Guanyar Alacant presenta al Puerto seis alegaciones para impedir que se instalen los depósitos de combustible

Foto Miguel Ángel Pavón y alegaciones modificación concesión macroplanta combustibles Puerto. 12-11-2018Guanyar Alacant registra seis alegaciones en la sede de la Autoridad Portuaria de Alicante contra la modificación sustancial de la concesión portuaria, que permitiría la instalación de una macroplanta de almacenamiento y distribución de combustibles en el Puerto de Alicante.

DOCUMENTO de Alegaciones GM Guanyar Alacant modificación sustancial concesión TMS – macroplanta combustibles Puerto. 12-11-2018

Son seis alegaciones, en la primera de las cuáles destacamos el compromiso que adquirió la Autoridad Portuaria en 1995 mediante la firma de un convenio, en el que figura expresamente que en el futuro no debe haber en el Puerto de Alicante instalaciones como la que ahora se plantea, por lo que entendemos que nunca debió darse trámite a la solicitud y solicitamos que el expediente se retrotraiga al momento en el que debió inadmitirse una solicitud que, de prosperar, podría dar lugar a consecuencias de responsabilidad patrimonial al haberse destinado fondos públicos europeos al traslado de los antiguos depósitos de CLH.

Guanyar alega el compromiso que adquirió la Autoridad Portuaria en 1995, la incompatibilidad del proyecto, el impacto ambiental, el fraccionamiento del proyecto, la normativa de contratación y la solvencia económica de la empresa

En una segunda alegación consideramos que es absolutamente incompatible el proyecto pretendido con el objetivo estratégico de integrar el ámbito portuario con el tejido urbano circundante y en la tercera alegación criticamos la ausencia absoluta de documento alguno que analice, aunque sea someramente, el impacto ambiental sobre el entorno urbano y natural, el riesgo para la seguridad de las personas y de los bienes situados en el entorno portuario en caso de accidente grave, o el impacto paisajístico de unas instalaciones que cuentan con una altura de 30 metros, equivalente a un edificio de 10 plantas.

En la cuarta alegación denunciamos que puede considerarse un fraude de ley el fraccionamiento del proyecto en dos fases al impedirse la evaluación del proyecto global.

En la quinta que podría incumplirse la normativa sobre contratación pública y libre competencia si no se licita de nuevo la concesión otorgada en su momento a TMS al variarse sustancialmente las condiciones que en su día se tuvieron en cuenta para licitar la concesión.

Y en último lugar expresamos nuestras dudas sobre la solvencia económica de la empresa que pretende instalar la macroplanta en el Puerto, tanto por el insuficiente importe del aval depositado (unos 100.000 euros, un 2% del presupuesto de ejecución material, PEM, de la primera fase, y un irrisorio 0,32% del PEM del proyecto global), como por tratarse de una empresa que tiene un administrador único con cuya capacidad económica dudamos que pueda ser capaz de sacar adelante en solitario un macroproyecto de este tipo que, insistimos, es un despropósito y una barbaridad que esperamos que no prospere en ningún ámbito de la Administración.

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