Letrados de la administración de justicia de Alicante apoyan al compañero del ‘caso Sala’

Los letrados de la administración de justicia del partido judicial de Alicante, reunidos este miércoles en junta general, han expresado su apoyo a la actuación de su compañero en el procedimiento del tribunal del jurado por el crimen de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta CAM Vicente Sala. En esta junta, entre otros asuntos de interés común que han sido tratados, se ha acordado por «unanimidad respaldar la actuación del letrado de la administración de justicia encargado» del referido procedimiento, «en cuanto actuación desplegada en el ejercicio de su función como fedatario público, y que legalmente tiene encomendada», según un comunicado del colectivo.
El comunicado señala que «los letrados de la administración de justicia, en el ejercicio de esta función como fedatarios públicos, actúan con plena autonomía e independencia y sin que puedan estar sujetos a instrucciones o injerencias de autoridad alguna»
La nota de prensa afirma que los letrados de la administración de justicia del partido judicial de Alicante son «sensibles al interés que el denominado ‘caso Sala’ ha despertado en los medios de comunicación». Un interés que se ha suscitado «tanto por la relevancia jurídica de las resoluciones dictadas en aplicación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado como por la previa existencia de informaciones periodísticas sobre el mismo», añade. El comunicado señala que «los letrados de la administración de justicia, en el ejercicio de esta función como fedatarios públicos, actúan con plena autonomía e independencia y sin que puedan estar sujetos a instrucciones o injerencias de autoridad alguna». «Cualquier desacuerdo o discrepancia con las resoluciones dictadas por aquellos en los procedimientos judiciales debe canalizarse a través de los recursos u otras formas de impugnación que prevean las leyes procesales, en los plazos y con los requisitos que las mismas establezcan», indica.

Los letrados de la administración de justicia de Alicante han acordado, asimismo, «remitir esta nota de prensa» para que «la información llegue de forma clara, veraz, objetiva y responsable al ciudadano, destinatario último de la actividad de las oficinas judiciales y con absoluto respeto a los derechos y garantías procesales y la observancia de los deberes y la función de todos y cada uno de los de todos los intervinientes en los procedimientos».El acta del primer veredicto emitido por el jurado popular sobre la culpabilidad de Miguel López por el crimen a tiros de su suegra, María del Carmen Martínez, fue destruido debido al carácter secreto de las deliberaciones. Ese primer veredicto condenaba a López y fue devuelto a las seis mujeres y tres hombres del jurado por la presidenta del tribunal, la magistrada Francisca Bru, al apreciar en el documento errores y falta de argumentación.

El secreto de las deliberaciones del jurado viene reconocido en la Constitución y si se infringe podría generarse una responsabilidad penal por revelación de secretos

Cuarenta y ocho horas después, el jurado dio un nuevo veredicto que, por seis votos contra tres, cambió el signo del único acusado para determinar que Miguel López era «no culpable» del asesinato. Tanto la fiscalía como la acusación particular, que ejerce el hijo mayor de la víctima contra el yerno -Vicente Sala Martínez-, solicitaron el acta de la devolución de ese primer veredicto para estudiar su contenido con el fin de poder recurrir la sentencia posterior absolutoria.

En unas diligencias remitidas a las partes, la Secretaría del Jurado de la Audiencia Provincial de Alicante señala que «no puede ni debe emitir ese certificado pedido habida cuenta de que se refiere a algo que no figura en las actuaciones». Y explica que «la publicidad del acta devuelta», en referencia a ese primer veredicto, habría podido «vulnerar el derecho del acusado a un juicio justo con todas las garantías». Según el letrado, este secreto viene reconocido en la Constitución y si se infringe podría generarse una responsabilidad penal por revelación de secretos. Ahora, la fiscalía y la acusación particular han pedido anular la sentencia que exonera a Miguel López y volver a repetir el juicio con un jurado popular. EFE

Artículo 41. Juramento o promesa de los designados:

«¿Juran o prometen desempeñar bien y fielmente la función del jurado, con
imparcialidad, sin odio ni afecto, examinando la acusación, apreciando las pruebas y
resolviendo si son culpables o no culpables de los delitos objeto del procedimiento los
acusados…, así como guardar secreto de las deliberaciones?».

2. «Los jurados que incumplan las obligaciones impuestas en el apartado 3
del artículo 55 [carácter secreto de la deliberación], incurrirán en la pena de
arresto mayor y multa de 100.000 a 500.000 pesetas.»

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