del régimen iraní mientras el Pentágono envía 3.000 soldados a la zona.

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