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La sombra de la corrupción cambia de bando: la justicia investiga a PSOE y Compromís por presunta financiación ilegal

puig y oltra.pngLa justicia investiga si existió una estructura similar a la del caso Gürtel para el PSPV-PSOE y para el Bloc (uno de los partidos que integran la coalición Compromís), los partidos que ahora forman el «Pacte del Botànic» en la Comunidad Valenciana. Ahora los protagonistas son precisamente, los partidos de izquierdas que más han denunciado la corrupción en el PP valenciano y que gobiernan juntos desde 2015: el PSPV-PSOE que ahora dirige Ximo Puig, president de la Generalitat, y el Bloc Nacionalista Valenciá, corazón de la coalición Compromís, actual marca capitaneada por Mónica Oltra, vicepresidenta del gobierno autonómico valenciano.

La Justicia investiga si constructoras pagaron mediante facturas falsas, gastos de la campaña electoral del PSOE y Compromis en 2007

Parece que la historia se repite en València, pero ahora con diferentes protagonistas. La Justicia investiga si algunas constructoras pagaron mediante facturas falsas, gastos de la campaña electoral del PSPV-PSOE y Compromis en 2007. La trama apunta alto, exactamente al presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera (Bloc-Compromís).

La noticia trascendió este miércoles tras la publicación de la investigación por delitos de falsedad, prevaricación, malversación y delito electoral presuntamente cometidos en la campaña de las autonómicas de 2007 y hasta 2011. La información, adelantada por el diario El Mundo y confirmada por el Tribunal de Justicia dela Comunidad Valenciana, cayó como un jarro de agua fría en los actuales dirigentes de ambos partidos, que no tenían responsabilidades en primera línea durante los años investigados.

La investigación parte de una denuncia del PP ante la comisaría de València

Todo parte de la presentación, en una comisaría de Valencia, de información, facturas y correos electrónicos aportados por el PP en 2016. Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción 21 de Valencia, en enero de 2018, se declaró no competente para proseguir con la investigación tras quedar descartado que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia.

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