40 años de honrado servicio a España

Juan Ravello Mas con FALDÓNEsta semana se ha hecho oficial el abandono definitivo de la política del —hasta el pasado día 1 de junio— presidente del Gobierno de España Mariano Rajoy. Una despedida que se hará efectiva, después de 40 años de vida dedicada al servicio público, tras el congreso extraordinario que el Partido Popular celebrará el próximo mes de julio.

Y ante este hecho considero que hay que dejar constancia de varios acontecimientos que convendría tener bien presentes en la memoria colectiva.

En primer lugar, que estos cuarenta años de dedicación a la política de este servidor de España y del Estado llamado Mariano Rajoy, han sido cuatro décadas jalonadas por la ética, la honestidad y la honradez. Mariano Rajoy lo ha sido todo en política; concejal, presidente de diputación provincial, vicepresidente autonómico, varias veces ministro, vicepresidente del gobierno y primer ministro del Reino de España durante los últimos siete años. Pues bien, durante toda su trayectoria pública nunca ha estado inmerso en ningún caso de corrupción y nunca ha sido investigado ni imputado en ninguna causa judicial relacionada con la corrupción. Se marcha, por tanto, un político y un servidor público honrado.

En la ingente hoja de servicios a España de Mariano Rajoy figura el haber evitado el rescate y la quiebra de España y de las comunidades autónomas

En segundo lugar, se marcha un servidor público que con el tiempo será recordado, tal y como comentó el presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijoó, como uno de los dos mejores presidentes del Gobierno que ha tenido España a lo largo de su historia reciente junto con Adolfo Suarez. Porque conviene recordar que en la ingente hoja de servicios a España de Mariano Rajoy figura el haber evitado el rescate y la quiebra de España y de las comunidades autónomas, el haber dirigido el cambio en la Jefatura del Estado o el dejar a España con 1. 170.229 parados menos que cuando llegó al poder en diciembre de 2011 y con 18.915.668 trabajadores afiliados a la seguridad social, es decir con 1.957.401 trabajadores en activo más que cuando ganó las primeras elecciones generales en noviembre de 2011, un dato que no se registraba en España desde finales del año 2008. A esto hay que añadir el importantísimo crecimiento en el número de trabajadores autónomos, lo que ha llevado a afirmar a Lorenzo Amor, presidente de ATA, que “La ley de Autónomos está siendo efectiva y dando sus frutos”, ley de Autónomos aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular, o que, y con esto termino ya que no quiero cansar a nuestros lectores con más cifras, el número de mujeres trabajando en España ha alcanzado bajo el mandato de Mariano Rajoy y del Partido Popular la cifra de 8.773.053, la cifra de trabajadoras cotizando más alta de la historia. Por cierto, esto sí que es una verdadera política de igualdad más allá del número de mujeres que ocupen una cartera en el consejo de ministros. Todo ello jalonado por unos Presupuestos Generales del Estado del gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular recientemente aprobados en el congreso de los diputados, que recogen una subida generalizada de las pensiones conforme al IPC con un ascenso aún mayor del 3 por ciento para las pensiones más bajas y de viudedad, un aumento en el salario de los funcionarios públicos acordado por el gobierno del Partido Popular con los sindicatos de la función pública, el incremento  del sueldo de policías nacionales y guardias civiles durante los próximos tres  años pactado entre el gobierno del Partido Popular y los sindicatos policiales y asociaciones de la guardia civil para equipararlos a las retribuciones de los policías autonómicos, o el también incremento del Salario Mínimo Interprofesional pactado entre el gobierno del Partido Popular y los sindicatos para el trienio 2018-2020.

Han sido Mariano Rajoy y su gobierno los que por primera vez en la historia de España han aplicado el artículo 155 CE, que ha impedido la rebelión de un gobierno autonómico

Pero es que además, y esto es si cabe lo más importante, el gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular ha sido el gobierno que ha garantizado, defendido y preservado la soberanía nacional, la igualdad de todos los españoles y la integridad y unidad territorial de España. Han sido Mariano Rajoy y su gobierno los que por primera vez en la historia de España han aplicado, logrando el acuerdo y el consenso del PSOE, Cs y otras fuerzas políticas en el Senado, el artículo 155 de la Constitución Española, los que han impedido la rebelión de un gobierno autonómico y su intención de romper la unidad nacional de España recurriendo y frenando en los tribunales todas sus ilegalidades, los que han impedido mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional, por cierto recurso criticado por el PSOE y Cs, el nombramiento de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña, los que han logrado mediante una importantísima acción diplomática y de política exterior que ninguna institución o gobierno internacional reconociera ninguna de las ilegalidades cometidas por el gobierno independentista catalán, y los que han hecho posible que el nuevo ejecutivo de Cataluña sea un gobierno sometido a la legalidad negándose a firmar y a hacer efectivo el primer decreto de nombramientos de consellers presentado por Quim Torra en el que figuraban personas presas y fugadas de la justicia.

Y frente a esto, nos encontramos con un gobierno de Pedro Sánchez, el más débil de la historia reciente de España, sustentado por un grupo parlamentario socialista de tan solo 84 diputados fruto del peor resultado electoral de la historia del PSOE cosechado por Pedro Sánchez y apoyado por populistas, radicales y extremistas de izquierda e independentistas. Un gobierno socialista que ya ha tenido que escuchar del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, durante su intervención del día 6 de junio en el parlamento de Cataluña lo siguiente, “Este gobierno defiende la república. La predisposición al dialogo no faltará nunca. Pero el gobierno tiene que hacer el trayecto de la restauración, tras el 155, a la constitución de la república. Esto no es un gobierno autonomista. No sería presidente de la Generalitat si este fuera un gobierno autonomista”. Y adelantó que “hacer república significa entre otras medidas, que la Generalitat recuperará las leyes sociales que el Tribunal Constitucional sentenció que no eran legales; creará la llamada “Asamblea de Cargos Electos”, ampliará la dignidad de Cataluña en Europa y en todo el mundo y reforzará como pieza clave en el proyecto de país la educación, tal y como se viene haciendo actualmente, que considero el valor republicano más importante”. Unas palabras precedidas por otras como las pronunciadas por Elsa Artadi, miembro de Junts per Catalunya, consejera de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña y portavoz autonómica quien en unas declaraciones a Catalunya Radio afirmó que “El derecho de autodeterminación es irrenunciable para nosotros. Si existe la capacidad de negociarlo con el Estado, estaremos a favor de hacerlo. Y si no, tendremos que seguir nuestro camino y conseguir la independencia de Cataluña por otros caminos, aprovechando las debilidades, reforzando nuestros imputs, nuestra sociedad y nuestras instituciones. Nosotros no podemos abandonar nada, no tenemos derecho a hacerlo. Es evidente que no abandonamos la vía unilateral”, o como las pronunciadas por Pere Aragonés, miembro de ERC, vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y consejero de Economía y Hacienda en una entrevista concedida a TV3, “No vamos a intercambiar la negociación política del ejercicio al derecho a la autodeterminación por  la financiación autonómica. Esto puede que pasase hace 20 años, pero han pasado muchas cosas en este país, entre otras, hicimos un 1-O, y tenemos al antiguo consejero de Economía preso por hacer el 1-O. La soberanía de Cataluña no pasa por un porcentaje mayor de cesión de impuestos”, declaraciones adornadas por las palabras de Laura Borrás, consejera de cultura de la Generalitat de Cataluña en las que afirmó el pasado martes en una entrevista a la televisión autonómica privada de Cataluña 8TV que “el español es una lengua de imposición”, después de ser igualmente firmante del manifiesto Koiné, que insta entre otras cosas a que el catalán sea la única lengua oficial de Cataluña. Y un gobierno socialista que ya ha tenido que escuchar de boca del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, la reivindicación del acercamiento de los presos de ETA al País Vasco o la demanda por parte del PNV de la creación de un Consejo General del Poder Judicial Vasco. Con estos compañeros de viaje, junto con los radicales y populistas de extrema izquierda de Podemos, Bildu o BNG, son con los que Pedro Sánchez ha llegado a la Moncloa y a los que deberá pagar el precio político por hacerlo.

Esta es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, por mucho que Pedro Sánchez intente llevar a cabo una política de gestos nombrando a Josep Borrell ministro de Asuntos Exteriores o al juez Fernando Grande-Marlaska ministro del Interior. Por cierto, que Fernando Grande-Marlaska, miren Vds. por donde, era vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular.

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