El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que ha el servicio jurídico municipal ha presentado un recurso a la sentencia judicial que obliga a aprobar en pleno el cambio de placas en las calles con nombres franquistas. Fuentes municipales han confirmado que lo retirarán si finalmente se aprueba en el pleno municipal un acuerdo para sacar los nombres franquistas del callejero de Alicante.La juez titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante, María Begoña Calvet, decidió anular el 3 de noviembre de 2017 el acuerdo de la Junta Local de Gobierno de fecha 15 de noviembre de 2016 por el que el tripartito aprobó sustituir la nomenclatura de unas 47 calles y plazas de Alicante por su vinculación al franquismo y en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
La jueza ordenó al Ayuntamiento que lleve al pleno municipal el cambio de nombres de calles para que todos los representantes políticos se puedan pronunciar
El recorrido de ese recurso está a expensas de que los grupos municipales de Alicante lleguen a un acuerdo para llevar a pleno una lista de nombres consensuada. En la Comisión de Memoria Histórica de esta semana no se ha llegado a ningún punto en común de acuerdo, por lo que se ha aplazado la negociación al próximo 5 de diciembre. Entonces, está previsto que los cinco grupos con representación en el Ayuntamiento eleven su propuesta concreta para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en el callejero de Alicante.
El concejal de Memoria Histórica, Fernando Marcos, ha subrayado la necesidad de «acabar cuanto antes con la infamia que es tener en Alicante calles con nombres de personas que representan un período negro de nuestra historia reciente».
Compromís ha sido el grupo que ha mostrado más prisas por llevar el acuerdo al pleno. De hecho, según fuentes municipales, la formación que lidera Natxo Bellido pretendía que fuera a la sesión prevista para este 30 de noviembre tal cual fue aprobado en Junta de Gobierno, es decir, incluidas las seis calles de la polémica y con los nombres que salieron de la comisión. En cambio, PP y Ciudadanos han abogado por abordar el asunto con más calma, para evitar «caer en los errores del pasado».