Líneas rojas y cordones sanitarios

La gobernabilidad de Andalucía, la estabilidad del Gobierno de Sánchez y el ‘procés’ independentista ponen en evidencia el uso torticero que hacen nuestros políticos en general sobre ‘las líneas rojas’ y los ‘cordones sanitarios’ con meros intereses electoralistas y no con profundas convicciones de fortalecer la democracia. Cabe pues aclarar, para que nadie se lleve a engaño, que en términos democráticos ni caben previas y genéricas líneas rojas ni cordones sanitarios contra ninguno de los partidos legalmente constituidos, dado que, tras comparecer en las elecciones, tanto sus programas como sus escaños tienen idéntico valor democrático y quedan a expensas exclusivamente del juego de mayorías parlamentarias o no para convertir las propuestas en leyes o rechazarlas políticamente por razones ideológicas. Sin embargo, sí caben líneas rojas y cordones sanitarios en términos democráticos cuando se toman decisiones gubernamentales desde las instituciones contraviniendo la legalidad vigente o atentando contra los derechos humanos avalados por la Constitución, pero jamás contra las propuestas al respecto por inconstitucionales que sean siempre que el procedimiento para convertirlas en mayoritarias con aspiración de convertirlas en leyes sea constitucionalmente contemplado y no contra lo establecido, requiriendo obviamente una previa reforma constitucional para darles legitimidad democrática.

Ni caben previas y genéricas líneas rojas ni cordones sanitarios contra ninguno de los partidos legalmente constituidos, dado que, tras comparecer en las elecciones, tanto sus programas como sus escaños tienen idéntico valor democrático

Cuestión distinta son las líneas rojas, que no los cordones sanitarios, en términos políticos a propuestas programáticas o proyectos ideológicamente antagónicos, que, en todo caso, si no se establecieran afectaría estrictamente a la credibilidad del partido o partidos afectados ante sus electores que son siempre quienes tienen la última palabra en democracia. Por tanto, ni caben líneas rojas contra los diputados de extrema izquierda o extrema derecha, ni contra los secesionistas o populistas, ni caben cordones sanitarios contra los partidos que les presentaron para representar a los ciudadanos españoles, pues una vez conseguidos los escaños todos han de tener idéntica legitimidad democrática y todos representan por igual al pueblo español, al margen de que sus opciones sean mayoritarias o minoritarias.

Sí caben líneas rojas, que no cordones sanitarios, tanto democráticas como políticas, a propuestas claramente antidemocráticas, a decisiones gubernamentales inconstitucionales o a procedimientos ilegítimos no establecidos en la Constitución que atentan contra la solidez de la democracia. Dicho lo anterior, ni procede la previa negativa de Ciudadanos a sentarse a dialogar con Vox para conformar un pacto de gobierno en Andalucía, ni procede el mantenimiento del diálogo por parte del Gobierno de España con el secesionismo radical sin previa renuncia a actuar al margen de la legalidad democrática establecida cuando el Govern de la Generalitat exige reiteradamente que el Gobierno de España actúe de forma ilegal para garantizarle sus totalitarios objetivos a cambio de su apoyo. Sí procede que el PP establezca líneas rojas a las propuestas extremistas de Vox —algunas de ellas inasumibles desde el punto de vista democrático y otras desde el punto de vista ideológico— para negociar la gobernabilidad de Andalucía, y sí procede que el PSOE establezca líneas rojas, tanto democráticas como ideológicas, a las propuestas totalitarias de PDeCat, ERC y CUP —es decir, de la Generalitat de Catalunya— para negociar los Presupuestos Generales del Estado y la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez por razones obvias.

Expulsar a 52.000 inmigrantes ilegales de Andalucía, cambiar el día de la Autonomía establecido por el día de la ‘reconquista de Granada’ el 2 de enero, devolver competencias andaluzas al Estado en algunas materias, que los padres puedan vetar contenidos educativos, rebajar impuestos, evitar que la Junta condene al partido o eliminar las leyes de género

En el caso andaluz, a pesar de las presiones de PP y Cs para cerrar un pacto andaluz de investidura —el de gobierno parece estar ya cerrado entre PP y Ciudadanos— el PP ve ‘inaceptable’ el programa extremista de Vox que exige para apoyarla, entre otras cosas, expulsar a 52.000 inmigrantes ilegales de Andalucía, cambiar el día de la Autonomía establecido por el día de la ‘reconquista de Granada’ el 2 de enero, devolver competencias andaluzas al Estado en algunas materias, que los padres puedan vetar contenidos educativos, rebajar impuestos, evitar que la Junta condene al partido o eliminar las leyes de género. Vox boicotea así descaradamente el cambio político en Andalucía, por el que todos apostaron, excepto el PSOE, con este órdago de máximos al PP y al cordón sanitario establecido por Ciudadanos, lo que los populares califican de “despropósito”, tras exponerles que hay dos ‘líneas rojas’ inviables: la Ley de Violencia de Género y la fotografía a tres con Ciudadanos. En suspenso queda de momento el pacto de Gobierno PP-Cs para Andalucía y el reparto de carteras de la Junta —Vicepresidencia, Economía, Educación, Empleo, Igualdad y Regeneración Democrática serían para Ciudadanos—, filtrado adrede por los naranjas, lo que molesta al PP, e ignorando a Vox, que sostiene que “los taburetes con dos patas no son estables” y exige un gesto a Ciudadanos ante el previo cordón sanitario establecido. Y mientras desde el PP sostienen que “o se impone el sentido común o la testosterona frustra el cambio” y desde Ciudadanos aseguran que gestionarán las carteras citadas para acabar con los ‘chiringuitos’ pero negándose a reunirse con el partido de Abascal pese a necesitarlo para gobernar, Podemos ofrece al PSOE intentar una investidura sin Susana Díaz, mientras el popular Feijoó, desmarcandose de los guiños de Casado a Vox sobre violencia machista, pone voz al malestar dentro del PP avisando al partido respecto a Vox de que “si entras en su terreno te arrastran”, que es lo que suele pasar cuando se apuesta por los populismos demagógicos. Por cierto, el Tribunal Supremo sentencia que toda pelea en pareja es siempre violencia de género para el hombre, decidiendo ampliar la aplicación de la Ley de Violencia de Género a las agresiones dentro de la pareja y a ex parejas aunque éstas sean mutuas o no se revele una motivación machista, ya que “toda agresión de un hombre a una mujer es violencia de género”.

La encarcelada ex consejera Dolors Bassa reclama desde la cárcel “no dejar caer el Gobierno de Sánchez porque la alternativa es mucho peor”

Y en el caso catalán, mientras los Mossos soberanistas intensifican la ‘caza de brujas’, típico del fascismo más repugnante, dentro del propio cuerpo policial —señalando en un tuit con publicación de sus datos e incluso de su foto, a una compañera por ‘filtrar información a la caverna mediática’, con lo que el sindicato CSIF exige que la Generalitat investigue la persecución—, la Generalitat amplía los beneficios de sus ex Presidentes con nuevas medidas que se sumarán a la pensión del 60% del sueldo que tienen asegurada, incluido el forajido Puigdemont, y que pagamos entre todos los españoles, incluidos los catalanes, a pesar de pretender imponernos ilegalmente su visionario modelo de convivencia totalitario. Pero Sánchez, consciente de que su poder depende del apoyo del secesionismo catalanista, vuelve a Barcelona para aprobar los PGE, que presentará este viernes, buscando cerrar el ‘sí’ definitivo de ERC y PDeCat para poder aguantar en La Moncloa ‘hasta 2020’, animado porque ERC presiona a Puigdemont para que no deje caer a Pedro, al extremo de que la encarcelada ex consejera Dolors Bassa reclama desde la cárcel “no dejar caer el Gobierno de Sánchez porque la alternativa es mucho peor”… ¡eso sí, sin renunciar para nada a los procedimientos antidemocráticos, que nadie les exige, para seguir buscando una salida democrática tras el golpe dado al Estado de Derecho! Por su parte, mientras el Tribunal de Cuentas ve “agravios” en la gestión del FLA en favor de Cataluña, el Rey reclama respeto a los jueces en vísperas del juicio al ‘procés’, en el que, si las defensas lo piden, testificarán Rajoy, Santamaría y Montoro… y, entretanto, los independentistas inician el acoso al Supremo, al extremo de que hay cuatro detenidos por intentar pintar la fachada de su Sede. No en vano, el Rey Felipe recuerda en la Pascua Militar que la bandera es símbolo de todos y de la diversidad, ensalzando así la “bandera común” y la Gran Historia de España, mientras agradece a las Fuerzas Armadas su ‘profundo compromiso’ con la Constitución y apela a la unidad, dentro de la diversidad, bajo la bandera de “todos”, a lo que Margarita Robles, ministra de Defensa, añade que “todos tienen cabida” en la Constitución respetando la ley.

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