Facilitar la investidura

Ningún demócrata con dos dedos de frente consideraría positivo tras unas elecciones bloquear adrede por intereses espurios la investidura del nuevo Presidente de Gobierno, de Comunidad Autónoma o Alcalde y entorpecer la pertinente gobernabilidad democrática, pero por desgracia no es así ya que no todos los líderes de los partidos políticos están a la altura de las circunstancias y, aprovechando cualquier resquicio o laguna legal, prefieren recrearse en su manifiesta incompetencia, al extremo de que muchos Estados democráticos han tomado medidas legales para que el candidato más votado tenga más fácil acceder a la investidura y evitar que cualquiera de los perdedores se alce con ella mediante pactos negativos mayoritarios de bloqueo al ganador. En España investir al más votado ha sido lo razonable, normal y positivo hasta la quiebra del bipartidismo, cuando el proceso de investir a los gobernantes se ha convertido en una odisea indeseable que hay que paliar cuanto antes para evitar todos los perjuicios que ello ocasiona a la ciudadanía, y para ello se requiere altura de miras por parte de aquellos líderes de los partidos mayoritarios (la pertinente reforma afectaría a la Constitución y a la Ley Electoral), quienes habrían de abandonar el oportunismo y el cortoplacismo político en favor del interés general. Sin embargo, no van por ahí los tiros y prevalecen los egoísmos e intereses personales, adobados con cínicos planteamientos que, de entrada, descalifican a sus protagonistas como gobernantes creíbles y razonables. Cuando en junio de 2015 Mariano Rajoy, tras ganar las elecciones y contar con 123 diputados, siendo incapaz de conformar una mayoría en el Parlamento que le permitiera ser investido, por lo que reclamaba que se facilitara su investidura al ser su partido el más votado, Pedro Sánchez, con un PSOE en caída libre entonces, respondía tajante y convencido que «lista más votada no es sinónimo de mayoría; no hay más democracia que la representativa….triunfa quien más apoyos recibe», mientras intentaba conformar él inútilmente una mayoría parlamentaria suficiente con el resto de partidos perdedores para ser investido él mismo…..el resultado final, nuevas elecciones. Ahora, en julio de 2019, cuando el destino (o mejor los españoles) ha decidido que el vencedor electoral sea el PSOE y que Sánchez cuente exactamente con 123 escaños, justo los mismos que tenía Rajoy, el líder socialista y candidato a ser investido Presidente, tiene el descaro hipócrita, ante su incapacidad para conseguir apoyos suficientes en el Parlamento, de manifestar «lo único que pido es que si al final es imposible llegar a un acuerdo, al menos que permitan gobernar a la lista más votada», resucitando, como ven, cuando a él le interesa, el debate sobre la necesidad de primar al más votado para facilitar su investidura, mientras lo rechazó tajantemente cuando el beneficiado no era él ¿Qué ha cambiado desde 2015? ¿Por qué hay que favorecer ahora su investidura y no la de Rajoy entonces? Júzguenlo ustedes mismos, y verán lo poco adecuada que es la propuesta por necesaria que sea. En todo caso los partidos discrepan hasta en las fórmulas posibles para facilitar las investiduras y la gobernabilidad: el PSOE apuesta por que, si no hay una mayoría alternativa, gobierne el más votado; el PP, por la «vía griega», dando cincuenta escaños más al ganador; Ciudadanos, por una fecha cerrada como ocurre en los Ayuntamientos; Podemos, por no hacer reformas y apelar a la cultura del diálogo; y Vox, por eliminar el actual sistema de circunscripciones. Ya ven, un abanico de posibilidades para, al fin, dejar las cosas como están: apostando cada quien por sus intereses particulares y personales, mientras los españoles aguantamos pacientemente el chaparrón de sus incompetencias.

El PSOE, tras la repetición de elecciones decidió abstenerse para investir a Rajoy y contaba con 137 escaños en tanto que el PSOE tocaba suelo electoral con el peor resultado de su historia

Entretanto sesenta y seis diputados del PSOE piden por carta al PP que se abstengan, presionando a Casado tras abortar el diálogo con Podemos, pero la derecha mantiene su rechazo; el mismo rechazo que Sánchez llevó incluso a nivel personal renunciando a su escaño cuando el PSOE, tras la repetición de elecciones decidió abstenerse para investir a Rajoy y contaba con 137 escaños en tanto que el PSOE tocaba suelo electoral con el peor resultado de su historia. Y mientras Moncloa avisa a los partidos de que «pasarán cosas y habrá abstención», fijando en la ronda el desbloqueo en septiembre aunque en público niega una segunda investidura, se especula con que la situación política, que coincidirá con la sentencia del «procés», hará ceder a Casado, Rivera e Iglesias, a quien, por cierto el PSOE ofreció para Podemos antes del 26-M entrar en el Gobierno (Juventud y Comercio) y presidir el Congreso. Lo cierto es que, mientras PP y Cs rechazan una abstención forzada por Cataluña y sólo contemplarían un pacto global, Sánchez acepta finalmente ministros de Podemos sin perfil político, mientras Iglesias rechaza cualquier veto y exige figuras relevantes de su partido, convirtiendo la negociación en un esperpento de mensajes cruzados, acusaciones y llamadas, evidenciando su desacuerdo, al extremo de que Iglesias decide consultar a las bases de su partido para entrar en el Gobierno, planteándoles que ratifiquen su órdago a Sánchez para un Ejecutivo de coalición, irritando más aún al líder socialista que ni siquiera fue avisado de la iniciativa del líder populista. Por su parte, la podemita Teresa Rodríguez tacha de «insulto a la inteligencia» el plebiscito del líder morado, y el popular Miguel Arias Cañete, Comisario de Energía y Medio Ambiente, afirma que «Sánchez debe formar Gobierno con el mismo interés que puso en Europa» y que «a España se le respeta cuando cumple la normativa europea y ahora hay preocupación porque no hay Gobierno ni hay Presupuestos».

Y mientras el rechazo a la coalición con Podemos une a todo el PSOE, por otro lado, la repetición de elecciones divide al partido y dirigentes socialistas alertan a Sánchez de los riesgos del aumento de la abstención y de la irrupción del partido de Errejón en la izquierda, que igualaría la división partidaria en tres opciones como la que actualmente tiene la derecha. En realidad, Sánchez confía en lograr la investidura con las abstenciones de la derecha si, al final, fracasa el acuerdo con Iglesias, de quien desconfía porque, según fuentes de Moncloa, «no controla ni su partido», «ambos van por vías paralelas, sin un punto de encuentro» y «no puede haber fisuras en el momento trascendental de las sentencias sobre el procés», no descartando por ello que el PP, a quien Sánchez llevó a nuevas elecciones en 2015, cambie finalmente de opinión y se abstenga en la investidura, que, como ven, no sería producto de un pacto de gobernabilidad, por más que Borrell sostenga que «el PSOE no juega a repetir las elecciones» a lo que sí jugó hace cuatro años y lo hizo muy especialmente Pedro Sánchez con su ya famoso «no es no» y «qué parte del no, no entiende Rajoy»… ahora es él mismo quien no entiende nada.

Antonio López Miras, candidato del PP murciano, asegura que «muy pronto tendremos un gobierno reformista en Murcia»

El desmadre sobre la gobernabilidad es de tal envergadura que se llega a celebrar una sesión de investidura en la Asamblea de Madrid sin candidatos, evidenciando la fractura entre las derechas, al igual que sucede en las izquierdas. En efecto, el desacuerdo PP-Cs-Vox provoca este pleno inédito sin candidatos que sólo sirve para poner en marcha el reloj y agotar los plazos hacia otras elecciones, aunque se especula con que se está más cerca de la investidura en la Comunidad de Madrid y en la de Murcia que de la convocatoria de nuevas elecciones, pues Vox acerca posturas con el PP para un desbloqueo pese a todo lo sucedido y, en tal sentido, Antonio López Miras, candidato del PP murciano, asegura que «muy pronto tendremos un gobierno reformista en Murcia». Entretanto, la oposición interna a Rivera en Cs amenaza con más abandonos ya que Francisco de la Torre, número dos en las listas de 2015 y experto económico, se plantea dimitir de todos sus cargos por la «deriva» de Ciudadanos y su «falta de proyecto político y económico». Y mientras tanto, Bildu presidirá una comisión de Derechos Humanos en Guipúzcoa (es como poner los zorros cuidando de las gallinas), y el PSC permite a Ada Colau mantener lazos amarillos en el Ayuntamiento de Barcelona, cuando el TSJC decide sentar en el banquillo a Torra por no quitarlos durante la campaña electoral, enfrentándose así el President a un año y ocho meses de inhabilitación. Por otro lado la Generalitat monta una campaña de descrédito contra Borrell por las «embajadas» y el PSC asume la Diputación de Barcelona con el apoyo de JxCat, los postconvergentes de Pujol, que entrarán en el Gobierno de la socialista Nuria Marín, alcaldesa de L´Hospitalet, seguramente por aquello de conformar gobiernos progresistas de izquierdas (nada mejor que asociarse con el partido de derechas más corrupto), pactando así con el separatismo gestionar nada menos que 1.000 millones de euros anuales. Y en medio de este desmadre incomprensible, líderes del Orgullo dan un ultimátum a Ciudadanos transmitiéndoles de un día a otro que su carroza sería vetada si no renunciaban a gobiernos con los votos de Vox: «o firmáis esto en 24 horas u os quedáis fuera»…..y luego, pasó lo que pasó. ¡De qué nos extrañamos pues!

Además, para mayor abundamiento de los despropósitos, la Guardia Civil, sumándose a la Fiscalía Anticorrupción, también acusa a la juez de los ERE andaluces Núñez Bolaños, recriminándole la UCO que ordenara parar informes, que ocultara expedientes y no les facilitara sumarios claves para investigar la trama de corrupción del PSOE andaluz, aclarándole a la jueza por escrito que le pide informes que ya le entregaron hace incluso cinco años atrás……En fin, justo lo contrario de lo mínimamente exigido a cualquier funcionario del Estado y más aún a aquellos que tienen el cometido de impartir justicia. Por cierto, hablando de corrupción, se conoce que la policía de Villarejo, otro que tal baila, también espió para «Billy el Niño» y que Competencia reabre el caso del cártel español de la leche por pactar precios, y sanciona con ochenta millones de euros a ocho productores por acuerdos ilegales que perjudicaron a los ganaderos. Ya ven, delinque mientras puedas…. y con un poco de suerte te vas de rositas.

Por lo que se refiere a otros asuntos cabe citar que una mujer será por primera vez general en España al alcanzar Patricia Ortega el máximo rango militar en la historia del Ejército; que Bruselas exige reducir la contaminación en Madrid y Barcelona; que Albert Rivera ingresa en un hospital aquejado de gastroenteritis por salmonella, pero ya ha sido dado de alta; que España es el país de Europa que registra más donaciones de óvulos; que Carmena deja en Madrid un incumplimiento récord de la «regla de gasto» con un desvío anual de 406 millones sobre el compromiso presupuestario; que se cumplen 22 años del asesinato por ETA del concejal popular Miguel Ángel Blanco sin haberse recuperado ni la pistola ni los casquillos utilizados por Txapote; que la OCDE pide equiparar el coste de los despidos de fijos y de temporales, así como subir los combustibles; que el Gobierno solicita a Francia la extradición de Ternera por el asesinato de un directivo de Michelín; que el Gobierno compra blindados por 2.100 millones, aprobando el contrato pese a estar en funciones y apelando a la seguridad nacional; que Federer derriba a Nadal en semifinales de Wimbledon en otro inmenso duelo de campeones; que la autopsia desvela signos de asfixia en el joven que murió atado en un centro de menores en Almería; que tres iniciativas populares llevan al Congreso un millón de firmas a favor de despenalizar la eutanasia y que se apruebe una ley de muerte digna; y que la cifra de menores extranjeros no acompañados crece cada año en España y ya supera los 13.000, con un 75% de ellos procedentes de Marruecos, que se resiste a cumplir el acuerdo de expatriación, al extremo de que autonomías como Cataluña hablan ya de catástrofe humanitaria al darse explotación sexual y un aumento de la drogadicción y de la violencia, sin duda un polvorín social este problemón de los llamados «menas» en nuestro país al que hay que poner freno.

Hugo Carvajal, exjefe de Inteligencia Militar, dice desde la cárcel de Estremera, donde está recluido desde abril acusado por EEUU de «conspirar» para introducir en su país cocaína de las FARC, que «Maduro protagoniza el mayor acto de corrupción de la historia de Latinoamérica», que «la DEA hizo espionaje militar en Venezuela, violó derechos fundamentales y Chávez la expulsó»

Y del exterior, mientras Google se suma a Apple y Amazon, reconociendo que puede acceder a conversaciones domésticas de sus clientes a través de su altavoz inteligente (habrá que andar con pies de plomo con lo que se dice hasta en casa), cabe destacar que se desata una tormenta política en Londres tras entregar a Trump la cabeza del embajador en EEUU; que, según Cecilia Malmström, Comisaria Europea de Comercio, «España salió de la crisis por el libre comercio»; que Trump lanza su gran redada contra inmigrantes, mientras uno de sus ministros dimite por su relación con un magnate acusado de pederastia; que Carola Rackete, capitana del Sea Watch 3 y símbolo de la resistencia a la política migratoria en Italia, critica a la UE por «financiar criminales en Libia» y asegura «volveré al mar; ahí está la necesidad»; que Turquía desafía a la OTAN al recibir misiles antiaéreos de Rusia; y que la Fiscalía de Milán investiga si Rusia financió a Salvini. Pero la mayor preocupación se centra una vez más en Venezuela tras las declaraciones de Cristopher Figuera, ex general jefe de los servicios secretos venezolanos, y rebelde al régimen bolivariano, afirmando que «en Venezuela las torturas son sistemáticas», que «Maduro pidió a la guerrilla de Colombia que me matara», que «yo liberé a Leopoldo López; hay muchos militares involucrados en que haya un cambio democrático en Venezuela», que «la UE tiene la responsabilidad de investigar los abusos de los derechos humanos» y que «negociar con Maduro no sirve de nada, es un maestro del engaño»; por su parte, Hugo Carvajal, ex jefe de Inteligencia Militar, dice desde la cárcel de Estremera, donde está recluido desde abril acusado por EEUU de «conspirar» para introducir en su país cocaína de las FARC, que «Maduro protagoniza el mayor acto de corrupción de la historia de Latinoamérica», que «la DEA hizo espionaje militar en Venezuela, violó derechos fundamentales y Chávez la expulsó», y concluye: «desmonté magnicidios y golpes, impedí la injerencia cubana y colaboro con la inteligencia española»; por su parte, Maduro entierra el cuerpo de Acosta para evitar una autopsia independiente, inhumando el cadáver del capitán doce días después de morir torturado por la contrainteligencia militar, en tanto que, al parecer, la negociación en Noruega apunta a elecciones sin Maduro en un máximo de nueve meses, con observadores internacionales, con levantamiento de sanciones económicas, ayuda al petróleo y liberación de todos los presos políticos valorando cada caso.

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