Respeto y acatamiento

Al margen de tecnicismos jurídicos o de intereses políticos de cada uno de los diversos partidos y sin menoscabo de las pertinentes críticas, razonadas y razonables, que se puedan hacer, en cualquier Estado de Derecho democrático es esencial el respeto y acatamiento a las sentencias judiciales firmes, como garantía inequívoca de la convivencia en paz y libertad de sus ciudadanos. Este requisito es la línea roja que separa la democracia del totalitarismo, la civilización de la barbarie y, por tanto, la garantía de sus libertades, que no son ni pueden ser infinitas, sino que han de estar acotadas por el marco legal democrático establecido, pues lo contrario sería el caos. Pues bien, en el Estado de Derecho democrático español parece ser que las cosas no son así de forma clara y contundente a tenor de lo que está sucediendo tras el fallo del Tribunal Supremo, que condena a los líderes del «procés» por delitos de sedición, malversación y desobediencia, pues, si, con los matices que se quiera, los partidos constitucionalistas en general sí respetan y acatan la sentencia, los partidos totalitarios y del entorno del secesionismo radical la consideran no como «justicia», sino como «venganza», tras haber anunciado previamente que sólo acatarían el fallo si fuese «absolutorio» (una forma pintoresca de entender la justicia) y, como no ha sido así, han reaccionado sembrando de violencia las calles de las capitales catalanas, especialmente Barcelona, como ya hicieran en aquellos negros días del ilegal referéndum y la posterior declaración unilateral de independencia. En efecto, el Alto Tribunal, aunque considera probada la violencia ejercida en aquellos nefastos días, concluye, contra el criterio de Fiscalía y en sintonía con la Abogacía del Estado (quien tras pedir rebelión cambió su criterio a instancias del Gobierno de Sánchez), que «los indiscutibles episodios de violencia» fueron insuficientes para probar el delito de rebelión ya que para ello la violencia ha de ser «instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios» y además debe servir «a los fines que animan la acción de los rebeldes», por lo que les condena, no por rebelión, sino por delitos probados de sedición, malversación o desobediencia, y lo hace por unanimidad (el de rebelión, más discutible, que no descartable, lo hubiera sido sólo por mayoría y con votos particulares de algunos magistrados, que lo hubieran hecho más vulnerable ante instancias superiores europeas o ante el Constitucional). Además considera, para mayor benevolencia con los acusados, que usaron como «señuelo» la promesa de la independencia, sabiendo que era imposible, con lo que reduce el «procés» a una especie de «ensoñación» para «presionar» al Estado, concluyendo que no hubo rebelión porque los líderes del 1-O en realidad no querían declarar la independencia sino persuadir al Estado para celebrar un referéndum (por cierto ilegal) y zanja otras consideraciones con aplastante rotundidad al afirmar con razón «no nos incumbe ofrecer soluciones políticas a un problema de raíces históricas». Así pues, desde un punto de vista estrictamente jurídico, el Supremo, ante las dudas razonables de no poder probar fehacientemente el delito de rebelión tal como está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico (prácticamente reducido al típico levantamiento militar armado y con violencia y uso de la fuerza) opta por la unanimidad del delito de sedición, meridianamente probado, con lo que el intento de golpe de estado queda reducido a un «tumulto hostil» que perseguía presionar pero no derogar la Constitución, mediante una declaración de independencia irreal «simbólica e ineficaz» que desapareció al instante con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Los condenados se libran así de ser jurídicamente considerados como rebeldes golpistas, para ser simplemente sediciosos, malversadores y desobedientes, que no es poco. Y por ello, además de desobediencia, son condenados, e inhabilitados mientras dure su condena, por sedición y malversación (Junqueras a trece años de prisión, y Romeva, Turull y Basa a doce), sólo por sedición (Forcadell a once años y seis meses, Rull y Forn a diez años y seis meses, y Jordi Cuixart y Jordi Sánchez a nueve años) y sólo por desobediencia (Vila, Borras y Mundó sólo con multas de 60.000 euros e inhabilitados durante un año y ocho meses).

Casado manifiesta que «quien la hace, la paga» y propone endurecer el Código Penal para casos y condenados de este tipo

Ante tan importante sentencia las reacciones y críticas no se han hecho esperar, comenzando por Fiscalía que, ante la decisión del TS de apostar por la unanimidad, muestra cierta indignación considerando que «unanimidad a cualquier precio, no» ya que algunos magistrados cedieron pese a ver conspiración para la rebelión, pues «el traje de la sedición no se ajusta, es de otra talla», mientras el juez Llarena activa la euroorden contra el prófugo Puigdemont e insiste a Bélgica en su entrega para que comparezca ante la Justicia y no huya de la UE. Por su parte Sánchez apela al respeto y acatamiento a la sentencia, señalando que «acatamiento significa su íntegro cumplimiento», tal como lo entienden Casado y Rivera, con quienes contactará las veces que sean necesarias, mientras éstos le piden dar una «respuesta de Estado» y el Gobierno se moviliza para defender la sentencia explicando el fallo a los gobiernos y medios extranjeros para frenar la propaganda independentista; Casado manifiesta que «quien la hace, la paga» y propone endurecer el Código Penal para casos y condenados de este tipo; Rivera, que «se ha hecho justicia», aunque sigue hablando de «golpe a la democracia» y pide a Sánchez que no haya «privilegios penitenciarios» ni indultos; Iglesias, que «a lo mejor» es «la excusa perfecta» del PSOE para gobernar junto al PP tras el 10-N, que no soluciona «el conflicto de fondo» y que ya «se indultó a los terroristas Barrionuevo y Vera»; y Abascal, que es «una vergüenza» muy «al gusto de Pedro Sánchez»…..aunque ninguno recurre al desacato.

Sin embargo en el golpismo secesionista el respeto y acatamiento a la sentencia brilla por su ausencia, como era de esperar, pues su exigencia para respetarla y acatarla era la absolución de los encausados. El separatismo muestra así, una vez más, su entraña violenta y los radicales, alentados por Torra, que considera la sentencia un «acto de venganza» y no de justicia, se echan a la calle creando el caos en las capitales catalanas, especialmente en Barcelona, convirtiéndolas en zonas de guerra con enfrentamientos con los Mossos y la Policía, mientras el President se jacta, después de visitar a los presos, de que volverán a levantarse contra el Estado. Y, mientras Torra en su faceta de activista alienta a los violentos y en su faceta de gobernante se ve obligado, con desgana, a enviar a los mossos a impedirles la violencia, el resultado (como estamos viendo en televisión) es intolerable con gravísimos disturbios, especialmente en las cercanías de las delegaciones del Gobierno, con barricadas incendiarias, proyectiles de todo tipo, lanzados a mossos y policías, incluidas las vallas del cordón de seguridad o señales de tráfico arrancadas, cortes de carreteras y vías ferroviarias, e intento de ocupar y paralizar el AVE o el aeropuerto del Prat, obligando a las fuerzas de orden público a intentar imponer el orden público mediante cargas contra quienes Torra había llamado para participar masivamente en las protestas. El desmadre es de tal magnitud que el Gobierno denuncia grupos violentos coordinados en Cataluña, mientras anuncia que garantizará con firmeza la seguridad, y valora el trabajo conjunto de Mossos, Policía y Guardia Civil que, al menos, en esta ocasión no se han enfrentado entre ellos; en tanto que la Policía cree que Tsunami Democratic, el siniestro y oscuro grupo violento, sin cabezas visibles a quienes pedirles responsabilidades, nació en Ginebra en una reunión con el mismísimo Torra…..ya no son sólo los CDR quienes se vanaglorian de los hechos violentos y de los altercados. Por todo ello y ante lo que está sucediendo, Casado pide a Sánchez la activación de la Ley de Seguridad Nacional, tras la admisión por parte del Ejecutivo de la existencia de una «violencia generalizada» en las protestas pero sin tomar medida alguna, en tanto que los Mossos sostienen que «quienes nos insultan y agreden, hace dos años nos tiraban flores» y denuncian la politización y falta de personal ante las jornadas maratonianas por la escalada de tensión, que ha dejado decenas de heridos y detenidos.

Respeto y acatamiento a la sentencia, así como a las críticas razonadas y razonables que le hagan, como a todas las demás, pero conviene salir al paso de aquellas críticas que no son imputables al Tribunal como que «los presos pueden cumplir condena en casa con brazalete», que «Torra podrá dar beneficios de forma inmediata», que «el Supremo deja en manos de Torra la libertad de los presos», que «la decisión sobre el régimen de los presos, en manos del Govern», que «la severidad de la sentencia queda supeditada a su aplicación por la Generalitat»……o cosas por el estilo, pues bien son verdades a medias, bien no son achacables al Tribunal Supremo, sino al Legislativo o al Ejecutivo, que, bien por no clarificar con mayor concreción los tipos delictivos (por ejemplo, el delito de rebelión), bien por transferir competencias indeseadas (por ejemplo, las penitenciarias), pueden dar lugar a que realmente sucedan situaciones indeseables, como las descritas en dichas críticas; la solución es bien sencilla: que los políticos se pongan de acuerdo y reparen las situaciones indeseadas. Tampoco caben las críticas a la sentencia porque no resuelve el problema político de fondo ya que éste no es de su competencia, pues son los políticos quienes deben afrontarlo, aunque, eso sí, siempre dentro de la legalidad vigente y, si dicha legalidad no posibilita su solución, mediante las previas y pertinentes modificaciones de la misma con arreglo a los procedimientos establecidos. El TS se limita a condenar unas conductas delictivas, concretas y probadas, con arreglo al ordenamiento jurídico vigente y punto; ahora toca que los condenados cumplan las penas con arreglo a lo establecido, tanto en lo referente a privilegios, como en lo referente a cualquier otro aspecto del régimen carcelario. Y, si no gusta, cámbiese. Así es, guste o no, y en este caso, modifíquese, pero no lo achaquen a los tribunales, sino a las negligencias o errores de los legisladores o los gobernantes.

Mucho votante de Cs se decide en los últimos quince días

Y como además se da la circunstancia de que estamos en precampaña electoral, Albert Rivera manifiesta: «Sánchez no ha contestado si dará privilegios a los condenados», «pasar un año entero boxeando con los restos de Franco me parece una pérdida de tiempo, hay que mirar al futuro», «tenemos un problema de falta de movilización de nuestro electorado, mucho votante de Cs se decide en los últimos quince días», y «mi oferta tras las elecciones es un pacto por escrito a PSOE y PP por España». Por su parte Sánchez, que ya se da vencedor por los sondeos, se inclina por hacer una propuesta de Gobierno 48 horas después del 10-N y promete otros 5.400 millones en medidas electorales (subir un 0´9% las pensiones y un 2% el sueldo a funcionarios), mientras el FMI advierte del «frenazo gradual» de la economía española. Y la popular Ana Pastor, número dos por Madrid, deja bien claro que «el PP necesita de todos, es el mismo que antes». Entretanto, según GAD3, Ciudadanos perdería la mitad del voto y el PP se acercaría a los cien escaños, el PSOE subiría hasta los 126, Vox se convertiría en tercera fuerza y Más País no lograría dar el sorpasso a Podemos; los resultados serían: PSOE 28´4% de votos y 126 escaños, subiría 3; PP 22´2% y 98, subiría 32; Vox 11´8% y 33, subiría 9; UPodemos 11´9% y 32, bajaría 10; Ciudadanos 8´6% y 20, bajaría 37; y Más País irrumpiría con el 3´9% de votos y 5 diputados. Y, según el Tracking electoral, Vox se dispararía y el PSOE seguiría cayendo, pues los resultados serían: PSOE 27´5% y 124 escaños, PP 20´6% y 96, UPodemos 13´2% y 34, Vox 10´7% y 31, Ciudadanos 9´8% y 21, ERC 4% y 15, PNV 1´6% y 7, Más País 4´4% y 6, JxCat 1´5% y 5, y Otro 6´7% y 11.

Respecto a otros asuntos, citar que aparecen miles de peces muertos en el Mar Menor por la agricultura y el urbanismo; que Almeida y Villacís chocan por el plan para llevar la basura de Alcalá a Valdemingómez; que España se clasifica para la Eurocopa de Fútbol de 2020 tras empatar, 1-1, en el descuento con Suecia; que Javier Cercas gana el Planeta con «Terra Alba», una novela policiaca con el procés de telón de fondo, y Manuel Vilas queda como finalista; y que el ataúd de Franco será trasladado en helicóptero y sin bandera, aunque su familia, que, tras la reunión de días anteriores, tendrá nueva reunión con Moncloa, había pedido que el féretro llevara la enseña preconstitucional que ya lució en el funeral de Estado de 1975.

Y del exterior, citar que los ultraconservadores ganan las elecciones en Polonia; que Quito está militarizada y en toque de queda por las protestas masivas en Ecuador; que la gimnasta estadounidense, Simone Biles, con 22 años de edad, se convierte en la más grande al batir el record de medallas en los Mundiales y agiganta así su leyenda; y que mientras las tropas sirias de Asad avanzan hacia la zona fronteriza que invadió Turquía, los soldados rusos ocupan en pocas horas las bases de EEUU en Siria, con lo que Moscú toma el relevo de Washington, cada vez menos influyente en la zona, desde que EEUU retirara sus tropas del norte de Siria en plena ofensiva turca, dejando vía libre a Erdogan.

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