Hagan política alicantina por favor

Andrés MaestreEntre exhumaciones —de Franco—, cambios de nombres de calles —con nomenclaturas franquistas—, proposiciones no de ley para reclamar que España pida perdón a los africanos y sudamericanos masacrados en el curso de la historia —presentada en las Cortes por la diputada de Podemos por Alicante Rita Bosaho— y preguntas sobre el protocolo previsto por el gobierno ante la posibilidad de una apocalipsis zombi —planteada por el senador de Compromís Carles Mulet—, las aparadoras, cortadores, dobladoras y demás trabajadoras y trabajadores del calzado de la provincia se preguntan: ¿Y lo de la economía sumergida ‘pa’ cuándo?

La economía sumergida mueve 9.000 millones de euros al año en la provincia de Alicante —según datos del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha—. Por cada tres euros que circulan en la economía ‘oficial’ en la provincia, uno más se intercambia en ‘negro’. Es decir, que un 25% de la economía no cotiza ni se declara a hacienda. No participan en la educación, ni en la sanidad, ni en la mejora de las infraestructuras. Bueno, matizo. Sí que participan pero solo en la parte del consumo, no en su mantenimiento. Las personas que no declaran sí que son usuarias de los servicios públicos. Y cuando llega la edad de la jubilación reclaman su paga por haber trabajado toda una vida. Justo reconocimiento a una larga trayectoria de esfuerzo, pero ¿de dónde sale si su trabajo no ha contribuido a crear la bolsa de pensiones?

“Más que las ideas, a los hombres lo que nos separan son los intereses” (Tocqueville 1805-1859)

Ya sé que es un asunto espinoso. De difícil solución. Afecta al bolsillo de nuestros vecinos, de nuestros amigos y de familiares cercanos. En todos los círculos hay alguien que trabaja sin contrato o cobra sin factura. Todos hemos optado alguna vez por pagar en B para ahorrarnos el ‘valor añadido’, porque como decía Tocqueville (pensador, jurista, político e historiador francés 1805-1859) “Más que las ideas, a los hombres lo que nos separan son los intereses”. Eso debe cambiar. No pretendo yo con esta pataleta dar clases de moralidad a nadie. Solo quiero aprovechar la estela de las recientemente creadas asociaciones de aparadoras en Elche y Elda —Asociación de Aparadoras y Trabajadoras del Calzado de Elche— para abrir debate sobre esta cuestión. Una vez más las mujeres toman la iniciativa, aunque en esta lucha hay también muchos hombres. Crecí asumiendo como una práctica normalizada que los trabajadores del calzado y marroquinería tuvieran contratos parciales, temporales o por temporadas —o todo ello a la vez— mientras su jornada laboral no bajaba de las diez horas diarias casi de punta a punta de año. Las mujeres que acoplaron sus máquinas de coser en casa —para conciliar la vida laboral con las tareas del hogar y la crianza de los hijos— renunciaron resignadas a cualquier tipo de contrato. Esta situación las aboca a posiciones extremadamente precarias cuando se acercan a la edad de la jubilación. “Toda una vida de trabajo para que ahora me quede una paga miserable ¡no hay derecho!” —se oye en cada esquina de ciudades como Elda, Petrer o Elche—.

No es esta una parrafada sobre las prácticas de trabajo en los sectores manufactureros de la provincia. También pasa en otros sectores, como el plástico, el textil, la agricultura o la hostelería. Sí, la hostelería. Ese motor de la economía de la provincia de Alicante por el que sacamos pecho en toda España también es un sector precario, impregnado de economía sumergida y —lo que también es lamentable— plagado de personas empleadas sin preparación específica ni ilusión por la misión encomendada en el sector servicios. Empleos temporales para gente de paso a la que no le interesa la excelencia.

Mientras la economía sumergida en la provincia de Alicante ya es un mal endémico los políticos alicantinos compiten por ver quién es el más original en sus propuestas en Madrid

Y mientras la economía sumergida en la provincia de Alicante ya es un mal endémico —yo llevo mucho tiempo cuestionando por qué en cuarenta y pico años de democracia nadie lo ha solucionado— nuestros políticos compiten por ver quién es el más original en sus propuestas. El más guay o el más ‘supermegasolidario’ de todos y todas —por usar otro de los temas en los que ocupan su tiempo, el lenguaje igualitario—.

Durante las elecciones generales, los partidos políticos nos piden el voto para velar por nuestros intereses. Algunos colocaron en sus listas a figuras políticas nacidas en otras provincias de España, pero con reputación —cosas de los aparatos del partido—. Otros abogaron por presentar a «gent del poble» o de la universidad, de los que nos cruzamos por la calle cada mañana, vendiendo la idea de que una vez en Madrid nuestros asuntos tendrían visibilidad. Y otros apostaron por crear listas modernas, multiculturales, con gente proveniente de sectores marginales, pluriculturales y representaciones étnicas de todas las sensibilidades. Y así nos va. Después de dos años y pico de legislatura —desde junio de 2016— en la provincia de Alicante nos seguimos preguntando ¿y el anillo ‘pa’ cuándo? Entre las muchas necesidades pendientes en la provincia de Alicante, algunas son de extrema urgencia social. No se puede esperar más. Como los agricultores necesitan el agua para sus cultivos, los sectores productivos necesitan una regulación honesta, eficaz y efectiva. Decía el dirigente comunista ruso durante la guerra fría Nikita Jrushchov (1894-1971) “Los políticos prometen construir un puente aunque no haya río”, o como afirma mi buen amigo Pedro Nuño de la Rosa —periodista y escritor alicantino y uno de los más ilustres críticos gastronómicos de Europa— “Los políticos no dicen la verdad ni cuando mienten”. Ni de unos ni otros partidos vienen a preguntar qué nos preocupa. «Prometer hasta meter y una vez metido, me olvido de lo prometido», sentencia un refrán válido para varios campos de las relaciones humanas. En esta legislatura hay 12 diputados en el Congreso elegidos en la provincia de Alicante y 5 senadores —17 representantes alicantinos en las cámaras políticas nacionales— pero hasta yo, que me manejo en la política a diario, sería incapaz de reconocer ni a una cuarta parte de ellos —y ellas—. Se fueron y cayeron en el olvido para nosotros. No tienen oficina abierta al ciudadano. No se reúnen con los sectores sociales de la provincia para conocer nuestra opinión o inquietudes. No hablan con los periodistas locales para informar de sus avances. Me consta que muchos de ellos desconocen los problemas de los gremios productivos alicantinos, variado por comarcas y muy complejo por su condición manufacturera.

Tres meses con contrato y tres a cobrar el paro trabajando, contratos de cuatro horas mientras se prestan diez y empleos en domicilios particulares sin ninguna regularización

Hay generaciones enteras —desde la CE de 1978— que han convivido con absoluta normalidad con la economía sumergida. Tres meses con contrato y tres a cobrar el paro —trabajando—. Contratos de cuatro horas mientras se prestan diez. Empleos en domicilios particulares sin ninguna regularización. Y después de cuarenta años desde el consenso constitucional —por el que aún hoy sacamos pecho— todo sigue igual en esta parcela. Menuda herencia les dejamos a los que vienen detrás —aunque eso es motivo de otra columna—. Para enlazar con el final de este escrito me quedaré con una reflexión del periodista y escritor Hodding Carter: “Solo dos legados podemos dejar a nuestros hijos: raíces y alas”. Es hora ya de que los políticos se pongan las pilas para ayudar a que las alas vuelen sin obstáculos. Coger el toro por los cuernos y acabar de una vez con la economía sumergida de la provincia de Alicante, y si no tienen nada más importante entre manos, hagan política alicantina por favor.

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