Secesionismo y federalismo

Al margen de otras fórmulas más o menos violentas, el federalismo suele surgir (y es el caso más frecuente entre los actuales Estados Federales) como el resultado de un acuerdo inicial entre Estados independientes, que no es el caso de España, que se unen para resolver problemas comunes o dotarse de una defensa mutua entre ellos. El secesionismo, sin embargo, es la tendencia u opinión favorable a la separación o independencia de un país o nación de parte de su territorio. En definitiva, secesionismo y federalismo son términos opuestos ya que el secesionismo es por definición una doctrina centrífuga y rupturista mientras el federalismo es una doctrina centrípeta y unionista, mientras el secesionismo busca la separación, el federalismo busca la unión. Por ello no se entiende que la respuesta al secesionismo catalán sea la oferta de un federalismo como futura forma del Estado Español cuando ambos términos son antitéticos, cuando Cataluña y el resto de España no son dos estados independientes y cuando el Estado de las Autonomías ya es «de facto» federalista y con niveles de descentralización que muchos Estados Federales no tienen. Obviamente, si en los Estados Federales las funciones del gobierno están repartidas entre un grupo de Estados asociados independientes que luego delegan competencias a un Estado Federal Central, en el caso de España, donde no existen previamente los Estados asociados independientes con aspiraciones de federarse, se da el proceso contrario para la descentralización ya que el Estado, regulado como en el caso del federalismo por una Constitución, es quien delega competencias a las diferentes autonomías, que, obviamente tienen sus gobiernos y cámaras legislativas propias. En ambos casos, tanto los gobiernos de los estados federados como los gobiernos autonómicos, son inferiores obviamente al central y no iguales; asimismo, salvo excepciones, los estados que forman la federación no suelen tener derecho a separarse unilateralmente de la misma. En todo caso, dependiendo del origen de sus partes constituyentes, una federación suele surgir como resultado del ya citado acuerdo inicial entre Estados independientes, aunque también es cierto que puedan hacerlo con el proceso inverso en un país centralizado, bien mediante una reforma constitucional que lo permita, bien de un movimiento armado para lograr cierto grado de autonomía para sus regiones, pero nada de esto tiene sentido en nuestro Estado Autonómico, cuasi federal, ya que la descentralización política es máxima. En España no caben pues experimentos peligrosos ya que el secesionismo, contrario totalmente al federalismo, no busca mayores niveles de unión entre sus regiones o nacionalidades para su mejor defensa mutua o para resolver problemas comunes, sino que busca la ruptura de un territorio con el Estado para pasar a convertirse en Estado independiente de forma unilateral, asunto que jamás sería planteado ni consentido por parte del Estado Central en un Estado Federal. La tragedia territorial de España hoy es que la deriva del Estado Autonómico ha generado un desmadre intolerable por el que las CCAA en vez de buscar, desde su máxima descentralización político-administrativa, una mejora de los problemas comunes, se ha pasado a una ofensiva contra el Estado, del que las CCAA forman parte, para despojarlo de cualquier competencia en todo el territorio, lo que no existe en ningún Estado Central del federalismo, sino todo lo contrario ya que sus competencias y las que los Estados Federados quieran seguir otorgándole para una mayor integración son sagradas y jamás invadidas por los gobiernos territoriales.

Iceta defiende que se considere a Cataluña como una nación, cuando semejante concepto para los secesionistas sería sinónimo de «Estado independiente»

Por todo esto resulta ingenuo pensar que con una compleja e insólita transformación de nuestro Estado al federalismo se va a aplacar la voracidad del secesionismo radical, tal como viene defendiendo últimamente el PSOE de Sánchez a instancias del PSC de Iceta, quien, como fórmula mágica, defiende que se considere a Cataluña como una nación, cuando semejante concepto para los secesionistas sería sinónimo de «Estado independiente» y una baza más para seguir retando al Estado con su órdago de ruptura. No en vano, mientras ERC burla al Constitucional días antes de negociar la investidura de Sánchez con el PSOE (el Parlament se reafirma en pedir la autodeterminación y reprobar a la Monarquía, recuperando el texto de una resolución ya suspendida anteriormente), su portavoz Rufián, para abstenerse y facilitar la investidura, exige que Sánchez firme compromisos (algunos para los que ni siquiera el Presidente del Gobierno tiene competencia) sobre el «conflicto político» catalán y, crecido ante lo que llama «un Sánchez derrotado», deja bien claro que «como Sánchez es un derrotado, se le puede sentar a hablar» mientras exhibe su congénita chulería y posición de fuerza, que Sánchez le ha regalado, avisando de que «ERC ha puesto y quitado gobiernos» y poniendo tres condiciones: diálogo entre partidos, un calendario y, tras la investidura, mesa entre gobiernos, como si de dos Estados independientes se tratara (y, en todo caso, no para federarse, sino para buscar la fórmula de una secesión pactada). Por su parte Podemos, socio elegido por Sánchez, promueve las consultas contra la Monarquía pero su cúpula evita pronunciarse para no perjudicar sus negociaciones con el PSOE para un gobierno de coalición, que Sánchez tildó de nefasto en la campaña electoral. En efecto, el tripartito independentista aprueba en el Parlament el texto ya prohibido por el Constitucional contra el Rey y a favor de la autodeterminación ilegal en flagrante desacato a los Tribunales y al Ordenamiento Jurídico del Estado, mientras las bases de ERC con el 95% (casi la unanimidad), reforzando la posición negociadora de su cúpula chantajista, rechazan apoyar a un suplicante Sánchez sin una mesa Generalitat-Estado, generando preocupación en Moncloa por el temor de que el órdago de ERC frustre la ansiada investidura de Sánchez, al precio que sea…. y al PSC de Iceta, verdadera pesadilla del PSOE tradicional, sólo se le ocurre pedir que se reconozca a Cataluña como nación, soliviantando a otros socialistas como Susana Díaz o García-Page.

Y por si fuera poca la afrenta al Estado desde el secesionismo catalán (con quien tanto Podemos como el PSOE gobiernan no pocas instituciones), mientras la socialista Chivite pide a Bildu por carta que apoyen las cuentas de Navarra y les cita para que el PSN las negocie con los abertzales, los socios de Sánchez avalan un Estatuto que prácticamente echa a España del País Vasco (seguramente Iceta también defenderá que se le reconozca como otra nación). En efecto, el futuro estatuto de autonomía en Euskadi, impulsado por PNV y Elkarrekin-Podemos es un verdadero desafío al Estado español, al aprovechar los partidos nacionalistas la debilidad del Gobierno español, pues en la ponencia del mismo los expertos peneuvistas y podemitas apoyan el «Concierto político» que blinda el derecho a decidir; en cuanto a las competencias se queda con las propias y con las del Estado si éste no se las ha reservado; otorga los derechos plenos de participación política a los «nacionales vascos», un reconocimiento a la nacionalidad vasca; y antepone «el derecho propio de Euskadi» a cualquier otro y al del Estado. En definitiva, al igual que ERC, PNV y Bildu también cercan a Sánchez en este callejón sin salida en el que se ha metido él solito y votan la autodeterminación, al extremo de que el Parlamento Vasco se dispone a aprobar una enmienda que exige «bilateralidad». La ruptura de España cada vez está más cerca de seguir por estos derroteros. Las reacciones no se han hecho esperar ante tan alarmante situación, al extremo de que John de Zulueta, el Presidente del Círculo de Empresarios, que agrupa a la mayor pare del Ibex, dice que «el PSOE cruza líneas rojas con ERC» y que «ya hay fuga de capitales», convencido de que si PSOE y PP no llegan a un acuerdo «es mejor ir a terceras elecciones» ya que «la mesa de diálogo es humillante», en tanto que destacados socialistas como Redondo, Rodríguez de la Borbolla, Leguina o Vázquez, intelectuales y sociedad civil denuncian en un manifiesto el «gravísimo error político» de consumar el pacto PSOE-Podemos con apoyo de ERC. Por su parte Núñez Feijóo dice que «Sánchez nos ha mentido a todos desde hace seis meses» y «me creí que el candidato del PSOE no iba a pactar con Podemos, que íbamos a otras elecciones por eso», añadiendo «no conozco a nadie del PP que no haya defendido o buscado un pacto constitucional con el PSOE» y rematando con «quiero ser justo, no me atrevo a incluir a Vox dentro de los partidos que son rupturistas», mientras el PP tendrá que prestar sus votos a Vox para la Mesa del Congreso, rechazando el cordón sanitario que se le pretende hacer al tercer partido de nuestro país, mientras se es tan benevolente con otros claramente rupturistas y más minoritarios.

Se ve que el interés de los partidos está muy por encima del interés de España y de todos los españoles, incluidos catalanes y vascos

La realidad es que ante semejante embrollo no se entiende que los 219 diputados claramente constitucionalistas que suman PSOE, PP y Ciudadanos (sin contar algunos otros que se sumarían a la iniciativa), mayoría cualificada en el Congreso, no busquen acuerdos para dar una salida pactada de este laberinto político, con fórmulas que permitan acometer las imprescindibles reformas legislativas de todo tipo que España requiere. Pero se ve que el interés de los partidos está muy por encima del interés de España y de todos los españoles, incluidos catalanes y vascos. Sánchez, por más que le humillen, sigue en su empeño de apostar por el llamado «gobierno Sancheztein», que provoca rechazo a los partidos a la derecha del socialismo democrático, Casado rechaza abstenerse pero anima a un pacto PSOE-Cs y no se abstendrá aunque haya que ir a nuevas elecciones, e Iglesias, más ilusionado que un niño con zapatos nuevos, busca un ministro de Universidades en el entorno de Colau (otra que tal baila), mientras en Podemos se teme el vacío que Irene Montero dejará en el grupo parlamentario, en tanto que Yolanda Díaz es la apuesta de Iglesias para la cartera de Trabajo; por su parte el PSC exige ministros «100% suyos» pues Iceta pretende aumentar el peso de los socialistas catalanes en el Ejecutivo y mantener el Congreso y el Senado. Entretanto un magistrado del Constitucional propone amparar a Junqueras y cuestiona la decisión de Llarena que impidió su asistencia al Parlament (Juan Antonio Xiol defenderá que el Alto Tribunal estime el recurso del secesionista, a quien la ponencia puede servir de baza ante Estrasburgo), mientras las prebendas a Cataluña parten en dos el Constitucional, pues siete de los doce jueces rechazan el recurso del Gobierno de Rajoy al Código Civil Catalán y avalan que la Generalitat invada competencias del Estado. ¡Cómo para no afrontar lo antes posible las reformas tendentes a una mayor clarificación de las leyes en algunas materias!

Y por si interesa, según NCReport, la negociación con Sánchez castiga algo a ERC en las urnas, al retroceder los republicanos en porcentaje, respeto a los últimos sondeos, aunque poco, mientras JxCat sube, Ciudadanos, que ganó los últimos comicios catalanes, se desploma, el PP triplica y Vox entra con tres escaños en el Parlament: los resultados serían: ERC 21´2/ de votos y 32 escaños, los que tiene ahora; PDeCat 19´2% y 31, menos tres; PSC 16´8% y 24, más siete; Ciudadanos 11´6% y 17, menos diecinueve; PP 8´8% y 12, más ocho; Comunes 7´7% y 9, más uno; CUP 5´6% y 7, más tres; y Vox 6´4% y 3, entraría en el Parlament. Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Vox dinamita el día de las víctimas de violencia de género al reventar Ortega Smith el homenaje a ellas del Ayuntamiento de Madrid, mientras en la pancarta de la manifestación iban seis ministros; que la CNMV exige a las empresas que informen de los casos de corrupción; que la Justicia pleitea para no publicar la lista de los bienes de la Iglesia, cuando Transparencia avala dar a conocer las inmatriculaciones; que a la juez Alaya le fue negada la documentación incautada al trabajador ugetista que destapó el caso impidiéndole investigar la corrupción de UGT en Andalucía; que Interior diseña un dispositivo exprés para la Cumbre del Clima ante la improvisación del Gobierno; que el director de la Faffe firmaba alquileres con sobreprecios y la Junta lo sabía; que Bruselas pide a España no gastar lo que ahorrará de intereses; que la España de Nadal conquista su sexta Copa Davis; que la Junta deberá pagar los abogados de los condenados por los ERE, entre tres y cinco millones de euros, mientras Zarrías y Magdalena Álvarez ya han solicitado el pago de las minutas; que el primer «narcosubmarino» de Europa es apresado en las costas gallegas; que Amazón desafía el precio fijo de los libros con descuentos de hasta el 25%; que la edad media de jubilación toca el record de 64 años y cinco meses, el nivel más alto desde que la Seguridad Social registra el dato; que las cámaras de reconocimiento facial se extienden en Madrid, una tecnología para, por ejemplo, identificar a personas desaparecidas, delincuentes o ludópatas que tengan prohibido entrar en salas de juego; que España está en la lista de países con el sistema de pensiones en riesgo, incluso por detrás de Perú; que el decretazo de Sánchez carga 7.000 millones al recibo de la luz por el asunto de las renovables; y que el Supremo debe decidir si investiga a la diputada de JxCat Laura Borrás, pues una juez de Barcelona ve indicios de prevaricación, malversación, falsedad y fraude durante su gestión como Directora del Instituto de las Letras Catalanas de la Generalitat, donde, según la juez, «abusando de sus funciones» adjudicó contratos «de manera arbitraria» entre 2013 y 2017.

Y del exterior, destacar que la oposición arrasa en las elecciones de Hong Kong y que China somete a espionaje masivo los móviles de la minoría musulmana; que Colombia echa a 61 venezolanos por alterar el orden durante las protestas; que en el campo de Moria, en la isla griega de Lesbos, 15.000 migrantes viven hacinados, con un retrete por cada 200 refugiados; y que los gases de efecto invernadero superan todos los máximos y la Organización Meteorológica Mundial alerta de una acumulación de CO sin parangón desde hace tres millones de años.

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